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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03775-00

Acción de tutela contra providencia judicial: no procede estudio de

Fecha
30 de agosto de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03775-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Katty Rossana Rico Ferreira, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03775-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

30 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03775-00
Demandante: KATTY ROSSANA RICO FERREIRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de una carga argumentativa suficiente y en
perspectiva constitucional para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada.

Decide la Sala la acción de tutela instaurada por la señora Katty Rossana Rico
Ferreira contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Cuarto
Administrativo de Cartagena.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 22 de julio de la presente anualidad1, la señora Katty Rossana Rico Ferreira
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el
Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la dignidad humana, a la vida, a la paz y a la seguridad
social. Formuló la siguiente pretensión:

1.Que revoquen las decisiones tanto la proferida por el honorable Tribunal
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR de fecha 27 de junio de
2023 en segunda instancia que confirmara la providencia de primera instancia
de fecha 22 de abril de 2023 emitida por el Juzgado Cuarto Oral
Administrativo de Cartagena, que denegó la medida cautelar en el juicio

1
Se advierte que, el 5 de agosto de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03775-00
Demandante: Katty Rossana Rico Ferreira
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Sentencia de tutela de primera instancia

ejecutivo 13 001 33 31 2017 00106 00 de la suscrita contra la ESE de
Talaigua Nuevo, Bolívar y emita la que en derecho corresponda, decretando
el embargo, secuestro y retención de los recursos públicos de la ESE
demandada por excepcionalidad al principio de inembargabilidad de tales
recursos en el tope fijado por la ley.

1.2. Hechos

Los supuestos fácticos jurídicamente relevantes de la solicitud de amparo se
resumen así:

La señora Katty Rossana Rico Ferreira, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la ESE Hospital Local del
Municipio de Talaigua Nuevo, Bolívar, con el fin de obtener la reliquidación de las
prestaciones sociales, la nivelación salarial y los aportes a la seguridad social
durante el periodo que estuvo vinculada como médica del servicio social
obligatorio.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en sentencia del 20 de mayo de 2020. La anterior
decisión fue recurrida por la parte demandante y, en providencia del 30 de junio de
2021, el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó el ordinal quinto de la sentencia
de primera instancia; como consecuencia, le ordenó a la demandada el
reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional a la señora Rico
Ferreira, entre el 13 de noviembre de 2012 y el 13 de agosto de 2013.

El 22 de marzo de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena libró
mandamiento de pago por concepto de capital e intereses moratorios, con ocasión
del título ejecutivo contenido en la sentencia del 30 de junio de 2021. En esa
misma oportunidad, el referido Juzgado negó el decreto de la medida cautelar de
embargo solicitada por la parte ejecutante. Contra la anterior decisión, la parte
ejecutante interpuso recurso de apelación.

El 27 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la decisión
de primera instancia.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora manifestó que como se está ejecutando una obligación contenida

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Demandante: Katty Rossana Rico Ferreira
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Sentencia de tutela de primera instancia

en un fallo judicial y por tratarse de acreencias laborales, se está en presencia de
las excepciones legales y constitucionales al principio de inembargabilidad de los
recursos públicos. Para tal efecto, citó diferentes pronunciamientos del Juzgado
Cuarto Administrativo de Cartagena, del Tribunal Administrativo de Bolívar y del
Consejo de Estado.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1 Mediante auto del 24 de julio de la presente anualidad, se admitió la presente
acción de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo de Bolívar y a la titular del Juzgado Cuarto Administrativo de
Cartagena, en calidad de parte demandada, y a la gerente del Hospital Local de
Talaigua Nuevo Bolívar E.S.E., como tercera con interés. Asimismo, se ordenó
notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar pidió que se declarara improcedente la
tutela, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que
el mismo no puede entenderse satisfecho con la mera afirmación que se
desconoció el precedente judicial. Señaló que los argumentos de la demandante
corresponden a la apreciación subjetiva, quien considera «equivocadamente que
la Sala no cumplió con la línea jurisprudencial sobre la inembargabilidad de los
recursos».

