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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03781-01

Fecha
6 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03781-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia 26 de septiembre de 2024, proferida por la Sección Primera de esta Corporación, que negó el amparo constitucional reclamado, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03781-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

6 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., seis (06) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03781-01
Accionante: Eulalia Córdoba Navarro
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro1
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de reparación directa. Ejecución extrajudicial – Caducidad
medio de control / CONFIRMA NEGATIVA DE AMPARO – No se configuraron las
causales específicas de procedibilidad alegadas.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 26 de septiembre de 2024 por la Sección Primera del Consejo
de Estado, mediante la cual se negó el amparo constitucional reclamado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 23 de julio de 2024, la señora Eulalia Córdoba Navarro promovió acción de
tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena y el Tribunal
Administrativo de Bolívar, con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia2.

2.
Solicitó que se dejaran sin efectos las sentencias proferidas el 26 de enero y 31
de agosto de 20233 dentro del proceso de reparación directa4 que instauró, junto con
su familia5, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, encaminado
a obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por la ejecución extrajudicial y
posterior desaparición forzada de su hermano el señor Narciso Córdoba Navarro en
hechos acaecidos el 9 de diciembre de 2007 en el corregimiento de Badillo,
Santander.

1 Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena
2 También invocó los principios de reparación integral y prevalencia del derecho sustancial.
3 Notificada el 28 de mayo de 2024.
4 Expediente 13001-33-33-002-2019-00009-00/01.
5 Édgar Mauricio, José María, René, Marcela y Jhon Jairo Córdoba Navarro, Olga Patricia y Anderson Javier

Navarro y Zully Andrea Porras Córdoba.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03781-01
Accionante: Eulalia Córdoba Navarro
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

3.
En la providencia de 31 de agosto de 2023 se confirmó la decisión judicial de 26
de enero de ese año, mediante la cual el a quo6 declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control. Se precisó que el asunto no versaba sobre una
desaparición forzada, sino sobre una ejecución extrajudicial. De acuerdo con la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo
de Estado7, es aplicable para los asuntos en que se pretenden indemnizaciones
originadas por delitos de lesa humanidad, el lapso de 2 años para acudir a la
administración de justicia, contado a partir de cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, sin que ello implique tener
certeza jurídica sobre ello. En esa medida, como los hechos ocurrieron el 9 de
diciembre de 2007, momento a partir del cual los afectados podían endilgar
responsabilidad estatal, tenían hasta el 10 de diciembre de 2009 para demandar, sin
embargo, presentaron la solicitud de conciliación extrajudicial el 20 (sic) 8 de
septiembre de 2018 y la demanda el 17 de enero de 2019, cuando ya había fenecido
el aludido término de caducidad.

4.
La parte actora afirmó que se incurrió en desconocimiento del precedente. El
Tribunal accionado no tuvo en cuenta el criterio jurisprudencial de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, contenido particularmente en sentencia de 30 de agosto de
20219, según el cual no está sujeto a ningún término la presentación de la demanda
que verse sobre daños antijurídicos originados por delitos de lesa humanidad, en
razón a las dificultades para atribuir responsabilidad estatal por parte de las víctimas,
quienes son sujetos en situación de debilidad manifiesta. También se debe tener en
cuenta la sentencia de tutela de 13 de julio de 2023 del Consejo de Estado 10.

5.
Destacó que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-168 de 2023, precisó que
las reglas de caducidad de la acción en eventos de graves violaciones a los Derechos
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario deben interpretarse al amparo del
principio pro damnato o pro victimae. En esa medida, es factible flexibilizar esos
criterios para garantizar el acceso a la administración de justicia y la reparación
integral a las víctimas, por ende, si hay dudas sobre a partir de cuándo debe
computarse la caducidad, el juez debe optar por la interpretación más favorable a los
demandantes.

