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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03781-00

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03781-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 Número único de radicación: 110010315000-2024-03781-00 Actora: EULALIA CÓRDOBA NAVARRO quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03781-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

26 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2024-03781-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: EULALIA CÓRDOBA NAVARRO

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. SÍ ES PROCEDENTE
LA APLICACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE
REPARACIÓN DIRECTA EN CASOS DERIVADOS DE DELITOS DE LESA
HUMANIDAD. REITERACIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIOS DE REPARACIÓN
INTEGRAL Y PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL
FORMAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE CARTAGENA1 y la SALA DE DECISIÓN NÚM. 5

DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR2.

1
En adelante el Juzgado
2
En adelante el Tribunal

2

Número único de radicación: 110010315000-2024-03781-00
Actora: EULALIA CÓRDOBA NAVARRO

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora EULALIA CÓRDOBA NAVARRO, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia y los principios de reparación integral y prevalencia del

derecho sustancial sobre el formal, los cuales estima vulnerados por

el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido las providencias de

26 de enero y 31 de agosto de 2023, respectivamente, dentro del

medio de control de reparación directa identificado con el número

único de radicación 2019-00009-01.

I.2.- Hechos

Indicó que el 9 de diciembre de 2007, miembros del EJÉRCITO

NACIONAL aprehendieron a su hermano el señor NARCISO

CÓRDOBA NAVARRO, quien se encontraba en su vivienda en

compañía de su compañera permanente e hijos, en el corregimiento

de Badillo- Santander.

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Actora: EULALIA CÓRDOBA NAVARRO

Señaló que luego de no tener comunicación con su hermano realizó

las respectivas denuncias ante la FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN quien, a través del Cuerpo Técnico de Investigación, le

informó a un familiar que el señor NARCISO CÓRDOBA NAVARRO

había muerto en un combate con miembros del EJÉRCITO

NACIONAL.

Manifestó que el EJÉRCITO NACIONAL inició en contra del señor

LUIS ABADÍA QUIÑONEZ una investigación disciplinaria por los

hechos que rodearon la muerte del señor NARCISO CÓRDOBA

NAVARRO.

Asimismo, refirió que la FISCALIA 88 ESPECIALIZADA CONTRA

LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS adelantó una

investigación penal en contra del señor CAMILO ANTONIO

ACEVEDO NAVARRO como coautor del homicidio agravado y

secuestro del señor NARCISO CÓRDOBA NAVARRO.

Sostuvo que dentro de la investigación penal adelantada por la

FISCALIA 88 ESPECIALIZADA CONTRA LAS VIOLACIONES A

LOS DERECHOS HUMANOS, se logró establecer que el señor

NARCISO CÓRDOBA NAVARRO no hacía parte de grupos al

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margen de la ley y que junto al señor ABNER CHONA ROZO habían

sido sustraídos violentamente de sus viviendas en la madrugada del

9 de diciembre de 2007 por hombres encapuchados y presentados

posteriormente como bajas en combate, señalados de ser miembros

de grupos delincuenciales al servicio del narcotráfico.

Recalcó que los restos del señor NARCISO CÓRDOBA NAVARRO,

no han sido entregados, por lo que no ha podido darle sepultura

según sus costumbres y religión.

Explicó que junto a los señores EDGAR MAURICIO, JOSÉ MARÍA,

RENÉ, MARCELA y JHON JAIRO CÓRDOBA NAVARRO, OLGA

PATRICIA y ANDERSON JAVIER NAVARRO y ZULLY ANDREA

PORRAS CÓRDOBA el 17 de enero de 2019, presentaron demanda

en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la

NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO

NACIONAL3, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los

perjuicios de orden moral y la reparación integral, ocasionados por

la ejecución extrajudicial de su hermano el señor NARCISO

CÓRDOBA NAVARRO.

3
En adelante el Ministerio.

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Indicó que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 13001-33-33-002-2019-00009-00 y le correspondió en

primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 26 de

enero de 2023, declaró probada la excepción de caducidad del medio

de control en aplicación de la sentencia de unificación de 29 de enero

de 2020.

Aseguró que inconforme con la anterior decisión formuló recurso de

apelación ante el TRIBUNAL que, mediante fallo de 31 de agosto de

2023, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron

en desconocimiento del precedente, al apartarse sin justificación

del criterio jurisprudencial desarrollado en providencia de 30 de

agosto de 2021 proferida por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN

“B”- de esta Corporación, en la que según su consideración, no es

aplicable el término de caducidad en los asuntos en los que se

discuten daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa

humanidad.

