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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03782-00

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03782-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela interpuesta por la sociedad Drummond Ltd., por las razones expuestas en la motivación precedente. 2. De conformidad con lo previsto por el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, prevenir al despacho ponente del Tribunal Administrativo del Magdalena, para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las omisiones que dieron lugar a la interposición de la presente acción de tutela. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03782-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

12 de septiembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03782-00
Demandante: Drummond Ltd.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-03782-00
Demandante DRUMMOND LTD.
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Temas Acción de tutela. Carencia de objeto. Mora judicial. Demanda ejecutiva.
medida cautelar.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la sociedad Drummond Ltd. de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de julio de 20241, la sociedad Drummond Ltd. interpuso acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Magdalena, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En
consecuencia, presentó la siguiente pretensión:
“Solicito respetuosamente la tutela de los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, por mora judicial, ordenando al H. Tribunal resuelva la solicitud de
medidas cautelares de embargo a la mayor brevedad”.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El municipio de Zona Bananera profirió unas liquidaciones oficiales en contra
de la sociedad Drummond Ltd., correspondientes al cobro por concepto de
alumbrado público por el periodo comprendido entre noviembre de 2007 y junio
de 2008. Anunció la sociedad accionante que presentó recurso de
reconsideración en su momento, el que fue resuelto en forma desfavorable.

2.2. Mediante la Resolución Nro. 001 del 25 de julio de 2008, el municipio de Zona
Bananera libró mandamiento de pago en contra de Drummond Ltd., por el pago
adeudado por concepto de alumbrado público de los meses de noviembre de
2007 a junio de 2008.

1 Tutela radicada en el correo de tutelas en línea.
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Demandante: Drummond Ltd.

2.3. Sostuvo que contra la decisión presentó excepciones y que aportó garantía
bancaria por el valor del mandamiento de pago, con el fin de que se levantara
la medida cautelar practicada y se abstuviera de practicarla de nuevo,
consistente en el embargo de las cuentas bancarias de Drummond Ltd.

2.4. Indicó que mediante la Resolución 001 del 28 de agosto de 2008, el municipio
se negó tanto a declarar probadas las excepciones propuestas y aceptar la
caución aportada, decisión que fue recurrida en reposición por la sociedad
actora y resuelta en forma desfavorable por la Resolución 002 del 17 de
septiembre de 2008.

2.5. Posteriormente mediante la Resolución 002 del 25 de septiembre de 2008 se
liquidó el crédito, la sociedad actora presentó objeciones a la liquidación
afirmando que no podía tenerse como pagado el impuesto de alumbrado
público con las sumas consignadas como caución, sin embargo, afirmó la
accionante que el municipio procedió incluso al levantamiento de las medidas
cautelares.

2.6. Manifestó que el municipio de Zona Bananera no ha devuelto a la sociedad
Drummond Ltd. el excedente del dinero consistente en la diferencia entre la
suma transferida por dos entidades bancarias y el presunto resultado de la
liquidación del crédito que hizo la entidad territorial.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la
sociedad Drummond Ltd., identificado con el Nro. 47001-23-31-002-2008-
00303-00

2.7. La sociedad Drummond Ltd. en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandó al municipio de Zona Bananera
pretendiendo la nulidad de los actos administrativos por los que (i) se
resolvieron las excepciones presentadas contra el mandamiento ejecutivo de
pago en su contra y, (ii) por el que se resolvió de manera desfavorable el
recurso de reposición presentado contra el acto que resolvió las excepciones
propuestas.

En consecuencia, pidió que: (i) se declararan probadas las excepciones
propuestas; (ii) se declarara que no adeudaba suma alguna; (iii) la ordenara
la restitución de las sumas de dinero transferidas al municipio de Zona
Bananera; y (iv) el pago de los perjuicios materiales y costas procesales.
2.8. Correspondió conocer el asunto al Tribunal Administrativo del Magdalena
(proceso Nro. 47001-23-31-002-2008-00303-00) que, en sentencia del 13 de
marzo de 2013 <<notificada por edicto fijado el 21 de marzo de 2023>>, accedió a
las pretensiones de la demanda y en consecuencia, declaró que Drummond
Ltd. no se encontraba obligada al pago de las sumas de dinero liquidadas por
el ente territorial demandado para los periodos gravables de noviembre de
2007 a junio de 2008 y, sostuvo que en el evento hipotético de haberse
cancelado se procediera a la devolución por parte del municipio de Zona
Bananera a favor de la sociedad accionante.
2.9. Contra la anterior decisión, el municipio de Zona Bananera presentó recurso
de apelación y, Drummond Ltd. lo hizo únicamente en relación con la negativa
del fallo en cuanto a la condena en costas.

