Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03767-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03767-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03767-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
22 de agosto de 2024
Demandante: Ana Milena Muñoz García
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-03767-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03767-00
Demandante: ANA MILENA MUÑOZ GARCÍA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedencia por
inmediatez
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por la señora
Ana Milena Muñoz García contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cali de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 22 de julio de 2024 la señora Ana Milena Muñoz García, actuando por medio de
apoderado judicial, inició acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cali, en la que
pretende el amparo de sus derechos fundamentales «a la seguridad social, al
trabajo y a la sustitución pensional».
Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 1 de diciembre de 2022 mediante la
cual el referido tribunal confirmó la providencia del 29 de noviembre de 2021 del
Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cali, que negó las pretensiones
de la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 76001-33-33-010-2016-00176-01, instaurado contra la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Casur.
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Demandante: Ana Milena Muñoz García
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
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1.2. Pretensiones
Con base en lo expuesto, la parte actora solicitó:
PRIMERA: Se le tutelen los derechos constitucionales fundamentales,
reconociéndole el 50% de la sustitución de asignación a la señora ANA MILENA
MUÑOZ GARCÍA y cese la vulneración acaecida por las sentencias de primer grado
de fecha 29/11/2021, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo oral del Circuito
de Cali y de Segunda Instancia de fecha 01/12/2022, emitida por el Tribunal
Administrativo del Valle dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, con radicado No. 76001333301020160017600.
SEGUNDA: Se impone, entonces, una acción de tutela que ordene el mantenimiento
de la seguridad jurídica y se reivindiquen los derechos de la accionante y haga eficaz
la administración de justicia. Para tales efectos solicito al Consejo de Estado deje sin
efectos las providencias acusadas y se ordene al Tribunal Administrativo del Valle,
profiera una nueva sentencia con fundamento en las consideraciones del fallo de
tutela.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
La señora Ana Milena Muñoz García presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra Casur, con el fin de que se
declarara la nulidad de las resoluciones 8306 del 11 de noviembre de 2015 y 597
del 18 de febrero de 2016, mediante las cuales se le negó la sustitución del 50% de
la asignación de retiro del causante Orlando Gómez Pacheco.
Mediante sentencia del 29 de noviembre de 2021 el Juzgado Décimo Administrativo
de Cali negó las pretensiones de la demanda al no encontrar acreditada la
convivencia real y efectiva entre el señor Gómez Pacheco y la demandante, a pesar
de existir un vínculo matrimonial.
Argumentó que, de las pruebas allegadas al expediente, era posible concluir que
entre la actora y el occiso se presentó una separación de cuerpos que rompió la
convivencia y el apoyo mutuo que debe existir entre una pareja. Indicó que, durante
los últimos años de vida del causante, la persona que convivió con el agente
retirado fue la señora María Delcy Zapata.
Señaló que el Consejo de Estado1 ha determinado que la cónyuge con separación
de hecho es beneficiaria de la sustitución pensional, siempre que acredite la
permanencia del vínculo matrimonial y la convivencia con el causante por más de
5 años en cualquier tiempo, pero en dicho asunto no se configuró tal premisa.
1 «CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
CUARTA, Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ, Bogotá, D.C., doce (12) de
diciembre de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02267-01(AC)».
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Inconforme con la decisión, la parte actora la apeló, recurso que fue desatado el 1
de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, autoridad
judicial que confirmó la negativa a las pretensiones por las mismas razones
anotadas.
Explicó que la señora Ana Milena Muñoz García, pese a tener un vínculo
matrimonial vigente con el señor Orlando Gómez Pacheco, nunca se divorció del
causante ni tampoco hubo disolución de la sociedad conyugal, no logró demostrar
que convivió con el causante, por lo menos durante 5 años en cualquier tiempo,
pues solo se tenía certeza de que esa convivencia perduró por 4 años.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora explicó que la sentencia cuestionada acusada vulneró sus garantías
constitucionales por las siguientes razones:
Adujo que la mentada providencia le impide disfrutar en tiempo como beneficiaria
de la asignación mensual de retiro y en el porcentaje que le corresponde, teniendo
en cuenta que se acreditaron los requisitos legales de cónyuge y que dicha
sociedad conyugal que integró con el causante no ha sido disuelta ni liquidada,
«hecho que quebranta claras disposiciones del ordenamiento jurídico».
Explicó que es una persona «que ya ronda por los 60 años» y que, por haberse
dedicado todo el tiempo a su cónyuge y sus hijas carece de trabajo y medios de
subsistencia, viéndose en la necesidad de vivir en casa de sus progenitores bajo la
protección de sus hijas, «por tal razón acude a la tutela como su única opción para
garantizar, que sean amparados sus derechos a través de esta figura.»
Concluyó que la decisión es contraria a la jurisprudencia vigente respecto a la
interpretación dada al artículo 13 de la Ley 797 de 2003, acorde con la cual, en
casos como el aquí expuesto, lo exigible es que «el cónyuge separado de hecho
debe demostrar que hizo vida en común con el causante por lo menos durante cinco
(5) años, en cualquier tiempo; lo que, sin duda, permite advertir la incursión en
causal especifica de procedencia del resguardo supralegal invocado».
En lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, adujo que la acción de tutela
resultaba procedente, pues a pesar del paso del tiempo, era claro que, conforme a
la jurisprudencia2, las mesadas pensionales son imprescriptibles, característica que
hace que la vulneración tenga el carácter de actual, incluso luego de pasados varios
años de haberse proferido la decisión judicial.
