Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03791-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03791-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03791-01
Consejero ponente: Conjuez Juan Carlos Galindo Vácha
12 de diciembre de 2024
Demandante: Jesús David Moscote Támara
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03791-01
Demandante: Jesús David Moscote Támara
Demandados:Tribunal Administrativo del Magdalena
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Sala de Conjueces
Conjuez ponente: JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03791-01
Demandante: JESÚS DAVID MOSCOTE TÁMARA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la sala a pronunciarse sobre la impugnación presentada por el señor Jesús
David Moscote Támara en contra de la sentencia del 23 de agosto de 2024 proferida
por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo presentada.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El señor Jesús David Moscote Támara acudió en ejercicio de la acción de tutela, para
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la defensa
técnica, que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena
(Despacho 004), con ocasión del auto del 3 de julio de 2024, que resolvió de forma
desfavorable el recurso de reposición que interpuso en contra del proveído del 11 de
junio de 2024 en el que se ordenó dictar sentencia anticipada al interior del proceso de
nulidad electoral en curso, identificado con el radicado número 47-001-2333-000-2023
00255-00.
2. Hechos
2.1. El ciudadano Manuel Antonio Álvarez de la Hoz formuló demanda de nulidad
electoral en contra del acto de elección del señor Jesús David Moscote Támara como
concejal del municipio de Concordia (Magdalena), bajo la consideración que se
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Demandante: Jesús David Moscote Támara
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Demandante: Jesús David Moscote Támara
Demandados:Tribunal Administrativo del Magdalena
encontraba inhabilitado para ocupar cargos de elección popular según mandato del
numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por razón de haber suscrito
contratos con la E.S.E. Hospital Local de Concordia y la Alcaldía Municipal de
Concordia (Magdalena).
2.2. El asunto le correspondió por reparto al Despacho 004 del Tribunal
Administrativo del Magdalena quien, mediante auto del 22 de noviembre de 2023
dispuso correr traslado de la solicitud de medida cautelar y el 12 de diciembre de la
misma anualidad ordenó la notificación personal del referido auto. Por su parte, el
señor Jesús David Moscote Tamara, en calidad de demandado, descorrió el traslado
de la solicitud de medida cautelar y se opuso a su prosperidad.
2.3 La parte demandante formuló recurso de reposición y en subsidio de apelación
en contra de la decisión que ordenó el traslado de la solicitud de la medida cautelar.
El Tribunal, por medio de auto del 22 de enero de 2024, rechazó los recursos, admitió
la demanda y accedió a la solicitud de suspender provisionalmente el acto de elección
de Jesús David Moscote Támara como concejal del municipio de Concordia,
Magdalena, para el periodo 2024-2027.
2.4 Interpuestos por la parte demandada los recursos de reposición y subsidiario
de apelación en contra de la anterior decisión, por medio de auto del 8 de abril de
2024 fue rechazado por improcedente el primero y concedido el de apelación.
2.5 Luego del traslado para contestaciones, allegaron al respectivo proceso de
nulidad electoral sendos escritos la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo
Nacional Electoral y el señor Jesús David Moscote Támara, sin proponer excepciones
previas, ni solicitar práctica de pruebas.
2.6 El Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó correr traslado de la solicitud
de nulidad que el demandado Moscote Tamara radicó el 5 de abril de 2024 y que
enunció en el acápite de “Peticiones”, solicitud denegada mediante auto del 15 de
mayo de 2024.
2.7 Mediante auto del 11 de junio de 20248, el Tribunal prescindió de la audiencia
inicial, y conforme a lo establecido en el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, y resolvió dictar sentencia
anticipada. En esta misma decisión se fijó el litigio y se resolvió no tener por
presentados los memoriales que el señor Moscote Tamara allegó al proceso el 10, 11
y 19 de abril de 2024, aportando pruebas, en la medida en que fueron allegados
extemporáneamente.