6.
Sin perjuicio de lo anterior, se omitió advertir que para la época en que se formuló
la demanda de reparación directa imperaba el criterio11 de que no era susceptible del

6 Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena.
7 Expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033).
8 La fecha de presentación correcta es el 11.
9 Expediente 11001-03-15-000-2021-00097-01, C. P. Alberto Montaña Plata.
10 Expediente 11001-03-15-000-2023-02159-00, C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
11 Relaciona las providencias SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional y de (i) 17 de septiembre de 2013,

expediente 25000-23-26-000-2012-00537-01; (ii) 7 de septiembre de 2015, expediente 85001-23-31-000-2010-
00178-01; (iii) 11 de abril de 2016, expediente 50001-23-31-000-2000-20274-01; (iv) 5 de septiembre de 2016,
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fenómeno jurídico de la caducidad este tipo de controversias. En ese sentido, no era
dable que se aplicara la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 del Consejo
de Estado, máxime cuando no se modularon sus efectos, por lo que se entiende que
opera a futuro.

7.
También se configuró defecto fáctico. No se aplicaron los principios de
flexibilización en la apreciación y valoración de los medios probatorios, en atención
a que se examina un asunto que involucra delitos de lesa humanidad. No se tuvo en
cuenta que si bien los hechos se originaron porque miembros del Ejército Nacional
aprehendieron a la víctima, mediante un procedimiento irregular, fue precisamente
dentro de un proceso penal donde se debatió si efectivamente aquellos participaron
en tal restricción y luego en su ejecución extrajudicial y posterior desaparición
forzada, por lo que para la época del acontecimiento no se tenía certeza judicial
sobre su responsabilidad, circunstancia que impidió acudir a la jurisdicción.

8.
En todo caso, dado que los restos del cuerpo de la víctima no han sido entregados,
se debe aplicar la letra i), numeral 2, del artículo 164 del CPACA, que estipula que el
término para determinar la oportunidad del medio de control se debe contabilizar
desde la entrega de los restos o la sentencia que ponga fin al proceso penal.

9.
De igual modo, se configuró defecto sustantivo. No se realizó un control de
convencionalidad, en razón a la gravedad de los hechos, pues se prescindió de las
disposiciones internacionales contenidas en tratados ratificados por Colombia, que
resultaban indispensables para efectuar una interpretación sistemática de la
normativa aplicable al presente caso.

10.
Por último, junto con el escrito de tutela allegó el oficio 0347/F.88 DECVDH de 13
de junio de 2024 de la Fiscalía 88 Especializada contra Violaciones a los Derechos
Humanos, en el que se señaló que se adelanta la investigación con radicado
11001606606420070007704, por hechos ocurridos el 9 de diciembre de 2007, en los
que fueron víctimas los señores Narciso Córdoba Navarro y Abner Chona Rozo,
dentro de cuyas diligencias el 24 de abril de 2018 se ordenó la apertura de
instrucción. Asimismo, se indicó que el 30 de enero de 2020 se dispuso oficiar al
grupo de identificación humana en Barranquilla, para que informaran sobre el trámite
que debía surtirse para la entrega de los restos óseos del señor Córdoba Navarro.

B. Sentencia de primera instancia

11.
Mediante sentencia de 26 de septiembre de 2024, la Sección Primera del Consejo
de Estado negó el amparo reclamado. Se aclaró que los reproches giraron en torno
a la presunta inaplicación del fallo de 30 de agosto de 2021, por lo que delimitó su
estudio a la causal de desconocimiento del precedente judicial, respecto de la cual

expediente 05001-23-33-000-2016-00587-01; y (v) 31 de julio de 2019, expediente 25000-23-36-000-2018-
00109-01.
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se satisfacen los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial.

12.
Precisado lo anterior, se determinó que el Tribunal accionado no desconoció las
circunstancias particulares del daño cuya reparación se pretendía, es decir, que se
derivaba de un delito de lesa humanidad, diferente es que haya aplicado las reglas
de unificación sobre el fenómeno de la caducidad impartidas el 29 de enero de 2020
por el Consejo de Estado, que guardan armonía con la sentencia SU-312 de 2020
de la Corte Constitucional, máxime cuando aquella providencia contenía el criterio
vigente y vinculante acerca de esa materia cuando se profirió la providencia acusada.

