Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03805-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03805-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03805-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
13 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03805-00
Accionante: VICTOR MANUEL QUIROZ OME
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se acudió a la acción de
tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por Víctor Manuel Quiroz Ome, de conformidad con el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda2
1. El 23 de julio de 2024, Víctor Manuel Quiroz Ome, a través de apoderada3,
presentó demanda de tutela en contra de la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al trabajo, con ocasión de la sentencia del 24 de
enero de 2024, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
de radicado N.° 18001-33-40-003-2016-00447-00/01, mediante la cual se revocó la
sentencia de primera instancia, que había accedido parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
1
Que ingresó para fallo el 6 de agosto de 2024, índice 12 del aplicativo Samai.
2
Documento denominado “1_DemandaWeb_Demanda_00Acciondetutela(.pdf) NroActua 2”, que
obra en el índice 2 de Samai.
3
Documento denominado “3_DemandaWeb_Poder_01Poder(.pdf) NroActua 2”, que obra en el
índice 2 de Samai.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03805-00
Accionante: Víctor Manuel Quiroz Ome
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: Acción de tutela
Hechos relevantes
2. En el año 2013, el municipio de Florencia, Caquetá, reestructuró su organización
administrativa y su planta de personal, a través de los Decretos 0292 del 31 de mayo
y 0573 del 26 de octubre.
3. Posteriormente, mediante Decreto 0466 del 24 de junio de 2015, se llevó a cabo
el nombramiento ordinario del señor Víctor Manuel Quiroz Ome en un cargo de libre
nombramiento y remoción, denominado Auxiliar Administrativo Código 407 Grado
01 del nivel asistencial, adscrito al despacho del alcalde.
4. Al día siguiente de haberse efectuado el nombramiento, el señor Víctor Manuel
Quiroz Ome fue trasladado “junto con su empleo” a la Secretaría de Inclusión y
Reconciliación Social para que desempeñara sus labores en el enlace municipal del
programa “Más Familias en Acción”; de manera que el 16 de julio de 2024 le
asignaron usuario y contraseña para el apoyo al mencionado programa. Además, el
mobiliario, equipos y herramientas de trabajo asignadas al servidor público estaban
adscritos a la Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social.
5. El 21 de enero de 2016, el accionante recibió un correo electrónico por parte del
Asesor de Recursos Humanos, en el que le “notificaba” el Decreto 0064 del 18 de
enero de 2016, mediante el cual se declaraba la insubsistencia de su nombramiento
en el cargo de Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 01 del nivel asistencial; no
obstante que, en el correo no se daba a conocer el contenido del acto administrativo,
y el accionante no había autorizado ser notificado por medios electrónicos.
6. Ante las falencias en la notificación de la referida decisión, el accionante continuó
desempeñando sus funciones. Sin embargo, le informaron que no podía seguir
ejerciendo el empleo, debido a que su nombramiento había sido declarado
insubsistente. Ante esta situación, el accionante solicitó el acompañamiento de la
Personería Municipal para que se llevara a cabo la notificación del acto
administrativo, la cual tuvo lugar el 27 de enero de 2016, cuando se levantó un “acta
de verificación del acto administrativo”, que fue suscrita por el accionante y el
personero municipal. En consecuencia, el accionante ejerció su cargo hasta el 28
de enero de 2016.
7. Por todo lo anterior, el accionante instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del municipio de Florencia, en la que solicitó
que se declarara la nulidad del Decreto 0064 del 18 de enero de 2016, que se le
reintegrara al empleo que venía desempeñando o a uno de iguales o mejores
condiciones, y se le pagaran los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir
desde su desvinculación y hasta el reintegro efectivo en el cargo. Proceso cuyo
conocimiento correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, bajo el
radicado N.° 18001-33-40-003-2016-00447-00.
8. El 27 de noviembre de 2018, el referido juzgado profirió sentencia de primera
instancia, en la que accedió a las pretensiones de la demanda. En ese sentido,
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03805-00
Accionante: Víctor Manuel Quiroz Ome
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: Acción de tutela
declaró la nulidad del acto enjuiciado, y ordenó el reintegro del demandante, así
como el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir. Como fundamento
de la decisión, el juzgado consideró que la administración municipal encubrió la
verdadera relación laboral y vínculo legal y reglamentario con el actor, pues lo
designó como empleado de libre nombramiento y remoción, cuando en realidad
desempeñaba funciones que correspondían a las de un empleo de carrera. En ese
sentido, señaló que los actos de insubsistencia de nombramientos provisionales en
cargos de carrera debían ser motivados, requisito que no se satisfizo en el caso
concreto.
9. Inconforme con la anterior decisión, el municipio de Florencia presentó recurso
de apelación, alegando que el cargo en el que se había desempeñado el
demandante era de libre nombramiento y remoción, por lo que el acto de
insubsistencia no debía ser motivado.
