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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03736-01

Acción de tutela contra providencias judiciales

Fecha
11 de octubre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03736-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia del 22 de agosto de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo promovida por la abogada Diana Carolina Alzate Quintero, por las razones aquí expuestas. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03736-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

11 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03736-01
Demandante: MICHAEL STEVE HERRERA ESCOBAR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES / LEGITIMACIÓN PARA
EJERCER ACCIÓN DE TUTELA – Abogados deben aportar poder especial que los
faculte para presentar una solicitud de amparo constitucional; el poder, además de ser
especial, debe ser específico / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que la parte actora busca discutir
aspectos netamente económicos.

La Sala1 decide la acción de tutela presentada por la parte accionante contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 19 de julio de 2024, el señor Michael Steve Herrera Escobar, mediante
apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia2. Formuló las siguientes
pretensiones (transcripción textual):

Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme
a esto se REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA
MAGISTRADO PONENTE JORGE LEÓN ARANGO FRANCO radicado:
05001333301920220041101 el numeral segundo donde no condena en
costas en esta instancia.

1 Se advierte que, el 25 de septiembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la
magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 La parte accionante también consideró desconocido el principio de «gratuidad».

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03736-01
Demandante: Michael Steve Herrera Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de segunda instancia

1.2. Hechos

Los supuestos fácticos y jurídicos de la solicitud de amparo se resumen así:

El señor Michael Steve Herrera Escobar presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
Departamento de Antioquia.

El proceso correspondió por reparto al Juzgado 19 Administrativo de Medellín, el
que, mediante providencia del 29 de junio de 2023, accedió a las pretensiones de
la demanda.

Mediante sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, la Sección
Segunda de esta Corporación unificó su criterio respecto de la aplicación del
numeral 3 del artículo 99 de la Ley 91 de 1989. Allí estableció que los docentes
estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria, por ser incompatible con el sistema de administración de cesantías
previsto en la citada ley.

El 20 de junio del año en curso, la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia revocó la sentencia de primera instancia, proferida por
el Juzgado 19 Administrativo de Medellín, y condenó en costas en ambas
instancias a la parte demandante.

1.2. Argumentos de la tutela

La parte accionante estimó vulnerados sus derechos al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, así como el principio de gratuidad.

Considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia omitió realizar un «análisis
de valoración subjetiva» de la conducta procesal asumida con lo que hubiera
podido dar una «aplicación razonable» al numeral 4 del artículo 365 del CGP.
También sostuvo que debió realizarse una ponderación porque, si bien resultó
vencida en el proceso, lo cierto es que no se probó que hubiera incurrido en
acciones temerarias o dilatorias que obstruyeran o dificultaran el curso normal del
trámite y que, además, por tratarse de un asunto de pleno derecho, las costas y
gastos procesales a las que resultó condenada no se causaron.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03736-01
Demandante: Michael Steve Herrera Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de segunda instancia

Agregó que antes de la expedición de la sentencia del 11 de octubre de 2023 no
existía una postura unificada respecto del reconocimiento de la sanción moratoria
para docentes oficiales, por lo que presentó una demanda debidamente
fundamentada y actuó amparada en los principios de buena fe y confianza
legítima.

Finalmente, alegó que cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia la condenó
en costas en ambas instancias, también desconoció el precedente jurisprudencial
fijado en esa materia por el Consejo de Estado.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 25 de julio de 2024, el Despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó vincular a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo de Antioquia, como parte demandada, al ministro de Educación
Nacional, a la Fiduprevisora S.A., en calidad de administradora del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag -o quien haga sus
veces-, al alcalde del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín y al Juzgado 19 Administrativo de Medellín, como terceros con interés.

2.2. El Ministerio de Educación Nacional y el Fomag solicitaron que se declarara
improcedente la acción constitucional, por considerar que carece de relevancia
constitucional. Argumentaron que en el caso en concreto no se evidencia la
transgresión de un derecho fundamental que justifique la intervención del juez de
tutela.

