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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03728-01

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03728-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03728-01 Actora: NOELIA INÉS VALDERRAMA MÁRQUEZ SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del requisito general de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03728-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03728-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: NOELIA INÉS VALDERRAMA MÁRQUEZ

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE RECHAZÓ
LA ACCIÓN DE TUTELA Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
ASUNTO MERAMENTE ECONÓMICO. CONDENA EN COSTAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 29 de agosto de 2024, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

rechazó la solicitud de amparo.

1
En adelante la Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03728-01
Actora: NOELIA INÉS VALDERRAMA MÁRQUEZ

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora NOELIA INÉS VALDERRAMA MÁRQUEZ, actuando a

través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al

acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados

por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA2 al haber

proferido la providencia de 29 de abril de 2024, dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 2022-00144-01.

I.2.- Hechos

Indicó que se vinculó como docente oficial al servicio del DISTRITO

ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE

MEDELLÍN3, por lo que se encuentra afiliada al FONDO NACIONAL

2
En adelante el Tribunal.
3
En adelante el Distrito de Medellín.

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3

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Actora: NOELIA INÉS VALDERRAMA MÁRQUEZ

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO4 y tiene

derecho al reconocimiento y pago de cesantías por el régimen

anualizado, incluyendo los intereses de cada año.

Manifestó que el Ministerio de Educación Nacional – FOMAG -, omitió

consignar en término las cesantías que le correspondía por los

servicios prestados en el año 2020, por lo que solicitó el

reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de

dicha prestación social.

Refirió que mediante acto administrativo núm. 202130382167 de 2

de septiembre de 2021, el DISTRITO DE MEDELLÍN denegó la

solicitud reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago

tardío de las cesantías.

Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra el FOMAG y el DISTRITO DE MEDELLÍN, con el fin

de que se declarara la nulidad del acto administrativo acusado y, en

su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción

4
En adelante Fomag.

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4

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Actora: NOELIA INÉS VALDERRAMA MÁRQUEZ

moratoria por la consignación tardía de sus cesantías.

Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único

de radicación 05001-33-33-029-2022-00144-00 y le correspondió en

primera instancia al JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO

ORAL DE MEDELLÍN5 que, mediante sentencia de 13 de marzo de

2023, denegó las pretensiones de la demanda y la condenó en costas

en primera instancia.

Adujo que, inconforme con la decisión, interpuso recurso de

apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante

providencia de 29 de abril de 2024, confirmó la decisión del a quo y

la condenó en costas en segunda instancia.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada desconoció que

la presentación de la demanda se realizó de conformidad con el

fundamento jurídico y jurisprudencial6 que se encontraba vigente con

5
En adelante el Juzgado.
6
Providencias identificadas con los números únicos de radicación 2013-00666-01, 2009-00867-01,
2018-03499-01, 2014-00173-01, 2014-00208-01, 2014-00254-01, 2014-00132-01, 2014-00815-01,
2015-00331-01, 2015-00445-02, 2014-01127-01, 2017-00134-01, 2015-90008-01, 2014-90022-01,

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5

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relación al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago

tardío de las cesantías.

Aseguró que, con posterioridad, la Sección Segunda de esta

Corporación profirió la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023

de 11 de octubre de 2023, en la que se unificó el criterio de aplicación

de la Ley 50 de 28 de diciembre de 19907.

Resaltó que la presentación de la demanda fue interpuesta de buena

fe y con fundamento a la confianza legítima, pues los docentes

oficiales se encontraban legitimados para solicitar ante la jurisdicción

contenciosa administrativa el pago de la sanción moratoria.

Arguyó que previo a que el Consejo de Estado profiriera sentencia de

unificación sobre el tema, la sanción moratoria prevista en el numeral

3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 era reconocida a los docentes

oficiales de manera genérica, es decir, indistintamente si se

encontraban afiliados o no al FOMAG.

2017-00931-01, 2015-00075-01, 2013-00756-01- 2017-00795-01, 2019-00359-01, 2019-00376-01,
2015-00509-01, 2015-90124-01, 2012-00212-02 y 2018-00231-01.
7
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”

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Actora: NOELIA INÉS VALDERRAMA MÁRQUEZ

En ese sentido, consideró que el TRIBUNAL incurrió en la violación

directa de la Constitución al no aplicar los principios de favorabilidad,

igualdad, gratuidad y acceso a la administración de justicia previstos

en los artículos 29 y 53 de la Carta Política.

