Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03728-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03728-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03728-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
29 de agosto de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03728-00
Demandante: Noelia Inés Valderrama Márquez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03728-00
Demandante: Noelia Inés Valderrama Márquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Temas: Tutela contra providencia judicial. Incumplimiento de requisito de
procedibilidad. Falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por Noelia Inés Valderrama Márquez
en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 constitucional, la señora
Noelia Inés Valderrama Márquez, por intermedio de apoderada, promovió demanda
en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de gratuidad.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos parciales la
sentencia del 29 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión, dentro del proceso de nulidad y
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Demandante: Noelia Inés Valderrama Márquez
restablecimiento del derecho con radicación 05001-33-33-029-2022-00144-01 y, en
su lugar, que se ordene al Tribunal emitir una nueva decisión en la que no se
condene en costas.
1.1.2. Los hechos
La apoderada de la accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) La señora Noelia Inés Valderrama Márquez presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con el fin de que se
reconociera a su favor la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.
ii) La demanda tuvo como fundamento jurisprudencial las sentencias de unificación
de la Corte Constitucional SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, y
diferentes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, en sus
subsecciones,1 en las que en aplicación de los principios de igualdad e in dubio pro
operario se señaló que no debía excluirse al sector oficial docente de la aplicación de
la Ley 50 de 1990, pues al tener también el carácter de servidores públicos eran
igualmente beneficiarios de la sanción moratoria.
1 Sobre el particular, revisar las sentencias del 24 de enero de 2019, expediente 76001-23-31-000-
2009-00867-01, del 29 de julio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-03499-01 y del 6 de
agosto de 2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01, del 2 de diciembre de 2019, expediente
08001-23-33-000-2014-00173-01; del 10 de junio de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-
01; del 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-31-000-2014-00254-01; 12 de noviembre de
2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01; 17 de junio de 2021, expedientes 08001-23-31-
000-2014-00815-01 y 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4 de noviembre de 2021, expediente 19001-
23-33-000-2015-00445-02; 11 de noviembre de 2021, expedientes 08001-23-40-000-2015-90008-01 y
08001-23-40-000-2014-90022-01; 25 de noviembre de 2021, expedientes 08001-23-33-000-2014-
01127-01 y 40001-23-40-000-2017-00134-01; 20 de enero de 2022, expediente 08001-23-33-000-
2017-00931- 01; 3 de marzo de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de
2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01; 9 de mayo de 2022, expediente 08001-23-40-000-
2017-00795-01; 19 de mayo de 2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de
2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00376-01; 22 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-
000-2015-00509-01; 22 de septiembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01, 19 de
enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-00212-02 y 26 de enero de 2023, expediente
47001-23-33-000-2018-00231-01.
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Demandante: Noelia Inés Valderrama Márquez
iii) Mediante sentencia del 13 de marzo de 2023, el Juzgado 29 Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas de primera instancia a la parte demandante.
iv) Por medio de sentencia del 29 abril de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión, confirmó la decisión de primera instancia y
condenó en costas y agencias en derecho en segunda instancia a la parte
demandante.
v) Dado que para la fecha de presentación de la demanda y de notificación del fallo
de primera instancia no existía un criterio definido en torno al reconocimiento de la
sanción moratoria a docentes oficiales, actúo bajo el principio de buena fe y
confianza legítima, ya que fue con la sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de
octubre de 2023, que el Consejo de Estado, Sala Plena, emitió sentencia de
unificación en la materia.
1.1.3. Los fundamentos jurídicos
La apoderada de la accionante alega que el Tribunal incurrió en los siguientes vicios
o defectos:
i) Comoquiera que el artículo 188 del CPACA no impuso una obligación perentoria de
imponer condena en costas y agencias en derecho, pues lo que de allí se desprende
es que se debe emitir un pronunciamiento al respecto, resultaba válido prescindir de
su imposición conforme a la valoración del discurrir del debate procesal.
ii) Además, ha sido una posición unánime del Consejo de Estado que en materias en
las que se debaten derechos laborales se debe atender la posición de los sujetos
procesales y, en el caso, se trata de un docente adscrito al magisterio —parte débil
dentro de la relación laboral entre el Estado y el servidor público— que lo único que
pretendió fue una mejora de sus condiciones laborales, actuando siempre con la
confianza legítima de que se iban a acoger sus pretensiones.