2.8 Inconforme con la decisión anterior, el señor Jesús David Moscote Támara
presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación en los que, entre otros
aspectos, adujo una ausencia de defensa técnica, porque dijo que no tuvo el
acompañamiento de un apoderado idóneo, lo que implicó la violación de su vulneraba
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su derecho a la igualdad para controvertir la demanda. Igualmente expresó su
desacuerdo respecto de la decisión de rechazo de las pruebas aportadas los días
10,11 y 19 de abril de 2024.
2.9 El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante auto del 3 de julio de 2024,
negó el recurso de reposición y concedió el de apelación respecto a la decisión de no
tener por presentados los memoriales allegados por el demandado Jesús David
Moscote Támara los días 10, 11 y 19 de abril de 2024, por extemporáneos, al estimar
que se trataba de una decisión semejante a la negativa de un decreto de prueba.
3. Trámite de la tutela
3.1 El Despacho del magistrado ponente a quien correspondió en reparto este
negocio, por medio del auto del 25 de julio de 2024, admitió la demanda, vinculó como
terceros con interés a las demás entidades y/o personas que participaban en el
proceso de nulidad electoral con radicado número 47-001-2333-000-2023 00255-00,
ordenó notificar a los sujetos procesales y decretó pruebas.
3.2 El Tribunal Administrativo del Magdalena manifestó que con las actuaciones del
proceso de nulidad electoral se concluía que no se había vulnerado alguna garantía
fundamental y, en ese sentido, por las circunstancias procesales pudo concluir la
factibilidad de proferir sentencia anticipada pues las partes solo solicitaron tener como
pruebas las aportadas con la demanda y la contestación, sin que formularan
inconformidad alguna a este respecto. Rechazó también el argumento de la supuesta
vulneración del derecho a la defensa técnica pues el señor Moscote Támara había
ejercido su derecho de defensa y contradicción en el curso del proceso. Además,
expresó que según constaba en el expediente del proceso de nulidad electoral, el aquí
accionante allegó un gran número de solicitudes, peticiones y recursos a los que el
Tribunal les otorgó el trámite correspondiente, por lo que su dicho no resulta de recibo
para sustentar una supuesta vulneración al derecho a la defensa técnica y de
contradicción, pues también ha presentado varias acciones de tutela.
De otro lado, el Tribunal afirmó que la demanda de tutela incumplía con los requisitos
de procedencia señalados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la
medida en que de los hechos señalados no se concluía en la vulneración de los
derechos fundamentales del accionante.
3.3 El Consejo Nacional Electoral manifestó que, en tanto el accionante atribuyó la
vulneración de sus derechos fundamentales a la providencia del Tribunal
Administrativo del Magdalena que resolvió dictar sentencia anticipada en el proceso
de nulidad electoral, esta decisión no comprometía a la entidad y pidió su
desvinculación del trámite de la referencia, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
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3.4 El señor Manuel Antonio Álvarez de la Hoz, parte demandante en el proceso
de nulidad electoral, aportó un memorial en el que manifestó su oposición a los hechos
y pretensiones del accionante. Afirmó que, como quedaba claro en el trámite del
proceso de nulidad electoral, el señor Moscote Támara había ejercido su defensa y
luego de haber sido debidamente notificado de la solicitud de medida cautelar, su
apoderada en ese momento, descorrió traslado oponiéndose a la decisión, presentó
recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto del 22 de enero de
2024. También indicó que el accionante, mediante memorial del 26 de junio de 2024,
radicó solicitud de nulidad del proceso con base en los mismos argumentos de la
acción de tutela de la referencia.
3.5 Posteriormente, el señor accionante presentó escritos en los que se opuso a
las contestaciones del señor Manuel Álvarez de la Hoz y la Comisión Nacional
Electoral, y luego aportó un memorial en el que se opuso a la contestación del Tribunal
Administrativo del Magdalena.