Finalmente, aseveró que el TRIBUNAL pasó por alto que

jurisprudencial y normativamente se ha establecido que no se debe

condenar en costas a la parte demandante, teniendo en cuenta que

la transición jurisprudencial fue desfavorable a sus intereses en el

transcurso de la primera y la segunda instancia y, además, que la

discusión recae sobre derechos laborales, por lo que la posición del

Consejo de Estado ha establecido que se debe atender a la calidad

de los sujetos procesales y que, en el presente caso, se trata de “[…]

un docente adscrito al Magisterio, parte débil dentro de la relación

laboral entre el Estado y el servidor público […]”.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

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“[…] que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD,
y conforme a esto se REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia
emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA
CUARTA MAGISTRADO PONENTE SUSANA NELLY ACOSTA PRADA
radicado: 05001333302920220014401 el numeral segundo donde
condena en costas en esta instancia […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que los fundamentos jurídicos que se

analizaron para proferir la decisión dentro del referido proceso se

encuentran debidamente sustentados en la providencia cuestionada.

Sostuvo que la decisión se encuentra conforme a derecho, por lo que

no se ha vulnerado de ningún modo los derechos fundamentales

invocados, además, aseguró que no se acreditaron los requisitos

exigidos para la procedencia de la acción constitucional contra

providencias judiciales.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, se limitó a remitir copia del

expediente electrónico del proceso origen de la controversia, sin

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realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.

I.6.2.- La FIDUPREVISORA S.A. advirtió que la argumentación del

accionante es “exigua” en relación con la fundamentación de las

causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial, porque se está utilizando la misma

con el ánimo de invalidar actuaciones procesales previas y decisiones

ejecutoriadas.

Asimismo, solicitó declarar improcedente el amparo invocado y ser

desvinculada del presente trámite constitucional, dado que no está

legitimada en la causa por pasiva para actuar en el mismo.

I.6.3.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL resaltó que la

acción constitucional de la referencia debe declararse improcedente.

Afirmó que en este caso no se demuestra que las vulneraciones a las

garantías procesales y fundamentales invocadas comprometan la

existencia o supervivencia del accionante, ni el acceso a la

administración de justicia; además, tampoco se acreditó que exista

una vulneración de sus derechos fundamentales.

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Resaltó que el presente asunto presenta como debate procesal una

controversia de naturaleza estrictamente económica, un litigio que

involucra intereses privados, lo cual excede la competencia del juez

de tutela por carecer de absoluta relevancia constitucional y, en

consecuencia, debería declararse improcedente la presente solicitud

de amparo.

I.6.4.- El DISTRITO DE MEDELLÍN solicitó desestimar las

pretensiones de la acción de tutela, por cuanto carece de relevancia

constitucional al tratarse de un asunto meramente legal y económico

como los son las costas procesales.

I.6.5.- El FOMAG, pese a ser debidamente notificado del presente

trámite constitucional, guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 29 de agosto de

2024, rechazó por improcedente el amparo solicitado, al no cumplir

con el requisito general de la relevancia constitucional.

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Sostuvo que la discusión planteada en torno a la imposición de la

condena en costas en ambas instancias es una controversia de tipo

legal relacionada con la interpretación y aplicación de los artículos

188 del CPACA8 y 365 del CGP9.

En ese sentido, concluyó que al involucrarse el juez de tutela en el

asunto se estaría permitiendo que el mecanismo de amparo se

convirtiera en una instancia o recurso adicional, ya que resolvería

asuntos de mera legalidad desnaturalizando el mecanismo

constitucional.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

SEGUNDA, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en el

escrito introductorio.

Además, señaló que en el presente asunto no se encontraron

probados los gastos judiciales sufragados por la entidad demandada,

8
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
9
Código General del Proceso.

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ni la temeridad o la mala fe de la actora, por lo que de mantenerse

la condena en costas se desconocerían sus derechos fundamentales.

Arguyó que “[…] ha sido una posición unánime del Consejo de

Estado que en materias donde se debatan derechos laborales se

tiene que atender la posición de los sujetos procesales, que para el

caso bajo examen se trata de un docente adscrito al magisterio,

parte débil dentro de la relación laboral entre el Estado y el servidor

público, que lo único que pretendió fue una mejora de sus

condiciones laborales, actuando siempre con la confianza legítima

[…]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

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y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la FIDUPREVISORA S.A. formuló petición de

desvinculación de la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

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“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la FIDUPREVISORA S.A. fue vinculada como

encargada de administrar los recursos del FOMAG, en calidad de

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tercera dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 2022-00144-

01, objeto de cuestionamiento, le asiste interés directo en las

resultas del proceso constitucional de la referencia, razón por la cual

la Sala denegará su solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un

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deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance

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de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que

se deje sin efecto el numeral segundo de la sentencia de 29 de

abril de 2024 proferida por el TRIBUNAL por medio de la cual se

condenó en costas de segunda instancia, dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 05001-33-33-029-2022-00144-01.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, la

autoridad judicial accionada incurrió en violación directa de la

Constitución.

