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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03705-00

Acción de tutela: petición ante autoridades

Fecha
13 de agosto de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03705-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03705-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

13 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03705-00
Demandante: JUAN PABLO RODRÍGUEZ ALBA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA – Petición ante autoridades / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO – Se
configuró porque durante el trámite del proceso de tutela se superó el hecho que dio lugar
a la solicitud de amparo.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Juan Pablo Rodríguez
Alba contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 18 de julio de la presente anualidad 1 , el señor Juan Pablo Rodríguez Alba
interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por considerar
vulnerado su derecho fundamental de petición. Formuló las siguientes pretensiones
(se transcriben textualmente):

• Se declare que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial -Seccional de Bogotá, Consejo Seccional

1 Se advierte que, el 5 de agosto de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03705-00
Demandante: Juan Pablo Rodríguez Alba
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Sentencia de tutela de primera instancia

de Cundinamarca, Unidad de carrera Judicial, Consejo Superior de la Judicatura
han vulnerado mi derecho fundamental de petición.

• Se tutele mi derecho fundamental de petición.

• Como consecuencia, se ordene a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial -Seccional de Bogotá,
Consejo Seccional de Cundinamarca, Unidad de carrera Judicial, Consejo
Superior de la Judicatura, que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo conforme lo establecen la
normatividad y la jurisprudencia colombianas.

1.2. Hechos y argumentos de la tutela

Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

El 26 de junio de 2024, el señor Juan Pablo Rodríguez Alba presentó una petición
ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca, a través
de la cual solicitó:

Por medio del presente solicito informar el procedimiento que se debe seguir
para las solicitudes de traslados de los empleados que prestan sus servicios en
Juzgados en carrera para poder optar a los cargos que se encuentran en
vacantes en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y/o en las
Direcciones Seccionales. Así mismo informar la equivalencia de los cargos de
Secretario Municipal y Asistente Administrativo Grado 6 de Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en referencia a los cargos
existentes en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y en las
Direcciones Seccionales.

Mediante Oficio DESAJCUNO24-1637 del 27 de junio de 2024, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Cundinamarca se pronunció respecto de la
solicitud del demandante, pero no resolvió de fondo su consulta.

El accionante argumentó que a la fecha de presentación de esta acción de tutela
aún no ha recibido una respuesta de fondo a su solicitud, lo que, a su juicio, vulnera
su derecho fundamental de petición.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 23 de julio de 2024, el Despacho sustanciador admitió la
demanda de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como parte

2

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Demandante: Juan Pablo Rodríguez Alba
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Sentencia de tutela de primera instancia

demandada, y ordenó que se notificara a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado2.

2.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones3. Precisó que, el 27 de junio del año en curso, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca -
Amazonas, mediante oficio EXTCSJCU24-2398, trasladó a su despacho la petición
del señor Rodríguez Alba y que, el 4 de julio pasado, dio respuesta oportuna y de
fondo a la petición del accionante.

2.3 La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial también se opuso a las
pretensiones de la demanda4. Solicitó que se declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva, luego de considerar que no es la entidad competente para
resolver la solicitud del accionante y que, además, aquella ni siquiera fue radicada
en su despacho.

2.4 La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura contestó la demanda. Indicó que, mediante Oficio CJO24-4789 del
pasado 29 de julio, emitió respuesta de fondo a la solicitud del señor Rodríguez
Alba, por lo que solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

2.5 La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

La Sala deberá determinar si las entidades accionadas vulneraron el derecho
fundamental de petición, por haber omitido su deber de responder la petición
presentada por el señor Juan Pablo Rodríguez Alba el pasado 26 de junio.

De hallarse acreditado lo anterior, la Sala concederá el amparo deprecado; en caso
contrario, esto es, de estimarse que las accionadas resolvieron en su integridad la
consulta elevada ante ellas por el accionante, se negará la tutela del derecho que
se alega conculcado.

2 SAMAI, índice 4.
3
SAMAI, índice 8.
4
SAMAI, índice 9.

3

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2. Análisis de la Sala

2.1. El derecho fundamental de petición

El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, ha
sido concebido por la doctrina como «un derecho que -antes que otra función-
facilita la expresión de las personas en su relación con un determinado poder
constituido»5 y, particularmente, en su relación con el Estado de Derecho. Es, por
tanto, «una de esas formas de vinculación entre el poder público y los particulares,
para que estos ejerzan control y fiscalización sobre el Estado»6.

