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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03686-01

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03686-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03686-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03686-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARÍA ISABEL PÉREZ RINCÓN

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE
CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON
OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y COSA JUZGADA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 23 de septiembre de 2024, mediante la cual la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

1
En adelante la Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03686-01
Actora: MARÍA ISABEL PÉREZ RINCÓN

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora MARÍA ISABEL PÉREZ RINCÓN, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a la cosa juzgada los cuales estima

vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- del

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2 al haber

proferido la providencia de 13 de junio de 2024, dentro del proceso

ejecutivo identificado con el número único de radicación 11001-33-

35-021-2023-00056-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que promovió demanda en ejercicio de la acción ejecutiva

contra la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR

E.S.E., con el fin de obtener el pago de unas obligaciones laborales.

2
En adelante el Tribunal.

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3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03686-01
Actora: MARÍA ISABEL PÉREZ RINCÓN

Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 11001-33-35-021-2023-00056-01 y le correspondió por

reparto al JUZGADO 21 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ3 que,

mediante providencia de 15 de mayo de 2023, libró mandamiento de

pago a su favor.

Afirmó que, posteriormente el JUZGADO a través de providencia de

30 de mayo de 2023 negó una solicitud de embargo y retención de

los dineros que la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE

SALUD SUR E.S.E., tuviera en las cuentas corrientes y de ahorros

del Banco Davivienda y que fueran susceptibles de esta medida

preventiva.

Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación

ante el TRIBUNAL que, mediante de 13 de junio de 2024, confirmó

la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

3
En adelante el Juzgado.

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Actora: MARÍA ISABEL PÉREZ RINCÓN

Manifestó que la decisión judicial cuestionada vulneró su derecho al

debido proceso y al acceso a la administración de justicia, ya que al

denegar la petición de medida cautelar impide la ejecución efectiva

de una sentencia judicial que reconoció el pago de unas prestaciones

laborales.

Resaltó que el TRIBUNAL incurrió en el desconocimiento del

precedente establecido en las sentencias T-008 de 1992, C-354 de

1997, T-025 de 2004, T-657 de 2006 y C-1154 de 2008 proferidas

por la Corte Constitucional, en las que ha establecido la posibilidad

de embargar cuentas de entidades estatales, especialmente, en los

asuntos derivados de sentencias laborales.

Aseguró que el TRIBUNAL erró en la aplicación del principio de

ponderación, al considerar que a las entidades públicas no les

aplicable el embargo de los dineros de sus cuentas bancarias para el

pago de sus obligaciones derivadas de sentencias judiciales, pues, a

su juicio, “[…] este argumento no es cierto ya que, si fuera así, la

entidad ya habría realizado el pago completo, lo cual no ha sucedido.

Además, el presupuesto de la entidad no ha sido suficiente para

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cumplir con la sentencia judicial, como lo demuestra el pago

incompleto realizado hace tiempo […]”

I.4.- Pretensiones

La actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. SE TUTELE el derecho al debido proceso, el derecho a la
cosa juzgada material y el derecho de acceso a la administración
de justicia, los demás derechos que se prueben hayan sido
vulnerados a favor de la accionante María Isabel Pérez Rincón,
Ordenando al Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretar
las medidas cautelares solicitadas teniendo en cuenta las
sentencias de la Corte Constitucional y el marco constitucional
vigente.

2. Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitir
una nueva providencia en la que se ponderen adecuadamente las
excepciones a la inembargabilidad de las cuentas de entidades
estatales, teniendo en cuenta las sentencias de la Corte.

3. Se garantice el cumplimiento total de las sentencias judiciales
laborales en favor de la accionante, respetando sus derechos
fundamentales.

4. Se reconozcan y apliquen las excepciones a la inembargabilidad
de los recursos públicos establecidas por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, asegurando así el pago de la deuda laboral
reconocida en la sentencia.

5. Se ordene la vinculación a la presente acción al Juzgado 21
Administrativo que dictó la providencia que negó inicialmente la
medida cautelar, el Ministerio Público y la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur ESE, para garantizar el cumplimiento de lo
ordenado y al debido proceso […]”.

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I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la solicitud de amparo no cumple

con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, pues la actora pretende provocar una tercera

instancia y generar un nuevo análisis del asunto.

Aseguró que la actuación judicial cuestionada ponderó la necesidad

de la medida cautelar frente a la prohibición de inembargabilidad y

la primacía del interés general y, concluyó que, no había lugar a

arriesgar la prestación del servicio público embargando las cuentas

para satisfacer las pretensiones de la actora.

