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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03702-00

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03702-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Ejército Nacional. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Bernardo Siachoque Celys. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03702-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

22 de agosto de 2024

Demandante: Bernardo Siachoque Celys
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03702-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03702-00
Demandantes: BERNARDO SIACHOQUE CELYS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio de la
acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Bernardo Siachoque Celys, actuando a través de apoderado judicial,
presentó solicitud de tutela contra el Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.

Para tal efecto, la parte accionante consideró vulnerados sus derechos
constitucionales con ocasión de la sentencia del 30 de mayo de 2019 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se confirmó la
providencia del 14 de octubre de 2016 dictada en primera instancia por el Juzgado
57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que negó las pretensiones
elevadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, radicado con el
11001-33-35-012-2013-00539-00/01.

A su vez, el demandante cuestionó la decisión del 22 de febrero de 2024, que
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión formulado contra la referida
sentencia de segunda instancia, el cual se identificó con el radicado 11001-03-25-

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Demandante: Bernardo Siachoque Celys
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03702-00

000-2020-00928-00 (2781-2020).

1.2. Las pretensiones

En el escrito petitorio, el accionante solicitó:

Que se ordene el ascenso para coronel del mayor Bernardo Siachoque
Celys con fundamento en los documentos y las consideraciones existentes
en las diligencias previas al acto de haberlo negado, junto con los
documentos de reintegro, grados pagos y demás de ley o reglamentos.

1.3. Hechos

Los supuestos jurídicamente relevantes se sintetizan de la siguiente manera:

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No
11001-33-35-012-2013-00539-00/01

El demandante instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Resolución 600 del 6 de febrero de 2013,
expedida por el ministro de Defensa Nacional, a través de la cual se produjo su
retiro en servicio activo, como oficial del Ejército Nacional por llamamiento a
calificar servicios.

Mediante sentencia del 14 de octubre de 2016, el Juzgado 57 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, despacho al que correspondió el proceso, decidió de
manera desfavorable el medio de control. El 30 de mayo de 2019, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, confirmó la
providencia apelada.

Consideró el tribunal, que el demandante no demostró que la decisión adoptada por
el Ejército Nacional tuvo como fundamento la sanción disciplinaria impuesta por la
Procuraduría General de la Nación y no que hubiese cumplido los requisitos para
acceder a la asignación de retiro, que fue la razón indicada por la entidad en el acto
demandado.

Recurso extraordinario de revisión radicado No 11001-03-25-000-2020-00928-
00 (2781-2020)

El demandante interpuso recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la
causal: «haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria», consagrada en el numeral 1 del artículo
250 del CPACA.

Argumentó que, mediante providencia del 4 de diciembre de 2008, la Procuraduría
Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos en el proceso
radicado 008-105737-2004, profirió fallo en contra del demandante y lo declaró
responsable disciplinariamente en su condición de capitán del Ejército Nacional por

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Demandante: Bernardo Siachoque Celys
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y otros
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la comisión de infracciones al DIH y homicidio en persona protegida, hechos
ocurridos el 15 de mayo de 2003. Decisión que no fue debidamente notificada,
motivo por el cual no pudo recurrirla.

Señaló que posteriormente, el 15 de diciembre de 2016, la procuradora general de
la Nación al decidir la petición de revocatoria directa revocó el fallo sancionatorio al
declarar la prescripción de la acción disciplinaria.

Agregó que el 13 de noviembre de 2018, la Fiscalía 116 Especializada, Dirección
Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos de Neiva, se abstuvo de
acusarlo por el delito de homicidio agravado por no reunirse los requisitos exigidos
en el artículo 397 de la Ley 600 de 2000 y, como consecuencia de lo anterior,
precluyó en su favor la investigación.

Mediante proveído del 22 de febrero de 2024, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión. La Corporación fundamentó su decisión en que las decisiones
disciplinarias no ostentan el carácter de documentos recobrados en tanto que no se
trata de piezas documentales que se encontraban refundidas o extraviadas, sino
que existían para el momento en que se tramitó el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. También indicó que los documentos reseñados por el
actor no tienen el carácter de pruebas decisivas. Frente a la falta de notificación del
acto que impuso la sanción disciplinaria en su contra, explicó que dicho argumento
servía para efetos del término de caducidad del medio de control, pero no para
sustentar la prosperidad de la causal de revisión invocada.

1.4. Sustento de la petición

El tutelante manifestó que ese desempeñaba como mayor del Ejército Nacional
con una hoja de vida intachable y destacada por las múltiples calificaciones
sobresalientes y reconocimientos que recibió durante su carrera al servicio de la
entidad.

Relató que fue juzgado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación
por la comisión de un delito que constituye una grave violación a los derechos
humanos, dado que la víctima era una persona protegida por el derecho
internacional humanitario, delito que no cometió.

