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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03692-01

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03692-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de agosto de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-03692-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

24 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-03692-01
Accionante: EFIGAS GAS NATURAL S.A. E.S.P.
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
23 de agosto de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La sociedad Efigas Gas Natural S.A. E.S.P. solicitó, a través de apoderado
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 19 de diciembre de 2023 y 3 de mayo de 2024, proferidas por el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Manizales y el Tribunal
Administrativo de Caldas, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado número 17001-33-33-001-2019-
00540-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 17001-33-33-001-2019-00540-00/01, contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, para que se declarara la nulidad de las Resoluciones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03692-01
Accionante: Efigas Gas Natural S.A. E.S.P.

núms. RDO-2018-01867 de 8 de junio de 20181 y RDC-2019-00997 de 18 de junio
de 20192, “[…] dado que existieron inexactitudes y omisiones en los pagos al
sistema de seguridad social de los empleados de la empresa y, en su lugar, se
declarara la firmeza de las declaraciones que había presentado por concepto de
aportes al sistema de protección social y aportes parafiscales correspondientes al
año 2013 […]”.

2.2. Precisóque el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Manizales, autoridad judicial que, mediante sentencia
de 19 de diciembre de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones y modificó los
montos de la sanción impuesta a la empresa.

2.3. Indicó que al igual que la parte demandada apeló la anterior decisión y que,
mediante sentencia de 3 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas
modificó la sentencia de primera instancia en lo relacionado con el valor de la
Liquidación Oficial núm. RDO-2018-01867 de 2018, y en lo demás confirmó la
decisión.

2.4. Señaló que presentó solicitud de adición, al considerar que el Tribunal accionado
no se pronunció sobre las razones por las cuales se apartó del criterio fijado en la
sentencia de 9 de diciembre de 2021, proferida por la Sección Cuarta de esta
Corporación dentro del radicado núm. 05001-23-33-000-2016-02496-01, en la cual
se indicó que los pagos no salariales no se encuentran contemplados dentro del
límite del 40% del que trata el artículo 30 de la Ley 1393 de 12 de julio de 20103.

2.5. Expresó que la solicitud de adición fue negada, mediante auto de 17 de mayo
de 2024, porque se estaban discutiendo los aspectos que habían sido tratados en
las sentencias de primera y segunda instancia.

2.6. Manifestó que las decisiones judiciales incurrieron en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial al “[…] haber aplicado de forma incorrecta
el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, según el cual, para efectos de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social, “los pagos laborales no constitutivos de
salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de
la remuneración” […]”, y omitir “[…] las reglas aplicables al caso en concreto,
resultaba imperiosa la Sentencia de Unificación del 09 de diciembre de 2021
proferida por la Sección Cuarta del H. Consejo de Estado, referente a la
interpretación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 […]”.

2.7. Refirió que los jueces debieron “[…] revisar si los pagos que fueron incluidos
dentro del Ingreso Base de Cotización-IBC por la UGPP, tenían la naturaleza de no

1
“Por medio de la cual se profiere liquidación oficial por omisión en la afiliación y/o vinculación, mora en el pago de los aportes
e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al Sistema de la Protección Social y se sanciona por no declarar por conducta
de omisión e inexactitud”.
2
“Por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO- 2018-01867 del
8 de junio de 2018”.
3
“Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades
generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al
interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones.”

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03692-01
Accionante: Efigas Gas Natural S.A. E.S.P.

salarial por no remunerar el servicio, caso en el cual de ninguna manera constituyen
la base para liquidar los aportes parafiscales, o por el contrario aun cuando
remuneraban el servicio habían sido objeto de un pacto de desalarización y sólo
sobre estos últimos, revisar que no superaran el 40% del total de la remuneración,
pues de ser así debían integrar el IBC para los aportes al Sistema de Seguridad
Social […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 6.1. QUE SE DECLARE que las autoridades judiciales accionadas, a
través de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del
expediente judicial No. 17001333300120190054000(1), se encuentran
vulnerando los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia de la accionante.

6.2. QUE SE TUTELEN los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, que se encuentran
lesionados por parte de las autoridades judiciales accionadas, a través de la
providencia judicial referenciada.

6.3. QUE SE ORDENE al Tribunal Contencioso Administrativo del Caldas
proferir una nueva sentencia de segunda instancia mediante la cual se respeten
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y el acceso
efectivo a la administración de justicia, dejando sin efecto la decisión judicial
controvertida, mediante la cual se separó del precedente judicial aplicable
erigido desde la Sentencia de Unificación del 09 de diciembre de 2021 proferida
por la Sección Cuarta del H. Consejo de Estado, dentro del radicado No. 05001-
23-33-000-2016-02496-01 (25185).