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iii) Asimismo, no se tomó en cuenta lo resuelto en la sentencia de unificación en la
que no se condenó en costas a la parte demandante, pese a que la decisión le fue
desfavorable. Sobre el particular, puede consultarse la sentencia de tutela del 23 de
enero de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
dentro del proceso 11001-03-15-000-2019-04677-00.
iv) Con todo, se tiene que el juez colegiado, previa imposición de la condena en
costas —en términos de lo dispuesto en el artículo 365 del CGP— no realizó un
análisis de ponderación subjetiva de la conducta procesal asumida por las partes,
toda vez que no valoró si en el asunto existieron acciones temerarias y/o dilatorias
que obstruyeran o dificultaran el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y si en el expediente aparecía probada su causación.
v) El operador judicial debió abstenerse de imponer condena en costas, pues en el
proceso no había evidencia de que la parte vencida actuara con temeridad o mala fe
y, porque tampoco aparecían probados gastos judiciales sufragados por la entidad
demandada, por tratarse de un asunto de pleno derecho. Sobre el asunto pueden
verse las sentencias del 16 de abril de 2015, radicado 25000-23-24-000-2012-00446-
01, y del 5 de abril de 2018, expediente 76001-23-33-000-2012-00430-01 (21873).
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 26 de julio de 2024, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez Vargas
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Antioquia, en calidad de demandados, y a la Nación-
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y al Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Medellín, como
terceros interesados en las resultas del proceso, remitiéndoles copia de la solicitud
de tutela para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la
providencia ejercieran su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y rindieran el
respectivo informe. De igual forma, requirió al Juzgado 29 Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín para que enviara copia digital del expediente del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-029-
2022-00144-01; y reconoció personería jurídica para actuar dentro del proceso a la
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abogada Diana Carolina Alzate Quintero, de acuerdo con el poder otorgado por la
parte actora, contenido en el expediente de la referencia.
1.2.2. El 31 de julio de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído a la señora Noelia Inés Valderrama Márquez, al Tribunal Administrativo
de Antioquia, al Juzgado 29 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, al
Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y al Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Medellín.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión. La
magistrada Susana Nelly Acosta Prada remitió el enlace para consulta del
expediente ordinario y solicitó desestimar las pretensiones. Señaló que la decisión
adoptada por la corporación se ajustó a derecho.
1.3.2. El Juzgado 29 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín. La
secretaria del despacho remitió el enlace para consulta de expediente requerido.
1.3.3. El Ministerio de Educación Nacional. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica,
Walter Epifanio Asprilla Cáceres, solicitó declarar improcedente la acción. Expuso
que el asunto carece de relevancia constitucional, ya que lo que se presenta como
debate procesal es una controversia de naturaleza estrictamente económica que
involucra intereses privados, lo cual excede la competencia del juez de tutela.
1.3.4. La Fiduprevisora S. A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por
intermedio de la coordinadora de tutelas Aidee Johanna Galindo, solicitó declarar
improcedente la acción por utilizarse con el ánimo invalidar actuaciones procesales, y
desvincular a la entidad el trámite de tutela por no estar legitimado en la causa por
pasiva, al no existir de su parte ninguna conducta concreta, activa u omisiva que
pueda concluir con la supuesta afectación de los derechos fundamentales.
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1.3.5. El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. La apoderada
Laura Ramírez Sierra solicitó desestimar la petición de amparo. Indicó que la acción
de tutela no tiene relevancia constitucional por cuanto trata de un asunto meramente
legal y económico, como lo son las costas procesales, que aunado a lo cual deviene
del principio de autonomía judicial.
1.4. Otras actuaciones
El 29 de agosto de 2024, el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez
manifestó impedimento para conocer de la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en la causal 5°. del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por
tener una relación de amistad íntima de muchos años con el magistrado Jorge León
Arango Franco, quien suscribió la sentencia que se discute en el presente trámite.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», en concordancia con los artículos 86 Constitucional y 25
del Acuerdo 080 de 2019, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente acción de tutela.
2.2. Sobre la manifestación de impedimento
El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la
integridad moral del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho
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que pueden comprometer su criterio en la decisión y, de otra parte, constituye una
garantía de imparcialidad y transparencia de la administración de justicia en los
juicios que emite en los casos puestos a su conocimiento.
