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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03721-01

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03721-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03721-01 Actor: LEONARDO ANDRÉS RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03721-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03721-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: LEONARDO ANDRÉS RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO GENERAL DE INMEDIATEZ, INCLUSO EN TUTELAS
PROMOVIDAS CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN LAS QUE SE
CONTROVIERTEN ASUNTOS SOBRE PRESTACIONES PERIÓDICAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 29 de agosto de 2024, mediante la cual la SECCIÓN

QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la

solicitud de amparo.

1
En adelante la Sección Quinta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03721-01
Actor: LEONARDO ANDRÉS RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor LEONARDO ANDRÉS RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, actuando

en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso

a la administración de justicia y al principio de favorabilidad en

materia laboral, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO

OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ2 y la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “D”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA3 al haber proferido las

sentencias de 28 de octubre de 2022 y 26 de octubre de 2023,

respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 11001-33-35-008-2021-00318-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de

2
En adelante el JUZGADO.
3
En adelante el TRIBUNAL.

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3

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Actor: LEONARDO ANDRÉS RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Sueldos de

Retiro de la Policía Nacional -CASUR-, por medio del cual solicitó el

reconocimiento y pago de la asignación de retiro y las primas que no

le fueron consignadas desde el momento de su retiro4.

Manifestó que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2021-00318-00 y correspondió por reparto al JUZGADO

que, en sentencia de 28 de octubre de 2022, denegó las pretensiones

al considerar que la norma aplicable para el reconocimiento de la

asignación de retiro es la vigente para la fecha de retiro y no al

momento del ingreso a la institución, por lo que no cumplía con el

requisito contenido en la disposición que regía su situación pensional.

Sostuvo que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante

providencia de 26 de octubre de 2023, confirmó la decisión del a quo

al estimar que no le era aplicable lo dispuesto en el Decreto 1212 de

1990, toda vez que con la expedición del Decreto 754 de 2019, se

fijó el régimen de asignación de retiro, sin que se cumplieran los

requisitos para el efecto.

4
Lo cual fue denegado mediante Oficio núm. 202121000108101 Id: 673410 del 19 de julio de 2021
por CASUR, al considerar que solo tenía 18 años, 6 meses y 1 día de servicio y, conforme con lo
dispuesto en los Decretos 4433 de 2004 y 754 de 2019, se debían cumplir 20 años de servicios.

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron

en el defecto material o sustantivo, por cuanto negaron la petición

al considerar que la norma aplicable era el Decreto 754 de 2019 y no

el Decreto 1212 de 1990, en la cual debió fundarse la decisión, toda

vez que la primera fue proferida cuando ya había cumplido 15 años

de servicio en la Policía Nacional.

Asimismo, señaló que se incurrió en desconocimiento del

precedente judicial al inaplicar los precedentes5 judiciales

aportados al recurso de apelación y en los cuales, en asuntos

similares, se resolvió favorablemente las pretensiones de la demanda

y se ordenó a CASUR reconocer la asignación de retiro por la causal

de destitución por fallo disciplinario, asimilando esta causal a la de

mala conducta y concediendo favorablemente las pretensiones,

dando aplicación al Decreto 1212 de 1990.

5
Corte Constitucional sentencia C-432 de 2004.
Consejo de Estado, sentencia de 12 de abril de 2012, expediente 11001-03-25-000-2006- 00016-00.
Consejo de Estado, sentencia de 28 de febrero de 2013, expediente 11001-03-25-000- 2007-00061-
00.
Consejo de Estado, sentencia de 23 de octubre de 2014, expediente 11001-03-25-000- 2007-00077-
01.
Consejo de Estado, sentencia de 3 de septiembre de 2018, expediente 11001-03-25-000- 2013-00543-
00.

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I.4.- Pretensiones

El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDO: Que, como consecuencia de la protección de mis
derechos fundamentales, se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, revocar y dejar
sin efectos la sentencia de segunda instancia 26 de octubre de
2023, proferida en el precitado proceso No. 11001-33-35- 008-
2021-00318-00, y en su lugar, en un término no superior a treinta
(30) días se profiera sentencia de segunda instancia en la que se
acceda a las súplicas de la demanda […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El JUZGADO señaló que, contrario a lo advertido por el

accionante, no ha vulnerado derecho fundamental alguno, ya que al

proceso ordinario se le dio el trámite correspondiente y se profirió

sentencia conforme a la normativa vigente, por lo que no son de

recibo las afirmaciones efectuadas en el escrito de tutela.

Sumado a ello, expuso que no se evidencia afectación al principio de

favorabilidad en materia laboral, comoquiera que el mismo resulta

procedente cuando existen dos normal que sean aplicables y una de

ellas resulte más favorable a los intereses del trabajador, situación

que no ocurrió en el caso concreto, pues la única norma que resultaba

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aplicable era el Decreto 754 de 2019.