3.6 La Subsección C del Consejo de Estado, a quien le correspondió el
conocimiento de la primera instancia del trámite constitucional, luego del debido
procedimiento, profirió fallo el 23 de agosto de 2024, por medio del cual declaró
improcedente la solicitud de amparo tutelar, en la medida en que no se reunían en el
presente asunto las condiciones necesarias de procedibilidad de la acción de tutela.
3.7 Conocida la decisión de mérito, dentro de la oportunidad procesal, el accionante
Moscote Támara presentó impugnación en contra del fallo de tutela de primera
instancia. Manifestó su desacuerdo con la decisión, reiterando la ausencia de defensa
técnico en el curso del proceso de nulidad electoral, afirmando que no se encontraba
inhabilitado para su elección como concejal del municipio de Concordia y reiteró los
argumentos por los cuales, según él, no se encontraba viciada su elección.
3.8 El despacho de conocimiento concedió el medio de impugnación y remitió el
expediente a la Sección Quinta del Consejo de Estado, para el trámite tutelar de
segunda instancia.
3.9 Una vez arribado el expediente a esta Sección, los magistrados Gloria María
Gómez Montoya, Pedro Pablo Vanegas Gil, Omar Barreto Suárez y Luis Alberto
Álvarez Parra, mediante escrito del 17 de octubre de 2024, manifestaron su
impedimento para intervenir en este trámite constitucional, en la medida en que habían
conocido y tomado decisión en el proceso de nulidad electoral iniciado por el señor
Manuel de las Hoz dirigido a obtener la nulidad de la elección del señor Moscote
Támara como concejal del municipio de Concordia (Magdalena), bajo el radicado
47001-2333-000-2023-00255-01.
3.9 Designados los conjueces respectivos, mediante auto calendado el pasado 31
de octubre de 2024 se declararon fundados los impedimentos manifestados por los
magistrados Gloria María Gómez Montoya, Pedro Pablo Vanegas Gil, Omar Joaquín
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Barreto Suárez y Luis Alberto Álvarez Parra, soportados en la causal contemplada en
el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, numeral 6º, y se ordenó separarlos
del conocimiento del asunto sub-examine.
4. Sentencia de primera instancia:
Luego del trámite constitucional respectivo, que cumplió todas las exigencias legales,
la Sección Tercera -Subsección C- del Consejo de Estado profirió sentencia
calendada el 23 de agosto de 2024, por medio de la cual declaró improcedente la
solicitud de amparo deprecada.
Primeramente, en lo que atañe a los requisitos procesales, el fallador de primera
instancia encontró acreditada la legitimación en la causa, tanto por activa, como por
pasiva. Luego examinó las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela, a la
luz de los postulados señalados por la Corte Constitucional, para afirmar que el
requisito de relevancia constitucional perseguía tres finalidades: i) la preservación de
la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii) restringir el ejercicio del
amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las personas; y iii)
impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales. Así las cosas, manifestó el fallador de primera instancia que
resultan improcedentes los argumentos destinados a proponer fórmulas que habrían
podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario o reiterar las ya expuestas en
éste, pues la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional
del procedimiento judicial que se cuestionaba, según lo ha expresado en múltiples
oportunidades la Corte Constitucional. Examinó el despacho luego el requisito de la
subsidiariedad, que exigía que la acción de tutela solo procedía cuando el afectado
no dispusiera de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilizara como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Encontró que los cargos de la demanda de tutela estaban dirigidos a deprecar el
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la defensa técnica pues, en
su opinión, fueron vulnerados desde la contestación de la demanda, dado que en esa
oportunidad procesal su apoderado no propuso ninguna excepción o solicitud
probatoria. Indicó el accionante que: i) el Tribunal Administrativo del Magdalena por
medio de auto del 11 de junio de 2024 resolvió dictar sentencia anticipada y tener por
no presentados varios memoriales de solicitud de pruebas, sin tener en cuenta
precisamente que dentro del proceso no fue garantizado su derecho a la defensa
técnica; ii) En auto del 3 de julio de 2024, resolvió denegar el recurso de reposición en
contra de la decisión anterior, y dejó de lado los argumentos que acreditaban la
ausencia de defensa técnica, y solo concedió la apelación en contra de la decisión de
no tener por presentados los memoriales; iii) Dijo que en cuanto desestimó los cargos
por ausencia de defensa técnica el asunto no sería estudiado por el superior funcional
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en el recurso de apelación y en ese sentido sus garantías fundamentales fueron
vulneradas.