6.4. QUE SE ADOPTEN las demás medidas que se estimen pertinentes para
la protección de nuestros derechos fundamentales […]”. [Negrilla y mayúscula
original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 19 de julio de 2024, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de tercero con
interés directo en el resultado del proceso “[…] a la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales – UGPP […]”.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculada, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de Caldas señaló, a través del magistrado ponente
de la decisión de 3 de mayo de 2024, que “[…] la parte actora está en desacuerdo
respecto a la aplicación de las reglas fijadas por la Sentencia de Unificación del 09

4

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Accionante: Efigas Gas Natural S.A. E.S.P.

de diciembre de 2021 proferida por la Sección Cuarta del H. Consejo de Estado, en
lo que tiene que ver con la interpretación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010,
pretendiendo con ello, evadir los principios de cosa juzgada y de doble instancia
[…]”.

5.2. Por lo que solicitó que se declara improcedente la presente acción constitucional.

5.3. El Juez Noveno Administrativo del Circuito de Manizales solicitó que se
negara lo solicitado por la sociedad Efigas Gas Natural S.A. E.S.P. y que se acogía
“[…] en su totalidad a los argumentos que fueron expuestos en su oportunidad en
la sentencia que definió el asunto, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el número 17-001-33-33-001-2019-
00540-00 […]”.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 23 de agosto de 2024, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el mecanismo de amparo al
concluir que “[…] la parte accionante pretende que se analice nuevamente la
aplicación que se le debe dar al artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 en concordancia
con la sentencia de unificación del 9 de diciembre de 2021 de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado identificada con el radicado 05001-23-33-000-2016-02496-01,
a pesar de que es evidente que durante el trámite ordinario la autoridad judicial ya
resolvió sobre el mismo debate […]”.

7. Finalmente, recordó que “[…] la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada4, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del
proceso ordinario5 […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. El accionante impugnó el fallo de primera instancia, argumentando lo siguiente:

“[…] [S]e tiene que (i) el caso bajo estudio satisface el requisito de relevancia
constitucional pues la sentencia judicial cuestionada transgredió el derecho
fundamental a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la justicia por el
desconocimiento del precedente judicial vigente en la materia, y (ii) la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas no tiene validez alguna al
analizarse a la luz de las reglas jurisprudenciales fijadas por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado en la SU del 09 de diciembre de 2021, radicación No.
05001-23-33-000-2016-02496-01 (25185), Consejero Ponente: Milton Chaves

4
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
5
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

5

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Accionante: Efigas Gas Natural S.A. E.S.P.

García, configurándose la causal especifica de procedencia de
desconocimiento del precedente jurisprudencial, razones suficientes para
ordenar al Tribunal Administrativo de Caldas emitir una nueva providencia en
la que tenga en consideración todos los argumentos antes plasmados.

En razón a lo expuesto, respetuosamente solicito se revoque el fallo de primera
instancia, y en su lugar se acojan las pretensiones de la acción incoada, en el
sentido de tutelar los derechos fundamentales vulnerados a la sociedad
EFIGAS, y que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS,
proferir una nueva providencia en la que, frente a la glosa antes explicada,
observe fielmente los lineamientos de la Sentencia de Unificación del 09 de
diciembre de 2021, radicación No. 05001-23-33-000-2016-02496-01 (25185),
Consejero Ponente: Milton Chaves García […]”. [Negrilla y mayúscula original
del texto].

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19916, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20157, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20218, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20199.

VIII.2. Problemas jurídicos

10. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 19 de diciembre de 2023 y 3 de mayo de 2024, proferidas por
el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Manizales y el Tribunal
Administrativo de Caldas, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si
la providencia de 3 de mayo de 2024, proferida en segunda instancia por el Tribunal
accionado, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta
decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.

11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado10, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá:

6
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
8
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
10
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03692-01
Accionante: Efigas Gas Natural S.A. E.S.P.

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución13.

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
13
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.

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Accionante: Efigas Gas Natural S.A. E.S.P.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”14 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

20. La sociedad Efigas Gas Natural S.A. E.S.P solicitó, a través de apoderado
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 19 de diciembre de 2023 y 3 de mayo de 2024, proferidas por el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Manizales y el Tribunal
Administrativo de Caldas, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado número 17001-33-33-001-2019-
00540-00/01.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

22. En cuanto al requisito de procedencia de relevancia constitucional, cabe recordar
que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al

Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
14
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental15 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones16.

23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales17, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces18.

24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación19, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202220 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige

15
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
16
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
17
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
18
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
19
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03692-01
Accionante: Efigas Gas Natural S.A. E.S.P.

advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202321.

21
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03692-01
Accionante: Efigas Gas Natural S.A. E.S.P.

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales22.

28. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

29. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.

30. Sobre el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial refirió
que se presentó al “[…] haber aplicado de forma incorrecta el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010, según el cual, para efectos de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social, “los pagos laborales no constitutivos de salario de los
trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la
remuneración” […]”, y omitir “[…] las reglas aplicables al caso en concreto,
resultaba imperiosa la Sentencia de Unificación del 09 de diciembre de 2021
proferida por la Sección Cuarta del H. Consejo de Estado, referente a la
interpretación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 […]”.