Este derecho tiene un núcleo esencial complejo que se integra por (i) la facultad que
tiene una persona de presentar peticiones respetuosas, en interés general o
particular, ante las autoridades y también ante organizaciones privadas, previa
reglamentación del legislador, y (ii) los deberes correlativos del sujeto pasivo de
recibir la petición, evitar tomar represalias por su ejercicio, otorgar una respuesta
material en el plazo dispuesto legalmente y notificarla en debida forma. La Corte
Constitucional también ha señalado que la respuesta emitida debe ser clara,
oportuna y congruente con lo solicitado.

En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición. Es claro, entonces, que el hecho de obtener una respuesta negativa, o
cuando se le indica al peticionario el procedimiento administrativo que se debe
seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efectos de estudiar
la procedencia de la solicitud son circunstancias que, por regla general, no implican
la vulneración del derecho fundamental de petición.

Así las cosas, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea, y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido7.

5
MARÍN CORTÉS, Fabián G. Naturaleza jurídica del derecho de petición. En: Derecho público.
Biblioteca Jurídica Diké – Universidad Pontificia Bolivariana, 2012. p. 115.
6
Ibid., p. 174.
7 Sentencia T-587 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

4

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Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la respuesta de la autoridad
debe ser:

(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii)
precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en
información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii)
congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho
de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad
de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una
respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si
resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente8.

Recientemente, la Corte Constitucional9 reiteró la anterior postura jurisprudencial e
insistió en que otorgar respuesta de fondo a una solicitud implica:

[O]frecer respuesta clara, precisa y de fondo o material, lo que supone que la
autoridad competente ha de pronunciarse sobre la materia propia de la solicitud
de manera completa, congruente y sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados, con independencia de que la respuesta sea
favorable, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido.

En similar sentido, la sentencia T-132 de 2024 estableció que la respuesta a una
petición:

[…] debe ser de fondo, esto es10: (i) clara, “inteligible y de fácil comprensión”;
(ii) precisa, de forma tal que “atienda, de manera concreta, lo solicitado, sin
información impertinente” y “sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas”; (iii)
congruente, es decir, que “abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado”, y (iv) consecuente, lo cual implica “que no basta con
ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…) sino que,
si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente”11.

Así mismo, en el evento en que la autoridad a quien se dirigió la petición no sea
competente para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de lo requerido, también
se preserva la obligación de contestar, consistente en informar al interesado sobre
la falta de capacidad legal para dar respuesta y, a su vez, remitir a la entidad
encargada de pronunciarse sobre el asunto formulado por el peticionario 12.

8
Sentencia T- 610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
9
Sentencia T-192 de 2022. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
10
Cita original: Sentencia T-490 de 2018.
11
Cita original: Ibidem.
12
Sentencia T-230 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Demandante: Juan Pablo Rodríguez Alba
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Sentencia de tutela de primera instancia

3. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el caso bajo estudio, el accionante afirmó que las entidades accionadas
vulneraron su derecho fundamental de petición, por no haber dado respuesta de
fondo a la solicitud que presentó ante ellas el pasado 26 de junio.

En efecto, se advierte que el 26 de junio el accionante radicó ante las entidades
accionadas, por medio de envío de mensaje de datos, la siguiente petición:

[I]nformar el procedimiento que se debe seguir para las solicitudes de traslados
de los empleados que prestan sus servicios en Juzgados en carrera para poder
optar a los cargos que se encuentran vacantes en la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y/o en las Direcciones Seccionales. Así mismo informar
la equivalencia de los cargos de Secretario Municipal y Asistente Administrativo
Grado 6 de Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en
referencia a los cargos existentes en la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y en las Direcciones Seccionales.

Revisado el expediente, la Sala encuentra que, el 27 de junio de 2024, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca recibió la petición del ahora
accionante, proveniente de la Dirección Seccional de Cundinamarca - Amazonas y
que, mediante Oficio CSJCUO24-1323 del 10 de julio de 2024, respondió la solicitud
en los siguientes términos:

(…) los servidores judiciales que ostentan su propiedad en cargos donde
realizan funciones judiciales (juzgados, tribunales), no pueden solicitar traslados
a cargos que realizan funciones administrativas (Consejo Superior de la
Judicatura, los consejos seccionales de la judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y las direcciones seccionales de administración judicial),
ya que las funciones de los mismos no son afines. Además, para la provisión
de los distintos cargos en estos dos regímenes de carrera se realizan en
diferentes convocatorias con exigencias diversas.