El Tribunal Administrativo de Magdalena profirió el auto del 11 de junio de 2024
mediante el cual resolvió dictar sentencia anticipada pues el demandado fue
debidamente notificado el auto del 22 de enero de 2024 que admitió la demanda y
accedió a la solicitud de suspender provisionalmente la elección del señor Moscote
Támara, y de otro, fueron recibidas las contestaciones, sin que se presentara solicitud
adicional de las partes, y por esta razón era procedente prescindir de la audiencia
inicial de que tratan los artículos 180 y 283 del CPACA para dar aplicación a lo
dispuesto en el literal c) del artículo 182A de la misma normativa. Adicionalmente, el
Tribunal tuvo por no presentados varios memoriales allegados por el señor Moscote
Támara, en los que solicitó el decreto de pruebas toda vez que fueron allegados por
fuera de las oportunidades probatorias dispuestas en el artículo 212 del CPACA.
Luego, afirmó el fallador constitucional de primera instancia que el señor Moscote
Támara presentó escrito de reposición y en subsidio apelación en contra de la decisión
del 11 de junio de 2024, con base en varios argumentos, entre los que se destacan
que no tuvo una defensa técnica dado que no contó con una asesoría y
acompañamiento de un abogado idóneo en la materia, ya que en la contestación de
la demanda no fueron presentadas excepciones ni solicitud de pruebas, por lo que el
tribunal al tener conocimiento de este escenario debía garantizar su derecho a la
igualdad y en consecuencia considerar los memoriales de solicitud de pruebas que
finalmente no fueron aceptados en el proceso.
Añadió que, en relación con la ausencia de defensa técnica que adujo el señor
Moscote Támara con fundamento en la negativa del decreto de pruebas, consideró el
Tribunal que: “el hecho de que el señor Moscote Tamara, en calidad de demandado,
no comparta la estrategia de defensa de la profesional del derecho a quien le otorgó
poder para que lo representara o considere que le faltó efectuar alguna acción
adicional, no derivan en una vulneración de sus derechos fundamentales, ni tampoco
puede ser utilizado de pretexto para efectuar acciones por fuera de los tiempos
procesales, pues los términos para contestar la demanda, solicitar y aportar pruebas,
son perentorios”. Finalmente, afirmó que el Tribunal resolvió conceder el recurso de
apelación en relación con la decisión de tener por no presentados los memoriales
allegados por el demandante, por considerar que el asunto era similar a la negativa
de un decreto de pruebas.
