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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03707-00

Fecha
19 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03707-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo en lo relacionado con las sentencias de tutela del 23 de mayo de 2024, dictada por el Juzgado Once Administrativo de Ibagué, y del 2 de julio de 2024, proferida por Tribunal Administrativo del Tolima. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela en cuanto a los supuestos actos de acoso o abuso alegados por los demandantes. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2024 03707 00 Accionante: Obdulia Zárate de Cerón y otro TERCERO: DENEGAR el amparo en cuanto a las actas de las audiencias de conciliación celebradas el 3 y el 18 de abril de 2024 ante el Juzgado Quinto de Paz de Ibagué. CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03707-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

19 de septiembre de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 03707 00
Accionante: Obdulia Zárate de Cerón y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro
(2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 03707 00
Accionante: OBDULIA ZÁRATE DE CERÓN Y OTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTROS

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando con ella se
ataca un fallo de tutela y no se advierte la existencia de
fraude en la decisión. La acción de tutela es improcedente
cuando se encuentra en curso un trámite ordinario idóneo
y eficaz para la defensa de los derechos de los
demandantes. No se observa vulneración de los derechos
fundamentales invocados cuando los hijos de unos
adultos mayores adelantan una audiencia de conciliación
ante un juez de paz para determinar la cuota de
manutención, ni cuando con posterioridad se celebra otra
audiencia con objeto similar.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Obdulia
Zárate de Cerón y Ángel María Cerón Lizcano contra el Juzgado Once
Administrativo de Ibagué, el Tribunal Administrativo del Tolima, el
Juzgado Quinto de Paz de Ibagué y los señores Ángel María Cerón Zárate,
Gustavo Cerón Zárate, Ismenia Cerón Zárate, Stter Cerón Zárate y
Martha Cerón Zárate.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los demandantes solicitaron el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la intimidad personal, a la libertad, de petición y
al trato digno, que estiman vulnerados por el Juzgado Once Administrativo

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Accionante: Obdulia Zárate de Cerón y otro

de Ibagué, el Tribunal Administrativo del Tolima, el Juzgado Quinto de
Paz de Ibagué, y por sus hijos, los señores Ángel María Cerón Zárate,
Gustavo Cerón Zárate, Ismenia Cerón Zárate, Stter Cerón Zárate y
Martha Cerón Zárate.

1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, los
demandantes relatan que vendieron un predio rural a su hija Ismenia
Cerón Zárate, por valor de $80.000.000, suma que fue pagada con
$40.000.000 en efectivo y con una camioneta marca Toyota, recibida por
el valor de $30.000.000, quedando pendiente un saldo de $10.000.000,
deuda que aducen que nunca fue cancelada.

Manifiestan que la señora Ismenia Cerón Zárate tomó abusivamente la
camioneta y la vendió por $50.000.000, suma de la cual destinó
$10.000.000 a pagarle a Gustavo Cerón Zárate, otro de sus hijos, una
deuda que el señor Ángel María Cerón Lizcano tenía con él en virtud de
los pagos que había hecho por su afiliación a la seguridad social. Agregan
que, sin embargo, la señora Ismenia Cerón Zárate no les entregó el dinero
restante de la venta del automotor.

Relatan que, con ocasión de lo anterior y de otros préstamos de dinero
que hicieron a sus hijos, se generaron fuertes controversias, lo que
desencadenó en una serie de actos de acoso y maltrato por parte de ellos
en su contra.

Alegan que sus hijos han intentado separarlos en varias ocasiones,
llegando a manifestar indebidamente a la Policía Nacional que el señor
Ángel María Cerón Lizcano se encuentra en estado de abandono, pues su
esposa es adulta mayor y no está en condiciones de encargarse de su
cuidado. Tales actos, en su sentir, afectan su salud física y mental.

1.3. De otra parte, informan que sus hijos, por intermedio de apoderada,
tramitaron una solicitud de conciliación ante el Juzgado Quinto de Paz de

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Ibagué, con el fin de que se delegara a Ismenia Cerón Zárate y Martha
Cerón Zárate su cuidado personal y la atención de sus necesidades
básicas.

Señalan que, en razón de lo anterior, el 3 de abril de 2024 los señores
Ismenia Cerón Zárate, Martha Cerón Zárate, Stter Cerón Zárate y su
apoderada suscribieron ante dicha autoridad un acta de acuerdo y
acompañamiento sobre derechos de adultos mayores, en la cual se acordó
el traslado de los accionantes de su residencia en la ciudad de Ibagué
(Tolima) a la residencia de las señoras Ismenia Cerón Zárate y Martha
Cerón Zárate en la ciudad de Neiva (Huila). Igualmente, se concertó la
suma de $500.000 mensuales como cuota de manutención.

1.3.1. Los accionantes manifestaron que dicho acuerdo fue promovido de
mala fe por sus hijos y que es violatorio del debido proceso, teniendo en
cuenta que ellos no tuvieron la oportunidad de pronunciarse.