Indicó que dicha investigación llevó a que se produjera en su contra una sanción
disciplinaria que no fue notificada de manera debida, sino, encubierta por el órgano
disciplinario y por la institución a la cual prestaba sus servicios con fines obscuros.
Tal omisión, alegó, le impidió ejercer su defensa y los recursos procedentes contra
la decisión carente de fundamento fáctico y legal.

Narró que cuando dicha decisión aún no era conocida por la entidad, se
encontraba en trámite su ascenso a coronel, pero una vez se conoció la decisión
disciplinaria, no solamente se le negó el ascenso, sino que, además, se dispuso su
retiro de la entidad, para llamarlo a calificar servicios.

Aseguró que la causal que fundamentó la decisión del Ejército Nacional no fue la

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citada en el acto administrativo, sino que en realidad, esta obedeció a la falta
disciplinaria que se le había atribuido.

Indicó que nunca incurrió en la conducta que se le imputó disciplinariamente
puesto que no cometió el delito al que hacía referencia el ente disciplinario. Señaló
que, con posterioridad, el Procurador General de la Nación revocó la sanción
impuesta en su contra.

Explicó que la decisión de revocatoria fue conocida cuando el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado contra el acto de retiro del servicio se
encontraba en segunda instancia y que con posterioridad a ello, la Fiscalía General
de la Nación se abstuvo de vincularlo a una investigación, pues no existían
pruebas en su contra respecto al delito que sustentó la sanción disciplinaria ya
revocada.

Adujo que si dichas decisiones hubiesen sido conocidas por el Ejército Nacional,
no se habría proferido el acto de retiro pues dicha decisión tuvo como fundamento
la sanción disciplinaria.

Alegó que lo mismo habría sucedido si los jueces de instancia hubiesen conocido
el sentido de dichas decisiones antes de proferir las sentencias que negaron sus
pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

1.5. Trámite de primera instancia

Mediante auto del 23 de julio de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al juez 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a los magistrados
que integran la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y
al Ejército Nacional, en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso.

1.6. Informes presentados

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

Manifestó que la sentencia de primera instancia valoró la situación particular del
actor y las pruebas debidamente recaudadas y practicadas, a partir de las cuales,
resolvió cada uno de los cargos de nulidad planteados en la demanda, sin vulnerar
el debido proceso o incurrir en alguna vía de hecho.

1.6.2. Ejército Nacional

Expuso que el juez administrativo contó con los elementos de juicio suficientes para
emitir el fallo hoy atacado en sede de tutela y que realizó una valoración adecuada
del acervo probatorio.

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Aseguró que se respetaron las garantías del accionante y no se trasgredieron sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

1.6.3. Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

El magistrado ponente de la providencia expuso que la causal de revisión se
declaró infundada, en consideración a que el actor no demostró la existencia de
documentos recobrados y que fueran decisivos para dejar sin efectos las
sentencias proferidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

1.6.4. Mayor General Comandante del Ejército Nacional

Manifestó que no tiene injerencia en los hechos alegados en la acción de tutela y
solicitó ser desvinculado del trámite constitucional.

1.7. Trámite de segunda instancia

Mediante auto de la fecha, se declaró fundado el impedimento manifestado por el
magistrado Luis Alberto Álvarez Parra para conocer del presente proceso, al
haberse determinado que se encuentra incurso en la causal contemplada en el
numeral 6° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

El Mayor General Comandante del Ejército Nacional manifestó que no tenía
injerencia en las actuaciones expuestas por el accionante y solicitó ser
desvinculado del trámite de la presente acción.

La petición expuesta será despachada desfavorablemente dado que la vinculación
del Ejército Nacional se dio en calidad de tercero interesado en las resultas de la
presente acción.

2.3. Problemas jurídicos

En orden a decidir la presente acción de tutela se determinará si en este caso se
cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial (procedencia adjetiva) establecidos por la Corte Constitucional.

En el caso bajo examen, el actor cuestiona la sentencia del 30 de mayo de 2019

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proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se
confirmó la providencia del 14 de octubre de 2016 dictada en primera instancia por
el Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que negó las
pretensiones elevadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional,
radicado con el No 11001-33-35-012-2013-00539-00/01.

A su vez, el demandante alegó que la decisión del 22 de febrero de 2024, que
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión formulado contra la referida
sentencia de segunda instancia, el cual se identificó con el radicado 11001-03-25-
000-2020-00928-00 (2781-2020), vulneró sus garantías fundamentales.

Revisado el escrito petitorio se advierte que el amparo deprecado se funda en los
hechos que sustentaron la causal invocada para instaurar el recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia de segunda instancia dictada en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que negó las pretensiones elevadas.

Esto significa, que aunque el actor cuestiona las decisiones dictadas por los jueces
de instancia en el referido medio de control, en realidad, el fundamento de la
acción constitucional es idéntico al expuesto en la sustentación del recurso
extraordinario de revisión, de manera que se descarta el análisis de las decisiones
proferidas en ese proceso, las cuales, en todo caso, no podrían ser revisadas
puesto que quedaron ejecutoriadas en junio de 2019, es decir, que el término que
el término transcurrido haría improcedente la acción de amparo por no superar el
requisito de inmediatez.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) criterio de esta
sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados, (iii) el fondo del asunto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20121, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los

1 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.