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2.10. Por auto del 30 de julio de 2013 el Tribunal Administrativo del Magdalena
declaró desierto el recurso de apelación presentado por el municipio de Zona
Bananera, por la no asistencia a la audiencia de conciliación previa establecida
en la norma. La sociedad accionante por su parte manifestó desistir del recurso
de alzada propuesto.

2.11. Contra la decisión anterior, el municipio de Zona Bananera presentó recurso
de reposición, el tribunal por auto del 11 de septiembre de 2013 resolvió no
reponer la decisión.

Proceso ejecutivo iniciado por la sociedad Drummond Ltd., identificado con
el Nro. 47001-23-31-000-2017-00381-00

2.12.La sociedad Drummond Ltd. presentó demanda ejecutiva en contra del
municipio de Zona Bananera con el fin de que se diera cumplimiento a la
sentencia del 13 de marzo de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, en relación con el pago de unas sumas de dinero que resultaban
a su favor.

Como medida cautelar, solicitó que se embargaran unas cuentas del municipio
ejecutado, limitado al valor del doble de la deuda más los intereses que se
calcularan a la fecha en que se decretara la medida.

2.13. Correspondió conocer al Tribunal Administrativo del Magdalena (proceso Nro.
47001-23-31-000-2017-00381-00). Por auto del 13 de enero de 2022 ordenó
librar mandamiento de pago en contra del municipio de Zona Bananera por la
suma de $641.452.000.

2.14. La sociedad presentó memorial en el que solicitó aclaración a la anterior
decisión, en el sentido que se adecuara el valor por el que se había librado
mandamiento de pago, por cuanto se evidenciaba un dinero ingresado a su
favor en las cuentas bancarias, por lo que el mandamiento de pago sería no
por valor de $641.452.000 sino por $291.452.000.

2.15. El Tribunal en providencia del 22 de junio de 2023 consideró que más que una
aclaración, se trataba de un recurso de reposición contra el mandamiento de
pago. Por auto del 23 de noviembre de 2023 (notificado por correo electrónico el
31 de enero de 2024), se dejó sin efecto el numeral primero del auto del 13 de
enero de 2022 y, en su lugar dispuso librar mandamiento de pago por valor de
$291.452.000.

2.16.El 15 de diciembre de 2023 y el 28 de febrero de 2024, la sociedad actora
presentó al tribunal accionado solicitudes de impulso procesal en relación con
las medidas cautelares solicitadas.

3. Fundamentos de la acción

La sociedad Drummond Ltd. consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión de la mora
judicial en la que ha incurrido el tribunal accionado, pues considera que ha pasado
un tiempo considerable y que no se ha dado trámite ni se ha resuelto sobre la
solicitud de medida cautelar presentada, que solo para que librara mandamiento de
pago tardó más de 4 años y que pese a ello, han transcurrido casi 3 años más, para