1.3.2. Alegan que, por intermedio del abogado Marco Tulio Pulido
Calderón, solicitaron ante el mismo Juzgado Quinto de Paz de Ibagué que
se realizara otra audiencia de conciliación, la cual se llevó a cabo el 18 de
abril de 2024. Sin embargo, también cuestionan la legalidad de esta
última, de acuerdo con los siguientes argumentos:

“(…) en esa acta el accionado juzgado quinto dice que la misma “hace tránsito
a cosa juzgada y presta merito ejecutivo de acuerdo con lo establecido por la
ley 23 de 1991, la ley 446 de 1998, el decreto 1818 de 1998 y en especial el
parágrafo del artículo 29 de la ley 497 de 1999, que dice el acta de la audiencia
de conciliación en lo que conste el acuerdo al que hubieren llegado las partes y
la sentencia, tendrán los mismos efectos que las sentencias proferidas por los
jueces ordinarios”. Sin embargo la referida audiencia tiene dos vicios legales;
en primer lugar es violatoria del debido proceso si se tiene en cuenta que el
accionado juez permitió que los accionados convocantes se presentaran con una
profesional del derecho quien defendía sus intereses e hizo eco de sus
afirmaciones mientras que el suscrito accionante actuando como convocado
estuvo sin la asistencia de un abogado quien era necesario para equilibrar la
diligencia y si bien no tenía uno de confianza el señor juez debió nombrar
uno de oficio que me asistiera o en su defecto no permitir la
intervención de la apoderada de los accionados. Y por otro lado aunque el
titular del despacho sostiene la conciliación hacia tránsito a cosa juzgada y sin
embargo por los mismos hechos y derechos permitió otra audiencia el día 18 de
abril del año que avanza solicitada por un abogado que contratamos, el doctor
MARCO TULIO PULIDO CALDERON para que hiciera algo contra nuestros

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accionados hijos; así las cosas tanto el profesional del derecho que nos
representaba en ese momento como el accionado juez quinto sabían
que no se podía volver a repetir la diligencia ya que la audiencia
solicitada el día 04 de abril de los corrientes buscaba los mismos fines
de la audiencia anterior y sin embargo el despacho procedió a repetirla
en un procedimiento que pone en riesgo la seguridad jurídica de las
actuaciones judiciales; (Subrayas y negrillas de la Sala).

1.4. Afirman que la señora Obdulia Zárate de Cerón presentó acción de
tutela en contra del Juzgado Quinto de Paz de Ibagué, la Policía Nacional,
Estación de Buenos Aires (Ibagué) y contra sus hijos Ismenia Cerón
Zárate, Ángel María Cerón Zárate, Gustavo Cerón Zárate y Stter Cerón
Zárate, con el fin de que le fueran protegidos sus derechos fundamentales
al trato digno, a la igualdad, a la intimidad personal, a la libertad y de
petición. En ese asunto, la señora Zárate de Cerón formuló las siguientes
pretensiones1:

“PRIMERO: Se ordene al accionado despacho del juzgado quinto allegar todo el
expediente al despacho y rendir un informe en apego a la ley, la costumbre y la
doctrina probable sobre los hechos que motivaron su decisión de entregar en
custodia a mi esposo a unas personas que le han hecho daño y lo han despojado
de su patrimonio económico. Y no definir la custodia de nosotros dos tal y como
lo solicito nuestro abogado.

SEGUNDO: Ordenar a los accionados ISMENIA CERÓN ZARATE, ÁNGEL MARÍA
CERÓN ZARATE, GUSTAVO CERÓN ZARATE, ESTHER (sic) CERÓN ZARATE los
dineros adeudados dentro de un plazo razonable y concreto según lo estime el
despacho ya que los mismos constituyen nuestro patrimonio y por consiguiente
la fuente de ingresos para garantizar el mínimo vital.

TERCERO: Ordenar a los accionados ISMENIA CERÓN ZARATE, ÁNGEL MARÍA
CERÓN ZARATE, GUSTAVO CERÓN ZARATE, ESTHER (sic) CERÓN ZARATE que
se alejen de nosotros y no me acosen más ni a mi esposo que tengan un trato
de respeto y nos dejen vivir nuestros últimos días juntos;

CUARTO: Ordenar a la accionada MARTHA CERÓN ZARATE. Hacer entrega a la
suscrita accionante de todas las letras, pagares y recibos firmados por los
accionados ISMENIA CERÓN ZARATE, ÁNGEL MARÍA CERÓN ZARATE, GUSTAVO
CERÓN ZARATE, ESTHER (sic) CERÓN ZARATE; que ella tiene en su poder y que
ha sido renuente a entregarlos.

QUINTO: Se ordene a la accionada estación de policía de buenos aires Ibagué
allegar copia del informe policial rendido por los elementos de esa estación que
hicieron presencia en la HACIENDA LA MIEL el día 03 de abril y que atendieron
el referido caso”. (Subrayas de la Sala).