13.
Dilucidó que la sentencia de 30 de agosto de 2021, cuya aplicación se exigía, fue
dictada en una acción de tutela, por ende goza de efectos inter partes.

C. La impugnación

14.
La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela, en
particular, lo relacionado con (i) la omisión del deber de desarrollar un control de
convencionalidad por parte del juez natural, en razón a que la controversia suscitada
involucraba delitos de lesa humanidad; (ii) la inobservancia del criterio vigente para
la época en que se presentó la demanda de reparación directa; y (iii) la omisión en
considerar la falta de certeza para endilgar responsabilidad estatal y de que, en todo
caso, también se hacía referencia a una desaparición forzada, circunstancias que
implicaban se acogieran criterios de flexibilización probatoria.

15.
Agregó que no se tuvo en cuenta la sentencia SU-167 de 2023 de la Corte
Constitucional. Asimismo, aportó el oficio 0501/F.88 DECVDH de 13 de agosto de
2024 de la Fiscalía 88 Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos,
en el que se requirió información a los familiares del señor Narciso Córdoba Navarro,
con el fin de efectuar el trámite de entrega de sus restos óseos.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

16.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 199112.

F. Análisis del caso concreto

17.
La Sala anticipa que se confirmará la decisión de primera instancia, en tanto la
autoridad judicial accionada no incurrió en las causales específicas de procedibilidad

12 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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invocadas. Ello en la medida que (i) aplicó el criterio jurisprudencial vigente sobre la
materia, (ii) las conclusiones probatorias a las que arribó no se antojan arbitrarias y
(iii) la postura acogida fue objeto de control de convencionalidad, por lo que no era
obligatorio que esta autoridad lo desarrollara.

18.
En la sentencia de 26 de enero de 2023 de primera instancia, el Juzgado Segundo
Administrativo de Cartagena declaró probada la excepción de caducidad del medio
de control de reparación directa. Aplicó la sentencia de unificación de 29 de enero
de 2020 del Consejo de Estado y precisó que no estaba justificada la tardanza en
acudir a la administración de justicia.

19.
Con base en la declaración rendida por la compañera permanente de la víctima,
señora Adriana María Cárdenas Zapata, en la investigación disciplinaria que se
adelantó con ocasión de lo sucedido el 9 de diciembre de 2007 y el acta de
inspección técnica de cadáver 63 realizada por el CTI; indicó que el presunto daño
devenía de la tortura y ejecución extrajudicial del señor Narciso Córdoba Navarro, es
decir, el despacho judicial excluyó el delito de desaparición forzada.

20.
En ese sentido, concluyó que los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2007,
momento a partir del cual la parte actora tuvo conocimiento de la participación del
Ejército Nacional. La solicitud de conciliación se radicó el 11 de septiembre de 2018
y la demanda se presentó el 17 de enero de 2019, por lo que se acudió a la
jurisdicción cuando el aludido término de 2 años había fenecido. Se aclaró que no se
requería tener certeza sobre la responsabilidad estatal, en esa medida, no era
indispensable que se surtieran las diligencias penales para tal efecto.

21.
Contra dicha determinación la parte actora interpuso recurso de apelación, con
fundamento en que (i) se omitió decidir lo referente a la caducidad bajo criterios de
flexibilización probatoria, pues se desconoció el hecho de que no se tenía certeza
jurídica acerca de la responsabilidad estatal, para ello se surtió un proceso penal, y,
en todo caso, como el daño involucra el delito de desaparición forzada, al no haber
sido entregados los restos óseos de la víctima, lo cual repercute en el término de
caducidad; (ii) se debía tener en cuenta el criterio jurisprudencial vigente al momento
de la presentación de la demanda ordinaria; (iii) se inobservó la sentencia de 30 de
agosto de 2021 del Consejo de Estado; y (iv) no se realizó un control de
convencionalidad.

22.
Para el Tribunal accionado los anteriores reproches no tenían asidero jurídico, por
lo que confirmó la decisión inicial. Aclaró también lo referente al delito de
desaparición forzada, en el sentido de excluirlo de estudio, al no configurarse su
supuesto fáctico, pues el cuerpo de la víctima fue entregado a su compañera
permanente.