Para el fallador constitucional de primera instancia, la solicitud de tutela se tornaba
improcedente, no solo porque en el asunto ordinario el Tribunal Administrativo del
Magdalena resolvió de forma clara los cuestionamientos relacionados con la supuesta
falta de defensa técnica alegada por el demandante, sino porque, además de las
pruebas allegadas en el procedimiento constitucional y contrario a lo afirmado por el
accionante, su derecho a la defensa técnica fue debidamente garantizado toda vez
que acudió al proceso a través de apoderado en igualdad de condiciones a los
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restantes sujetos procesales y tuvo la oportunidad de intervenir y controvertir las
actuaciones que ha desplegado la autoridad cuestionada. Indicó que “al margen de la
inconformidad con el hecho de que su entonces apoderada, no hubiere propuesto
excepciones o solicitado el decreto de pruebas en el escrito de contestación de la
demanda en el marco del proceso ordinario, el cuestionamiento que el accionante trae
a esta instancia de tutela fue planteado inicialmente en el escrito de reposición y en
subsidio apelación que presentó en contra de la decisión del 11 de junio de 2024 y en
ese sentido el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante auto del 3 de julio del
corriente, despachó negativamente sus pretensiones, no obstante, la referida
autoridad también concedió el recurso de alzada en relación con los memoriales de
solicitud de pruebas que radicó y que fueron tenidos como no presentados por ser
extemporáneos. Asunto que, en síntesis, guarda relación con sus inconformidades
respecto del decreto de pruebas para su defensa y está en trámite en esta Corporación
según consta en el expediente del proceso en el aplicativo SAMAI, identificado con
radicado 47001-23-33-000-2023-00255-02. Adicionalmente, en el expediente del
proceso objeto de estudio, también consta una solicitud de nulidad con similares
argumentos a los aquí planteados, en contra de los autos que decretaron la
suspensión provisional del acto administrativo demandado y la decisión de dictar
sentencia anticipada, requerimiento que está pendiente de resolver por el Tribunal
Administrativo del Magdalena”.
Finalmente, el fallador manifestó que la solicitud de tutela se tornaba improcedente en
la medida en que el trámite del proceso es el escenario idóneo para plantear sus
inconformidades y/o requerimientos, más aún cuando el estudio de la controversia -
así como el cuestionamiento respecto de la aceptación de los memoriales de solicitud
de pruebas están en curso-, y porque los jueces son los primeros llamados a respetar
y hacer cumplir las garantías ius fundamentales.
Consecuente con lo manifestado en la parte considerativa del fallo de tutela, la
Sección Tercera -Subsección “C” del Consejo de Estado concluyó que la acción de
tutela incoada por Jesús David Moscote Támara en contra del Tribunal Administrativo
del Magdalena no superó los requisitos de procedibilidad de relevancia constitucional
y de subsidiariedad y, en consecuencia, declaró improcedente la solicitud de amparo.
5. Impugnación
La impugnación formulada por el accionante expresó su desacuerdo con la sentencia
de primera instancia.
Primeramente, en siete numerales con transcripciones del fallo manifestó que no
estaba de acuerdo. Afirmó que no era cierto “que la subsidiariedad no aplique cuando
lo que estoy justificando es la ausencia de la defensa técnica y no la sentencia
anticipada, pues en el escrito de tutela lo dejo claro y la tutela aplica para contrarrestar
y defender los derechos fundamentales contra providencias judiciales y que es este el
medio idóneo toda vez que no existe herramientas jurídicas en el ordenamiento
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jurídico para salvaguardar los derechos fundamentales de manera subsidiaria. Luego
dijo que “la legitimación en la causa por pasiva, no aplica y más cuando ya hay una
negativa en una provincia en no reconocer la ausencia de la defensa técnica y que el
juez de primer nivel confunde mi solicitud o inconformidad de ausencia de defensa
técnica con las otras solicitudes de nulidad que reposa en el expediente y que ya
fueron resuelta de manera desfavorable y que es el juez de tutela que tiene la
competencia para defender mis derechos vulnerados, que no lo ha hecho sino que
argumenta que es el tribunal quien debe resolver mi solicitud dejándome desprotegido.
Posteriormente transcribe apartes de la sentencia y señala su inconformidad con cada
uno de ellos.
En un acápite que denominó ausencia de defensa técnica vuelve a censurar al juez
de conocimiento del proceso de nulidad electoral, y reiteró sus argumentos respecto
de su postura de no encontrarse inhabilitado para haber sido elegido concejal del
municipio de Concordia, y rechazó que se hubiere allanado a las acusaciones
efectuadas en ese proceso de nulidad electoral.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala de Conjueces es competente para conocer de la impugnación presentada
por el señor Jesús David Moscote Támara contra la sentencia de primera instancia
proferida el 23 de agosto de 2024 por la Sección Tercera Subsección C del Consejo
de Estado, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de
2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de esta Corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos planteados
en el escrito impugnación, se debe revocar, modificar o confirmar la decisión
impugnada del 24 de agosto de 2024, proferida por la Sección Tercera Subsección C
del Consejo de Estado, para lo cual se deberá resolver ab initio el siguiente problema
jurídico: ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial?