1
De acuerdo con la documentación aportada por el Juzgado Once Administrativo de Ibagué.

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La tutela correspondió al Juzgado Once Administrativo de Ibagué, quien,
mediante sentencia del 23 de mayo de 2024, resolvió2:

“PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela en lo referente
a las pretensiones de naturaleza económica y presunta violencia en el contexto
familiar, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela al derecho fundamental de petición, de
conformidad a lo indicado con anterioridad.

TERCERO: COMPULSAR copia de todo lo actuado en este trámite de tutela con
destino a la Comisaría Segunda de Familia de Ibagué, para que en el marco de
las competencias asignadas en la Ley 294 de 1996, modificada por las leyes 575
de 2000, 1257 de 2008 y 2126 de 2021, verifiquen la situación actual de
derechos de los adultos mayores Ángel María Cerón Lizcano y Obdulia Zárate de
Cerón y determine las medidas que correspondan”.

La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del
Tolima, a través de providencia del 2 de julio de 2024.

1.5. Con fundamento en lo expuesto, en este asunto los demandantes
formularon las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Dejar sin efectos las conciliaciones realizadas en el accionado
juzgado quinto de paz los días 03 y 18 de abril del año que avanza por estar
viciadas de nulidad debido a los errores de procedimiento y vicios de trámite en
los que incurrieron el titular del despacho y el profesional del derecho MARCO
TULIO PULIDO CALDERON.

SEGUNDO: Ordenar a los accionados ISMENIA CERÓN ZÁRATE, ÁNGEL MARÍA
CERÓN ZÁRATE, GUSTAVO CERÓN ZÁRATE, STTER CERÓN ZÁRATE cesar toda
clase de acoso, abusos y atropellos en nombre de nuestra salud y de un
supuesto abandono que no existe.

TERCERO: dejar sin efectos los fallos emitidos por el accionado juzgado 11
administrativo de Ibagué Tolima y el tribunal administrativo del Tolima los
cuales tienen el radicado N° 73001333301120240010900 por ser contrarios a
la protección especial que el estado debe garantizar a quienes vivimos en estado
de vulnerabilidad manifiesta, misma que consiste en castigar los abusos y
atropellos cometidos de conformidad con el artículo 13 de la C.P.C”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El Tribunal Administrativo del Tolima, por intermedio del
magistrado ponente de la sentencia de tutela del 2 de julio de 2024,
manifestó que las razones expuestas en esta, las cuales transcribió en
extenso, son suficientes para soportar la defensa en este asunto.

2
La tutela se identificó con el radicado 73001-33-33-011-2024-00109-00/01.

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2.2. La titular del Juzgado Once Administrativo de Ibagué rindió
informe respecto de las actuaciones realizadas dentro del trámite de la
anterior acción de tutela, y relató que en la sentencia del 23 de mayo de
2024 se declaró la improcedencia de la pretensión relacionada con la
violencia en el contexto familiar porque no se encontraron probadas las
afirmaciones que al respecto hizo la señora Obdulia Zárate de Cerón, y
porque ella no había acudido a los mecanismos ordinarios eficaces para
contrarrestar el presunto acoso que contra ella ejercen los hijos
accionados, esto es, las medidas de protección que consagra la Ley 294
de 1996, modificada por las Leyes 575 de 2000, 1257 de 2008 y 2126 de
2021, las cuales deben tramitarse, en principio, ante los comisarios de
familia.

Explicó que, por lo anterior, en el fallo ordenó enviar copias de todo lo
actuado a la Comisaría Segunda de Familia de Ibagué, para que en el
marco de las competencias verificara la situación actual de derechos de
los adultos mayores Ángel María Cerón Lizcano y Obdulia Zárate de Cerón
y determinara las medidas correspondientes.

Por otra parte, adujo que la presente solicitud de amparo es improcedente
porque se dirige contra una sentencia de tutela y no se satisfacen los
requisitos establecidos en la sentencia SU-627 de 2015.

2.3. Los señores Ángel María Cerón Zárate, Gustavo Cerón Zárate,
Ismenia Cerón Zárate, Stter Cerón Zárate y Martha Cerón Zárate
contestaron la tutela y alegaron que el valor final de venta del inmueble
de sus padres, que es una finca llamada La Perdiz, fue de $200.000.000,
de los cuales Ismenia Cerón Zárate tomó $80.000.000, como pago de una
deuda que tenían con ella, y les entregó una camioneta por valor de
$40.000.000, además de $80.000.000 en efectivo. Por lo tanto, las
obligaciones mutuas quedaron saldadas.

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Continuaron explicando numerosas obligaciones monetarias y cruces de
cuentas que han tenido con sus padres y advirtieron que la señora Obdulia
Zárate de Cerón (madre) los ha amenazado con pedir a Las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que atente contra sus
vidas, si no hacen lo que ella les pide.