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Señaló que el estudio de la caducidad en el asunto debió efectuarse

bajo una óptica no restrictiva, flexibilizando el término para

interponer la demanda y ponderando las circunstancias particulares

que rodean el asunto.

Recalcó que “[…] resulta procedente acceder al amparo invocado por

la configuración del defecto «desconocimiento del precedente

jurisprudencial», al no encontrar en la providencia cuestionada un

análisis del caso en consonancia con los argumentos expuestos tanto

en la demanda como en el recurso de apelación, ya que solamente

aplicó de manera inflexible la sentencia de unificación […]”.

Agregó que las decisiones cuestionadas incurrieron en el defecto

fáctico, al no valorar de manera íntegra las pruebas indiciarias que

llevaban a inferir que su familiar fue ejecutado extrajudicialmente

por miembros del Ejército Nacional configurándose un delito de lesa

humanidad, asunto al que debió otorgársele un tratamiento especial.

Igualmente, aseveró que las autoridades judiciales accionadas no

valoraron de forma adecuada las pruebas allegadas para definir el

momento desde el cual debía contabilizarse la caducidad del medio

de control, pues, a su juicio, a pesar de que en las sentencias

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cuestionadas se hizo mención de la Sentencia de Unificación de 29

de enero de 2020, no se aplicó adecuadamente los parámetros allí

definidos.

Aseguró que “[…] determinó que el término empezó a correr cuando

la víctima se entera y no cuando efectivamente se tiene la certeza

que los miembros del ejército nacional, participaron en medio de una

operación militar irregular, situación está que se prueba más

adelante por medio de la investigación penal ordinaria y así mismo

mediante las sentencias penales condenatorias, que fueron

debidamente aportados en medio del medio de control de la

referencia, se insiste, con la sola narración de los hechos expuestos

en la demanda ordinaria, y sin tener en cuenta que en ese momento

era imposible determinar las condiciones en las cuales se había

producido la ejecución extrajudicial u homicidio y posterior

desaparición forzada de la víctima directa NARCISO CORDOBA […]”.

Finalmente, aseveró que la sentencia se segunda instancia proferida

por el TRIBUNAL incurrió en el defecto sustantivo, por cuanto no

efectuó un control de convencionalidad de cara a la gravedad de los

hechos materia de estudio y prescindió de las disposiciones

contenidas en tratados internacionales ratificados por Colombia, los

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cuales eran necesarios para efectuar una interpretación sistemática

de la normatividad aplicable.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora solicitó el amparo de sus

derechos fundamentales invocados como violados y, en

consecuencia:

“[…] PRIMERA: Que sean AMPARADOS y/o TUTELADOS, los
derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia en prevalencia del derecho sustancial, al debido proceso
y a la reparación integral derivada de la responsabilidad
patrimonial del Estado, en favor de EULALIA CORDOBA
NAVARRO, los cuales les fueron vulnerados dentro del MEDIO DE
CONTROL DE REPARACION DIRECTA RADICACIÓN No. 13 – 001
– 33 – 33 – 002 – 2019 – 00009 – 00, en contra de la NACIÓN
COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
EJERCITO NACIONAL, por causa de la decisión judicial adoptada
por el JUZGADO No. 2 ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR SALA DE DECISIÓN
No. 005 en el proceso de RADICACIÓN No. 13 – 001 – 33 – 33
– 002 – 2019 – 00009 – 01 , contenida en las sentencias
proferidas el día 23 de enero de 2023 y 31 de agosto de 2023,
respectivamente; en consecuencia

SEGUNDA: Que se REVOQUE, las sentencias proferidas por el
JUZGADO No. 2 ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR SALA DE DECISIÓN
No. 005 contenida en las sentencias proferidas el día 23 de enero
de 2023 y 31 de agosto de 2023, respectivamente, en el proceso
de RADICACIÓN No. 13 – 001 – 33 – 33 – 002 – 2019 – 00009
– 00 y 13 – 001 – 33 – 33 – 002 – 2019 – 00009 – 01 en contra
del JUZGADO No. 2 ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR SALA DE DECISIÓN
No. 005.

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TERCERA: Que, al REVOCAR, la sentencia emitida por el
JUZGADO No. 2 ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR SALA DE DECISIÓN
No. 005, no se vulnere el derecho al debido proceso al no
estudiarse la caducidad del medio de control de reparación
directa desde una perspectiva favorable a los intereses de las
víctimas ante un posible delito de lesa humanidad.

QUINTA: Que se dé APLICACIÓN DEL CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD, de conformidad a lo presupuestado por el
Honorable Consejo de Estado en la sentencia con RADICADO No.
202100097-01, SENTENCIA DE REVISIÓN DEL FALLO DE LA
ACCIÓN DE TUTELA – SU-312 no estableció una regla de
unificación / FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15- 000-2021-00097-01(AC)
Actor: CASTAÑEDA TÉLLEZ Y OTROS.