I.5.2.- El TRIBUNAL solicitó denegar el amparo invocado al estimar

que para acceder a la asignación de retiro le eran exigibles 20 años

de servicios, sin que el actor cumpliera con tal condición, por lo que

se debían tener en cuenta los argumentos incluidos en la sentencia

cuestionada.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 29 de agosto de 2024, la SECCIÓN QUINTA

declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por no

cumplir con el requisito general de la inmediatez.

Señaló que la sentencia cuestionada se notificó al actor mediante

correo electrónico enviado el 31 de octubre de 2023, mientras que la

solicitud de amparo fue promovida el 18 de julio de 2024, por lo que

entre una fecha y la otra transcurrió un término más que prudencial

para hacer uso de la acción de tutela.

Sumado a lo anterior, adujo que no se evidenciaba circunstancia

alguna que permitiera flexibilizar el presupuesto de la inmediatez.

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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia, con

fundamento en lo siguiente:

Adujo que no se encuentra conforme con la negativa del juez de

primera instancia, pues se negó a proteger sus derechos

fundamentales argumentando el incumplimiento del requisito

general de la inmediatez, sin tener en cuenta que se presentaron

circunstancias que justifican el retardo en la presentación de la acción

de tutela, tal como lo dispuso la Sala Plena del Consejo de Estado en

sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.

Sostuvo que así como lo informó en el escrito de tutela, fue separado

del servicio activo de la Policía Nacional por una investigación, razón

por la que se vio obligado a abandonar el país, viajando hacía los

Estados Unidos, teniendo que radicarse allí de manera irregular y con

dificultades para consultar la página web de la Rama Judicial o poder

conseguir la asesoría de un profesional del derecho.

Advirtió que lo anterior resulta suficiente para justificar el retardo

para presentar la acción de tutela, cumpliendo de esta forma el

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requisito de la inmediatez, circunstancias que pasó por alto el juez

de primera instancia, quien se limitó a declarar la falta de

procedencia de la solicitud de amparo.

Destacó que el a quo también desconoció el precedente

jurisprudencial trazado en la sentencia T-256 de 2015 por la Corte

Constitucional, pues omitió que existía un motivo válido para la

inactividad en la interposición de la solicitud de tutela.

Así las cosas, solicitó revocar la decisión de primera instancia y que

se realice un estudio íntegro de los defectos invocados en los que

incurrió el TRIBUNAL para que, en su lugar, se acceda al amparo

deprecado.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

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concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó

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la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que

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adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se dejen sin efecto las

providencias de 28 de octubre de 2022 y 26 de octubre de

2023, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,

respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y

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restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 11001-33-35-008-2021-00318-01.

A las citadas providencias el actor les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,

las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto

material o sustantivo, por cuanto la norma aplicable en el asunto

no era la dispuesta en el Decreto 754 de 2019, sino en el Decreto

1212 de 1990, pues la primera de estas fue proferida cuando ya

había cumplido 15 años de servicio en la Policía Nacional.

Sumado a lo anterior, afirmó que también se incurrió en

desconocimiento del precedente judicial al inaplicar los

precedentes6 judiciales en los cuales, en asuntos similares, se

resolvió favorablemente las pretensiones de la demanda y se ordenó

a CASUR reconocer la asignación de retiro por la causal de

destitución por fallo disciplinario, asimilando esta causal a la de mala

conducta y concediendo favorablemente las pretensiones, dando

aplicación al Decreto 1212 de 1990.

6
Corte Constitucional sentencia C-432 de 2004.
Consejo de Estado, sentencia de 12 de abril de 2012, expediente 11001-03-25-000-2006- 00016-00.
Consejo de Estado, sentencia de 28 de febrero de 2013, expediente 11001-03-25-000- 2007-00061-
00.
Consejo de Estado, sentencia de 23 de octubre de 2014, expediente 11001-03-25-000- 2007-00077-
01.
Consejo de Estado, sentencia de 3 de septiembre de 2018, expediente 11001-03-25-000- 2013-00543-
00.

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 29 de agosto de

2024, declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplir con

el requisito general de la inmediatez.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en

primera instancia para lo cual expuso que en el momento que fue

separado del servicio activo de la Policía Nacional por una

investigación, se vio obligado a abandonar el país, viajando hacía los

Estados Unidos, teniendo que radicarse allí de manera irregular y con

dificultades para consultar la página de la Rama Judicial o poder

conseguir la asesoría de un profesional del derecho para promover la

acción de tutela, por lo que se encontraba justificado el retardo en

su presentación.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen con los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de

ser así, se establecerá si las autoridades judiciales accionadas

vulneraron los derechos deprecados e incurrieron en los defectos

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alegados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la inmediatez.

Requisito general de procedencia de la inmediatez cuando se

controvierten providencias judiciales

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

mecanismo […]”7.