Ahora bien, las causales de impedimento establecidas en la ley poseen el carácter
de taxativas y de aplicación restrictiva, son una excepción al cumplimiento de la
función jurisdiccional, se encuentran debidamente delimitadas, y no pueden
ampliarse discrecionalmente al criterio del juez o de las partes.
En materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del
Código de Procedimiento Penal por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de
1991, el cual prevé lo siguiente:
Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si
fuere el caso.
Conforme con los anteriores lineamientos, para que sea posible que el juez
constitucional se aparte del conocimiento de determinado asunto debe producirse la
manifestación por parte del propio funcionario judicial, esto es, por la vía del
impedimento, con fundamento en las causales establecidas en el Código de
Procedimiento Penal.
En el presente caso, el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó
impedimento para conocer del asunto de la referencia, por considerar estar incurso
en la causal 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal debido a que
sostiene una relación de amistad íntima de muchos años con el magistrado Jorge
León Arango Franco, quien suscribió la providencia objeto de cuestionamiento en
esta sede constitucional.
La causal contemplada en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, establece lo siguiente:
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Artículo 56. Causales de impedimento Son causales de impedimento:
[…]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.
Pues bien, sea lo primero advertir que la jurisprudencia de la Corte Constitucional 2 ha
especificado que el atributo de imparcialidad de los funcionarios judiciales forma
parte del debido proceso y que, por ende, el régimen de impedimentos y
recusaciones tiene como fundamento el artículo 29 de la Constitución, en cuanto
deben procurar la protección de tal garantía constitucional.
Asimismo, que la imparcialidad judicial debe ser considerada desde la propia
administración de justicia, ya que solo así se garantizaría que las actuaciones en
esta sede «estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y
moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública».3
De esta forma, explicó la definición del atributo de imparcialidad, así: «esta se
predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (artículo 13 C.P.),
garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra
justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad
y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe
en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus
derechos, sino también de responsabilidad judicial».4
En ese escenario, la Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, ya que,
una vez confrontada la causal invocada con las razones que expuso el consejero
Jorge Iván Duque Gutiérrez es dable colegir que al sostener una amistad íntima de
muchos años con el magistrado Jorge León Arango Franco, quien suscribió la
providencia discutida en la presente acción de tutela, puede comprometerse la
decisión del togado en el asunto, en tanto su criterio no resultaría imparcial y objetivo
como lo exige una recta administración de justicia.
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Así las cosas, se le separará del conocimiento del asunto de la referencia, en procura
de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de
justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.
2.3. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 29 abril de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 05001-
33-33-029-2022-00144-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si
con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la accionante.
2.4. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
2 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.
2.5. Hechos probados
Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 05001-33-
33-029-2022-00144-01, la Sala establece lo siguiente:
i) El 19 de abril de 2022, la señora Noelia Inés Valderrama Márquez, por intermedio
de apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Nación-Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y el municipio de Medellín, hoy Distrito de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, en la que solicitó la nulidad del acto
administrativo 202130382167 del 2 de septiembre de 2021, con el cual se negó el
reconocimiento y pago de la sanción por mora en el retardo de la consignación de las
cesantías en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como los
intereses de las cesantías conforme con el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 y el
Decreto 1176 de 1991; y como consecuencia de lo anterior, que se declarara de
manera solidaria la obligación de reconocer y pagar la sanción moratoria y la
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indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías; condenando a
título de restablecimiento del derecho, el pago de dichas prestaciones de manera
indexada y con los respectivos intereses a partir de del día siguiente a la ejecutoria
de la sentencia y hasta que se haga efectivo el pago de condena.
ii) El 13 de marzo de 2023, el Juzgado 29 Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas de primera
instancia a la parte demandante.
iii) El 29 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión, confirmó la sentencia de primera instancia y condenó en costas y
agencias en derecho de segunda instancia a la parte demandante.
2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto
Se controvierte en el caso la decisión del Tribunal en lo referente a la condena en
costas de instancia, al no haberse realizado un análisis de ponderación subjetiva de
la conducta procesal asumida por las partes, esto es, si existieron acciones
temerarias y/o dilatorias que obstruyeran o dificultaran el curso normal de las
diferentes etapas del procedimiento; y no tenerse en cuenta que en el proceso no
aparecían probados los gastos judiciales sufragados por la entidad demandada, por
tratarse de un asunto de pleno derecho.