SEXTO: Solicito se ordene que por la Secretaria General se libren
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591
de 1991 […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la solicitud de

amparo, por cuanto no cumple con el requisito general de la

relevancia constitucional, pues “[…] para demostrar dicha relevancia

no basta con afirmar que este Tribunal incurrió en violación del

precedente judicial […]”.

I.5.2.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital del medio

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de control de reparación directa objeto de análisis, sin realizar

pronunciamiento alguno frente al objeto de la acción de tutela.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El MINISTERIO manifestó que los hechos materia de estudio

acaecieron el 9 de diciembre de 2007, por lo que los demandantes

debieron interponer las acciones judiciales correspondientes dentro

de los 2 años siguientes, es decir, hasta el 9 de diciembre de 2009,

circunstancia que no ocurrió ya que la demanda fue presentada el 17

de enero de 2019.

Igualmente, indicó que no puede considerarse que el asunto se

deriva de una desaparición forzada, pues de las pruebas recaudadas

se logró evidenciar que el cuerpo de la víctima fue entregado a la que

fuera su compañera permanente, quien manifestó haberlo sepultado.

Finalmente, señaló que “[…] en cuanto a la posibilidad de inaplicar el

término de dos años en los casos en que se observen situaciones que

hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción,

los demandantes no acreditaron la existencia de circunstancia que

les impidieran acudir ante la jurisdicción para reclamar la declaratoria

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de responsabilidad en cabeza del Estado por el señalado hecho,

incluso en la demanda indicaron que habían instaurado una denuncia

ante la Fiscalía General de la Nación […]”

I.6.2.- Los señores EDGAR MAURICIO, JOSÉ MARÍA, RENÉ,

MARCELA y JHON JAIRO CÓRDOBA NAVARRO, OLGA PATRICIA

y ANDERSON JAVIER NAVARRO y ZULLY ANDREA PORRAS

CÓRDOBA, vinculados en calidad de terceros con interés directo en

las resultas del proceso, pese a ser notificados en debida forma,

guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en

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la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a

la administración de justicia y a los principios de reparación integral

y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y, en

consecuencia, se dejen sin efecto las sentencias de 26 de enero y

31 de agosto de 2023, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,

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respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa

identificado con el número único de radicación 13001-33-33-002-

2019-00009-00.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio,

incurrieron en desconocimiento del precedente, al apartarse sin

justificación del criterio jurisprudencial desarrollado en providencia

de 30 de agosto de 2021 proferida por la SECCIÓN TERCERA -

SUBSECCIÓN “B”- de esta Corporación, en la que según su

consideración, no es aplicable el término de caducidad en los asuntos

en los que se discuten daños antijurídicos ocasionados por delitos de

lesa humanidad.

Agregó que las decisiones cuestionadas también incurrieron en el

defecto fáctico, al no valorar de manera íntegra las pruebas

indiciarias que llevaban a inferir que su familiar fue ejecutado

extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional

configurándose un delito de lesa humanidad.

Igualmente, aseveró que las autoridades judiciales accionadas no

valoraron de forma adecuada las pruebas allegadas para definir el

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momento desde el cual debía contabilizarse la caducidad del medio

de control, pues, a su juicio, a pesar de que en las sentencias

cuestionadas se hizo mención de la Sentencia de Unificación de 29

de enero de 2020, no se aplicó adecuadamente los parámetros allí

definidos.

Finalmente, manifestó que la sentencia se segunda instancia

proferida por el TRIBUNAL incurrió en el defecto sustantivo, por

cuanto no efectuó un control de convencionalidad de cara a la

gravedad de los hechos materia de estudio y, prescindió de las

disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por

Colombia, los cuales eran necesarios para efectuar una interpretación

sistemática de la normatividad aplicable.

Es del caso advertir que aun cuando en la acción de tutela se solicita

dejar sin efectos tanto la providencia de 26 de enero de 2023

proferida por el JUZGADO, como la dictada el 31 de agosto de

2023 por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de

la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados

frente a la sentencia de segunda instancia, toda vez que fue esta la

que dio por terminado el proceso.

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Asimismo, la Sala precisa que si bien la actora adujo que la

providencia cuestionada incurrió en los defectos fáctico,

sustantivo y desconocimiento del precedente, lo cierto es que

todos los argumentos planteados se limitan a cuestionar la

inaplicación sin justificación de la sentencia de 30 de agosto de

2021 proferida por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- de

esta Corporación, razón por la que la Sala circunscribirá su estudió

al defecto por desconocimiento del precedente judicial.