2 «CSJ STC11071-2016, 11 ag., rad. 2016-01072-01».
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1.5. Admisión
Mediante auto de 1° de agosto de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar tanto a la parte actora3 como al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4
y al Juzgado Décimo Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Cali.5
Igualmente se vinculó, en calidad de tercero con interés a Casur6 y a la señora
María Delcy Vélez Zapata7 «quienes conformaron la parte demandada en el
proceso ordinario».
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado Décimo Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Cali.
Explicó que verificados los argumentos expuestos en el escrito de tutela y al
confrontarlos con la decisión de primera instancia, considera que no ha vulnerado
los derechos fundamentales invocados, por cuanto en el proveído de primera
instancia se exteriorizaron los fundamentos fácticos, legales y jurisprudencias que
soportaron tal decisión.
1.6.2. María Delcy Vélez Zapata
Advirtió que no se incurrió en los defectos alegados, pues la decisión de negar las
pretensiones de la demanda se fundamentó en el hecho de que dentro del acervo
probatorio no se logró acreditar la convivencia con el causante durante al menos 5
años anteriores al fallecimiento.
Solicitó declarar la improcedencia de la acción porque no se cumplió con el principio
de inmediatez habida cuenta que la sentencia de segunda instancia quedó
ejecutoriada el día 13 de diciembre de 2022 y la tutela se radicó el 22 de julio de
2024, es decir, más de 19 meses después, «circunstancia que no está acorde con
el plazo razonable que da la jurisprudencia constitucional».
1.6.3. Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y Casur
Pese a haber sido notificados de la existencia del presente asunto, dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, guardaron silencio.
3 955.abogados@gmail.com
4 s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co.
5 adm10cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
6 judiciales@casur.gov.co
7 mariadelcyv@gmail.com; joserene.zapata@hotmail.com
4
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado, Sección Quinta es competente para conocer de la acción de
tutela presentada por la señora Muñoz García de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
2.2. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:
¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales «a la seguridad social, al trabajo y a la sustitución
pensional» con ocasión de la sentencia del 1 de diciembre de 22, mediante
la cual confirmó la decisión del a quo, que negó la sustitución del 50% de
la asignación de retiro del causante Orlando Gómez Pacheco?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial, y iii) el análisis del caso en concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 8
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema9 y declaró su
procedencia.10
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Inmediatez11
Se ha insistido en que la acción de tutela debe presentarse en un plazo razonable12,
el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría
el alcance jurídico establecido por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de
ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo13.
11 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01;
Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
12 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre
otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-
00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
13 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
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De acuerdo con lo anterior, esta Sección14 ha considerado como plazo prudencial
el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es el día
hábil siguiente a la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a
la solicitud de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se
declara su improcedencia. No obstante, lo anterior, se analiza en cada caso
concreto si median razones suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir
su consideración y entrar al fondo del debate jurídico planteado.
En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la
acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia T-
256 de 201515, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que
la acción de tutela será procedente «cuando fuere promovida en un extenso
espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo
válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de
la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el
hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual16».
2.5. Caso concreto
Respecto del acatamiento del requisito de inmediatez la Sala encuentra que este
no se encuentra superado. Lo anterior, por cuanto la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que se acusa como vulneradora fue proferida el
1 de diciembre de 2022, notificada mediante correo electrónico enviado el 5 de
diciembre del mismo año.
En tal sentido, sin que sea necesario establecer su fecha de ejecutoria y teniendo
en cuenta que la acción de tutela se radicó el 22 de julio de 2024, se advierte que
transcurrió casi 1 año y medio, plazo que no resulta razonable para esta Sala.
Se tiene que, la parte actora justificó la tardanza de la interposición de la acción
constitucional bajo el argumento que las mesadas pensionales son imprescriptibles,
14 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
15 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez.
16 “Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.
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característica que hace que la vulneración tenga el carácter de actual, incluso luego
de pasados varios años de haberse proferido la decisión judicial.
No obstante, se debe recordar que el plazo prudencial para iniciar el mecanismo
constitucional fue fijado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 de
la Sala Plena de esta Corporación. En la mencionada decisión, se resolvió adoptar
los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que el término de 6 meses es suficiente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de las
providencias judiciales.
Es así como, esta Sala considera que el plazo con el que contaba la accionante
para presentar el presente mecanismo de amparo debe contarse desde el día
siguiente de la ejecutoria de la providencia del 1 de diciembre de 2022, que puso
fin al litigio.
Recuerda la Sección que cuando se trata de tutela contra providencia judicial se ha
establecido una metodología más rigurosa para conservar el carácter subsidiario y
excepcional de este mecanismo judicial de protección, y a su vez, garantizar la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia de cada jurisdicción en la
estructura del poder público, por ello, solo en aquellos casos en los que se
argumenta suficientemente el motivo de la tardanza, por “la ocurrencia de un
suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho
completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las
circunstancias previas, entre otras”17, el juez constitucional, de forma excepcional,
puede abordar el estudio del asunto.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que transcurrieron más de 6 meses
entre la ejecutoria de la providencia cuestionada y la interposición de este medio
de amparo. En ese orden de ideas y dado que la parte actora no justificó ninguna
de las excepciones anteriormente señaladas como criterios que flexibilizan el
requisito de inmediatez, se advierte que se declarará la improcedencia de la acción.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción instaurada por la señora
17 Corte Constitucional, sentencia T-450/14. M.P. Mauricio González Cuervo.
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Ana Milena Muñoz García contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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