23.
Dilucidado lo anterior, examinó el término de caducidad del medio de control de
reparación directa cuando se involucra una ejecución extrajudicial. Frente a lo cual
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anotó el 29 de enero de 2020 se profirió decisión de unificación sobre la materia,
cuyos planteamientos acogería para decidir lo pertinente. En ese sentido, advirtió
que no se contabilizaba la oportunidad para demandar desde cuando se tuviera la
certeza judicial de la responsabilidad del Estado en los hechos, sino desde cuando
se advertía la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial por acción u
omisión.

24.
Con base en lo anterior, concluyó que desde el 9 de diciembre de 2007 el extremo
activo pudo advertir la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado. De acuerdo
con la formulación de cargos y el fallo de primera instancia emitidos dentro de la
investigación disciplinaria que se adelantó contra integrantes del Ejército Nacional,
se demostró que ese día el señor Narciso Córdoba Navarro “fue sacado a la fuerza
de su vivienda ubicada en el corregimiento de Badillo – Santander, por varios
miembros del Ejército Nacional, quienes lo asesinaron ese mismo día en un supuesto
combate sostenido con una banda criminal, y su compañera permanente acudió al
sitio de los hechos donde encontró tendido su cadáver custodiado también por
miembros del Ejército Nacional”.

25.
Por consiguiente, la parte actora tenía hasta el 10 de diciembre de 2009 para
poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional, sin embargo, radicó la solicitud de
conciliación extrajudicial el 11 de septiembre de 2018 y la demanda el 17 de enero
de 2019, es decir, cuando se había superado el término de caducidad de 2 años. Al
respecto, advirtió que no se acreditó la existencia de alguna circunstancia que le
impidiera acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, máxime cuando
indicó que se formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

26.
Con base en el anterior recuento, se evidencia que los argumentos atinentes a la
necesidad de tener certeza jurídica acerca de la responsabilidad estatal para
formular la respectiva demanda de reparación directa, así como a la ocurrencia del
ilícito de desaparición forzada, fueron planteados en el escrito de apelación
interpuesto contra el fallo ordinario de primera instancia y atendidos por el Tribunal
accionado, en el sentido de desvirtuarlos.

27.
Sobre el particular, no se advierte omisión en aplicar criterio alguno de
flexibilización probatoria, dado que no se evidencian que las circunstancias que
rodearon los hechos lo requirieran. Por el contrario, lo que se observa es reiteración
en los aludidos argumentos, sin que se encamine razonamiento alguno que
permitiera concluir que lo determinado por el Tribunal accionado frente a tales
aspectos involucraba algún tipo de afectación constitucional.

28.
Esto es así, porque en lo que atañe a la certeza jurídica que se requería para
acudir al aparato jurisdiccional, se indicó que la regla jurisprudencial fijada en la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, consistía
en que el lapso de los dos años debe contarse a partir de la ocurrencia de la acción
u omisión causante del daño, aunque de forma excepcional pueda computarse desde
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el momento en que la parte actora advierta sobre la participación del Estado en la
causación del daño, presupuesto que excluye la aludida certeza a la que alude la
actora, sobre lo cual insiste en estas diligencias constitucionales sin fundamento
jurídico alguno, dejando de lado que precisamente el esclarecimiento de las
circunstancias en las que acaecieron los sucesos reclamados es el objeto del
proceso judicial.

29.
Por lo tanto, si bien es cierto que el término de caducidad del medio de control de
reparación directa no resulta exigible mientras no se cuente con elementos de juicio
para inferir que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño
y que este le era imputable, también lo es que en caso de llegar acreditarse que los
demandantes estaban en condiciones de inferir tal situación y, a pesar de ello, no
acudieron oportunamente a la jurisdicción, el funcionario judicial debe declarar que
el derecho de acción no se ejerció en tiempo, tal como ocurrió en el caso que nos
ocupa.