En ese orden de ideas, la Sala debe determinar si el presente caso

cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción

de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el

TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en el

desconocimiento del precedente, al haber proferido la

providencia de 31 de agosto de 2023 dentro del medio de control

de reparación directa identificado con el número único de radicación

2019-00009- 01.

La Sala observa que en el presente caso sí se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con

suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su

criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales; contra la

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decisión que puso fin al medio de control de reparación directa no

proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los

recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de

tutela se interpuso en un plazo razonable4, la solicitud identifica los

hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se

trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

En ese orden de ideas, visto que el presente caso cumple con los

requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencia judicial, la Sala hará mención del marco jurídico del

defecto alegado, para enseguida abordar el estudio del fondo del

asunto.

Del desconocimiento del precedente judicial

En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo

con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución

Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces

en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta

4
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

encuentra sus límites en la realización de otros valores

constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y concretamente
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las
autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la
seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad
respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
Como resultado de lo anterior, surge como límite a la
autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el
precedente5 […]”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando

la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En

especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa

Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está

vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la

5
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.

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igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que

su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos

fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial6.

No obstante, lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)7.

Caso concreto

Mediante la sentencia de 31 de agosto de 2023 acusada, el

TRIBUNAL declaró probada la excepción de caducidad del medio de

control de reparación directa promovido el 17 de enero de 2019, con

ocasión al homicidio del señor NARCISO CÓRDOBA NAVARRO el 9

de diciembre de 2007, por miembros del EJÉRCITO.

Como fundamento de la providencia cuestionada, el TRIBUNAL

señaló que conforme con la posición jurisprudencial fijada por la

6
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
7
Ver sentencia T-292 de 2006.

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Sección Tercera de esta Corporación en la Sentencia de Unificación

de 29 de enero de 2020, en los casos relacionados con delitos de lesa

humanidad o crímenes de guerra, debe observarse el artículo 164 del

CPACA sobre la caducidad.

En tal sentido, en la providencia cuestionada la autoridad judicial

accionada sostuvo que para el caso en concreto el término de

presentación de la demanda se contabilizaría desde el 9 de diciembre

de 2007 fecha en la que el señor NARCISO CÓRDOBA NAVARRO

fue sustraído de su vivienda y asesinado posteriormente por

miembros de la fuerza pública y, determinó que los demandantes no

lograron demostrar una circunstancia que hubiere impedido el

ejercicio del derecho de acción, por las siguientes razones:

“[…] 5.3. Tesis del Tribunal

La Sala confirmará la sentencia apelada, al determinar que el
presente caso no se trata de una desaparición forzada sino de
una ejecución extrajudicial, puesto que el cuerpo de la víctima
fue entregado a su compañera permanente, quien además pudo
sepultarlo.

De conformidad con lo señalado por la Sección Tercera del
Consejo de Estado en sentencia de unificación de 29 de enero de
2020, el término de caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el
que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado, resulta exigible el término para demandar
establecido por el legislador (2 años) contado a partir de cuándo

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los afectados conocieron o debieron conocer la participación por
acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial, sin que ello implique
tener la certeza jurídica de la responsabilidad del Estado en los
hechos.

5.4. Caso concreto.

Como primer punto de disenso, afirma el apelante que el
presente caso corresponde a un falso positivo seguido de una
desaparición forzada, puesto que los restos mortales del señor
Narciso Córdoba Navarro aún no han sido entregados a sus
familiares, y que por tanto el término de caducidad debe contarse
a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto
desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso
penal, por tratarse de un delito de lesa humanidad.

Tal afirmación no es de recibo para la Sala, puesto que en el
numeral 19 del acápite de antecedentes y hechos de la demanda,
se transcribió un aparte de la declaración rendida por la señora
Adriana María Cárdenas Zapata, compañera permanente de la
víctima, quien en dicha diligencia describió la forma en que se lo
llevaron, indicó que vio el cadáver e incluso que lo sepultó. Tal
como se transcribe a continuación: […]

Lo anterior guarda congruencia con lo señalado en el fallo de
primera instancia proferido el 23 de febrero de 2011 por el
comandante del Batallón Nueva Granada dentro de la
investigación disciplinaria seguida contra el SS Abadía Quiñonez
Luis, por los hechos objeto del presente proceso, en el cual se
citó una declaración que rindió la citada señora bajo la gravedad
del juramento, en el siguiente sentido2: […]

Así las cosas, es claro que no estamos frente a una desaparición
forzada, puesto que el cuerpo de la víctima fue entregado a su
compañera permanente, quien además pudo sepultarlo.