Explicó que la decisión cuestionada se fundamentó en que los dineros del sector
salud no podían ser utilizados para fines distintos de aquellos a los cuales están
destinados, ni ser objeto del giro ordinario de los negocios de las EPS, ni mucho
menos formar parte de los bienes de dichos establecimientos, ni desviarse a
objetivos diferentes, por lo que no podían ser objeto de la medida cautelar de
embargo.

Adicionalmente, se consideró que, si bien los recursos públicos son embargables
en el evento en que se exija el pago de condenas judiciales relacionadas con
acreencias laborales, esa premisa no aplica para los dineros depositados en las
cuentas maestras, toda vez que involucran las cotizaciones de los afiliados al
sistema general de seguridad social en salud y, por tanto, no ingresan al erario.

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Expuso que se tuvo en cuenta la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional y
también se citaron los pronunciamientos del Consejo de Estado, entre ellos, la
sentencia del 14 de julio de 2023, expediente con radicado 11001-03-15-000-
2023-02762-00 que reiteró que los recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud no podían ser embargados.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial, en especial, el de relevancia
constitucional. Sólo en el evento de cumplirse, la Sala descenderá al análisis de
fondo que corresponde, con el fin de establecer si el Tribunal Administrativo de
Bolívar y el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena, vulneraron los derechos
fundamentales de la señora Katty Rossana Rico Ferreira, al proferir las
providencias del 22 de marzo de 2023 y del 27 de junio de 2024, en el proceso
ejecutivo con radicado 13001-33-33-004-2017-00010-02.

2. Análisis del caso

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la
providencia de segunda instancia fue dictada el 27 de junio de 2024, mientras que
la solicitud de amparo se presentó el 22 de julio del año en curso, esto es, dentro
de los seis meses siguientes a la expedición y notificación de la decisión. Este
término resulta razonable.

2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

2.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos
disponibles en el proceso ejecutivo.

2.1.4 De la relevancia constitucional: de entrada, la Sala considera que no se
cumple con este requisito, por las razones que se explicarán a continuación:

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Demandante: Katty Rossana Rico Ferreira
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Sentencia de tutela de primera instancia

En el caso concreto, la señora Katty Rossana Rico Ferreira manifestó que las
autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la
dignidad humana, a la vida, a la paz y a la seguridad social, al proferir los autos
del 22 de marzo de 2023 y del 27 de junio de 2024, mediante los cuales se negó el
decreto de la medida cautelar de embargo en contra de la E.S.E. Hospital Local de
Talaigua Nuevo, Bolívar.

En la solicitud cautelar, la señora Rico Ferreira pretendía el embargo de las
cuentas maestras que tuviera abiertas la entidad ejecutada en diferentes
entidades financieras, «de las poblaciones de Mompós, Bolívar y Magangué en el
mismo departamento, que por transferencias nacionales, departamentales y
territoriales perciba la ESE, es decir, del Sistema General de Participación en el
tope permitido por la ley».

Según la accionante, el título ejecutivo objeto de recaudo, como está contenido en
un fallo judicial que reconoce acreencias laborales, está inmerso en las
excepciones legales y constitucionales al principio de inembargabilidad de los
recursos públicos.

Asimismo, indicó que en las providencias proferidas en los procesos ejecutivos
con radicado 13001-004-2005-00705-00 y 13001-33-31-004-2015-00002-00, por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena, así como las providencias proferidas
en los procesos con radicado 13001-33-33-005-2017-00030-02, 13001-23-033-
2018-00108-01 y 13001-33-33-000-2017-00040-01, por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, y la sentencia del 10 de junio de 2021, proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y la providencia del 29 de marzo
de 2022, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en el proceso con radicado interno 67517, «decretaron el embargo de
recursos públicos argumentando el principio de excepcionalidad que consagra la
ley y los varios pronunciamientos del honorable C. de Estado».