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un total de casi 7 años desde la solicitud inicial, sin que se libraran las medidas
cautelares en contra del municipio.
Que en realidad lo único cierto es que a la fecha el municipio de Zona Bananera a
la fecha no había cumplido con la sentencia del 13 de marzo de 2013 y que debía
retornarse el dinero sustraído de las cuentas de la sociedad de manera ilegal, tal
como se había ordenado y que, pese a que existía un mandamiento de pago, la
ausencia de decreto de medidas cautelares le había impedido al municipio cumplir
con la sentencia que era objeto de ejecución.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Previo admitir la presente acción, por auto del 25 de julio de 2024, se ordenó
requerir a la parte actora para que allegara la constancia de envío del poder
especial y un certificado actualizado de la Cámara de Comercio a efectos de
verificar la representación legal de la entidad.
4.2. Cumplido lo anterior, por auto del 6 de agosto de 2024 el despacho ponente
admitió la presente acción, ordenó la notificación a las partes accionante y
accionada y, dispuso vincular como tercero con interés al municipio de zona
Bananera quien actúa como parte demandada en el proceso ejecutivo.
4.3. El Tribunal Administrativo del Magdalena, presentó informe en el que
manifestó que el pasado 12 de agosto de 2024 se había emitido auto por el
que se negó la solicitud de medida cautelar solicitada por la parte ejecutante,
notificada el 13 de agosto de esta anualidad, por lo que se había surtido la
actuación contenida en el impulso procesal presentado por la sociedad actora,
razón por la que consideró que se materializaba la figura de la carencia actual
de objeto por hecho superado.
4.4. El municipio de Zona Bananera, no se pronunció en esta oportunidad.

CONSERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si el despacho ponente del Tribunal Administrativo
del Magdalena, a cargo del proceso ejecutivo con radicado nro. 47001-23-31-000-
2017-00381-00 vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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a la administración de justicia de la sociedad Drummond Ltd. por la falta de
pronunciamiento frente a la solicitud de medida cautelar presentada, y en general,
por la tardanza en el trámite impartido a dicho proceso.

Sin embargo, la Sala deberá establecer si la acción de tutela interpuesta por la
sociedad Drummond Ltd., actualmente carece de objeto teniendo en cuenta el
informe rendido por la autoridad judicial accionada y de acuerdo con las pruebas
allegadas al presente trámite.

3. La mora judicial injustificada

Como lo establece el artículo 29 de la Constitución, el derecho fundamental al
debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y al
momento de determinar su alcance, la norma señala que toda persona tiene
derecho a «un debido proceso público sin dilaciones injustificadas».

La Corte Constitucional ha indicado que la vulneración de este elemento del derecho
al debido proceso, trátese de un proceso judicial o administrativo, se configura
cuando: «(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo
razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento; (iii) la
falta de motivo o justificación razonable en la demora»3.

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el solo incumplimiento de un término
establecido en la ley no basta para considerar vulnerado el derecho al debido
proceso, sino que debe comprobarse que tal dilación es injustificada.

Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconocido que quien interpone una acción
judicial o algún recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a que se le
resuelva dentro de los términos establecidos en la ley. Sin embargo, se ha insistido
en que dadas las condiciones que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a negligencia4. Debe decirse,
entonces, que la mora judicial corresponde al incumplimiento injustificado de los
plazos legales por parte de los funcionarios judiciales para la tramitación o decisión
de los procesos a su cargo.

Por lo anterior, al juez de tutela le corresponde valorar en cada caso si la conducta
del funcionario o corporación judicial es injustificada y negligente, pues existen
causas imprevisibles y externas; esto es, circunstancias objetivas que impiden que
los jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión, como
lo son la excesiva carga laboral o la falta de una infraestructura básica en los
despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten
decisiones oportunas. Circunstancias que no pueden ser atribuibles a los
funcionarios judiciales.

De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que se incumplen los
términos judiciales no se debe al actuar de los funcionarios, sino a las dificultades
prácticas que debe afrontar la Rama Judicial. Por lo tanto, en el evento en que exista

3 Sentencia T-297 de 2006 proferida por la Corte Constitucional.
4 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez. Radicado: 11001-03-15-000-2014-01444-00.
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una justificación que explique la tardanza o cuando esta no sea imputable al actuar
del juez no existirá mora judicial injustificada y en consecuencia no se habrán
vulnerado los derechos fundamentales de quien acudió a la justicia5.

Sobre el particular, en la Sentencia T-366 de 2005, la Corte Constitucional señaló
que «la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria vulneración de los
derechos fundamentales mencionados. No obstante, esa dilación ha de ser injustificada, como
lo dispone la propia Carta Política, pues, si la mora judicial obedece a circunstancias objetivas
y razonables, ajenas a la voluntad del fallador, mal podría la Corte Constitucional acceder a las
pretensiones de una tutela en ese sentido, sin analizar con sumo cuidado las razones de la mora
judicial que se alega».