Indicó que “[…] la demandada como las demás entidades públicas,

cuenta dentro de su presupuesto anual, con rubros específicos

destinados al pago de sentencias judiciales […]”.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital

contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del

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derecho objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno

frente al objeto de la acción de tutela.

I.6.2.- La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR

E.S.E., vinculada en calidad de tercera con interés directo en las

resultas del proceso, solicitó declarar improcedente la solicitud de

amparo, por cuanto la petición no cumple con el requisito de

inmediatez que caracteriza la acción de tutela.

Asimismo, consideró que no es la responsable del pago de las

obligaciones que reclama, ya que la entidad nunca fungió como

empleadora de la actora y, además, señaló que los rubros ordenados

ya fueron cancelados.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 23 de septiembre de

2024, declaró improcedente el amparo al considerar que no se

encontró satisfecho el requisito general de la relevancia

constitucional.

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Señaló que los argumentos expuestos en la solicitud de amparo no

acreditan una vulneración o amenaza de los derechos

fundamentales, sino que se encaminan a controvertir el asunto

decidido por el juez de conocimiento.

Sostuvo que los fundamentos jurídicos que sustentaron la decisión

cuestionada provienen de una interpretación razonable de las

pruebas aportadas al expediente, el marco legal y la jurisprudencia

aplicable al asunto.

Finalmente, adujo que “[…] al no advertirse una actuación caprichosa

o arbitraria por parte de la autoridad judicial accionada, resulta

improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la interpretación

y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no

es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para

desconocer la autonomía e independencia que caracterizan las

actuaciones judiciales […]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN TERCERA,

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reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito

introductorio.

Igualmente, señaló que la providencia vulnera sus derechos

fundamentales al negar el embargo de los recursos destinados al

pago de una obligación laboral reconocida en una sentencia judicial.

Arguyó que la tesis planteada por el TRIBUNAL contraría el

precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, pues, a su

juicio “[…] la correcta interpretación del principio de

inembargabilidad exige ponderar la protección de los derechos

laborales […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas

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las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud

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del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

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i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la providencia de 13 de junio de 2024 proferida

por el TRIBUNAL, dentro del proceso ejecutivo identificado con el

número único de radicación 11001-33-35-021-2023-00056-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a la cosa juzgada, habida cuenta que, a

su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento

del precedente.

Los disensos de la actora radican en que el TRIBUNAL incurrió en

desconocimiento del precedente establecido en las sentencias T-

008 de 1992, C-354 de 1997, T-025 de 2004, T-657 de 2006 y C-

1154 de 2008 dictadas por la Corte Constitucional, en las que ha

establecido la posibilidad de embargar cuentas de entidades

estatales, especialmente en los asuntos derivados de sentencias

laborales.

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 23 de septiembre

de 2024, declaró improcedente el amparo al considerar que no se

encontró satisfecho el requisito general de relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, con fundamento en que la providencia

vulnera sus derechos fundamentales al negar el embargo de los

recursos destinados al pago de una obligación laboral reconocida en

una sentencia judicial.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en el defecto alegado.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

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judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser

[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se

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exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

que propone la parte actora implica la reapertura de un asunto que

ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir

una instancia adicional.

En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad

judicial accionada omitió la aplicación del precedente jurisprudencial

de la Corte Constitucional, en el que se establece la posibilidad de

embargar cuentas de entidades estatales, especialmente en los

asuntos derivados de sentencias laborales.

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Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva

constitucional, en la medida en que su solución deriva de la

interpretación jurisprudencial que la parte actora pretende que se

brinde a su situación particular, giran en torno a la inconformidad con

la decisión adoptada por el juez natural del asunto, la cual fue

resuelta por el TRIBUNAL, así:

“[…] Del caso

En el presente asunto debe la Sala establecer si le asiste razón
al juez de instancia al negar el embargo solicitado.

En cuanto al embargo y secuestro de bienes como medida
cautelar, el Código General del Proceso en sus artículos 593 y
594 señala: […]

Para el asunto bajo estudio, los recursos a embargar son de la
SURED DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. que en principio no
son pasibles de tal medida porque hacen parte de los recursos
de la seguridad social en salud, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 1543, 154 y otros de la Ley 100 de 1993, 1º y 19 del
Decreto 111 de 1996; 3, 84 y 89 del la Ley 715 de 2001; 21 del
Decreto 28 de 2008; 23 de la Ley 1438 de 2011; 25 de la Ley
1751 de 2015; entre otros, que protegen un bien superior como
es la prestación del servicio de salud de los colombianos.