Los disensos de la actora radican en que el TRIBUNAL desconoció

que previo a que el Consejo de Estado profiriera sentencia de

unificación sobre el tema, la sanción moratoria prevista en el numeral

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3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 era reconocida a los docentes

oficiales de manera genérica, es decir, indistintamente si se

encontraban afiliados o no al FOMAG.

En ese sentido, consideró que el TRIBUNAL incurrió en la violación

directa de la Constitución al no aplicar los principios de favorabilidad,

igualdad, gratuidad y acceso a la administración de justicia previstos

en los artículos 29 y 53 de la Carta Política.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 29 de agosto de

2024, rechazó por improcedente el amparo solicitado, al no cumplir

con el requisito de la relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia y, señaló que en el presente asunto

no se encontraron probados los gastos judiciales sufragados por la

entidad demandada, ni la temeridad o mala fe de su parte, por lo que

de mantenerse la condena en costas se desconocerían sus derechos

fundamentales.

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Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en el defecto alegado.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

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encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera

tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».11

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el

10
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [16].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una

[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [19]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de

[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

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un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

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constitucional, en la medida en que los reproches planteados en la

solicitud de amparo están encaminados a dejar sin efectos la condena

en costas impuesta a la actora.

En efecto, la Sala observa que la divergencia planteada en la solicitud

de amparo deviene de un asunto de contenido económico, derivado

de un debate estrictamente normativo y legal.

Al respecto, en sentencia de 7 de mayo de 202120, la Sala señaló:

“[…] 39.2 En lo que concierne a la pretensión elevada contra la
condena en costas procesales que dispuso la autoridad
judicial demandada, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, por las razones que
a continuación se explican:
[…] es preciso indicar que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para plantear una discusión sobre la aplicación de los
artículos 361, 365 y 366 de la Ley 1564, que regulan el tema de
las costas procesales, por cuanto se trata de un asunto de
carácter legal y económico que no le corresponde decidir al juez
de tutela, sino al juez natural del proceso. […]

39.2.7 De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la
Sala no se cumple con el requisito de relevancia constitucional
dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en la medida que, si bien enuncia la trasgresión
de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que
tiene como fundamento para su reconocimiento un

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-05108-
01(AC).

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debate estrictamente normativo y de interpretación
judicial […]” (Destacado fuera de texto).

Cabe precisar que la posición jurisprudencial en cita fue reiterada por

esta Sala, en sentencia de 13 de mayo de 202121, en los siguientes

términos:

“[…] para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en un asunto de
contenido económico, como lo es la condena en costas, el
cual ya fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que
no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en
una instancia adicional.

[…] para la Sala no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en la medida que, si bien enuncia la
trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta afectación
tiene su origen en un asunto de contenido económico que tiene
como fundamento para su reconocimiento un debate
estrictamente normativo y de interpretación judicial. De igual
manera, la Sala al estudiar la solicitud de tutela tampoco
encuentra establecida de forma clara, la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados supra. Con fundamento
en las consideraciones jurídicas establecidas, la Sala considera
que, frente a dicho cuestionamiento, la presente acción de tutela
resulta improcedente […]”.

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de mayo
de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-01411-
00(AC).

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Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca la

actora como fundamento de la presunta vulneración de sus derechos

fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido

proceso, están encaminados a replantear la discusión jurídica en

torno a la imposición de las costas procesales, circunstancia que

resulta improcedente, en tanto la presunta afectación de los derechos

fundamentales se deriva de un asunto de contenido económico que

fue debidamente argumentado y concluido por el juez natural de la

causa.

Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en la presente

acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia

constitucional, -en los términos señalados en la jurisprudencia

constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la intervención del

juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración de los

derechos fundamentales invocados por la actora.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

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si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

En consecuencia, la Sala modificará la decisión de primera instancia

que rechazó el amparo solicitado y, en su lugar, declarará

improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir el

requisito general de la relevancia constitucional, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación presentada por

la FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del

requisito general de la relevancia constitucional, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de octubre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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