Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03737-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03737-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03737-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
22 de agosto de 2024
Demandante: Silvia Marina Cervantes Trejos
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2024-03737-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03737-00
Demandante: SILVIA MARINA CERVANTES TREJOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SEXTA DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala en primera instancia la demanda promovida por la señora Silvia
Marina Cervantes Trejos contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Decisión, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la
Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Con escrito radicado el 19 de julio de 2024, La señora Silvia Marina Cervantes
Trejos, a través de apoderada judicial, promovió acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, en la que pretende
el amparo de sus derechos fundamentales al «debido proceso, a la
administración de justicia y el principio de gratuidad».
En sentir de la parte actora, la transgresión de sus garantías constitucionales se
dio con ocasión del fallo proferido por la autoridad judicial accionada el 31 de
mayo 20241 al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
05001-33-33-025-2022-00240-01.
1 En la que se dispuso:
«PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia el 14/12/2022 por el Juzgado 25 Administrativo
del Circuito de Medellín, que negó las pretensiones de la demanda promovida en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por Silva Marina
Cervantes Trejos «…».
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia».
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Demandante: Silvia Marina Cervantes Trejos
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2024-03737-00
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora elevó la siguiente pretensión:
Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme
a esto se REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el
TRIBUNA ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA
MAGISTRADO PONENTE VANESSA ALEJANDRA PEREZ ROSALES
radicado: 05001333302520220024001 el numeral segundo donde no
condena en costas en esta instancia.2
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
El 9 de noviembre de 2021, la señora Silvia Marina Cervantes Trejos, quien
labora como docente oficial en el municipio de Caucasia (Antioquia), radicó ante
la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia y el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio de Antioquia solicitud de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y sus
intereses. A través de acto administrativo ANT2022EE000210 del 5 de enero de
2022, la entidad negó la solicitud presentada.
En vista de estas circunstancias, la actora demandó al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al Departamento de Antioquia
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
pretendiendo que se declarara la nulidad del acto administrativo que le negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria peticionada.
Así mismo, solicitó a título de restablecimiento del derecho que se condenara a
las entidades demandadas a que le reconocieran y pagaran tanto la sanción
moratoria como la indemnización por el pago tardío de los intereses a sus
cesantías.
A través de sentencia proferida el 14 de diciembre de 2022, el Juzgado 25
Administrativo del Circuito de Medellín negó las pretensiones del medio de
control y condenó en constas a la señora Silvia Marina Cervantes Trejos.
Esta decisión fue apelada por el extremo activo, quien solicitó que se revocara
la sentencia de primera instancia en consideración a que, desde su perspectiva,
el régimen especial aplicable a los docentes oficiales no puede dar lugar a la
2 Transcripción del texto original que puede contener errores.
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Demandante: Silvia Marina Cervantes Trejos
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aplicación de condiciones menos favorables que aquellas estipuladas en el
régimen general.
En sentencia del 31 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Sexta de Decisión, confirmó la sentencia del a quo y dispuso no condenar
en costas en la instancia. Para arribar a esta conclusión, el tribunal desplegó su
argumentación alrededor de la siguiente tesis:
(…) (i) la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, es
incompatible con el sistema de liquidación anualizada de cesantía que administra
el FOMAG y, (ii) la indemnización estipulada en la Ley 52 de 1975 por el pago
tardío de los intereses del 12%, no está prevista por la Ley 91 de 1989, por lo
que los docentes afiliados al FOMAG no tienen derecho a tales reconocimientos.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró su
derecho fundamental al debido proceso en tanto omitió observar la sentencia
SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 proferida por el Consejo de
Estado y en la cual no se condenó en costas a la parte demandante.
Al respecto, cuestionó que, si bien en la providencia controvertida se dispuso no
condenar en costas en la instancia, el tribunal obvió argumentar que la parte
vencida no actuó con temeridad o mala fe y que además no aparecieron
probados gastos judiciales sufragados por la entidad demandada en el
transcurso del proceso.
Tras citar el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 que adicionó el artículo 188 del
CPACA y decisiones del Consejo de Estado en las cuales se prescindió de la
condena en costas3, indicó que al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no se causaron gastos judiciales por tratarse de un
asunto de puro derecho ni actuó con temeridad o mala fe.