Si se cumple esta exigencia procedimental, deberá abordarse el estudio de fondo del
asunto, con el fin de establecer si el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en
la vulneración de los derechos de igualdad y de defensa técnica del accionante.
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3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes aspectos: i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) requisitos generales de procedibilidad y iii) caso en concreto.
3.1 Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
Mediante fallo de 31 de julio de 20121 la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
unificó los criterios que existían en torno a la procedencia2 excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial, limitándola a determinados casos y bajo ciertas
condiciones.
De acuerdo con lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha reiterado los
parámetros necesarios para abordar el estudio de este mecanismo de protección
constitucional, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De tal forma, que de no observarse el cumplimiento de uno de estos
requisitos, se debe declarar la improcedencia del amparo solicitado, sin que pueda
abordarse el fondo del asunto.
Es decir que solamente en caso de verificarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos, le corresponderá a la Sala el análisis y la revisión de los argumentos
planteados en el escrito inicial de tutela y en específico la presunta vulneración de los
derechos fundamentales transgredidos, en donde para que prospere o se niegue el
amparo solicitado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Lo anterior, buscando evitar que este instrumento constitucional sea mal utilizado o se
pueda tener como una tercera instancia, que busque por ejemplo revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural y que
afecten de cierto modo la confianza legítima.
3.2 Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12.,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
2
Se dispuso en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta
providencia.”
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3.2.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional, al estudiar los citados requisitos en sede de revisión, en la
sentencia SU-215 de 2022 examinó las condiciones en las que una acción de tutela
formulada carecía de relevancia constitucional. En este fallo de unificación, el máximo
juez constitucional explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a
cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra
una decisión judicial:
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.»
El alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias
judiciales implicaba un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En
ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para
discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural. Refirió que las finalidades de este requisito son las
siguientes:
«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal3»
De ese modo, expuso los diferentes criterios relevantes para determinar si un asunto
revestía relevancia constitucional, entre los cuales recordó que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”4 En este orden, se
reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”5
3
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
5
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
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Demandante: Jesús David Moscote Támara
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Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto6, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal7.» (Resaltado
de la Sala)
Tras abordar los criterios que debía reunir una solicitud de amparo que reproche una
decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela no cumplía con este postulado,
cuando: i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; ii) involucraba un debate
eminentemente legal; iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; iv)
incumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la
grave violación de los derechos fundamentales invocados; v) Implicaba un propósito
de revisión jurídica que ya había sido efectuada en el marco de un proceso judicial.
3.2.2 Principio de la subsidiariedad
La Corte Constitucional, en reiterados fallos, entre ellos la sentencia T-160 del 16 de
mayo de 2023, ha señalado que el artículo 86 de la Constitución Política dispuso que
la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”, mientras que el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991
estableció como causal de improcedencia de este mecanismo, la existencia de otros
recursos o medios de defensa judicial, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la
tutela como mecanismo transitorio para remediar un perjuicio irremediable. Así las
cosas, la jurisprudencia constitucional entendió que el requisito de subsidiariedad
exigía que el peticionario despliegue de manera diligente las acciones judiciales que
estén a su disposición, siempre y cuando ellas sean idóneas y efectivas para la
protección de los derechos que se consideran vulnerados o amenazados.