Arguyen que el señor Ángel María Cerón Lizcano (padre) presenta
deterioro en la salud, encontrándose diagnosticado con desnutrición
proteicocalorica moderada; además, tiene antecedentes por secuelas de
AV, es portador de marcapasos, padece demencia tipo Alzehimer y se
encuentra postrado en la cama con Índice de Barthel menor a 20, razones
por las cuales requiere cuidados especiales.

Alegan, la señora Obdulia Zárate de Cerón (madre) tuvo un accidente de
tránsito, por lo que le practicaron una cirugía en la mano y le colocaron
un platino, perdiendo 20% la fuerza y la movilidad, razón por la cual no
está en condiciones óptimas para cuidar del señor Ángel María. Y que,
pese a lo anterior, la señora Obdulia lo trasladó a la ciudad de Ibagué,
donde él presenta total deterioro de la salud, debido a que ella no le
suministra los medicamento y suplementos nutricionales.

Informaron que, en vista de la situación presentada, solicitaron la
asesoría de una abogada, quien promovió solicitud ante el Juzgado Quinto
de Paz de Ibagué para buscar la protección de la salud de sus padres y,
el 3 de abril de 2024, se realizó diligencia en la que se acordó trasladarlos
a la residencia de Ismenia Cerón Zárate en la ciudad de Neiva y se
estableció una cuota alimentaria. Sin embargo, al momento de la
diligencia, la señora Obdulia Zárate de Cerón los recibió de manera
agresiva y no permitió que la trasladaran, y les dijo que se llevaran solo
al señor Ángel María Cerón Lizcano, lo cual hicieron.

Aseveraron que el 18 de abril de 2024 se llevó a cabo otra audiencia de
conciliación en la que se acordó (i) dejar la custodia del señor Ángel María

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a cargo de la señora Ismenia Cerón Zárate en la ciudad de Ibagué, para
que pueda vivir junto a su esposa y que sus hijos puedan visitarlo sin que
la señora Obdulia Zárate de Cerón pueda oponerse, (ii) que los hijos
devolverían los dineros a la señora Obdulia Zárate de Cerón, para que
pueda construir una casa para su modesta subsistencia en un lote.
Afirmaron que en el acta de dicha audiencia se consignó la solicitud que
ellos elevaron en el sentido de que se practicara a la señora Obdulia un
examen médico para determinar que no se encuentra en plenitud de sus
capacidades mentales.

Relataron que, sin embargo, el 18 de junio de 2024 se presentaron en la
ciudad de Neiva para recoger a su padre, llevándose la sorpresa de que
estaba con la señora Patricia Cerón Zárate, también hija de los
accionantes, contra la cual la señora Obdulia había solicitado
anteriormente una medida provisional de protección para la prevención
de violencia intrafamiliar, la cual fue otorgada por la por la Comisaría de
Familia Municipal de Rivera (Huila), por haber llevado a cabo supuestos
actos de maltrato en su contra. Adujeron que su hermana Patricia no les
permitió ver a su padre, ni siquiera luego de haber pedido el apoyo a la
Policía Nacional.

Afirmaron que desde el 19 de junio de 2024 no tienen noticia de los
señores Obdulia Zárate de Cerón y Ángel María Cerón Lizcano, razón por
la cual el 15 de julio de 2024 solicitaron que se activaran de manera
urgente en la ciudad de Neiva los mecanismos de búsqueda e
interpusieron ante la Fiscalía General de la Nación una querella por
maltrato mediante restricción a la libertad física contra su hermana
Patricia Cerón Zárate.

Informaron que, de acuerdo con lo ordenado por el Juzgado Once
Administrativo de Ibagué en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la
sentencia del 23 de mayo de 2024, solicitaron a la Comisaría Segunda de
Familia de Ibagué que abriera el proceso en el que se verificara la

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vulneración de los derechos de sus padres. Y que, el 6 de agosto de 2024,
dentro del expediente 392-24 VIF, se llevó a cabo diligencia de
intervención por psicología, notificación y descargos, a la que no
asistieron Obdulia Zárate de Cerón, Patricia Cerón Zárate ni Emelina
Cerón Zárate (otra de sus hermanas).

Finalmente, reiteraron que, de acuerdo con lo consignado en el acta de la
conciliación del 18 de abril de 2024, desean que se realice un examen
médico a la señora Obdulia, con la finalidad de determinar que no se
encuentra en la plenitud de sus capacidades mentales para administrar
su patrimonio y el del señor Ángel María.

2.4. El Juzgado Quinto de Paz de Ibagué guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. Los señores Obdulia Zárate de Cerón y Ángel María Cerón Lizcano,
adultos mayores, han tenido diversos inconvenientes de tipo económico
y de supuesto maltrato en el contexto familiar con sus hijos Ángel María
Cerón Zárate, Gustavo Cerón Zárate, Ismenia Cerón Zárate, Stter Cerón
Zárate y Martha Cerón Zárate.