10. El Tribunal Administrativo del Caquetá profirió sentencia de segunda instancia
el 24 de enero de 2024, mediante la cual revocó la de primer grado, y denegó las
pretensiones de la demanda. Como sustento de la decisión, el Tribunal consideró
que el acto administrativo de insubsistencia no adolecía de vicios de nulidad, dado
que el cargo en el que se desempeñó el demandante era de libre nombramiento y
remoción, y no se probó que su vinculación fuera de carácter provisional en un cargo
de carrera.
Pretensiones
11. El accionante solicita lo siguiente (transcripción literal):
“PRIMERO. AMPARAR los derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso y trabajo del señor VÍCTOR MANUEL QUIROZ OME.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia 007 del
veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el
Magistrado Ponente, doctor Pedro Javier Bolaños Andrade, Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, radicación
18001334000320160044701, en la que se revocó la sentencia de primera
instancia del veintisiete (27) de noviembre de 2018, proferida por el Juzgado
Tercero Administrativo de Florencia, mediante la cual se concedieron
parcialmente las súplicas de la demanda incoada por el señor VÍCTOR MANUEL
QUIROZ OME contra el MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ y en
consecuencia, se denegaron las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Caquetá que revoque la
sentencia que dio origen a esta acción de tutela y en su lugar, confirmar la
sentencia de primera instancia.
CUARTO. Las demás que se estimen pertinentes y adecuadas para la protección
y amparo de los derechos fundamentales de la actora.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03805-00
Accionante: Víctor Manuel Quiroz Ome
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: Acción de tutela
Fundamentos de la demanda de tutela
12. La parte accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al trabajo, por considerar que la sentencia de segunda instancia,
proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá incurrió en defecto fáctico,
defecto sustantivo o material y en un desconocimiento del precedente.
13. En cuanto al defecto fáctico, manifestó que el Tribunal accionado ignoró los
soportes probatorios recaudados en el proceso y tomó una decisión contraria al
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, aunado a que
desconoció las reglas de la sana crítica. En ese sentido, argumentó que el Tribunal
debió tener en consideración la naturaleza del cargo ejercido por el demandante,
las funciones asignadas y el marco normativo referente a la clasificación de los
empleos públicos.
14. En lo concerniente al desconocimiento del precedente, indicó que la decisión
atacada se apartó de las sentencias T-738 de 2009 y T-018 de 2016 de la Corte
Constitucional, “al no aplicar adecuadamente el principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades, ya que lo redujo infundadamente a los casos derivados de
contratos de prestación de servicios”. Además, señaló que la sentencia se apartó
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en lo
concerniente a la necesidad de motivar los actos administrativos de insubsistencia,
especialmente cuando se trata de nombramientos provisionales.
15. Finalmente, aseguró que la decisión incurrió en defecto material o sustantivo,
que se manifestó en una “indebida y excesivamente prejuiciosa interpretación de
las pruebas aportadas”, pues a pesar de que las pruebas demuestran que el
accionante desempeñaba funciones propias de un “empleo provisional”, el Tribunal
las utilizó de manera incorrecta para concluir que el demandante incumplió sus
funciones en el despacho del alcalde. Esto, asegura, derivó en una decisión
irrazonable, desproporcionada y arbitraria, en la que el accionado no aportó el
sustento legal suficiente para respaldar su decisión.
Trámite de la demanda de tutela
16. Mediante auto del 26 de julio de 20244 se admitió la demanda de tutela, se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Caquetá y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, se ordenó vincular al Juzgado Tercero Administrativo
de Florencia y al municipio de Florencia como terceros con interés, y se ordenó al
referido Tribunal que allegara copia del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho de radicado N.° 18001-33-40-003-2016-00447-00/01.
4
Documento denominado “17Auto que admite_220240366300ADMITEVF(.pdf) NroActua 5”, que
obra en el índice 2 de Samai.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03805-00
Accionante: Víctor Manuel Quiroz Ome
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: Acción de tutela
Intervenciones
17. El municipio de Florencia solicitó que se declare la improcedencia de la
acción constitucional. Señaló que la identificación de los hechos de la demanda fue
confusa, general e incomprensible, sumado a que tales situaciones no fueron
planteadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Asimismo,
indicó que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, porque el accionante
disponía del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Finalmente,
indicó que el asunto no es de relevancia constitucional, pues la demanda está
construida sobre lo que el accionante considera es una mejor interpretación de una
norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su
lectura, lo cual sugiere que la acción de tutela se utilizó con el fin de lograr una
tercera instancia del litigio.
