RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-03733-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03733-00

Fecha
20 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03733-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Ricardo James Castro Ramírez, dadas las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión. 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-03733-00 Demandante: Ricardo James Castro Ramírez 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03733-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

20 de septiembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03733-00
Demandante: Ricardo James Castro Ramírez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-03733-00
Demandante RICARDO JAMES CASTRO RAMÍREZ
Demandado DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y OTROS
Temas Acción de tutela. Solicitud de indemnización de perjuicios. Asunto
meramente económico.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Ricardo James Castro Ramírez de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de julio de 20241, se radicó la acción de tutela remitida por el señor Ricardo
James Castro Ramírez, en nombre propio, desde el Establecimiento Penitenciario
de Calarcá contra la Defensoría del Pueblo, Regional Huila y «el Estado de Colombia»
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, petición y
debido proceso.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«se pague los daños ocasionados por el doctor Calderón Ortiz ya que este no solicitó la
libertad por vencimiento de términos en el proceso».

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El actor narró que el día 13 de septiembre de 2019 fue detenido por dos miembros
de la Policía Nacional, mientras se encontraba en su finca. Aseguró que tras varios
días de encarcelamiento fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la
Nación y que días después se celebró una audiencia en la cual le asignaron un
abogado de oficio, perteneciente a la Defensoría del Pueblo de Neiva. Indicó que
posteriormente fue trasladado a la cárcel de Garzón (Huila).

El accionante afirmó que desde septiembre de 2019 a enero de 2020 intentó
comunicarse telefónicamente infructuosamente con el abogado defensor, a fin de
que aquel solicitara su libertad por vencimiento de términos.

1 Índice 2 en Samai.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03733-00
Demandante: Ricardo James Castro Ramírez

Agregó que su defensor acudió a la audiencia de juicio ante el Juzgado Promiscuo
Municipal de Altamira, pero que dicho juzgado negó la solicitud de libertad.

3. Fundamentos de la acción

El accionante reprochó la defensa efectuada por el abogado de oficio en el curso
del proceso penal en su contra. Aquel aseguró que «este doctor no iso mi defensa como
tenía que ser, ya que me vulneraron el arts. 23 29 13 (…) esta es mi incomformida con este
doctor, ya que me condenaron a 12 años, 6 meses» (sic para toda la cita). En suma,
consideró que la condena obedeció a la indebida defensa ejercida por el abogado
de oficio asignado.

Añadió que el Estado colombiano debe indemnizarlo, teniendo en cuenta que aquel
fue quien designó al citado abogado como defensor de oficio. En sus palabras : «el
Estado me nombró a este doctor Calderón Ortiz que me dejo condenar y por esta razón
demando al estado por este daño».

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 18 de julio de 2024, el despacho ponente al cual le
correspondió inicialmente el asunto perteneciente a la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal dispuso remitir la acción de tutela al Consejo
de Estado. Explicó que «el actor se limitó a controvertir la actuación del defensor
público y que sus pretensiones se dirigen al reconocimiento de una indemnización de
perjuicios que reclama al Estado colombiano».

Seguido, la autoridad judicial sostuvo era necesario remitir la acción al Consejo
de Estado, teniendo en cuenta (i) «que el Presidente de la República es el Jefe de
Estado y además de las autoridades es la de mayor jerarquía» y (ii) las reglas de
reparto contenidas en el numeral 12, artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

4.2. Tras la remisión del expediente al Consejo de Estado, en auto de 24 de julio
de 2024 se admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Ricardo James
Castro Ramírez contra la Presidencia de la República y la Defensoría del
Pueblo, Regional Huila; y se dispuso efectuar las notificaciones pertinentes.

4.3. La Presidencia de la República indicó que no ha recibido ningún derecho de
petición por parte del accionante.

Seguido, manifestó que el presidente, como jefe del poder ejecutivo, tiene la
responsabilidad de administrar y ejecutar las leyes y políticas públicas, pero
no tiene la autoridad para interferir en el funcionamiento de la Rama Judicial.
Esto se debe a que la independencia judicial es fundamental para garantizar
el Estado de derecho y la protección de los derechos y libertades de los
ciudadanos.

También indicó que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, debido
a que las reclamaciones que formula el accionante no le son imputables ni por
acción ni por omisión ni hacen parte de sus atribuciones legales.

A su vez, afirmó que no se observa que el actor esté imputando alguna acción
u omisión a la Presidencia de la República. E indicó que cuando no exista
actuación del agente accionado al que se pueda endilgar la supuesta amenaza

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03733-00
Demandante: Ricardo James Castro Ramírez

o vulneración de derechos fundamentales, las pretensiones deben ser
negadas respecto a dicha entidad.

Por lo expuesto, solicitó su desvinculación del trámite, la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela y la negativa de las pretensiones.

4.4. La Defensoría del Pueblo, Regional Huila guardó silencio en el curso del
trámite de tutela, a pesar de haber sido notificado debidamente a los correos
electrónicos neiva@defensoria.gov.co, huila@defensoria.gov.co y juridica@defensoria.gov.co.

4.5. El 2 de septiembre de 2024, el Establecimiento Penitenciario de Calarcá allegó
constancia de notificación del el señor Ricardo James Castro Ramírez,
respecto del auto admisorio. Surtida tal gestión, el expediente ingresó a
despacho.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si la acción de
tutela interpuesta por el señor Ricardo James Castro Ramírez es procedente, pese
a que la pretensión formulada es eminentemente económica.