• Dilucidado lo anterior, para establecer cuál es el punto de
partida para contabilizar el término de caducidad de una
reparación directa por ejecuciones extrajudiciales o falsos
positivos, como ya existe una postura unificada al respecto por
parte de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en sentencia de 29 de enero de 2020, la Sala adoptará
los criterios allí fijados y los aplicará al presente caso. […]

Así las cosas, contrario a lo dicho por el recurrente, el plazo de
caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con

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ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra
y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria
de responsabilidad patrimonial al Estado, como en el caso de los
falsos positivos, no se debe contabilizar a partir de cuándo se
tiene la certeza judicial de la responsabilidad del Estado en los
hechos, sino desde que se advierte la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial al Estado por acción u omisión.

Las pruebas allegadas al proceso, en especial el auto de
formulación de cargos3 y el fallo de primera instancia4 proferidos
dentro de la investigación disciplinaria seguida contra integrantes
del Ejército Nacional, dan cuenta de que en la madrugada del 9
de diciembre de 2007, el señor Narciso Córdoba Navarro fue
sacado a la fuerza de su vivienda ubicada en el corregimiento
Badillo – Santander, por varios miembros del Ejército Nacional,
quienes lo asesinaron ese mismo día en un supuesto combate
sostenido con una banda criminal, y su compañera permanente
acudió al sitio de los hechos donde encontró tendido su cadáver
custodiado también por miembros del Ejército Nacional.

Es claro entonces que, los demandantes pudieron advertir la
posibilidad de imputarle responsabilidad al Estado por el accionar
del Ejército Nacional desde el momento de la ocurrencia del
hecho, tal como lo consideró el A-quo. Por lo tanto, tenían hasta
el 10 de diciembre de 2009 para demandar; no obstante,
radicaron la solicitud de conciliación extrajudicial el 20 de
septiembre de 2018 y la demanda el 17 de enero de 2019,
cuando había transcurrido en exceso el término de caducidad del
medio de control.

En cuanto a la posibilidad de inaplicar el término de dos años en
los casos en que se observen situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción, la Sala pone de
presente que los demandantes no acreditaron la existencia de
circunstancia que les impidieran acudir ante la jurisdicción para
reclamar la declaratoria de responsabilidad en cabeza del Estado
por el señalado hecho, incluso en la demanda indicaron que
habían instaurado una denuncia ante la Fiscalía General de la
Nación.

Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada […]
(Destacado pertenece al texto)

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la autoridad

judicial accionada no incurrió en el defecto invocado, por los siguientes

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motivos:

El literal i) del numeral 2, del artículo 164 del CPACA, estableció la

oportunidad para presentar la demanda en el medio de control de

reparación directa, así:

“[…] ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA
DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u
omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación
directa derivada del delito de desaparición forzada se contará a
partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde
la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin
perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse
desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar
a la desaparición; […]” (Resaltado de la Sala).

Ahora bien, sobre el término para presentar la demanda en los

procesos de reparación directa en los que se discute la ocurrencia de

un daño antijurídico atribuible al Estado con ocasión de la comisión

de un delito de lesa humanidad, la Sección Tercera de esta

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Corporación, mediante providencia de 29 de enero de 2020 8, unificó

su jurisprudencia, en el siguiente sentido:

“[…] Las premisas establecidas por el legislador en materia de
responsabilidad patrimonial del Estado comparten la misma
finalidad de la imprescriptibilidad de la acción penal frente a los
delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, pues en los
dos ámbitos operan reglas en virtud de las cuales el término
pertinente no resulta exigible hasta tanto se cuente con elementos
para identificar a quien le resulta imputable el daño pertinente.

En el primer evento –el penal– esta situación se predica de los
autores y partícipes del delito, bajo la imprescriptibilidad de la
acción y, en el segundo –en materia de responsabilidad patrimonial
del Estado–, dicho supuesto versa sobre los particulares que
ejerzan funciones administrativas y las entidades que estén
llamadas a indemnizar los perjuicios causados, caso en el que se
aplica el término de caducidad solo desde el momento en que el
afectado tuvo la posibilidad de saber que resultaron implicadas en
los hechos.

En suma, las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad penal en los casos de lesa humanidad y los
crímenes de guerra también se encuentran previstas en el campo
de lo contencioso administrativo, bajo la premisa del conocimiento
de la participación por acción u omisión del Estado, al margen de
que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra.

Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado se unificará en relación con la caducidad
de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar
la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado,
bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta
exigible el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada,
que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción
u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020. Proceso identificado con el núm. único de radicación: 85001-33-
33-002-2014-00144-01(61033)A Actores: Juan José Coba Oros y otros; M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.