2.3. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín pidió que
se declarara improcedente la solicitud de amparo, dado que se pretende que el
juez de tutela se pronuncie sobre aspectos netamente económicos, lo cual se
aleja de la naturaleza de este valioso mecanismo constitucional.

2.4. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

En fallo del 22 de agosto de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo, por incumplir el requisito de
relevancia constitucional, dado que la intervención del juez de tutela en asuntos
que son meramente económicos afectaría los principios de autonomía e

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Demandante: Michael Steve Herrera Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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independencia del juez natural, máxime cuando el caso objeto de discusión
carece de importancia constitucional, pues «en realidad contiene un conflicto
relativo a la causación o no de costas procesales».

4. Impugnación

La parte accionante impugnó la anterior decisión e insistió en los argumentos de
la tutela, en el sentido de que las autoridades judiciales no probaron los gastos
procesales efectuados por la entidad demandada, «por tratarse de un asunto de
puro derecho» y la temeridad o mala fe, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-019-2022-00411-01.

Entre otros planteamientos reiterados en la solicitud de amparo, adujo que la
disposición consagrada en el artículo 188 del C.P.A.C.A., no obliga a las
autoridades judiciales imponer condena en costas, pues, del análisis integral del
respectivo expediente, estos podrían prescindir de tal disposición, de acuerdo con
los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia
vulneró los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
de la parte actora, por haberla condenado en costas en ambas instancias. Para tal
efecto, primero se deberá establecer si la abogada Diana Carolina Alzate Quintero
se encuentra legitimada por activa para representar los intereses del señor
Michael Steve Herrera Escobar.

2. De la legitimación para ejercer la acción de tutela

El inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política establece que toda
persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante apoderado
para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

Empero, dicha regla supone que el actor de tutela debe estar legitimado en la
causa por activa, en la medida en que solo podrá ejercer esta acción
constitucional quien reclame la protección de sus propios derechos

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03736-01
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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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fundamentales, sin perjuicio de lo que se establece respecto de la agencia oficiosa
de derechos, como lo dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

De esta manera, la Corte Constitucional indicó que, so pretexto de ejercer la
acción de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la
representación de otra persona, ni la informalidad propia de este mecanismo de
protección constitucional supone que no existan requisitos mínimos de
procedibilidad como la legitimación en la causa por activa3.

La jurisprudencia constitucional ha precisado que, en los casos en los cuales se
ejerza la acción de tutela mediante representante judicial, el poder debe ser
otorgado mediante escrito que se presumirá auténtico, únicamente puede estar
dirigido a un profesional del derecho y debe ser especial. Por este último motivo, el
poder otorgado para iniciar un proceso judicial diferente no supone la facultad para
interponer una demanda de tutela por hechos derivados de él. Textualmente, esto
dijo la Corte Constitucional:

Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala
señala que el mismo es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse
por escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume
auténtico. (iii) El referido poder para promover acciones de tutela debe ser
especial. En este sentido (iv) El poder conferido para la promoción o
para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se
entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los
hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso
inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un
profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional (...)4.

De acuerdo con lo transcrito, quien manifieste que actúa como apoderado de una
persona natural o jurídica en una acción de tutela, debe estar investido de poder
especial que así lo acredite, dado que este se confiere «para el fin específico y
determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos
fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos
hechos concretos que dan lugar a su pretensión»5.

De lo anterior se desprende que el poder, además de ser especial, debe ser
específico, de modo que es necesario identificar la autoridad contra la cual se va a
dirigir la acción de tutela y los derechos fundamentales cuya protección se busca
reclamar. Además, tratándose de una acción de tutela contra providencia judicial,
se insiste, «el poder conferido para la promoción o para la defensa de los

3 Al respecto, ver la sentencia T-417 de 2013, reiterada en la sentencia T-020 de 2016.
4 Sentencia T- 531 de 2002.
5 Sentencia T-001 de 1997.