En el caso expreso que nos refiere, para los cargos de Secretario Municipal y
Asistente Administrativo Grado 6 de Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad, se debe tener en cuenta a la hora realizar solicitudes de
traslado, lo expuesto en el artículo 2 del Acuerdo PCSJA22-11956 del 17 de
junio de 2022 “Por medio del cual se modifican los artículos décimo séptimo y
vigésimo cuarto del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017”, en la cual se denotan
la tabla de afinidades para decidir sobre las peticiones de traslado de
funcionarios y empleados. (…)

Adicionalmente, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura con su contestación de la demanda allegó el Oficio CJO24-
4789 del 29 de julio del presente año, mediante el cual resolvió la consulta elevada
por el señor Juan Pablo Rodríguez Alba, así:

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03705-00
Demandante: Juan Pablo Rodríguez Alba
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Lo consultado se encuentra regulado en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996,
modificado por la Ley 771 de 2002 y reglamentados por el Acuerdo PCSJA17-
10754 de 2017 “Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los
servidores judiciales y se dictan otras disposiciones en la materia”, modificado
por el Acuerdo PCSJA22-11956 de 2022 expedidos por el Consejo Superior de
la Judicatura, las cuales señalan los diferentes tipos de traslados y su
procedimiento a seguir.

De conformidad con el artículo 134 de la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia “Se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario
o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma
categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta
sede territorial. (…)”. (Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, para el trámite de las solicitudes de traslado debe constatarse
que los cargos tengan la misma categoría, se exijan los mismos requisitos para
su desempeño, y en relación con el requisito de afinidad de funciones, el inciso
final del artículo décimo séptimo del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017
modificado por el artículo 1° del Acuerdo PCSJA22- 11956 de 2022 ha previsto
que: “Tratándose de solicitudes de traslado para los cargos de empleados,
deberá observarse para la expedición de concepto favorable de traslado, la
especialidad y jurisdicción a la cual se vinculó en propiedad, salvo para
escribientes y citadores, quienes no estarán sujetos a dichas limitaciones”
(resaltado propio)

Así mismo, la tabla de afinidades establecida el artículo vigésimo cuarto del
Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, modificado por el artículo 2 del Acuerdo
PCSJA22-11956, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 134 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia, aplica para decidir sobre las
peticiones de traslado de los cargos de funcionaros y empleados tomando como
punto de partida el cargo origen, con relación al cargo destino, sin que su
aplicación opere de manera inversa, es decir del cargo destino al cargo origen.

Por tanto, respecto a la consulta del peticionario, se aclara que, los servidores
judiciales que se encuentran escalafonados en despachos judiciales, solo
pueden solicitar traslado para la misma jurisdicción y especialidad, es decir, no
es posible trasladarse de cargos de empleados de despachos judiciales a
cargos que se encuentran vacantes en la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y/o en las Direcciones Seccionales.

Sobre las equivalencias de los cargos de secretario municipal y asistente
administrativo grado 6 de juzgados de ejecución de penas y medidas de
seguridad en referencia a los cargos existentes en la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y en las Direcciones Seccionales, se precisa que los
requisitos para los cargos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
de la Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial, se
encuentran definidos en los Acuerdos PCSJA24-12148 de 7 de febrero de
202413 , PCSJA24-12135 de 11 de enero de 202414 , PCSJA23-12130 del 29 de

13
Cita original: “Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo PCSJA23-12130 de 2023”.
14
Cita original: “Por el cual se modifica el Acuerdo PCSJA23-12130 del 29 de diciembre de 2023”.

7

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diciembre de 202315 , PCSJA20-11602 de 27 de julio de 202016 , PSAA09-6206
de 7 de septiembre 200917 y 111 de 8 de septiembre de 200918.

Por su parte, los requisitos exigidos para ocupar los cargos de secretario
municipal y asistente administrativo grado 6 de juzgados de ejecución de penas
y medidas de seguridad, se encuentran contemplados en el Acuerdo PCSJA17-
10780 de septiembre 25 de 201719. Estos Acuerdos pueden ser consultados en
la página web de la Rama Judicial
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/.