En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del proceso
comprueba que el juez u órgano judicial excedió desproporcionadamente el plazo
razonable para pronunciarse sobre el asunto, sin que exista motivación para
justificar la demora en que incurrió. Es decir, que al juez de tutela le corresponde
realizar una valoración de los aspectos objetivos y subjetivos que rodean la
tardanza.

En la Sentencia SU-394 de 2016, la Corte Constitucional precisó que la mora judicial
injustificada, se presenta cuando (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo
judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación y (iii) la tardanza
sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del
funcionario judicial.

Y para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable, la alta corte señaló que se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto; (ii) la
complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la valoración
global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trámite.

4. La carencia actual de objeto por hecho superado

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata
de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o vulneración, por la
acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos
concretos y excepcionales. Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un
derecho fundamental se materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido
hacer que cese. Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen
o cuando no hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón
de ser.
La jurisprudencia constitucional ha denominado tal fenómeno como carencia actual
de objeto y ha señalado que, generalmente, este se presenta por: (i) hecho
superado, (ii) daño consumado y (iii) situación sobreviniente.
Sobre esta clasificación, la Corte Constitucional en Sentencia T-280 de 2020
precisó:
«(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de
objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la
que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar
los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que
éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que

5 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013.
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puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño
consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia
denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”.

La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991,
comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la
demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad
accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo
lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la
afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado
de desconocer.

La segunda de las figuras referenciadas, consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con
la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar
la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela
imparta una orden al respecto.

Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad
de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por
completo de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de
una “situación sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la
vulneración predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que
no le correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de
la litis».

Específicamente, sobre el hecho superado, la Corte Constitucional ha señalado
algunos requisitos que se deben examinar en cada caso concreto: «1. Que con
anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada
prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en
cuyo favor se actúa. 2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a
la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado»6.

Así pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los casos
en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, el demandado adelantó las acciones tendientes a cesar
la vulneración de los derechos fundamentales, lo que por sustracción de materia
hace inocuo cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el
amparo de los derechos.
5. Análisis del caso concreto
5.1. La sociedad accionante alega la vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso por la mora judicial injustificada en la que incurrió el Tribunal
Administrativo del Magdalena, concretamente el despacho del Magistrado
ponente del proceso ejecutivo nro. 47001-23-31-000-2017-00381-00, por la
falta de pronunciamiento frente a la solicitud de medida cautelar presentada,
para lo cual explicó que ha transcurrido un término más que considerable,
toda vez que la solicitud de medida cautelar data del mes de julio de 2022;
además de las peticiones de impulso procesal radicadas en los meses de
febrero y noviembre de 2023 y en el mes de febrero de 2024, sin que para la
fecha de radicación de la acción de tutela (el 5 de julio de 2024), existiera un
pronunciamiento al respecto.

6 Corte Constitucional. Sentencia T-238 de 2017.
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Y agregó que la autoridad judicial accionada tardó más de 4 años para librar
el mandamiento de pago, han transcurrido casi 3 años más, para un total de
casi 7 años desde la solicitud inicial, sin que se libraran las medidas cautelares
solicitadas en contra del municipio ejecutado.
5.2. Verificadas las actuaciones del proceso ejecutivo nro. 47001-23-31-000-2017-
00381-00, se advierte que mediante auto del 12 de agosto de 2024 el
magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Magdalena resolvió la
solicitud de medida cautelar presentada por la sociedad actora, negándola.
Luego de hacer el análisis de las normas en relación con el momento procesal
para el decreto de medidas cuando la entidad sea un municipio, sostuvo:
“En tal sentido, cuando la entidad ejecutada, sea un municipio, como en el presente asunto,
no podrán librarse ni ordenarse medidas cautelares, hasta tanto no se encuentre
ejecutoriada la sentencia que ordene seguir adelante la ejecución, siendo entonces, que
la petición de medidas cautelares en este estado del proceso ejecutivo, cuando aún no se ha
proferido la providencia que ordene seguir adelante la ejecución, deviene improcedente.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-126 de 2013, se pronunció en los
siguientes términos: (…)