18. El Tribunal Administrativo del Caquetá, así como las demás partes e
intervinientes, no se pronunciaron en el trámite de la referencia.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
19. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en la
presente acción, por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
20. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces5.
21. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber6: i) Que el actor cumpla su carga
argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de
estos derechos y ii) que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
22. Revisada la demanda, se evidencia que el señor Víctor Manuel Quiroz Ome
acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir el debate jurídico y probatorio
5
Corte Constitucional, Sentencia T–422 del 16 de octubre del 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
(IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03805-00
Accionante: Víctor Manuel Quiroz Ome
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: Acción de tutela
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el municipio
de Florencia, cuando lo cierto es que, el mecanismo judicial de protección de
derechos fundamentales no comporta una instancia adicional del proceso ordinario.
23. En ese sentido, resulta evidente que el accionante busca un nuevo análisis de
los aspectos definidos por los jueces de instancia, pues todos los argumentos que
presentó en esta acción están dirigidos a insistir en que, de conformidad con el
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, el empleo en el que él
se desempeñaba era de carrera y no de libre nombramiento y remoción, lo cual, a
su juicio, exigía que el acto administrativo por medio del cual se declaró la
insubsistencia de su nombramiento fuera motivado.
24. Aspectos que fueron analizados y definidos por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, mediante providencia del 24 de enero de 20247, a través de la cual revocó
la sentencia de primera instancia bajo los siguientes argumentos (transcripción
literal):
“De las pruebas obrantes en el expediente, se observa, en primer lugar, que el
demandante fue nombrado en un empleo de LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN mediante decreto No. 0466 de fecha 24 de junio de 2015, como
auxiliar administrativo, código 407, grado 01, adscrito al despacho de la entonces
alcaldesa; cargo que en jerarquía es del nivel asistencial, al señalar dicho acto
administrativo que:
“ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar con carácter ORDINARIO al señor
VÍCTOR MANUEL QUIROZ OME identificado con cédula …, en el cargo
de AUXILIAR ADMNISTRATIVO, código 407, grado 01, del nivel
asistencial del Despacho de la Alcaldesa…”.
Sobre este punto, la Sala no halla ninguna duda o incertidumbre en relación con
el tipo de vinculación laboral que tuvo el actor con el municipio, pues está claro
que al ser nombrado con carácter ORDINARIO lo fue en un cargo de LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, como lo establece desde antaño el Decreto
2400 de 1968, el cual regula la administración del personal civil que presta sus
servicios en los empleos de la rama ejecutiva del poder público, preceptuando
en su artículo 5, entre otras cosas, lo siguiente:
“ARTÍCULO 5: Para la provisión de los empleos se establecen tres clases
de nombramientos.
Las designaciones para empleos de libre nombramiento y remoción
tendrán el carácter de nombramientos ordinarios. La autoridad
nominadora, en todo caso, tendrá en cuenta para proveerlos que la
persona en quien recaiga el nombramiento reúna las calidades exigidas
para el ejercicio del cargo. (Se destaca)
(…)”.
Por lo que, en principio, debe señalarse que el desconocimiento del demandante
sobre el hecho de haber sido nombrado en un empleo de libre nombramiento y
remoción, como dan cuenta las declaraciones rendidas por LEIDY VIVIANA
OTAYA CALDERÓN, ELCY QUINTERO CAMACHO, SARA PÉREZ MÉNDEZ y
7
Documento denominado “11_DemandaWeb_Anexos_4Sentenciadesegundai(.pdf) NroActua 2”,
que obra en el índice 2 de Samai.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03805-00
Accionante: Víctor Manuel Quiroz Ome
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: Acción de tutela
EUCLIDES CUÉLLAR CASTRO, no lo eximía del deber de cumplir y respetar las
normas que regulaban su vinculación laboral con la entidad.
Ahora, de igual forma, quedó probado, por un lado, que con oficio de fecha 25
de junio de 2015, suscrito por el señor Jhon William Castillo González, en
calidad de enlace municipal del programa Más Familias en Acción, le fueron
asignadas unas funciones al demandante, tales como: (i) atención al usuario (ii)
diligenciar y escanear formatos de novedades (iii) diligenciar y enviar al DPS los
formatos de inscripciones de la población desplazada y (iv) apoyar las
actividades propias de la Secretaria de Reconciliación Social, específicamente
en el programa de más familias en acción, más no en el despacho de la alcaldesa
municipal, donde había sido nombrado; y, por otro, con las declaraciones de los
testigos anteriormente enunciados, quienes dieron cuenta de que veían al actor
o escucharon de este que laboraba en esa dependencia en un cargo que, en su
parecer, era de carácter provisional.