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aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción
y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar
al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos
eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen
impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho
de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el
que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado,
pues para tales efectos no resulta determinante la situación
causante del daño, sino la condición particular de quien acude a la
administración de justicia […]”. (Destacado fuera de texto).

De lo anterior se desprende que en los casos que se pretenda la

reparación de un daño antijurídico imputable al Estado con ocasión

de la comisión de un delito de lesa humanidad, la demanda deberá

presentarse en los términos establecidos en el literal i) del numeral

2, del artículo 164 del CPACA, contándose el término para presentar

la demanda desde cuando los afectados conocieron o debieron

conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron

la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, salvo que se

presenten situaciones que impidan materialmente el ejercicio del

derecho de acción, circunstancia en la que el plazo empezará a correr

una vez sean estas superadas.

Asimismo, debe precisarse que en la mencionada providencia la

Sección Tercera de esta Corporación sostuvo que lo resuelto en la

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sentencia de 29 de noviembre de 2018, proferida por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra y

otros vs Chile, no era vinculante en el caso colombiano por los

siguientes motivos:

“[…] 3.2.3. Sentencia de la CIDH en el caso Órdenes Guerra y
otros vs. Chile como fundamento para no aplicar las reglas que
rigen la regla de caducidad de la reparación directa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia
del 29 de noviembre de 2018, caso Órdenes Guerra y otros vs.
Chile, concluyó que el Estado, previa aceptación de su
responsabilidad, vulneró el derecho de acceso a administración
de justicia, en los términos de los derechos a las garantías
judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos
8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los
artículos 1.1 y 2 de la misma normativa.

La Corte precisó que el recurso judicial disponible en la
jurisdicción chilena para recibir una indemnización por
violaciones a los derechos humanos por parte del Estado era la
acción civil de indemnización y que las demandas presentadas
para tal fin fueron rechazadas en aplicación del instituto de la
prescripción consagrado en los artículos 2.514 y 2.515 del Código
Civil Chileno, según el cual el término pertinente es de 5 años.

La CIDH compartió el argumento de la Comisión, según el cual
no existen razones que justifiquen que en el derecho chileno la
acción penal sea imprescriptible y la civil no; además, aclaró que
compartía la jurisprudencia de los últimos años de la Corte
Suprema de Justicia de Chile, a través de la cual se declaró en
numerosos casos la imprescriptibilidad de la acción civil
indemnizatoria por daños derivados de delitos de lesa
humanidad.

La decisión de la Corte se fundamentó en la aceptación de
responsabilidad por parte de Chile, Estado que indicó que,
en efecto, en los casos en los que se pretendía la
reparación de los perjuicios causados por un delito de lesa
humanidad la acción civil no debía prescribir. Este
allanamiento no se confrontó con las normas internas y

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las de la Convención, cuyo alcance tampoco fue
delimitado.

Pues bien, las sentencias de la CIDH resultan vinculantes
en tanto interpreten las normas de la Convención. El fallo
analizado no contiene una interpretación del artículo 25
de la CADH –acceso a la administración de justicia–, pues,
se insiste, avala la aceptación de responsabilidad de Chile,
en cuanto a los efectos de sus normas de prescripción de
las acciones civiles frente a los delitos de lesa humanidad.

Adicionalmente, esta Sala precisa que el ordenamiento jurídico
chileno contiene preceptos distintos a las establecidos en el
derecho colombiano, en cuanto no prevén la posibilidad de contar
el plazo pertinente a partir del conocimiento de la participación
del Estado, lo cual, como antes se explicó, es una regla que tiene
los mismos efectos que la imprescriptibilidad en materia penal.

En las condiciones analizadas, la Sala concluye que, como en el
caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile no se interpretó la
Convención Americana de Derechos Humanos a la luz de reglas
con contenido material similar a las que prevé nuestro Código
Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de 2011, tal
pronunciamiento no resulta vinculante para resolver el presente
asunto […]”.

Ahora bien, la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-312 de

13 de agosto de 20209, también unificó su posición sobre el tema

objeto de la presente solicitud y realizó el siguiente análisis de

convencionalidad:

“[…] 6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia,
esta Corporación estima que dicho entendimiento del
término de caducidad del medio de control de reparación
directa es razonable y proporcional desde una perspectiva
constitucional y convencional, incluso en casos en los que el
daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa
humanidad, un crimen de guerra o genocidio.