31. Refirió que los jueces debieron “[…] revisar si los pagos que fueron incluidos
dentro del Ingreso Base de Cotización-IBC por la UGPP, tenían la naturaleza de no
salarial por no remunerar el servicio, caso en el cual de ninguna manera constituyen
la base para liquidar los aportes parafiscales, o por el contrario aun cuando
remuneraban el servicio habían sido objeto de un pacto de desalarización y sólo
sobre estos últimos, revisar que no superaran el 40% del total de la remuneración,
pues de ser así debían integrar el IBC para los aportes al Sistema de Seguridad
Social […]”.

32. Encriterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica

22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03692-01
Accionante: Efigas Gas Natural S.A. E.S.P.

constitucional, ii) el caso involucra un debate jurídico eminentemente legal y iii) la
parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia, con
lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural.

33. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

34. Se considera que la parte accionante no está exponiendo que la providencia
cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su
inconformidad consiste en que la decisión adoptada por el juez de segunda
instancia no accedió a las pretensiones de nulidad de los actos demandados.

35. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada por el Tribunal Administrativo de Caldas en la
providencia cuestionada:

“[…] En la demanda se sustentó el cargo señalando en síntesis que, los actos
enjuiciados pretenden cobrar el aporte a salud y pensión que le corresponde a
los empleados, sin que exista algún acuerdo convencional o legal que permita
concluir que existe una solidaridad del empleador.

El fallo de primera instancia señaló que no prosperaba el cargo, por cuanto el
artículo 22 de la Ley 100 de 1993 establece en cabeza del empleador la
obligación de responder por la totalidad de los aportes al sistema de seguridad
social, aun cuando no realice los descuentos o los realice de manera inexacta.

La actora señaló en el recurso de apelación que, el juez de primera instancia,
al indicar que se encontraba en cabeza del empleador la obligación de
responder por la totalidad de los aportes, incurrió en un error, por cuanto era
preciso vincular al proceso a cada trabajador para realizar el cobro en el
porcentaje correspondiente, lo cual no se hizo, y en consecuencia deben
declararse nulos los actos administrativos.

La UGPP afirmó que de acuerdo con la Ley 100 de 1993, los empleadores
cuentan con la obligación de afiliar como cotizantes a sus trabajadores, además
que no existe norma que faculte la vinculación de los trabajadores, en los
procesos de fiscalización.

Al respecto, la Sala encuentra acreditado que:

-. La UGPP en la liquidación oficial RDO-2018-01867 del 8 de junio de 2018,
señaló que Efigas había incurrido en la conducta de inexactitud en los aportes
a seguridad social y, para el caso particular en salud por $8.957.100 y pensión
por $8.941.000.

-. Posteriormente, la UGPP mediante resolución RDC-2019-00997 del 18 de
junio de 2019, resolvió el recurso de reconsideración, indicando que debido a
los pagos posteriores realizados por Efigas, se determinó que había incurrido

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03692-01
Accionante: Efigas Gas Natural S.A. E.S.P.

en la conducta por inexactitud en los aportes a seguridad social y varió las
sumas respecto a aportes a salud por $7.888.000 y pensión por $7.572.500.

Teniendo en cuenta lo anterior, basta señalar que de conformidad con el
artículo 22 de la Ley 100 de 1993 es el empleador quien tiene la obligación de
responder por la totalidad de los aportes al sistema de seguridad social, aun
cuando no realice los descuentos o los realice de manera inexacta
[…]

La UGPP no estaba en la obligación de vincular a cada trabajador al proceso
de fiscalización para realizar el cobro total de los aportes, por cuanto la
obligación de pagar los aportes se encuentra en cabeza del empleador.

Por lo expuesto el argumento de la demandante no prospera y en este aspecto
se confirmará la sentencia.
[…]

Corolario, la resolución RD0-2018-01867 del 8 de junio de 2018 “Por medio de
la cual se profiere liquidación oficial por omisión en la afiliación y/o vinculación,
mora en el pago de los aportes e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos
al Sistema de la Protección Social y se sanciona por no declarar por conducta
de omisión e inexactitud” y la Resolución RDC-2019-00997 del 18 de junio de
2019 que resolvió el recurso de reconsideración, se encuentran viciados de
nulidad por cuanto, no se tuvo en cuenta la exoneración de que trata el artículo
25 de la Ley 1607 de 2012, en tanto se liquidaron contribuciones al ICBF y al
Sena respecto de trabajadores cuyo salario no superaban los 10 smmlv.

Los demás cargos de nulidad no prosperan por las consideraciones ya
expuestas […]”. [Mayúscula y cursiva original del texto y subrayado fuera del
texto].

36. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por el juez contencioso y no se observa que la decisión
proferida en sede ordinaria hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los
derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del medio de control.

37. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”23.

38. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”24. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara

23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
24
Ibidem.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03692-01
Accionante: Efigas Gas Natural S.A. E.S.P.

arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”25.

39. Conforme a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia impugnada, que declaró
improcedente este mecanismo por no cumplir con el requisito general de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de agosto de 2024, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

25
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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