30.
De igual modo, para determinar que en los hechos debatidos no había concurrido
el delito de desaparición forzada, se tuvo en consideración elementos de convicción
que respaldaban tal afirmación probatoria, sin que fueran controvertidos por la parte
actora, pues tanto en la apelación como en esta acción de tutela su argumentación
se encaminó a reiterar la falta de entrega de los restos óseos de la víctima, sin que
debatiera tanto la declaración de la señora Adriana María Cárdenas Zapata, como la
investigación disciplinaria adelantada contra miembros del Ejército Nacional por lo
ocurrido el 9 de diciembre de 2007, que daban cuenta de que el cuerpo de la víctima
le fue entregado a la señora Cárdenas Zapata, quien le dio sepultura.

31.
Por lo anterior, el Tribunal accionado estimó que el asunto involucraba únicamente
el ilícito de ejecución extrajudicial, razón por la cual tuvo como fecha a partir de la
cual se debía computar la oportunidad para promover la demanda desde el 9 de
diciembre de 2007, en razón a que ese día la aludida señora conoció las
circunstancias que rodearon el deceso de su compañero permanente. Aserción que
tampoco fue debatida por la parte actora, en cuanto a indicar algún tipo de
desconocimiento de esa situación, máxime cuando en la demanda ordinaria no se
expone desde cuando adquirieron el conocimiento del deceso de su familiar y
relacionan acontecimientos que tuvieron lugar en los años 2009 y 2011, referentes a
la mencionada investigación disciplinaria.

32.
En ese sentido, para la Sala la decisión de excluir de la situación fáctica que
constituyó el daño reclamado el delito de desaparición forzada guarda
correspondencia con el material probatorio que reposaba en el proceso ordinario, lo
cual descarta la configuración del defecto fáctico alegado, pues no obraba en el
plenario medio de convicción alguno que corroborara la existencia del aludido ilícito,
tal como la investigación penal adelantada al respecto.

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33.
Ahora bien, no pasa por alto la Sala que a esta acción constitucional se allegaron
documentos emanados de la Fiscalía General de la Nación, de los que se infiere que
los restos óseos de la víctima aún no han sido entregados. Sin embargo, en este
punto se debe advertir que la tutela no es el escenario propicio para aportar este tipo
de elementos adicionales que soportan la tesis que pregona la tutelante.

34.
Si los referidos documentos fueron obtenidos con posterioridad a las decisiones
judiciales que zanjaron el litigio ordinario, y la parte actora puede acreditar que
aquellos elementos no pudieron haber sido obtenidos con antelación y tienen la
potencialidad de modificar la determinación judicial; podría eventualmente acudir al
recurso extraordinario de revisión.

35.
En cuanto al desconocimiento del precedente invocado, se tiene que en el escrito
de apelación se adujo que se debía atender la sentencia de 30 de agosto de 2021,
planteamiento sobre el cual, aunque no se pronunció el Tribunal accionado, carece
de la virtud para constituir dicha causal específica de procedibilidad de la tutela, en
atención a que esa decisión judicial fue emitida en el marco de una acción de tutela,
por ende sus efectos son inter partes13 y, en esa medida, no constituía un criterio
vinculante y obligatorio para la autoridad judicial accionada.

36.
En todo caso, la Subsección advierte que la aludida providencia fue revocada en
sede de revisión por la Corte Constitucional, mediante fallo T-210 de 10 de junio de
2022, para en su lugar, confirmar la providencia emitida el 9 de abril de 2021 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó el amparo
constitucional reclamado.

37.
De igual modo, la sentencia de 13 de julio de 2023 del Consejo de Estado, cuya
observancia se exige en sede de tutela, también fue emitida en un asunto de la
misma estirpe, por lo que lo allí establecido tampoco resulta vinculante para la
autoridad judicial, máxime cuando aquella fue revocada en segunda instancia,
mediante fallo de 1° de noviembre de esa anualidad por la Subsección B de la
Sección Segunda de esta Corporación, para en su lugar, negar la protección de los
derechos fundamentales invocados.