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parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.2

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente
lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones
o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia
constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, unificó los criterios
respecto del presupuesto de relevancia constitucional.

En el mencionado fallo la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo

2 Ibídem.

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constitucional contra una decisión judicial «…el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo
teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…».

El alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado, por
lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para
discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.

A su vez precisó, que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal3 (Énfasis de la Sala).

Luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, en estos eventos:

i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,
ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,
iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,
iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

2.6. Caso concreto

La decision que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, giró en
torno a los siguientes argumentos:

i) las decisiones disciplinarias no ostentan el carácter de documentos recobrados
porque no se encontraban refundidas o extraviadas, sino que existían para el
momento en que se tramitó el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
al punto que fueron valoradas en la sentencia recurrida para desestimar el cargo
por desviación de poder; ii) que los documentos recobrados no tenían el carácter
de pruebas decisivas; iii) la alegada falta de notificación de la sanción disciplinaria
no es del resorte del recurso extraordinario de revisión, el cual no está instituido
para revivir el término de caducidad del medio de control nulidad y restablecimiento

3 Sentencia SU 573 de 2019.

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del derecho que procedía, además, que dicho fallo fue notificado mediante edicto al
disciplinado y su apoderado el 23 de enero de 2009 y cobró ejecutoria el día 28 de
enero de 2009; iv) sobre la decisión de la Fiscalía 116 Especializada, Dirección
Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos de Neiva el 13 de
noviembre de 2018, que se abstuvo de acusar al demandante por el delito de
homicidio agravado y precluyó en su favor la investigación, respecto de la cual, el
actor alegaba que si esta decisión e incluso la que revocó directamente la que
impuso la sanción, se hubieran emitido antes de junio de 2013, cuando se inició el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, hubiera sido diferente el sentido
del fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; tal argumento no
se encausa en la causal invocada porque simplemente alude a aspectos
circunstanciales del momento en que se profirieron las decisiones aludidas; v)
frente a lo expuesto por la parte recurrente, esto es, que desde el 29 de enero de
2009 «debió ser destituido», pero permaneció en las filas hasta el 6 de febrero de
2013, concluyó que se trataba de apreciaciones subjetivas irrelevantes en el marco
estricto del recurso extraordinario de revisión.

Dilucidados los argumentos expuestos por la parte actora, la sala considera que la
petición de amparo no se relaciona con el alcance o interpretación de derechos
fundamentales, sino que se limita a una exposición de las inconformidades frente al
análisis que la autoridad judicial hizo al decidir el medio de control instaurado contra
el acto que lo retiró del servicio.

El fundamento de la acción de amparo consiste en que las decisiones dictadas por
la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General, de haber sido conocidas
antes de iniciar el medio de control, habrían tenido influencia en la sentencia que
negó sus pretensiones. Estos argumentos son idénticos a los que expuso en el
recurso extraordinario de revisión, y que ya fueron objeto de análisis por el juez de
la causa, quien determinó que dichas providencias no habían sido decisivas y no
tenían el efecto alegado por el actor, y concluyó que no se cumplían los
presupuestos para que procediera el recurso extraordinario.

En este orden, el accionante pretende que la acción de tutela se convierta en una
instancia adicional a las que ya se surtieron, en aras de decidir de manera favorable
sus pretensiones, con fundamento en presuntos nuevos elementos de prueba, que
ya fueron verificados en la forma por él propuesta, por el juez del recurso de
revisión.

Por consiguiente, lo que se pretende con la petición de amparo no es la
interpretación del alcance de un derecho fundamental, sino la realización de un
nuevo estudio de las pruebas allegadas al proceso, a partir del cual se determine
que aquellas podrían tener relevancia para sustentar los cargos expuestos en el
medio de control y que encausaban en la causal de revisión alegada por el actor.

Aunado a lo anterior, el actor no presentó una sustentación encaminada a
demostrar la vulneración de sus derechos fundamentales, sino que se limitó a
reiterar los mismos alegatos expuestos en el curso de las instancias judiciales
ordinarias y extraordinaria, pero sin especificar como las conclusiones a las que
arribaron los jueces naturales incurren en alguno de los errores que harían
procedente la acción de amparo, y en esa medida, no cumplió con el requisito de

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carga argumentativa, que tratándose de tutelas contra providencias dictadas por
una alta corporación es aún más estricto.

Conforme a lo señalado, la petición estudiada no supera el examen de procedencia
general en los términos de los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en
la sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa que tiene su origen en un
litigio de orden legal, tarea que ya fue abordada por los jueces competentes durante
el proceso judicial, y la instancia extraordinaria de revisión, y no en el alcance de un
derecho fundamental ni la interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución
Política.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Ejército Nacional.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Bernardo Siachoque Celys.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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