9
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-312 de 13 de agosto de 2020. Expediente T-7243742.
Actora: Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata; M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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6.28. En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es
razonable para que las víctimas de violaciones a los
derechos humanos tengan la oportunidad de acceder a la
administración de justicia con el fin de obtener la declaración
de responsabilidad de la administración y gestionar el
resarcimiento de los menoscabos padecidos, porque el término
respectivo sólo empieza a contabilizarse cuando exista
claridad en torno a lo sucedido, incluso sin han trascurrido
lustros o décadas desde el instante en el que ocurrió el
delito de lesa humanidad, el crimen de guerra o el
genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior, comoquiera que
no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino
la posibilidad del interesado de identificar la participación en la
misma de sujetos vinculados a una autoridad pública y de acudir
al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación
respectiva.

6.29. De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia del
término legal de caducidad del medio de control de reparación
directa en tratándose de daños originados en delitos de lesa
humanidad, genocidio y crímenes de guerra permite, en la mayor
medida de lo posible, la optimización de los intereses
constitucionales en tensión en asuntos como el estudiado en la
presente oportunidad. Específicamente, por una parte, protege
la seguridad jurídica y, por otra, no implica una afectación grave
al acceso a la administración de justicia de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos a efectos de obtener la
reparación patrimonial de los daños causados por las mismas.

[…]

6.33. Por otro lado, esta Corte toma nota de que la reparación
patrimonial de los daños causados por el Estado es una
obligación contemplada en el artículo 90 de la Carta Política, la
cual, cuando tiene su origen en una violación a los derechos
humanos, se ve reforzada por disposiciones de instrumentos
internacionales incluidas en el bloque de constitucionalidad,
como los artículos 8° y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, y 2.3 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que le imponen al Estado colombiano
el deber de garantizar el acceso a la administración de justicia
para proteger de forma efectiva dichas prerrogativas.

6.34. Al respecto, este Tribunal evidencia que el
establecimiento del término de caducidad para pretender
por vía judicial la reparación de los menoscabos

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patrimoniales causados por el Estado con ocasión de un
delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio
no representa una afectación del derecho al acceso a la
justicia de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos con el fin de obtener una compensación por el daño
padecido, porque:

(i) Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un
plazo razonable de dos años para acudir al aparato jurisdiccional
y satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta
necesariamente desde el momento del daño que origina el
perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado
tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el
Estado y se encuentre en la capacidad material de imputarle el
mismo ante el aparato jurisdiccional;
(ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser
analizada por el juez contencioso administrativo competente,
atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y

(iii) La desestimación del medio de control de reparación directa
por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la
compensación económica del daño causado por otras vías, como
el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal
que se adelante en contra del responsable material del delito de
lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa.

[…]

6.41. En este orden de ideas, como lo puso de presente el Pleno
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en su condición de
órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo10, en la Sentencia del 29 de enero de 202011, la
Corte considera que no es necesario extender la figura de
imprescriptibilidad que se predica de acción penal frente a los
delitos de lesa humanidad al estudio de la caducidad del medio
de control de reparación directa para asegurar los derechos de
las víctimas, puesto que, además de tratarse de instituciones
jurídicas con características y lógicas diferentes12, el término
legal establecido para acudir a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo integra un criterio asimilable
al que lleva inmerso dicha figura aplicable a la persecución
penal, el cual busca ponderar los principios en tensión,
estos son, la seguridad jurídica y el mandato de justicia.

10
Artículo 237 de la Constitución.
11
Supra II, 6.13. y siguientes.
12
Supra II, 6.11. y 6.20.

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6.42. Efectivamente, en clave con lo dispuesto por el legislador,
los perjudicados por un menoscabo originado en un delito de lesa
humanidad, un crimen de guerra o un genocidio imputable a una
autoridad pública, tienen un término de dos años para acudir
al aparato jurisdiccional y velar por sus intereses en el
entendido de que dicho plazo únicamente empezará a
contarse, bajo la misma lógica de la imprescriptibilidad
penal que se predica de las mencionadas conductas
delictivas, una vez la persona tenga conocimiento real de
la participación, por acción u omisión, del Estado y se
encuentre en la posibilidad material de imputarle el daño
causado.

[…]

6.55. Así las cosas, con base en las consideraciones expuestas,
la Sala Plena de la Corte estima que la aplicación del término
legal de caducidad del medio de control de reparación directa en
tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad,
genocidio y crímenes de guerra es acorde a los mandatos
constitucionales y, por ello, decide unificar su jurisprudencia en
tal sentido con el fin de superar los criterios divergentes
existentes dentro de la Jurisdicción Constitucional […]”.