Conforme a lo establecido en dichos acuerdos, no hay similitud o equivalencia
de categoría, requisitos y funciones entre cargos de los cargos de secretario
municipal y asistente administrativo grado 6 de juzgados de ejecución de penas
y medidas de seguridad con los cargos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y de las Direcciones Seccionales
de Administración Judicial.

En el expediente también obra prueba de que el referido oficio fue comunicado,
mediante envío de mensaje de datos, a la dirección electrónica del accionante, el
pasado 29 de julio:

15
Cita original: “Por medio del cual se crean unos cargos con carácter permanente en la planta de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, las direcciones seccionales de administración
judicial y las coordinaciones administrativas, se crean dos direcciones seccionales, y se dictan otras
disposiciones”.
16
Cita original: “Por el cual se establecen los requisitos mínimos y niveles ocupacionales de la planta
de empleos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial”.
17
Cita original: “Por el cual se determinan las funciones de las Áreas de Trabajo y Oficinas Adscritas
a las Direcciones Seccionales de Administración Judicial”.
18
Cita original: “Por el cual se modifican unos perfiles a las Áreas de Trabajo y Oficinas Adscritas a
las Direcciones Seccionales de Administración Judicial contenidos en el Acuerdo PSAA09-6203 de
2009”.
19
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo PSAA13-10039 de 2013 respecto a la inclusión en los
niveles ocupacionales establecidos en el artículo 161 de la Ley 270 de 1996 para algunos cargos de
empleados de Tribunales, Juzgados, Centros de Servicios Administrativos, Centros de Servicios
Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales, Oficinas de Servicios y de Apoyo,
(excepto en los Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles y de Familia Acuerdo
PSAA15-10445 de 2015)”.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03705-00
Demandante: Juan Pablo Rodríguez Alba
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Sentencia de tutela de primera instancia

De conformidad con las consideraciones precedentes, la respuesta a una solicitud
elevada por un ciudadano ante una autoridad debe atender a los criterios
constitucionales, legales y jurisprudenciales previstos para ello: claridad,
oportunidad, congruencia y completitud, de lo cual se deriva, entre otras, la
obligación de pronunciarse respecto a todos y cada uno de los aspectos planteados,
relacionados con (i) el procedimiento previsto para las solicitudes de traslados de
los empleados que prestan sus servicios en Juzgados en carrera para poder optar
a los cargos que se encuentran en vacantes en la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y/o en las Direcciones Seccionales y (ii) la equivalencia de
ciertos cargos al interior de la Rama Judicial.

Así las cosas, se observa que el 29 de julio de 2024, luego de notificado el auto
admisorio de la presente petición de amparo, la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura resolvió de fondo la solicitud
del demandante, misma que, a consideración de la Sala, fue clara, abordó todos los
puntos de la consulta y fue congruente con lo pedido.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia
actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren
consecuencias distintas: el hecho superado y el daño consumado 20. Empero, la
Corte también ha dicho que «es posible que la carencia actual de objeto no se derive
de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a (sic) de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto»21.

El hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que medie
orden judicial. En el caso concreto, se encuentra superado el hecho que dio origen
a la interposición de la acción de tutela, pues tanto el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, como la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura resolvieron de fondo la solicitud del señor
Rodríguez Alba.

Es menester señalar que, como se evidenció anteriormente, el accionante obtuvo
incluso dos pronunciamientos de dos autoridades diferentes - el Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca y la Unidad de Administración de Carrera Judicial

20
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
21
Sentencia T-585 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03705-00
Demandante: Juan Pablo Rodríguez Alba
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Sentencia de tutela de primera instancia

del Consejo Superior de la Judicatura -, quienes absolvieron de fondo la consulta
que elevó ante ellas.

En los anteriores términos, la Sala declarará la carencia actual de objeto, por cuanto,
de acuerdo con las circunstancias descritas anteriormente, el hecho generador de
la presunta vulneración del derecho fundamental de petición del accionante fue
superado. De modo que resulta intrascendente que el juez del amparo se pronuncie
de fondo frente a la vulneración o amenaza del derecho supuestamente conculcado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar configurada la carencia actual de objeto por hecho superado,
por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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