Asimismo, por dejarse de valorar lo resuelto en la sentencia de unificación SUJ-032-
CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sala
Plena, en el expediente 5746-2022, en la que no se condenó en costas a la parte
demandante, pese a que la decisión le fue desfavorable.
Pues bien, la Sala advierte prima facie que el asunto no reúne el requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional, según se pasa a explicar:
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03728-00
Demandante: Noelia Inés Valderrama Márquez
La Corte Constitucional ha decantado una sólida línea jurisprudencial en torno a
dicha causal,4 en la que ha señalado que solo la evidencia prima facie de una
afectación o vulneración de facetas constitucionales de los derechos fundamentales
permite superar el requisito de relevancia constitucional de la tutela en contra de
providencias judiciales.5 Así, en aras de verificar su cumplimiento, el juez de tutela
debe concluir i) que el asunto tiene trascendencia para interpretar, aplicar y/o
desarrollar la Constitución Política o para determinar el contenido y alcance de un
derecho fundamental; ii) que la controversia no se limita a una discusión meramente
legal, como la correcta interpretación o aplicación de una norma de rango legal o
reglamentario —salvo que se explique con suficiencia el por qué la interpretación o
aplicación de una norma legal afectó garantías constitucionales—,6 o de contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general —salvo
que se comprometa algún derecho fundamental—,7 y iii) que existe justificación
razonable de una afectación grave y/o desproporcionada de derechos
fundamentales, producto de una actuación arbitraria.8
Ello, en aras de procurar «i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; iii) la preservación de la
4 La cual puede consultarse, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022.
5 Todo derecho fundamental tiene facetas constitucionales, legales y reglamentarias. Los debates
acerca de las facetas legales y reglamentarias de los derechos carecen, por tanto, de la relevancia
constitucional necesaria para habilitar la excepcional intervención del juez de tutela en aras de
controlar las decisiones proferidas en los procesos de las jurisdicciones diferentes de la constitucional.
6 No significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición y aplicación judicial de
normas de rango legal se incumple el requisito de relevancia constitucional […] en la labor judicial la
indebida aplicación de normas de rango legal puede derivar en una violación de derechos
fundamentales. Justamente esa situación es la que sustenta la existencia, caracterización y definición
del defecto sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el accionante vincule la
discusión legal con la violación de una garantía fundamental o, en otros términos, que explique con
suficiencia el por qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal afectó garantías
constitucionales. SU-215 de 2022.
7 Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de
naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre
otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios. SU-215 de 2022.
8 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
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específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y iv) la prevención del uso indebido
de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal o con un marcado contenido económico».9
En el caso, la discusión planteada en torno a la imposición de la condena en costas
es una controversia de tipo legal, relacionada con la interpretación y consecuente
aplicación de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP; y en tal sentido, al
involucrarse el juez de tutela en el asunto estaría permitiendo que el mecanismo de
amparo se convirtiera en una instancia o recurso adicional, en tanto entraría a
discernir asuntos de mera legalidad, como si se tratara del juez natural de la causa,
lo cual desnaturaliza la vía de amparo.
Además, lo puesto en discusión en la acción de tutela no involucra de manera
esencial la afectación de derechos fundamentales, toda vez que el pago de una
condena por costas judiciales versa —en estricto sentido— en reconocimientos que
sin lugar a equívocos quedan envueltos en conceptos exclusivamente de carácter
económico, con connotaciones particulares.
Visto lo anterior, es evidente por la Sala que en el caso no está demostrada la
relevancia constitucional del presente asunto, en tanto el apoderado de los
accionantes no propuso una discusión alrededor de las garantías superiores de la
carta política de 1991, sino una controversia de tipo legal y, además, de contenido
estrictamente económico, y en tal sentido, corresponde el rechazo de la acción.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer del proceso
de la referencia y, en consecuencia, lo separará del conocimiento del asunto, y
9 Sentencia SU-573 de 2019.
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rechazará por improcedente la acción de tutela, al no cumplir con el requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor
Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer de la acción de tutela de la referencia, por
las consideraciones señaladas en la parte motiva de esta decisión y, en
consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto.
Segundo. Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora
Noelia Inés Valderrama Márquez en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Tercero. En caso de no ser impugnada esta providencia remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Con impedimento
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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