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3.2.2. Con ocasión de tales dificultades, el 3 y el 18 de abril de 2024 se
suscribieron ante el Juzgado Quinto de Paz de Ibagué actas de acuerdo y
acompañamiento sobre los derechos de los adultos mayores.

3.2.3. La señora Obdulia Zárate de Cerón presentó acción de tutela contra
el Juzgado Quinto de Paz de Ibagué, la Policía Nacional, Estación de
Buenos Aires (Ibagué), y sus hijos Ismenia Cerón Zárate, Ángel María
Cerón Zárate, Gustavo Cerón Zárate y Stter Cerón Zárate, con el fin de
que le fueran protegidos sus derechos fundamentales y los de su cónyuge,
Ángel María Cerón Lizcano, al trato digno, a la igualdad, a la intimidad
personal, a la libertad y de petición.

3.2.4. La tutela le correspondió al Juzgado Once Administrativo de
Ibagué, quien, mediante sentencia del 23 de mayo de 2024, declaró la
improcedencia en lo referente a las pretensiones de naturaleza económica
y sobre la presunta violencia en el contexto familiar, ordenando remitir
copias de la actuación a la Comisaría Segunda de Familia de Ibagué, para
lo de su competencia.

3.2.5. La decisión fue impugnada y el Tribunal Administrativo del Tolima
la confirmó, mediante providencia del 2 de julio de 2024.

3.2.6. El expediente de la anterior acción de tutela fue enviado a la Corte
Constitucional el 15 de julio de 20243, donde se le asignó el radicado
interno T104299724. Sin embargo, a la fecha no se ha decidido sobre la
selección para eventual revisión.

3.2.7. Los señores Obdulia Zárate de Cerón y Ángel María Cerón Lizcano
interpusieron una nueva acción de tutela, al considerar vulnerados sus

3
Índice 16 del sitio de ese proceso en el sistema SAMAI.
4
Visto en:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=NumeroUnico&date3=201
9-01-01&date4=2024-09-
11&radi=Radicados&palabra=73001333301120240010900&radi=radicados&todos=%25

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derechos fundamentales como consecuencia de las anteriores
actuaciones.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. De la procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias de tutela

Los demandantes pretenden que se dejen sin efectos las sentencias del
23 de mayo de 2024, dictada por el Juzgado Once Administrativo de
Ibagué, y del 2 de julio de 2024, proferida por Tribunal Administrativo del
Tolima, que decidieron la anterior acción de tutela interpuesta por la
señora Obdulia Zárate de Cerón contra el Juzgado Quinto de Paz de
Ibagué, la Policía Nacional, Estación de Buenos Aires (Ibagué), y sus hijos
Ismenia Cerón Zárate, Ángel María Cerón Zárate, Gustavo Cerón Zárate
y Stter Cerón Zárate, que se tramitó con radicado 73001-33-33-011-
2024-00109-00.

Uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial que la Corte Constitucional ha establecido es
que “no se trate de sentencias de tutela”5; lo anterior, debido a que,
“conforme con el procedimiento establecido para adelantar este tipo de
procesos –artículo 86 de la Constitución Política y Decreto Estatutario
2591 de 1991− los errores en que incurren los jueces de instancia y que
afectan el derecho al debido proceso, pueden ser conocidos y corregidos
por la Corte Constitucional en sede de revisión”6.

En ese sentido, se tiene que la regla general es que la acción de amparo
es improcedente para cuestionar un fallo de tutela; sin embargo, en la
sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unificó jurisprudencia
respecto “de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de
tutela y actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la

5
Corte Constitucional. Sentencia C- 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
6
Corte Constitucional. T - 286 del 23 de julio de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.

11
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sentencia”, frente a la procedencia de la tutela que se dirige contra los
fallos de la misma naturaleza, explicó:

“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación”.

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la petición de amparo deviene
improcedente, porque la parte actora está controvirtiendo fallos de tutela
y no demuestra que estos hayan sido producto de una situación de fraude,
es decir, de cosa juzgada fraudulenta, para cuya configuración “se
requiere estar en presencia de un proceso que formalmente ha cumplido
con todos los requisitos procesales, pero que materializa, en esencia, un
negocio jurídico fraudulento a través de medios procesales, e implica un
perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad”7.

También ha precisado que “la cosa juzgada fraudulenta no se configura
únicamente en el evento en que se adopte una decisión con fines ilegales
ligados a una intención dolosa, sino que también se materializa en
aquellos eventos en los que el juez adopta una decisión fundada en el
fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa abiertamente
contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial” 8.

7
Corte Constitucional. Sentencia T-073 del 25 de febrero de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
8
Ibidem.

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En este evento, la parte actora no alegó ni acreditó que los fallos de tutela
que controvierte hayan sido adoptados de manera ilegal o con fraude a la
ley; por el contrario, se observa que lo que simplemente pretende es
controvertir lo que allí se decidió.

En consecuencia, la petición de amparo es improcedente por cuanto está
dirigida contra fallos de tutela y no se advierte que en dicha decisión
exista fraude.