Luego, entonces, se tiene que se trataba del cumplimiento de unas funciones
que le fueron asignadas de manera “ilegal” a un empleado, las cuales no
correspondían a las del cargo para el cual había sido nombrado, circunstancia
que -el de la asignación de funciones, actividades o tareas diferentes a las que
correspondían a su empleo- NO transformaba su naturaleza y, menos aún, lo
convertía en uno de carrera para colegir que su vinculación, por consiguiente, lo
era de carácter provisional; cuando resulta claro que su nombramiento lo fue en
un cargo de libre nombramiento y remoción. Y pese a que al proceso no se allegó
el respectivo manual de funciones, lo cierto es que al estar asignado el referido
cargo al despacho del alcalde, debe entenderse que lo era bajo el criterio de
confianza.
Y es de observarse que no se está ante el caso donde a un cargo que se clasifica
como de libre nombramiento y remoción, en realidad sus funciones corresponden
a unas que no obedecen a alguno de los criterios estipulados en el artículo 5° de
la ley 909 de 2004, pero que, sin embargo, ilegalmente lo clasifican así, sin
respetar los criterios establecidos en la ley y en la jurisprudencia. De ser ello así,
lo que se demandaría sería la indebida clasificación de dicho empleo. En el sub
lite, como quedó se trata de un cargo asistencial asignado al despacho de la
alcaldesa y lo que ocurrió fue que al demandante le asignaron unas funciones
adicionales o distintas al referido cargo.
De ahí que, ante el cambio de mandatario local -lo que se produjo a partir el 1 de
enero de 2016-, se haya expedido el Decreto N° 0064 de fecha 18 de enero de
2016 por medio del cual se declaró INSUBSISTENTE al actor en el cargo de libre
nombramiento y remoción del nivel asistencial de auxiliar administrativo, código
407, grado 01, adscrito al despacho del alcalde; ello en uso de las facultades
constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 29 de la
ley 1551 de 2012, que modificó el artículo 91 de la ley 136 de 1994, y el literal a)
del artículo 41 de la ley 909 de 2004.
Así las cosas, se tiene que el acto administrativo acusado, a juicio de la Sala, no
adolece de los vicios de nulidad invocados en el libelo introductorio, como
tampoco se comparten los argumentos del iudex a quo cuando refiere como
tales, para desvirtuar la presunción de legalidad del acto de insubsistencia, la
aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en la
relación laboral, en tanto dicho principio es aquel por el cual en caso de
discrepancia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los
documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica, pudiéndose
establecer, así, la existencia o no de una relación laboral y, por consiguiente,
a la protección legal correspondiente. Principio que está previsto en el artículo
53 de la Constitución Política y que opera en aquellos eventos en que se hayan
celebrado contratos de prestación de servicios; sin que en el presente asunto se
discuta, en forma alguna, la existencia de una relación legal y reglamentaria en
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03805-00
Accionante: Víctor Manuel Quiroz Ome
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: Acción de tutela
la prestación del servicio público por parte del actor.” (negrilla y subrayado del
texto original).
25. Visto lo anterior, la Sala advierte que el objeto de la presente acción de tutela
coincide con el asunto debatido y decidido en el proceso ordinario, en tanto que los
argumentos expuestos en la demanda de tutela ya fueron decididos por el juez
natural del proceso, con sustento en argumentos que resultan razonables y
suficientes.
26. Cuestión distinta es que la parte actora no esté de acuerdo con el estudio que
efectuó el Tribunal accionado sobre el alcance del principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades, lo cual, en todo caso, no faculta al accionante para
exponer tales discrepancias mediante la acción de tutela, acudiendo a la
enunciación de una supuesta trasgresión de derechos fundamentales que no se
advierte en el presente caso.
27. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que “la acreditación de esta
exigencia [la relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a
un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”. Así,
por ejemplo, no es suficiente con que la parte actora alegue la violación del derecho
fundamental al debido proceso para entender acreditado el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.”8
28. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el
requisito de la relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es continuar
con el debate propuesto al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo cual escapa de la órbita de intervención del juez constitucional, toda vez
que las decisiones acusadas se sustentan en los principios de autonomía judicial y
seguridad jurídica.
29. En consecuencia, la Subsección considera que lo pretendido por la tutelante
es que se realice un nuevo estudio frente a lo definido razonablemente por el juez
natural, lo que conlleva a la improcedencia de la acción de tutela, dado que, como
lo ha señalado la Corte Constitucional, esta acción “es concebida como un ‘juicio de
validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron
origen a la controversia”9.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido,
citada en la Sentencia SU-128 del 6 de mayo de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03805-00
Accionante: Víctor Manuel Quiroz Ome
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: Acción de tutela
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Víctor Manuel Quiroz Ome, a través de apoderado, en contra del Tribunal
Administrativo del Caquetá.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada esta providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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