3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».

A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que estos

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03733-00
Demandante: Ricardo James Castro Ramírez

sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela solo procede cuando no
existen otros medios de defensa idóneos para amparar los derechos fundamentales
invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

De forma reiterada la Corte Constitucional ha señalado que el único objeto de la
acción de tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos
fundamentales. Por lo tanto, se ha entendido que esta es improcedente para dirimir
conflictos de naturaleza económica que no tengan trascendencia iusfundamental.

La acción de tutela no fue concebida como un mecanismo encaminado a resolver
controversias de estirpe contractual y económico, pues esta clase de contiendas
pueden ser debatidas mediante las respectivas acciones y recursos judiciales
previstos fuera de la jurisdicción constitucional3.

Sobre la improcedencia de la acción de tutela para reclamar pretensiones de
carácter económico, específicamente indemnización de perjuicios, en la sentencia
T-352 de 2016 la Corte Constitucional indicó que “…la acción de tutela es improcedente
para ordenar el reconocimiento de obligaciones económicas que estén supeditadas a litigio” […]

Sobre el tema, en la sentencia T-470 de 1998 la Corte Constitucional explicó lo
siguiente:
«Las controversias por elementos puramente económicos, que dependen de la aplicación al
caso concreto de las normas legales –no constitucionales– reguladoras de la materia,
exceden ampliamente el campo propio de la acción de tutela, cuyo único objeto, por mandato
del artículo 86 de la Constitución y según consolidada jurisprudencia de esta Corte, radica en
la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales,
ante actos u omisiones que los vulneren o amenacen.
En consecuencia, el rechazo de la acción de tutela por improcedente, respecto de la
pretensión de orden económico, es lo que impone la Carta Política (C.P., art. 86), en la medida
en que no se trata de la vulneración de un derecho fundamental y dado que el interesado
cuenta con la acción y los recursos ordinarios necesarios».

Posteriormente, en la Sentencia T-606 de 2000 la Corte Constitucional sostuvo:
«constituye regla general en materia del amparo tutelar, que la jurisdicción constitucional debe
pronunciarse sobre controversias de orden estrictamente constitucional; por lo tanto, resultan
ajenas a la misma las discusiones que surjan respecto del derecho sobre el cual ha recaído la
conciliación, cuando el mismo es de índole económica, en tanto que las discusiones de orden
legal escapan a ese radio de acción de garantías superiores, pues las mismas presentan unos
instrumentos procesales propios para su trámite y resolución».

De lo anterior, se desprende que la jurisdicción constitucional únicamente está
llamada a pronunciarse sobre controversias de orden estrictamente constitucional.
Por lo tanto, resultan ajenas a esta discusiones de índole económica, las cuales
pueden ser tramitadas a través de los instrumentos procesales dispuestos por el
ordenamiento jurídico4.

Sin embargo, el anterior no es un criterio absoluto. La Corte Constitucional ha
advertido que en algunos eventos la discusión, aunque involucre un aspecto
patrimonial, puede trascender a tensiones que afecten garantías de rango

3 Corte Constitucional. Sentencia T-903 de 2014.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-155 de 2010.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03733-00
Demandante: Ricardo James Castro Ramírez

constitucional, como el derecho al debido proceso y el acceso a la administración
de justicia, entre otros.

En Sentencia T-318 de 2022, la Corte Constitucional indicó que a manera
excepcional se puede ordenar mediante acción de tutela el reconocimiento de
prestaciones netamente económicas cuando; (i) el interesado no cuenta con otro
mecanismo de defensa judicial; (ii) teniendo medio judicial, este resulte ineficaz
para la protección de los derechos; y (iii) en los eventos en los que luego de verificar
los elementos de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad de la acción,
se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable el cual se pretende evitar a
través de la acción de tutela.

En suma, por regla general la acción de tutela no es procedente cuando se discuten
asuntos eminentemente económicos carentes de una relación con derechos
fundamentales, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

4. Análisis del caso

Explicado lo anterior la Sala considera que la tutela interpuesta es improcedente,
debido a que lo perseguido por el actor es que a través de este mecanismo
constitucional se le entregue una indemnización dineraria por los perjuicios
presuntamente causados, dada la precaria defensa técnica que le fue otorgada por
su defensor de oficio en el curso del proceso penal adelantado en su contra.

Por lo tanto, se considera que la acción de tutela es improcedente, dada la
naturaleza eminentemente económica de la pretensión, la cual no se vincula de
manera alguna con el campo de los derechos fundamentales.

Eventualmente el accionante podría solicitar, a través de los medios de control
consagrados en la Ley 1437 de 2011, dentro de los plazos y términos allí dispuestos,
el pago de perjuicios ocasionados por la presunta defensa técnica deficiente que
recibió en el marco del proceso penal adelantado en su contra, siempre que se
configuren los presupuestos para demandar la responsabilidad del Estado, en este
caso en cabeza de la Defensoría del Pueblo.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por encontrar
que lo perseguido se limita a un asunto meramente económico que no trasciende al
ámbito constitucional de vulneración de derechos fundamentales. Asunto que,
eventualmente, podría ser debatido ante el juez de lo contencioso administrativo en
el evento de reunir los presupuestos necesarios para alegar una eventual falla en el
servicio.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor
Ricardo James Castro Ramírez, dadas las razones expuestas en la parte
considerativa de esta decisión.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03733-00
Demandante: Ricardo James Castro Ramírez

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.