Concluyó afirmando que el Consejo de Estado mantiene una posición unánime
según la cual en el análisis de imposición de costas en procesos donde se
debaten derechos laborales, debe ponderarse la posición de los sujetos
procesales.
1.5. Admisión de la demanda
Mediante auto del 1 de agosto de 2024, la magistrada ponente resolvió: i) admitir
la acción de tutela; ii) ordenar la notificación de los magistrados del Tribunal
3 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia 16.04.15., M.P. Guillermo Vargas Ayala, Rad.
25000232400020120044601.Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia
23.01.20., M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Rad. 11001031500020190467700
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Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión; iii) vincular, en calidad de
terceros con interés al FOMAG, al Departamento de Antioquia y al Juzgado 25
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín; iv) oficiar al Tribunal
Administrativo de Antioquia para que allegue copia íntegra del expediente
correspondiente al proceso ordinario 05001-33-33-025-2022-00240-01; y v)
reconocer personería jurídica a la apoderada de la accionante.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, de conformidad
con las constancias que obran en el expediente digital, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia
Con comunicación radicada el 8 de agosto de 2024, la magistrada Vanessa
Alejandra Pérez Rosales, ponente de la decisión controvertida, respecto a la
inconformidad de la accionante, que parece versar sobre la condena en costas
que efectuó el Juzgado 25 Administrativo del Circuito de Medellín, aseveró que
la accionante no la manifestó en la apelación a la sentencia del a quo, por lo cual
dicha cuestión no fue objeto de la sentencia de segunda instancia.
Consideró que la solicitud de amparo no supera el requisito de relevancia
constitucional ya que el mecanismo constitucional no puede ser utilizado a modo
de tercera instancia. Finalmente, arguyó que el tribunal actuó conforme a las
normas y la jurisprudencia aplicable al caso.
1.6.2. Juzgado 25 Administrativo del Circuito de Medellín
En memorial aportado el 8 de agosto de 2024, el juzgado refirió que tanto la
sentencia de primera instancia como la de segunda instancia del medio de
control ordinario contienen un planteamiento debido de los argumentos de hecho
y de derecho que las sustentaron.
Advirtió que la parte actora está buscando convertir la acción de tutela en una
instancia adicional frente a una decisión que le es desfavorable. En este orden
de ideas, indicó que en la solicitud de amparo se reiteran los argumentos
desplegados en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Por otro lado, afirmó que en el caso no se cumple con el requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional tratándose de una tutela contra
providencia judicial. Manifestó que la accionante está ventilando un asunto
puramente económico que fue debidamente zanjado en el trámite del proceso
ordinario.
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1.6.3. Fiduprevisora S.A.
La Fiduprevisora S.A., actuando en calidad de vocera y administradora del
patrimonio autónomo del FOMAG, allegó intervención el 8 de agosto de 2024.
Luego de explicar la naturaleza jurídica de la entidad, indicó que en el caso
concreto no actuó en vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Asimismo, precisó que la argumentación en la solicitud de amparo es insuficiente
en lo que atañe a las causales genéricas y específicas de procedibilidad de tutela
contra providencia judicial.
Solicitó, conforme lo anterior, que se declare la improcedencia de la acción de
tutela del asunto. Asimismo, de manera coetánea, pidió la desvinculación del
trámite, por cuanto carece de legitimación en causa por pasiva.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela
interpuesta por la señora Silvia Marina Cervantes Trejos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 86 de la Constitución política, el Decreto 2591 de 19914
y el numeral 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 5, modificado
por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
En su escrito de contestación la Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación del
trámite constitucional, no obstante, la Sala no accederá a dicha solicitud en virtud
que su vinculación se dio como tercera con interés y no como demandada.