3.3.2. Sobre la solicitud de ordenar a los hijos de los demandantes
que cesen sus actos de acoso y abuso

3.3.2.1. Los accionantes piden que se ordene a sus hijos Ángel María
Cerón Zárate, Gustavo Cerón Zárate, Ismenia Cerón Zárate, Stter Cerón
Zárate y Martha Cerón Zárate que pongan fin a los supuestos actos de
acoso y abuso que, según alegan, vienen cometiendo en su contra. Tal
petición coincide con una de las formuladas por la señora Obdulia Zárate
en la anterior acción de tutela.

En atención a lo anterior, de cara al análisis de la posible configuración de
una acción temeraria o de la cosa juzgada constitucional, se advierte que:
(i) en ese asunto no actuó como accionante el señor Ángel María Cerón
Lizcano, por lo que no habría identidad en la parte accionante, y (ii) el
expediente de la anterior acción de tutela fue enviado a la Corte
Constitucional el 15 de julio de 20249, donde se le asignó el radicado
interno T1042997210, pero a la fecha no se ha decidido sobre su selección.

Por lo tanto, en cuanto a la pretensión que en este punto se estudia, no
se configura la cosa juzgada ni la temeridad, razón por la cual la Sala

9
Índice 16 del sitio de ese proceso en el sistema SAMAI.
10
Visto en:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=NumeroUnico&date3=201
9-01-01&date4=2024-09-
11&radi=Radicados&palabra=73001333301120240010900&radi=radicados&todos=%25

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estima pertinente efectuar el análisis sobre su procedibilidad en este
asunto11.

3.3.2.2. Ahora bien, para abordar el análisis de tal pretensión, es
necesario tener en cuenta que, en relación con esta, el Juzgado Once
Administrativo de Ibagué efectuó el siguiente análisis:

“(…) En todo caso, el Despacho considera que la pretensión en cuestión no
satisface el requisito de subsidiariedad, conclusión a la que se llega si se tiene
en cuenta que existen mecanismos ordinarios eficaces para que la accionante
contrarreste el presunto acoso o daño síquico que contra ella ejercen los hijos
accionados, esto a través de las medidas de protección que consagra Ley 294
de 1996, modificada por las leyes 575 de 2000, 1257 de 2008 y 2126 de 2021
y que corresponde imponer, en principio, a los Comisarios de Familia.

Al respecto enseña la Corte Constitucional que:

“El ordenamiento jurídico colombiano, mediante la Ley 294 de 1996,
modificada por las leyes 575 de 2000, 1257 de 2008 y 2126 de 2021,
consagró una acción específica para la protección por violencia intrafamiliar.
Dicha acción ha sido prevista para “toda persona que dentro de su contexto
familiar sea víctima de daño físico, psíquico o daño a su integridad sexual,
amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de
otro miembro del grupo familiar” pueda acudir y solicitar una medida de
protección a los comisarios de familia, o a falta de ellos, al juez civil municipal
o promiscuo municipal del lugar donde ocurrieron los hechos. De manera que
estas autoridades pueden dictar medidas “que ponga fin a la violencia,
maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente”.

Lo anterior impone declarar la improcedencia de dicha pretensión, pues no se
avizora en el expediente que la accionante haya acudido a los recursos
ordinarios antes mencionados, o que se cuestione el actuar o eficiencia de
alguna Comisaría de Familia en atender la solicitud en tal sentido.

No obstante, lo anterior, y a pesar de que no obra en este trámite prueba
fehaciente de ello, preocupa al Despacho la situación actual de derechos de los
adultos mayores Ángel María Cerón Lizcano y Obdulia Zarate de Cerón, pues,
aunque cuentan con mecanismos idóneos y ordinarios para la protección de sus
derechos a través de las funciones que legalmente cumplen las Comisarías de
Familia, no hay certeza si han acudido o no ante tal entidad; recuérdese que la
Comisaría Segunda de Familia de Ibagué no se pronunció en este trámite a
pesar de haber sido oportunamente vinculada.

En vista de ello, se ordenará compulsar copia de todo lo actuado en este trámite
de tutela con destino a la Comisaría Segunda de Familia de Ibagué, para que en
el marco de las competencias asignadas en la Ley 294 de 1996, modificada por

11
En el Auto 567 de 2019, la Corte Constitucional explicó que: “los fallos de tutela ‘hacen tránsito a cosa
juzgada cuando son revisados por la Corte o cuando una sala de selección los excluye de dicho trámite’. De
este modo, una vez terminado ‘el proceso de revisión por parte de la Corte, ‘no hay lugar para reabrir el
debate’ y, por tanto, la decisión se torna inmutable y definitivamente vinculante, revistiéndose de la calidad
de cosa juzgada’ (…) // En particular, la sentencia SU-1219 de 2001, señaló que decidido el caso por la Corte
Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión, opera el fenómeno de cosa juzgada
constitucional (artículo 243, numeral 1 de la Constitución). Esto implica que, ocurrida cualquiera de las dos
circunstancias, la sentencia queda ejecutoriada y, en consecuencia, se vuelve inimpugnable (…)”. (Subrayas
de la Sala).