7
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

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Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 8:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

8
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.

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requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo9:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.

[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las

constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la

controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 10, la

providencia de segunda instancia de 26 de octubre de 2023, aquí

cuestionada, y que puso fin al proceso, fue notificada personalmente

al actor, vía correo electrónico, el 31 de octubre de 202311, por lo

que en aplicación del artículo 203 de la Ley 1437 de 18 de enero de

201112, se entiende notificada el 2 de noviembre de 2023.

Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 18 de julio de 202413, esto es,

transcurrido 8 meses y 15 días, superando así los 6 meses que

han sido estimados por la jurisprudencia como término razonable

para impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial,

sin que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad

de la parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de

10
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013335008202100
318012500023
11
Constancia de notificación visible a índice 12 del expediente digital del proceso 11001-33-35-008-
2021-00318-01.
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/110010325000
20170032700/5B7CBD7FC8ACA2B0DB48074F398159F3C6231A77CB613BE45C234C322F9BEA77/2
12
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
13
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202403
721001100103

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la solicitud de amparo.

En este punto, se resalta que la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo de esta Corporación, en la precitada sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, estableció como razonable el

término de 6 meses, sin perjuicio de que el mismo pueda variar ante

circunstancias especiales, como ocurre, entre otras, cuando se

trata de prestaciones periódicas, en aras de proteger los

derechos al “mínimo vital, la dignidad, la salud y la vida de

sujetos de especial protección constitucional”. En el mismo

sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, entre otras, en

sentencia T-374 de 18 de mayo de 201214, al referirse a la

inaplicación del requisito de inmediatez cuando se trata de

prestaciones periódicas de carácter vitalicio, así:

“[…] La jurisprudencia constitucional también ha dado un alcance
específico al requisito de inmediatez en la interposición de la
acción de tutela en este tipo de casos. Si bien a lo largo de sus
pronunciamientos la Corte Constitucional ha exigido, como regla
general, que entre el hecho que supuestamente da lugar a la
violación o amenaza de derechos fundamentales y la
interposición de la acción de tutela medie un término razonable,
el contenido mismo del requisito de inmediatez varía
cuando se trata de una prestación periódica que, como las
mesadas pensionales, se vincula directamente al ejercicio
de los derechos fundamentales al mínimo vital, la
dignidad, la salud y la vida de sujetos de especial
protección constitucional. En suma, dado el carácter

14
Corte Constitucional, Sentencia T–315 de 1o. de abril de 2005, M.P. Ponente Jaime Córdoba
Triviño

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periódico y la particular importancia de las mesadas
pensionales para el ejercicio de los derechos más básicos
de los pensionados, la Corte ha considerado que la
actualización continua de los perjuicios presentes y
sustantivos derivados de la falta de indexación de la
mesada resta relevancia al requisito de inmediatez en la
presentación de la tutela. En otras palabras, como la
afectación de los derechos fundamentales por la pérdida de poder
adquisitivo de las pensiones se renueva mes a mes y día a día,
en forma presente, las personas afectadas en su mínimo vital por
esta situación pueden recurrir a la acción de tutela, cumpliendo
eso sí con unas reglas que hacen admisible el que se haya
prolongado en el tiempo la presentación de la acción [...]”
(Resaltado fuera de texto).

Cabe precisar que con fundamento en la mencionada sentencia de

la Corte Constitucional y la jurisprudencia de esta Sección,

relacionada con acciones de tutelas promovidas contra providencias

judiciales en las que se controvirtieron asuntos sobre prestaciones

periódicas, como ocurre en el caso sub lite, la Sala concluyó que “[…]

siempre que se trate de una acción de tutela contra

providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas,

se realizará el análisis del cumplimiento de los requisitos

generales de procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual

deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre

que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que

sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea

muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que

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el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta15

[…]”.

En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia,

esto es, que se trate de una prestación periódica y, de contera, una

vulneración continua y actual, en sentencia de 30 de julio de 2015 8,

la Sala señaló:

“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha pronunciado
de manera reiterada y uniforme con relación a qué debe
entenderse por prestaciones periódicas.

Así, en proveído de 1° de octubre de 20149, la Sección Segunda
del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:

“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la
cual el tema que aquí se discute corresponde a la reclamación de
prestaciones periódicas, ya que tal calidad se predica tan sólo del
derecho a la pensión de jubilación de las personas de la tercera
edad como claramente lo tiene sentado esta Corporación en su
jurisprudencia, como a continuación se precisa en uno de sus
apartes10:
“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por
prestación periódica fuera el significado lingüístico de las
palabras, sería elemental que el actor tendría razón.