Así las cosas, el ejercicio de la acción de tutela no resulta procedente para controvertir
decisiones judiciales proferidas dentro de un proceso que ha cumplido con las diversas
etapas prescritas por la ley y, dentro del cual, se han agotado los recursos respectivos,
que han llevado a una decisión final sobre el asunto en discusión, en consideración
del respeto a los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de la actividad jurisdiccional del Estado.
3.2.3 La defensa técnica como garantía procesal
6
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.
7
Ibídem
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Respecto de la defensa técnica como garantía procesal y sustancial, la Corte
Constitucional ha calificado su ausencia como un defecto procedimental absoluto:
“En relación con el defecto procedimental esta corporación ha señalado que se
presenta cuando el funcionario judicial encargado de adoptar la decisión no actúa
ciñéndose a los postulados procesales aplicables al caso y por el contrario desconoce
de manera evidente los supuestos legales, lo cual finalmente deriva en una decisión
manifiestamente arbitraria que de paso vulnera derechos fundamentales. En cuanto
al defecto procedimental absoluto, es que es procedente la acción de tutela siempre
y cuando se verifique (i) falta de defensa técnica, (ii) omisión de etapas procesales
fundamentales y (iii) la ausencia de notificación de providencias que deben ser
notificadas. En cuanto a la “falta de defensa técnica”, se precisa que es procedente
invocarla siempre y cuando se corrobore que dicha situación tiene efectos procesales
relevantes y que los mismos no son atribuibles a quien la alega. Es decir, que la falta
de defensa técnica no se hubiese dado por causa de la negligencia, incuria o
abandono total del proceso por parte de quien la alega, en la medida en que ello
deslegitima el interés en la protección”8.
Entonces, la defensa técnica se concreta mediante actos de contradicción, notificación,
impugnación, solicitud probatoria y alegación dentro del proceso jurisdiccional, y ésta
puede ser ejercida de acuerdo con las circunstancias y los diferentes elementos
probatorios recaudados, pudiendo ser practicada con estrategias diversas, que le
permite a los sujetos procesales ser oídos, hacer valer sus argumentos y pruebas en
el curso de un proceso que los afecte9.
Se impone, pues, que para considerar la ausencia de defensa técnica como una
vulneración del debido procesal y las garantías sustanciales, se requiere que el
interviniente en el proceso, hubiere quedado desprovisto de las oportunidades para
ser oído, para esbozar sus argumentos y solicitudes de pruebas, como también para
presentar sus alegaciones y recursos.
3.3. Caso concreto
Del análisis de la solicitud del amparo constitucional, el accionante pretende la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la defensa técnica que en
su criterio fueron vulnerados desde la contestación de la demanda, pues su apoderado
no propuso ninguna excepción o solicitud probatoria. Según afirmó que en el proceso
de nulidad electoral formulado en contra de su elección como concejal de Concordia
(Magdalena) el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió el auto del 11 de junio
de 2024 que resolvió dictar sentencia anticipada y dispuso tener como no presentados
varios memoriales de solicitud de pruebas, mientras que luego, en el auto del 3 de julio
de 2024 resolvió negar el recurso de reposición en contra de la decisión anterior, lo
que en su opinión significó que no contó con la defensa técnica.
8
Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2013
9
Corte Constitucional, sentencia T-018 de 2017
12
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Sin embargo, observado el proceso de nulidad electoral por las pruebas recogidas en
este trámite constitucional, puede constatarse que el auto admisorio de la demanda,
que además decretó la suspensión provisional, proferido el 22 de enero de 2024 fue
debidamente notificado a la parte demandada, y en su curso se recibieron las
contestaciones a la demanda, sin que se presentara alguna solicitud adicional de las
partes, lo que brindó soporte factico y jurídico suficiente al tribunal de conocimiento
para, por un lado, prescindir de la audiencia inicial de que tratan los artículos 180 y
283 del CPACA y, por el otro, disponer la aplicación a lo dispuesto en el literal c) del
artículo 182A de la misma normativa. Tuvo también en cuenta el Tribunal que, en el
proceso de nulidad electoral, fueron aportados memoriales de solicitudes de pruebas
de manera extemporánea, por lo cual la consecuencia legal fue la asumida por el juez
de conocimiento para denegarlas pues no se pidieron dentro de la oportunidad prevista
en el artículo 212 del CPACA. Posteriormente, el señor Moscote Támara formuló
recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la decisión del 11 de
junio de 2024, bajo la afirmación que no tuvo asesoría ni acompañamiento de un
abogado idóneo en la materia, ya que en la contestación de la demanda no fueron
presentadas excepciones ni solicitud de pruebas.