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las leyes 575 de 2000, 1257 de 2008 y 2126 de 2021, verifiquen la situación
actual de derechos de los adultos mayores Ángel María Cerón Lizcano y Obdulia
Zarate de Cerón y determine las medidas que correspondan”.

Con fundamento en lo anterior, en la parte resolutiva, dispuso:

“TERCERO: COMPULSAR copia de todo lo actuado en este trámite de tutela con
destino a la Comisaría Segunda de Familia de Ibagué, para que en el marco de
las competencias asignadas en la Ley 294 de 1996, modificada por las leyes 575
de 2000, 1257 de 2008 y 2126 de 2021, verifiquen la situación actual de
derechos de los adultos mayores Ángel María Cerón Lizcano y Obdulia Zárate de
Cerón y determine las medidas que correspondan”. (Subrayas de la Sala).

Valga recordar que la anterior decisión fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Tolima mediante providencia del 2 de julio de 2024.

En este orden, al contestar la presente acción de tutela, los señores Ángel
María Cerón Zárate, Gustavo Cerón Zárate, Ismenia Cerón Zárate, Stter
Cerón Zárate y Martha Cerón Zárate manifestaron que, de acuerdo con lo
ordenado por el Juzgado Once Administrativo de Ibagué, solicitaron a la
Comisaría Segunda de Familia de Ibagué que abriera el proceso en el que
se verificara la vulneración de los derechos de sus padres. Además,
señalaron que, el 6 de agosto de 2024, dentro del expediente 392-24 VIF,
se llevó a cabo diligencia de intervención por psicología, notificación y
descargos.

De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que, en virtud de la orden
emitida en la anterior acción de tutela, se promovió un procedimiento
ante la Comisaría Segunda de Familia de Ibagué, autoridad que, en los
términos de la Ley 294 de 1996, “Por la cual se desarrolla el artículo 42
de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y
sancionar la violencia intrafamiliar”, tiene a cargo el trámite orientado a
verificar la garantía de los derechos de los adultos mayores Obdulia
Zárate de Cerón y Ángel María Cerón Lizcano.

Siendo así, al encontrarse en curso otro procedimiento ordinario
establecido en la ley para la defensa de los derechos de los accionantes,
en lo relacionado con los supuestos actos de acoso o abuso de los que

15
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alegan estar siendo víctimas por parte de sus hijos, la Sala concluye que
la presente acción de tutela es improcedente, pues al juez constitucional
no le está dado inmiscuirse en los asuntos que se encuentran actualmente
bajo el conocimiento de otras autoridades.

Ahora, si bien los señores Obdulia Zárate de Cerón y Ángel María Cerón
Lizcano son adultos mayores y sus hijos allegaron documentos de la
historia clínica de este último12, que indican que presenta padecimientos
de salud, la Sala no encuentra probados hechos que, en cuanto a los
conflictos de índole familiar, demuestren un posible perjuicio irremediable
y ameriten la intervención urgente del juez de tutela. Por tanto, estima
que el trámite idóneo y eficaz para que se determinen las medidas a
adoptar para superar tales circunstancias es el que se adelanta ante la
Comisaría de Familia.

3.3.3. Sobre la controversia contra las actas de conciliación
suscritas ante el juez de paz

Los demandantes piden que se dejen sin efectos las actas de conciliación
suscritas ante el Juzgado Quinto de Paz de Ibagué en las diligencias
llevadas a cabo los días 3 y 18 de abril de 2024.

Al respecto, se advierte que el parágrafo del artículo 29 de la Ley 497 de
1999, “Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su
organización y funcionamiento”, consagra que “el acta de la audiencia de
conciliación en la que conste el acuerdo a que hubieren llegado las partes
y la sentencia, tendrán los mismos efectos que las sentencias proferidas
por los jueces ordinarios”. (Subrayas de la Sala).

Sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra las actuaciones de
los jueces de paz, la Corte Constitucional, en la sentencia T-796 de 2007,
señaló que “es posible afirmar, de manera general, la procedibilidad de la
acción de tutela contra las decisiones que profieren los jueces de paz, en

12
Índice 15 del proceso en SAMAI.

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cuanto personas investidas de autoridad para administrar justicia en
equidad y por ende con potencialidad para afectar derechos
fundamentales”. Sin embargo, precisó que, en esos casos, el análisis “no
puede efectuarse bajo la óptica de las reglas establecidas para la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales proferidas
por los jueces que actúan en derecho”.