Así las cosas, para el caso bajo estudio, se itera, en esta etapa procesal, donde aún no se ha
proferido la providencia que ordene seguir adelante la ejecución, no es procedente, según la
normativa traída a colación, emitir ordenación a fin de embargar las cuentas de la entidad
territorial del orden municipal accionada, pues la solicitud elevada en calenda del nueve (09)
de febrero de dos mil veinticuatro (2024) dentro de la causa por la parte ejecutante, en contra
de la ejecutada MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, que se puede avizorar en a folios del 09
al 11 del documento “01SolicitudDecretoMedidaCautelarDemandante” de la carpeta de
medidas cautelares que contiene el expediente digital, no se ajusta a los precedentes legales
y jurisprudenciales vigentes.

Como corolario de lo anterior, considera el Despacho que habrá lugar a proferir decisión en el
sentido de NEGAR el pedimento de embargo del ejecutante, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, tal como en efecto así se hará constar más
adelante”.

Tal decisión fue notificada por correo electrónico el 13 de agosto de 2024, tal
como como consta en las siguientes capturas de pantalla en las que se
advierte, de una parte, el registro de las actuaciones en SAMAI en relación con
la emisión y notificación de la citada providencia, y de otra, las notificaciones
enviadas no solo a la sociedad Drummond Ltd. sino al apoderado de la
mencionada empresa:

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5.3. En el presente asunto, si bien existió tardanza en proferir la mencionada
providencia en el respectivo proceso ejecutivo, actualmente la acción de tutela
carece de objeto, porque el hecho que originó su interposición dejó de existir
en el curso del presente trámite, pues como se evidencia, las actuaciones del
despacho ponente, son posteriores a la presentación de la tutela y se emitieron
en el curso de la misma, teniendo en cuenta que la acción se presentó el 22
de julio de 2024 y que el auto que negó la medida cautelar se emitió en el
proceso ordinario el 12 de agosto de 2024.

Razón por la que, al haberse desplegado la conducta esperada por la parte
accionante, la situación objeto de estudio se enmarca en la figura de la
carencia actual de objeto por hecho superado. Por lo tanto, resulta inocuo un
pronunciamiento adicional por parte del juez de tutela, pues se superó la
situación de vulneración de derechos fundamentales alegada.

5.4. Por último, no pasa inadvertido la Sala que en el escrito de intervención, con
ocasión de la presente acción de tutela, el magistrado ponente del proceso
ejecutivo objeto de estudio profirió la providencia echada de menos por la parte
tutelante, sin exponer las razones de la tardanza en proferir la decisión, y en
general, la dilación advertida en el trámite impartido al citado proceso
ejecutivo.

La Sala advierte que se trata de un proceso ejecutivo iniciado desde el año
2017, que si bien antes de librarse el mandamiento de pago, fue objeto de
apelación ante el Superior; luego de proferida tal decisión, la sociedad
ejecutante presentó la solicitud de medida cautelar en el mes de julio de 2022
y, pese a la reiteración de impulsos procesales, fue con ocasión de la presente
acción de tutela que se emitió la decisión respectiva, por lo que, de
conformidad con lo previsto por el artículo 24 del Decreto 2591 de 19917, la
Sala prevendrá al despacho ponente del Tribunal Administrativo del
Magdalena, para que en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en las omisiones
que dieron lugar a la interposición de la presente acción de tutela.

6. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto
por hecho superado, al haberse satisfecho lo pretendido en el curso del presente
trámite constitucional; y prevendrá a la autoridad judicial accionada en los términos
indicados en el anterior acápite de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

7 ARTICULO 24.- Prevención a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto
impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce
de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo
contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este decreto,
todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.
El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la
repetición de la misma acción u omisión.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03782-00
Demandante: Drummond Ltd.

FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela
interpuesta por la sociedad Drummond Ltd., por las razones expuestas en la
motivación precedente.

2. De conformidad con lo previsto por el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991,
prevenir al despacho ponente del Tribunal Administrativo del Magdalena, para
que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las omisiones que dieron lugar
a la interposición de la presente acción de tutela.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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