No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner
ejemplos sobre los cuales son las prestaciones periódicas, no es
eficaz y debe atenderse a la orientación que brinda aquella. En
efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se refiere a las
pensiones de jubilación y de invalidez como prestaciones
periódicas, referencia que debe observase para los efectos del
inciso 3º del artículo 136 ibídem, pues la norma en últimas lo que
da a entender es que tratándose de derechos que existen durante
la vida del titular y después respecto de los beneficiarios
llamados a sustituirse también en forma vitalicia (cónyuge,

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo
de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-03- 15-000-2013-02423-01.

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compañera o hijo inválidos), es lógico, justificable y razonable
que en cualquier tiempo pueda discutirse tales prestaciones,
para diferenciarlas de los demás derechos laborales que no son
vitalicios y por consiguiente la definición de las controversias
sobre los mismos, debe hacerse en los términos de la caducidad
establecida para ellos, vale decir, a meses.
[…]
Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las prestaciones
periódicas son aquellos emolumentos que se reciben de manera
vitalicia e indefinida y que son susceptibles de ser sustituidos a
sus beneficiarios (cónyuge, hijos, hermanos, etc.). Asimismo,
se consideran como tales, aquellos valores devengados de
manera constante, en virtud de un vínculo laborar vigente,
de tal manera, que si éste se termina, desaparece la
calidad de periodicidad de dichos reconocimientos […]”
(Resaltado fuera del texto).

Frente a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que en el

presente caso se trata de una prestación periódica, pues, como

quedó visto en párrafos anteriores, el actor pretende que a través

del medio de protección constitucional se deje sin efecto la

providencia de 26 de octubre de 2023 y, en consecuencia, se ordene

el reconocimiento y pago de su asignación de retiro.

En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad

manifiesta, conviene traer a colación las precisiones hechas por esta

Sección en sentencia de 28 de mayo de 201516, a través de la cual

unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los criterios que

deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo
de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001- 03-15-000-2015-00001-01.

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en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a

la “condición de debilidad manifiesta”, en la que señaló:

“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia
transcrita, se estableció “el criterio que, en adelante observará
la Sala para analizar la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias que traten de prestaciones periódicas”; en
casos como el presente, en que se controvierte una sentencia
relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se
ha acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de
manera invariable, para determinar si el hecho de haber
superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela
merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los
criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los
derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se
encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”

Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones
periódicas en las modalidades de pensión o asignación de
retiro, la aplicación de dichos criterios frente al requisito de la
inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a soluciones
divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el
pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad
que le permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero
también ha entendido que en ocasiones se requieren elementos
adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo […]

Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en
esta oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su
Jurisprudencia, determinará como lineamiento único y preciso,
en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la
tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del
amparo constitucional es un pensionado o persona que goza
de Asignación de Retiro, que tal condición no es per se
circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida
cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales
que permitan concluir que el actor se encuentra en “la especial
situación” que “convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha
señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y
esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero
Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

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Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas
circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si
el actor está o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique
su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus derechos,
dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas
constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala
introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de
un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.

Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección
incluye, además de los pensionados, a otros grupos de personas,
tales como: indígenas, padres y madres cabeza de familia, mujer
embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos,
defensores de derechos humanos, enfermos graves,
desplazados, entre otros; sin que sea aceptable concluir que en
todos los casos, éstos resulten eximidos de cumplir el requisito
de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para
obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el
solo hecho de ser denominados sujetos de especial protección
[…]”.

Al respecto, se advierte que el actor no demostró, ni siquiera con

prueba sumaria, que se encontrara en un estado de debilidad

manifiesta que justificara la tardanza en la presentación de la

acción de tutela contra la providencia que presuntamente vulneró sus

derechos fundamentales invocados.

Ahora, si bien en el escrito de impugnación el actor adujo que se

presentaron circunstancias que justifican la tardanza en la

interposición de la solicitud de amparo, pues en el momento que fue

separado del servicio activo de la Policía Nacional se vio obligado a

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abandonar el país, viajando hacía los Estados Unidos, lo que le

impidió promover la tutela dentro de los 6 meses dispuestos por la

jurisprudencia, en la medida en que presentó dificultades para

consultar la página de la Rama Judicial o poder conseguir la asesoría

de un profesional del derecho.

Para la Sala tal circunstancia no justifica la tardanza en la solicitud

de amparo ni demuestra que se encontrara en un estado de debilidad

manifiesta, toda vez que si bien aduce que se encontraba residiendo

en otro país, le era posible promover la acción de tutela a distancia

a través de los mecanismos electrónicos dispuesto por la Rama

Judicial; además, no se allegó prueba que demostrara tal

impedimento en la presentación de la solicitud de amparo, por lo que

no es una situación que se enmarque en alguno de los supuestos

establecidos por la jurisprudencia constitucional que puedan excusar

su presentación por fuera del término razonable establecido.

Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201717, la Corte

Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

17
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que

existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo

que declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el

actor, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de octubre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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