38.
Por su parte, se indicó que no se tuvo en cuenta la sentencia SU-168 de 2023 de
la Corte Constitucional, no obstante, esta Sala advierte que en esta se definió una
controversia que involucraba el delito de desaparición forzada, por ende, se
esclarecían las circunstancias en las que debía contabilizarse el término de
caducidad en ese evento, situación fáctica que no guarda similitud con la planteada
en este asunto, esto es, referente a la ejecución extrajudicial.

13 De conformidad con el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 270 de 1996, “Las decisiones judiciales adoptadas

en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo
constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces”.
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39.
Por otro lado, aunque en la providencia acusada no se hizo referencia expresa a
la improcedencia de acatar el criterio jurisprudencial que imperaba al momento de
presentar la demanda ordinaria respecto de la configuración del fenómeno de
caducidad en asuntos que versaran sobre delitos de lesa humanidad, se precisó que
el 29 de enero de 2020 la Sección Tercera del Consejo de Estado había emitido
sentencia de unificación sobre la materia, la cual acogería. Circunstancia que para
la Sala desvirtúa el aludido reproche.

40.
Además, en efecto, en el aludido pronunciamiento de unificación se consolidó el
criterio14 en torno a la aplicación del término de 2 años para la configuración de la
caducidad en eventos que involucren graves violaciones a los derechos humanos o
al derecho internacional humanitario, en tanto la regla de imprescriptibilidad solo era
aplicable en juicios penales cuando se desconocía al presunto autor de la conducta
delictiva. En esa medida, fijó las siguientes reglas de unificación: (i) la regla de
caducidad del literal i) de numeral 2 del artículo 164 del CPACA es aplicable a las
demandas de reparación directa en las cuales se pretenda la declaratoria de
responsabilidad del Estado por hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad;
(ii) por ende, en principio, el término de caducidad debe contarse a partir de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, aunque de forma excepcional
pueda computarse desde el momento en que la parte actora advierta sobre la
participación del Estado en la causación del daño, atendiendo a la regla del
conocimiento prevista en la norma referida. Con fundamento en lo anterior, precisó
que (iii) esta excepción solo sería procedente cuando el demandante pruebe que,
con posterioridad a la ocurrencia de la acción causante del daño, tuvo conocimiento
de la participación del Estado en su causación, bien sea por acción o por omisión. Si
no logra probar lo anterior, se debe dar aplicación a la regla de la ocurrencia del
daño; (iv) finalmente, resaltó que era posible inaplicar totalmente la regla de
caducidad cuando los accionantes prueben que existieron situaciones o
circunstancias que obstaculizaron materialmente el ejercicio de su derecho al acceso
a la administración de justicia.

41. Postura que la Corte Constitucional acogió mediante sentencia SU-312 de 2020,

al considerar que era razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional
y convencional, incluso en casos en los que el daño que se pretenda reparar sea
causado por un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio15. Lo cual
fue reiterado en sentencia SU-167 de 2023, en la que adujo que aquel criterio
resultaba acorde con los mandatos constitucionales y que era “de aplicación
inmediata, pues (…) no se incluyeron precisiones particulares dirigidas a modular
sus efectos temporales”.

14 En razón a que antes de la expedición de esa providencia existían dos posturas: la primera, sostenía que el

juzgamiento de la responsabilidad Estatal para este tipo de actos o situaciones no estaba sujeto a un plazo
extintivo y, a contrario sensu, la segunda postura estimaba que así se estuviera ante hechos relacionados con
delitos de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos, era necesario aplicar las reglas generales
de la caducidad del medio de control de reparación directa.
15 Postura que ha sido reiterada en las sentencias: T-044 de 2022, T-210 de 2022, SU-167 de 2023, entre otras.

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42.Por tanto, la mencionada providencia de unificación del Consejo de Estado era
de obligatoria observancia para la autoridad judicial demandada, la cual debía
acoger las reglas jurisprudenciales allí establecidas, como en efecto lo hizo, en la
que se incluía la sentencia SU-167 de 2023 de la Corte Constitucional, que la parte
actora adujo en la impugnación como desatendida.