Visto lo anterior, la Sala advierte que la solicitud de amparo no cumplió con la
carga argumentativa mínima, pues no explicó con la claridad suficiente exigida por
la jurisprudencia constitucional en qué consistía la transgresión invocada.

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En efecto, más allá de la inconformidad con las decisiones cuestionadas que
resultaron desfavorables a sus intereses, por cuanto negaron el decreto de la
medida cautelar que pretendía, la parte actora no profundizó en las razones
acerca de por qué el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena y el Tribunal
Administrativo de Bolívar incurrieron en el supuesto desconocimiento del
precedente. De hecho, tampoco se preocupó por elaborar una argumentación
sólida para respaldar la afirmación de que, en su caso particular, resultaba
procedente el embargo de las cuentas maestras que tiene la E.S.E. Hospital Local
de Talaigua Nuevo, Bolívar.

Cabe resaltar que, si bien la señora Rico Ferreira sostuvo que en diferentes
pronunciamientos proferidos por el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena,
del Tribunal Administrativo de Bolívar y por el Consejo de Estado se decretó el
embargo de recursos públicos, basados en la excepción de inembargabilidad de
los recursos públicos, lo cierto es que no precisó cuál o cuáles reglas de derecho
consideraba debían ser aplicadas para la resolución de las medidas cautelares
solicitadas. De manera precaria se limitó a remitir copia de las referidas
providencias, sin contrastarlas con su situación particular y sin argumentar las
razones por las cuales las autoridades judiciales demandadas omitieron su
aplicación.

Por consiguiente, lo manifestado por la solicitante no basta para considerar que se
cumpla con el primer elemento del requisito de relevancia constitucional, puesto
que resulta necesario que los señalamientos que se hagan en la demanda de
tutela se sustenten razonablemente a fin de que el juez cuente con los parámetros
suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos
fundamentales.

Conviene recordar que esta Corporación ha señalado que en la demanda de
tutela el actor no puede conformarse con identificar de manera escueta alguna de
las causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, sino que es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y
razonablemente, que sea producto de un discernimiento y, por supuesto, que se
aterrice al caso concreto. Como se sabe, detrás de las causales específicas de
prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para

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limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra las
providencias judiciales2.

Es pertinente señalar que la Corte Constitucional ha sostenido que para que
prospere el amparo por la ocurrencia de un defecto, este debe ser cualificado, es
decir, ostensible, flagrante, manifiesto y, desde luego, tener una incidencia directa
en la decisión. Sin el cumplimiento de esos requisitos esta acción constitucional
se convertiría en una instancia adicional al otro proceso porque «(...) el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»3.

Adicionalmente, la Sala también observa que la señora Rico Ferreira pretende
convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en
una instancia adicional del medio de control ejecutivo.

En efecto, en el auto del 22 de marzo de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo
de Cartagena negó el decreto de la medida cautelar de embargo, por considerar
razonablemente que si bien se perseguía la ejecución de una obligación laboral
reconocida en una sentencia judicial, no se había solicitado ni decretado medidas
cautelares sobre los recursos de libre destinación de la entidad ejecutada, de ahí
que la solicitud de embargo sobre los recursos del sistema general de
participaciones resultaba improcedente y, además, por cuanto la cautela
pretendida sobre los recursos destinados a demandas y conciliaciones también
era improcedente, ya que esos rubros son expresamente inembargables según el
artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.