De las normas mencionadas, es claro que los bienes y recursos
de la seguridad social en salud resultan inembargables; pese a
ello, la Corte Constitucional en la sentencia T-053 de 2022 con
ponencia del Magistrado Alberto Rojas Ríos, efectuó una línea
jurisprudencia respecto de la inembargabilidad de los recursos
del sistema general de seguridad social en salud, para indicar:
[…]
En la providencia parcialmente trascrita se observa que la Corte
Constitucional, ha admitido el embargo de recursos
inembargables en los asuntos laborales, y en aquellos en donde
el título ejecutivo es una providencia judicial; pero concluyendo
que ni el principio de inembargabilidad es absoluto, ni lo es la

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excepción de créditos laborales, por lo cual adoptar una decisión
en tal sentido es un ejercicio de ponderación del operador
judicial.

Esta Sala mayoritaria se ha apartado de lo decidido por el
Tribunal Constitucional en los casos donde ha establecido como
excepciones a la regla de inembargabilidad los créditos
judiciales, al considerar que el Código General del Proceso,
establece tajantemente la prohibición aludida; y que ordenarlo
podría afectar el servicio público que se presta por la entidad
demanda, que se encarga de prestación de servicios de salud.

Además, como quiera que la ejecutada es una entidad pública
no resulta necesario practicar embargo y retención de dineros
sobre sus cuentas bancarias, pues el pago de sus obligaciones
derivadas de sentencias judiciales está garantizado dentro del
presupuesto anual de la entidad, quienes tienen el rubro
asignado para ello.

Finalmente, y aunque el A quo baso su decisión en el hecho de
que la accionante no delimitó las cuentas bancarias sobre las que
pretendía el embargo, y aquello fue subsanado por aquel en el
recurso, suministrando un número especifico de cuenta del
Banco DAVIVIENDA, advierte la Sala que no es la carencia del
cumplimiento de dicho requisito formal, la razón para negar la
medida cautelar, sino las razones que se han expuesto en
precedencia […]” (Negrilla pertenece al texto).

De los apartes transcritos de la providencia objeto de tutela, se

evidencia que, al resolver el problema jurídico el TRIBUNAL efectuó

un análisis de las normas que rigen el embargo y secuestro como

medida cautelar y, explicó que, respecto de las pretensiones de

embargo de las cuentas de la SUBRED INTEGRADA DE

SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en principio, no eran

susceptibles de la medida cautelar, habida cuenta que dichos

recursos tienen el carácter de inembargables porque hacen parte de

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la seguridad social en salud y, de tales recursos se garantiza la

prestación del servicio de salud.

Una vez efectuado dicho análisis, la autoridad judicial accionada

analizó el contenido de la sentencia T-053 de 2022 de la Corte

Constitucional, en la que se fijó una línea jurisprudencial respecto de

la inembargabilidad de los recursos del sistema general de seguridad

social.

Aseguró que, el alto tribunal Constitucional ha admitido el embargo

de los recursos inembargables siempre que el operador jurídico

efectúe un ejercicio de ponderación entre el principio de

inembargabilidad y la excepción de créditos laborales.

Al respecto, el TRIBUNAL explicó que se ha apartado de tal criterio,

al considerar que la norma procesal regulada por el Código General

del Proceso expresamente dispone la inembargabilidad de los

créditos judiciales, pues de imponerse la medida se pondría en riesgo

la prestación del servicio de salud.

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Igualmente, aseveró que la ejecutada al ser una entidad pública,

cuenta con unos recursos destinados al pago de las obligaciones

derivadas de sentencias judiciales, por lo que la práctica del embargo

de sus cuentas bancarias no resulta necesaria.

Finalmente, recalcó que en el asunto la medida cautelar fue

denegada porque la actora no delimitó las cuentas bancarias objeto

de medida, sin embargo, dicha circunstancia fue subsanada con

posterioridad. Así mismo, recalcó que la razón para negar la medida

no fue la carencia de ese requisito formal, sino la inembargabilidad

de los recursos del sistema general de seguridad social.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se

pronunció frente a los aspectos que la actora alude como

desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma

abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la

autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito general

de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que la actora no comparta la tesis allí dispuesta,

lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de

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conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

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En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró

improcedente la solicitud de amparo por falta del requisito general

de la relevancia constitucional, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de diciembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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