Corolario a lo anterior, la Sala advierte que no es cierto que el

TRIBUNAL no haya valorado las circunstancias particulares del daño

cuya reparación se pretende, esto es, que se trate de un perjuicio

derivado de un delito de lesa humanidad, pues el rechazo de la

demanda no devino del reconocimiento o no de tal situación, sino de

la aplicación de las reglas sobre la caducidad, según la posición

unificada por el Consejo de Estado sobre la materia, la cual se

acompasa con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia

citada en precedencia.

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En ese orden de ideas, el hecho de que el TRIBUNAL haya verificado

si la demanda de reparación directa fue presentada o no en término

conforme con el artículo 164 del CPACA no constituye la configuración

del desconocimiento del precedente judicial alegado, teniendo

en cuenta que, por el contrario, atiende a los lineamientos

jurisprudenciales aludidos y, tal situación, no desconoce las normas

convencionales sobre las garantías judiciales, conforme con lo

señalado en la sentencia SU-312 de 2020, proferida por la Corte

Constitucional, a la que se hizo alusión previamente.

Así mismo, es claro para esta Sala que el hecho de que el TRIBUNAL

haya aplicado los precedentes aludidos, al contener las reglas

jurisprudenciales del tema vigentes para el momento en que fue

proferida la decisión cuestionada, tampoco constituye defecto alguno

porque al no contener modulación alguna de sus efectos, las

providencias mencionadas eran aplicables a los casos pendientes de

resolver.

Sobre este aspecto, esta Sala ha señalado13:

“[…] Por último, la actora adujó que, en su caso, no se podía dar

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
marzo de 2019, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001 03 15 000 2018
03272 01.

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aplicación a jurisprudencia que ha proferido con posterioridad a
la fecha en que ella dice haber cumplido con los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación, esto es, el 11 de marzo de
2010.

Tal argumento, tampoco tiene vocación de prosperar en
razón a que el alcance de un precedente jurisprudencial
esta dado para los casos frente a los cuales no ha operado
cosa juzgada, excepto que en la sentencia que contenga
la regla a aplicar, el Tribunal que la profiera haya
modulado sus efectos […]” (Destacado fuera de texto)

De igual forma, frente a un caso similar al presente, relacionado con

la caducidad del medio de control de reparación directa derivado de

un delito de lesa humanidad, en sentencia SU 167 de 2013, con

ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, la Corte

Constitucional señaló:

“[…] 166. En cuarto lugar, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que, por regla general, los precedentes judiciales de
las altas cortes tienen efectos inmediatos y son de obligatorio
obedecimiento por los operadores jurídicos y las partes
involucradas en un proceso en curso, aun si incorporan cambios
importantes en la compresión de un determinado problema
jurídico.

167. En el presente asunto, la Sentencia de Unificación del 29
de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dispuso la exigibilidad del requisito de caducidad frente a las
demandas de reparación directa que tenían por objeto la
indemnización de un daño causado por un delito de lesa
humanidad. Por esa razón, para el 19 de marzo de 2021 -
momento de adopción de la sentencia censurada-, no existía
precedente alguno que indicara la inaplicación del requisito de
caducidad en esta clase de procesos […]”.

La Sala destaca que, si bien pueden existir otras providencias que

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puedan estar estructuradas bajo la posición jurídica a la que alude la

actora, tal situación no implica por sí sola que deba concederse el

amparo solicitado, pues como fue analizado la providencia

cuestionada fue proferida en consonancia con las reglas

jurisprudenciales unificadas sobre la materia y que, en últimas, son

las que constituyen el precedente obligatorio para el caso concreto.

En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión

contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o

arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las

fuentes jurídicas aplicables al caso.

Finalmente, con relación a la aplicación de la sentencia de tutela de

30 de agosto de 2021 proferida por la SECCIÓN TERCERA -

SUBSECCIÓN “B”- de esta Corporación que la actora invoca como

desconocida, la Sala advierte que no se hará mayor análisis al

respecto dado que, incluso si dicha decisión pudo haber sido proferida

bajo la tesis que aduce, lo cierto es que la misma tiene efectos inter

partes y no goza de la obligatoriedad de las sentencias de unificación,

no se trata de una decisión de constitucionalidad o de alguna en la

que la Corte Constitucional haya fijado el alcance de derechos

fundamentales, por lo que resulta evidente que la autoridad judicial

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accionada no estaba supeditada a seguir los mismos lineamientos.

En ese orden de ideas, en la medida en que la autoridad judicial

accionada no incurrió en el defecto alegado por la actora y no se

evidenció vulneración alguna a los derechos deprecados en lo que

respecta a los demás argumentos, la Sala denegará el amparo

solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

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quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de septiembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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