2.3. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la sala analizará lo siguiente:
4 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
5 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
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¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, vulneró el
derecho fundamental al debido proceso con ocasión de la providencia del 31 de
mayo de 2024 que confirmó la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2022
por el Juzgado 25 Administrativo del Circuito de Medellín?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial; iii) análisis del caso en
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 7 y declaró
su procedencia.8
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir
entre el juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia
que cada uno tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, con la
acción de tutela no se erige una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera
pertinente traer a colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
SU 215 de 20229, la cual, desarrolló y explicó los derroteros que deben
observarse en aplicación de este requisito de relevancia constitucional.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo
de amparo constitucional contra una decisión judicial:
el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los
jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:
lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
9 M.P. Natalia Ángel Cabo.
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los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal10 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico11; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional.”12
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”13 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”14
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto15, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal16. (Resaltado de la Sala)
10 Sentencia SU-573 de 2019.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-103 de 2022.
13 Sentencia SU-103 de 2022.
14 Sentencia SU-128 de 2021.
15 Sentencia SU-573 de 2019.
16 Ibid.
8
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2.5. Caso concreto
Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la Sala colige que la acción
de tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de
relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores.
En consideración la señora Silvia Marina Cervantes Trejos, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, vulneró su derecho
fundamental al debido proceso con ocasión de la providencia proferida el 31 de
mayo de 2024 que confirmó la sentencia del 14 de diciembre de 2022 dictada
por el Juzgado 25 Administrativo del Circuito de Medellín, última que negó las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Según se infiere del escrito de tutela, desde la perspectiva de la actora, en su
caso concreto la autoridad judicial accionada transgredió sus garantías
constitucionales al no revocar la condena en costas que dispuso en su contra el
juez de primera instancia al interior del proceso ordinario.
La accionante explicó que en la decisión de segunda instancia no se analizó que
la condena fue impuesta sin observar que no se causaron gastos en el proceso,
pues se trató de un asunto de puro derecho, que fue presentado de buena fe
buscando una mejoría en sus condiciones laborales, en el que ella actuaba como
la parte débil de la relación laboral.
Apoyado en la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, el Juzgado
25 Administrativo del Circuito de Medellín en la sentencia de primera instancia
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, expuso el siguiente
razonamiento que motivó la condena en costas de la actora:
Conforme con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, procede la condena en
costas de manera objetiva, norma que dispone que salvo en procesos que
versen sobre un interés público, la sentencia siempre dispondrá sobre la
condena en costas, precepto que establece adicionalmente que la liquidación y
ejecución de las costas se hará acorde al Código General del Proceso.
Lo anterior continúa vigente junto con la adición hecha a la norma citada por el
artículo 47 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, que estipuló: “en todo caso,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, norma
respecto de la cual ha dicho el Consejo de Estado: ”La anterior disposición no
modificó el sistema de imposición de condena en costas objetivo, pues, como se
ve, se trató de una adición consistente en que también se debe disponer sobre
la condena en costas cuando la demanda carezca de fundamento legal”17
17
CE, Sección Cuarta; fallo acción de tutela 28 octubre 2021, Rad nº 11001-03-15-000-2021-
06539-00 CP Julio Roberto Piza Rodríguez.
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La condena en costas impuesta en primera instancia no fue objeto de discusión
en el escrito de apelación presentado por la señora Silvia Marina Cervantes
Trejos, de manera que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Decisión, carecía de obligación de pronunciarse al respecto. En cualquier caso,
la autoridad judicial accionada se abstuvo de condenar en costas a la accionante
en la segunda instancia.
Resulta claro que la actora pretende a través de este mecanismo de protección
que se retome una discusión que ya fue abordada por los jueces naturales en el
marco del proceso ordinario, escenario natural del debate, y que culminó con la
decisión adoptada en segunda instancia.
Es decir que, la controversia propuesta por la accionante versa sobre la
aplicación de una norma de orden legal y con contenido netamente económico,
por lo que dista del fin de la acción de tutela, que no es otro que el de proteger
garantías fundamentales cuando se vean vulneradas o amenazadas, lo que no
sucede en este caso.
En conclusión, la petición tutelar no supera el examen de procedencia general
en los términos de los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa que tiene su origen en
una controversia de orden económica, y no en el alcance de un derecho
fundamental ni la interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución
Política.
Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia
constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A.
según lo aclarado.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela
interpuesta por la señora Silvia Marina Cervantes Trejos contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, conforme a las
consideraciones de esta providencia.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes
a la notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme
a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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