5

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intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para instaurar
procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen
en el proceso inicial», razón por la cual es indispensable que en el mandato se
identifiquen el acto y/o providencia que motiva la solicitud de amparo 6.

En el caso bajo estudio, la abogada Diana Carolina Alzate Quintero interpuso
acción de tutela en representación del señor Herrera Escobar por la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 20 de junio de 2024,
proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

De entrada, la Sala observa que el poder allegado por la abogada Alzate Quintero
no cumplió con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional, pues le fue
conferido por el señor Michael Steve Herrera Escobar, con el fin de que «inicie y
lleve hasta su terminación ACCIÓN DE TUTELA contra el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, por vulneración al derecho fundamental del
debido proceso, acceso a la administración de justicia, situación más favorable al
trabajador, al desconocimiento del precedente judicial vertical».

Sin embargo, se advierte que el referido poder no identificó las particularidades del
trámite de origen, pues en el encabezado únicamente se mencionó:
«REFERENCIA: Poder. Acción de Tutela», sin precisar la providencia que se
cuestiona y el proceso en el que se profirió, lo que significa que este no contiene
los parámetros mínimos7 para predicar de él su especificidad de cara a la
interposición de la presente tutela.

A lo anterior se suma que la ley y la jurisprudencia han facilitado al máximo el
otorgamiento de los poderes a los profesionales del derecho, por lo que resulta
inexcusable que un abogado actúe sin mandato o con uno otorgado sin el lleno de
los requisitos legales y jurisprudenciales para un proceso determinado, tal como
se exige para ejercer la representación judicial en una acción de tutela.

En gracia de discusión, aun cuando se aceptara que el poder aportado cumple las
exigencias mencionadas, la Sala advierte que lo pretendido por el accionante
también carece de relevancia constitucional.

6 Ver, entre otras, las sentencias T-658 de 2002, T-451 de 2006, T-998 de 2006, T-024 de 2019 y

T-106 de 2023.
7 Tal como se advirtió, el mandato de carácter especial y específico deberá identificar, como

mínimo, (i) la autoridad contra la cual se va a dirigir la acción de tutela; (ii) el acto y/o providencia
que motivan la solicitud de amparo y (iii) los derechos fundamentales cuya protección se
reclama.

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En efecto, es evidente que se encuentra inconforme con la condena en costas que
se le impuso, aspecto que, en últimas, tiene un móvil económico, pues, como se
sabe, dicha condena implica el reconocimiento a favor de la parte contraria de los
gastos en que incurrió para impulsar el proceso (expensas) y de los honorarios de
abogado (agencias en derecho).

Bajo ese contexto, lo que pretende la parte actora es que se la releve de pagar los
gastos derivados de la condena en costas que le impusieron por haber sido
vencida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió,
circunstancia que no comporta la vulneración de ningún derecho fundamental y,
por ende, escapa al ámbito de protección del juez constitucional.

Finalmente, conviene recordar que la acción de tutela es un valioso mecanismo
constitucional procedente exclusivamente en el evento en que se vea seriamente
afectado el pleno ejercicio de algún derecho fundamental. Es por ello que la Sala
llama la atención de la abogada Diana Carolina Alzate Quintero, para que en lo
sucesivo ejerza adecuada y responsablemente la acción de tutela, esto es, en
situaciones que verdaderamente requieran de la intervención del juez
constitucional y que reúnan los presupuestos mínimos de procedencia.

Bajo las anteriores consideraciones, se impone confirmar la sentencia de primera
instancia, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo, pero
por falta de legitimación en la causa por activa de la abogada Diana Carolina
Alzate Quintero

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 22 de agosto de 2024 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de
amparo promovida por la abogada Diana Carolina Alzate Quintero, por las razones
aquí expuestas.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03736-01
Demandante: Michael Steve Herrera Escobar
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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