Frente a estos reparos, el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante
providencia calendada el 3 de julio de 2024, rechazó la petición formulada en el recurso
primigenio en tanto que las inconformidades planteadas por el recurrente estaban
centradas en argumentos que no guardaban relación ni atacaban la decisión de la
providencia objeto de cuestionamiento, en contraste, pretendían proponer
excepciones y agregar argumentos de defensa que debió presentar en la contestación
e la demanda, lo que, en todo caso, explicó, no eran razones procedentes ni
pertinentes, para revocar la orden de dictar sentencia anticipada.
De otro lado, en relación con la ausencia de defensa técnica que adujo el señor
Moscote Támara con fundamento en la negativa del decreto de pruebas, consideró el
Tribunal que: “el hecho de que el señor Moscote Tamara, en calidad de demandado,
no comparta la estrategia de defensa de la profesional del derecho a quien le otorgó
poder para que lo representara o considere que le faltó efectuar alguna acción
adicional, no derivan en una vulneración de sus derechos fundamentales, ni tampoco
puede ser utilizado de pretexto para efectuar acciones por fuera de los tiempos
procesales, pues los términos para contestar la demanda, solicitar y aportar pruebas,
son perentorios”. Finalmente, el Tribunal resolvió conceder el recurso de apelación en
relación con la decisión de tener por no presentados los memoriales allegados por el
demandante, por considerar que el asunto era similar a la negativa de un decreto de
pruebas.
De lo anteriormente expuesto puede afirmarse que la tutela formulada por el
accionante Jesús David Moscote Támara no cumple con los requisitos esbozados, tal
y como lo verificó el juez constitucional de primera instancia cuando la declaró
improcedente. En efecto, las siguientes razones soportan esta decisión: i) las acciones
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de tutela contra providencias judiciales solo proceden cuando se desatiende de
manera flagrante el debido proceso, que no es el caso bajo estudio, pues el Tribunal
Administrativo de Magdalena atendió los requerimientos procedimentales dados los
supuestos fácticos y concretos del proceso; ii) La solicitud tutelar no cumple con el
requisito de la relevancia constitucional, en tanto no puede constituirse en un
procedimiento para reexaminar unas decisiones proferidas en el curso de un proceso
jurisdiccional; iii) El argumento de ausencia de defensa técnica no resulta procedente,
en la medida en que el accionante contó con un profesional del derecho que ejerció
los mecanismos defensivos que consideró adecuados y utilizó los recursos que fueron
tramitados y resueltos en el curso del proceso jurisdiccional; iv) El accionante pretende
con la solicitud de tutela buscar la revisión de decisiones judiciales dictadas en el curso
del proceso de nulidad electoral.
Con fundamento en lo expuesto en los párrafos precedentes, se confirmará la
sentencia de primera instancia, al no cumplirse con las condiciones exigidas para este
mecanismo excepcional respecto de decisiones judiciales, en particular con la
relevancia constitucional como requisito de procedencia de la acción de tutela contra
providencias jurisdiccionales.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta Sala de Conjueces, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de agosto de 2024 proferida por la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo presentada, de conformidad con la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
Conjuez Ponente
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ROBERTO RAFAEL BORNACELLI GUERRERO
Conjuez
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Conjuez
ALVARO ANDRÉS MOTTA NAVAS
Conjuez
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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