En el recurso de apelación la señora Rico Ferreira indicó que la decisión recurrida
carecía de fundamento legal, constitucional y jurisprudencial, pues, en su criterio,
el título ejecutivo se encontraba dentro de las excepciones al principio de
inembargabilidad de los recursos públicos, al tratarse de una acreencia laboral.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, en providencia del 27 de junio de 2024,
luego de realizar un recuento jurisprudencial4 y normativo sobre la

2
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-
00380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
3
Sentencia T-871 de 2008, reiterada en la sentencia T-162 de 2009.
4
Sentencia C 546 de 1992, línea jurisprudencial reiterada en las Sentencias C-013 de 1993, C-107
de 1993, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, T-025 de 1995, T-262 de 1997, C-354 de

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inembargabilidad de los recursos públicos, confirmó la providencia de primera
instancia, al sostener que las cuentas maestras, cuyo manejo corresponda a la
ADRES, no están sujetas a las excepciones de inembargabilidad de los recursos
públicos, porque involucran aportes de los afiliados. La anterior determinación fue
adoptada con fundamento en las consideraciones adoptadas por la Corte
Constitucional en la sentencia T-053 de 20225.

Además, el Tribunal Administrativo de Bolívar citó la sentencia del 14 de julio de
2023, proferida por esta Subsección, en el proceso de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2023-02762-006, en la cual se sostuvo que los recursos del sistema
general de seguridad social en salud, especialmente aquellos que provienen de
cotizaciones, no pueden ser embargados, y se precisó que los recursos de las
cuentas maestras de la ADRES no se incluyen dentro de las excepciones a la
inembargabilidad de los recursos públicos.

Para la Sala, los argumentos expuestos por las autoridades judiciales accionadas
son razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista
constitucional. El hecho de que la parte actora no los comparta, no habilita al juez

1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C1064 de
2003 y T-1195 de 2004.
5
Allí la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

En cambio, respecto de los recursos provenientes de las cotizaciones al SGSSS
recaudados por las EPS, la jurisprudencia constitucional no ha introducido
excepción alguna a su inembargabilidad.

Antes bien, acerca de esta tipología de recursos que son los aportes que reciben las
entidades promotoras de salud por parte de sus afiliados con capacidad económica,
ha sostenido la Corte que (i) son parafiscales, de modo que no ingresan al
presupuesto general de la Nación ni se mezclan con otros recursos del erario;
(ii) tienen una destinación específica, cual es la financiación de la prestación de
los servicios de salud a los usuarios del sistema, previa su conversión a UPC
mediante el proceso de compensación; (iii) pertenecen al SGSSS y no al
patrimonio de las EPS, por lo que deben manejarse en cuentas separadas de los
dineros propios de dichas entidades –las cuales solo obran como delegatarias del
Estado en lo que a su recaudo concierne–; (iv) están exentos de ser gravados con
impuestos y otros tributos, pues ello desnaturalizaría su destinación específica; (v)
deben ser excluidos de la masa a liquidar de los entes financieros que, siendo sus
depositarios, entren en proceso de liquidación; (vi) no pueden ser utilizados para la
adquisición de activos fijos e infraestructura por parte de las EPS; (vii) no pueden ser
objeto de acuerdos de pagos con acreedores que conduzcan a que tales recursos no
lleguen al destino ordenado en la Carta; y, (viii) el Legislador tiene prohibido modificar
su destinación específica.
6
En esta providencia se concluyó que la Corte Constitucional, en la sentencia T-172 del 24 de
mayo de 2022, sostuvo que las cuentas maestras de recaudo que las EPS registran a nombre de la
ADRES contienen recursos que provienen de las cotizaciones de los afiliados y los beneficiarios y,
por lo tanto, son inembargables. A estas cuentas no les son aplicables las excepciones al principio
de inembargabilidad de los recursos del SGSSS que provienen del SGP.

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Demandante: Katty Rossana Rico Ferreira
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Sentencia de tutela de primera instancia

de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido razonablemente por
el Tribunal Administrativo de Bolívar.

En suma, se concluye, que lo que existe en el presente caso es una discrepancia
de criterio de la parte actora con las providencias demandadas, diferencia que, en
sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de
tutela intervenga. Por lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo presentada por la señora Katty Rossana Rico Ferreira por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la
señora Katty Rossana Rico Ferreira, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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