En este caso, la parte actora aduce: (i) que, en la audiencia de conciliación
del 3 de abril de 2024, los convocantes, es decir, sus hijos, actuaron por
intermedio de apoderada, mientras que ellos no pudieron ser
representados por abogado y, pese a eso, el juez no les nombró “uno de
oficio”, y (ii) que la conciliación suscrita en la audiencia del 18 de abril de
2024 es irregular, porque la del 3 de abril de 2024 “hace tránsito a cosa
juzgada y presta merito ejecutivo” y “no se podía volver a repetir”.

La Sala no observa que la Ley 497 de 1999 establezca mecanismos para
ventilar las inconformidades que los demandantes manifiestan contra las
referidas actas de conciliación, ni se advierte que dicha ley remita, en lo
pertinente, a otra normativa. Por lo tanto, sobre tal aspecto, es
procedente efectuar el análisis de fondo.

3.3.3.1. En primer término, Sala no observa que en la audiencia del 3 de
abril de 2024 se hayan adelantado actuaciones violatorias de los derechos
fundamentales de los demandantes. Por el contrario, con fundamento en
los documentos allegados con la solicitud de amparo13, se advierte que
esta se llevó a cabo, por solicitud de los señores Ismenia Cerón Zárate,
Martha Cerón Zárate, Stter Cerón Zárate y Gustavo Cerón Zárate, quienes
actuaron en calidad de convocantes, con la finalidad de garantizar los
derechos de los adultos mayores Obdulia Zárate de Cerón y Ángel María
Cerón Lizcano, y en esta se comprometieron cada uno a aportar la suma
de $500.000 para su manutención. Además, las señoras Ismenia Cerón

13
Índice 2 ibidem.

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Zárate y Martha Cerón Zárate se comprometieron a velar por la salud y
los cuidades especiales que requieren.

Tampoco se advierte que los accionantes tuvieran que haber participado
en la audiencia14, ni que tuvieran que estar representados en esta por un
profesional del derecho, pues, por un lado, eso no está previsto en la Ley
497 de 1999, y, por otro lado, porque el objeto de la actuación consistió,
en los términos y con el alcance de una conciliación ante un juez de paz,
en establecer un acuerdo entre sus hijos sobre la cuota que a cada uno le
correspondería para garantizar su manutención, y sobre quiénes tendrían
a cargo su cuidado. Es decir, justamente para garantizar sus derechos
subjetivos.

3.3.3.2. Por otra parte, la Sala observa que los reproches contra la
conciliación del 18 de abril de 2024 resultan contradictorios, pues, pese a
que los demandantes señalaron que la conciliación del 3 de abril de 2024
tenía vicios de ilegalidad, también reclaman su firmeza y supuestos
efectos de cosa juzgada para intentar rebatir la última que se suscribió,
la cual, además, tuvo lugar en la audiencia convocada por ellos mismos.

En todo caso, conviene precisar que el parágrafo del artículo 29 de la Ley
497 de 1999, en cuanto establece que el acta de la audiencia tendrá los
mismos efectos que las sentencias proferidas por los jueces ordinarios,
implica que quienes en esta suscriben compromisos no pueden después
burlarlos, pues están compelidos a su cumplimiento, en virtud del mérito
ejecutivo que prestan.

Por tanto, a juicio de la sala, contrario a lo que alegan los demandantes,
tal disposición no se opone a que las partes convoquen una nueva
diligencia en la que lleguen a nuevos acuerdos que permitan solucionar el
conflicto en equidad.

14
Y de los documentos allegados no se observa que lo hayan hecho.

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En concreto, tal disposición no impedía que los señores Obdulia Zárate de
Cerón y Ángel María Cerón Lizcano solicitaran al Juzgado Quinto de Paz
de Ibagué llevar a cabo otra audiencia en la que pudieran llegar a
compromisos con sus hijos sobre aspectos que atañen a su manutención
y cuidado.

3.4. Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, la Sala: (i) declarará la improcedencia de la
acción de tutela en cuanto se atacan las sentencias del 23 de mayo de
2024, dictada por el Juzgado Once Administrativo de Ibagué, y del 2 de
julio de 2024, proferida por Tribunal Administrativo del Tolima, por
tratarse de fallos de tutela y no se demuestra que estos hayan sido
producto de una situación de fraude, (ii) declarará la improcedencia de la
tutela, por falta del presupuesto de subsidiariedad, en cuanto a los
supuestos actos de acoso o abuso que se han presentado entre las partes,
y (iii) denegará el amparo en cuanto a las actas de las audiencias de
conciliación celebradas ante el Juzgado Quinto de Paz de Ibagué.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo en lo relacionado
con las sentencias de tutela del 23 de mayo de 2024, dictada por el
Juzgado Once Administrativo de Ibagué, y del 2 de julio de 2024,
proferida por Tribunal Administrativo del Tolima.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela en cuanto a los
supuestos actos de acoso o abuso alegados por los demandantes.

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TERCERO: DENEGAR el amparo en cuanto a las actas de las audiencias
de conciliación celebradas el 3 y el 18 de abril de 2024 ante el Juzgado
Quinto de Paz de Ibagué.

CUARTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

20
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