43. En este punto es importante precisar que, al referirse a los efectos de las
sentencias de unificación en el tiempo, esta Subsección ha precisado, de
conformidad con las reglas establecidas por el Consejo de Estado 16 y la Corte
Constitucional 17, por regla general, los cambios jurisprudenciales tienen efectos
retrospectivos; por ende, se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía
judicial y administrativa.

44.
Por lo anterior, en múltiples fallos de tutela18, esta Corporación ha señalado que
los funcionarios judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al
momento de resolver el asunto sometido a su consideración, argumento que ha
servido de sustento para descartar la vulneración de derechos fundamentales en
aquellas controversias en las que se alega el desconocimiento del precedente por
no tener en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la presentación de la
demanda o del fallo de primera instancia19.

45.
Por consiguiente, no se advierte la configuración de desconocimiento del
precedente. Por el contrario, el Tribunal accionado atendió los parámetros
esbozados en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 de esta
Corporación, la cual constituye el criterio vinculante y vigente sobre la materia.

46.
Al respecto, cabe agregar que el citado pronunciamiento de unificación determinó
la viabilidad de inaplicar totalmente la regla de caducidad en el evento de que los

16 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i) Subsección A,

auto del 30 de julio de 2021, Rad.: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2021, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés Rad.: 2021-01372-00 (AC), entre otras.
17 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P: Paola Andrea

Meneses Mosquera.
18 Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-

2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C; (ii) sentencia del 18 de noviembre de
2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado; (iii) sentencia del 24 de
mayo de 2021, Rad.11001-03-15-000-2021-02039-00, Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B;
(iv) sentencia del 1° de octubre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo
de Estado, Subsección A.
19 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “Así las cosas, de conformidad con

lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019) no incurrió
en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta Corporación. Por el contrario, el Tribunal aplicó la
regla de unificación vigente y aplicable al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, analizando
la antijuridicidad del daño para encontrar acreditada la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad.
Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar
que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), radicado
23.354, por ser esa la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha indicado el Consejo de
Estado, por regla general y salvo que de manera expresa se disponga lo contrario, los operadores judiciales
deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración,
a efectos de salvaguardar valores superiores como la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e
inmediata del derecho” (sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente No. 66.535, M.P. Nicolás Yepes
Corrales).
10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03781-01
Accionante: Eulalia Córdoba Navarro
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

accionantes acreditaran la existencia de situaciones o circunstancias que
obstaculizaron materialmente el ejercicio de su derecho al acceso a la administración
de justicia, lo cual no se comprobó en las diligencias ordinarias, máxime cuando ello
pudo haber sido planteado en el recurso de apelación contra el fallo ordinario de
primera instancia, dado que este se soportó en dicha providencia, sin embargo, sus
inconformidades giraron en torno a los argumentos esbozados en precedencia.

47.
Por último, se alega que la autoridad judicial no desarrolló un control de
convencionalidad. Sin embargo, tal afirmación carece de asidero jurídico y, por tanto,
no constituye el defecto sustantivo invocado, pues omite que el criterio
jurisprudencial adoptado por aquella, en virtud de la sentencia de unificación de 29
de enero de 2020 del Consejo de Estado, fue objeto del aludido control de
convencionalidad. La Corte Constitucional en la sentencia SU-312 de 2020 anotó
que la posición adoptada en torno a la caducidad del medio de control de reparación
directa no desconocía lo dispuesto en la sentencia de 29 de noviembre de 2018 de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso Órdenes Guerra y
otros contra Chile o en los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos humanos, debido a que el plazo de dos años para acudir al sistema judicial
se computa desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer
la participación, por acción u omisión, del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle la responsabilidad patrimonial respectiva.

48.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada, que negó el amparo
de los derechos fundamentales invocados, al no configurarse las causales
específicas de procedibilidad estudiadas en precedencia.

49.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia 26 de septiembre de 2024, proferida por la
Sección Primera de esta Corporación, que negó el amparo constitucional reclamado,
por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

11

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03781-01
Accionante: Eulalia Córdoba Navarro
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto Salvamento de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE20
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

20 VF

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