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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03805-01

Fecha
22 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03805-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 13 de agosto de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia del amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03805-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

22 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03805-01
Accionante: Víctor Manuel Quiroz Ome
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 13 de
agosto de 2024 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 23 de julio de 20241 Víctor Manuel Quiroz Ome, a través de apoderada judicial2,
interpuso acción de tutela3 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al trabajo que consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Caquetá que, en providencia del 24 de enero de 2024,
revocó la decisión del 27 de noviembre de 2018 del Juzgado Tercero Administrativo
de Florencia, para, en su lugar, negar las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 18001-33-40-003-2016-00447-01.

2. Hechos

2.1. Víctor Manuel Quiroz Ome interpuso demanda4 de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del municipio de Florencia con el fin de que se anulara el
Decreto 0064 del 18 de enero de 2016 que lo declaró insubsistente de un cargo de
libre nombramiento y remoción, como consecuencia, solicitó que se le reintegrara
al empleo de Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 01 de la Planta Global de
Empleos de la Alcaldía o a uno de iguales o mejores condiciones, así como el pago
de los emolumentos dejados de percibir desde su desvinculación hasta su reintegro.

1 Índice 1, expediente de tutela digital de primera instancia.
2 Obra en el certificado AAE28BACEF3E0F4E 2709D729DA9B3354 FD6D701232090908
314EBFFB77494D27, índice 2.
3 Obra en el certificado 5EAFEB3253018B0F CCCEB534900020F3 252C8375BA387302 43B420BA53C1D244,

índice 2.
4 Folios 43 ̶ 94 del certificado 8B98049B780284A8 C69DA13CA6B08732 6A1A2D5C9EDBCC38
1E6E8AF960C4C01E, índice 11.

2
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03805-01
Accionante: Víctor Manuel Quiroz Ome
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

2.2. El 27 de noviembre de 20185 el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia
declaró la nulidad del acto administrativo demandado, ordenó el reintegro del
demandante, el pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir y condenó en costas al municipio de Florencia.

2.3. En contra de la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación6. La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 24
de enero de 20247, en el sentido de revocar la decisión de primera instancia, para,
en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

La providencia se fundamentó en que el demandante fue nombrado en un empleo
de libre nombramiento y remoción, según el Decreto 0466 del 24 de junio de 2015,
adscrito al despacho de la alcaldesa de Florencia, y pese a que le asignaron
funciones adicionales o distintas a las contempladas para dicho cargo, esa situación
no mutó la naturaleza de la vinculación que ostentó el tutelante. Además, se aclaró
que no era posible dar una aplicación al principio de prevalencia de la realidad sobre
las formas, en los términos en los que determinó el juzgado de primera instancia,
toda vez que la cuestión planteada no tuvo que ver con la existencia o no de una
relación legal y reglamentaria entre el actor y la entidad demandada.

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales por las siguientes razones:

3.1. Se incurrió en un defecto fáctico, porque no se tuvo en cuenta el oficio del 25
de junio de 2015, en el que resultaban claras las funciones que fueron asignadas al
actor, las cuales sí tenían la virtualidad de alterar la naturaleza del cargo. Así mismo,
no se analizó que, el tutelante, aunque estaba nominalmente adscrito al despacho
de la alcaldesa, jamás cumplió funciones en esta dependencia, lo que llevó a la
autoridad judicial a proponer una tesis que tergiversó los hechos demostrados en el
proceso y desconoció el principio de la primacía de la realidad sobre las formas.

5 Folios 2 – 19 del certificado 8565E2C337B25530 16FA0F1C9388496D 1C77F4EE4650F723
EC6B5D315C5134D3, índice 11.
6 Folios 22 – 34, ibid.
7 Obra en el certificado 9234470FD8B81E55 56230FF65B35D2B8 BAAAD87157A180F9 404DB69019FD08C9,

índice 2.

3
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Accionante: Víctor Manuel Quiroz Ome
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

3.2. Afirmó que se desconoció el precedente jurisprudencial relacionado con la
obligación de motivar el acto administrativo de insubsistencia y el principio de la
realidad sobre las formalidades en las relaciones laborales.

3.3. En su sentir, se manifestó un defecto sustantivo, dado que se realizó una
interpretación prejuiciosa de las pruebas, insistió en que se desconoció la
jurisprudencia y normatividad aplicable y no se dio una correcta aplicación al
principio de la realidad sobre las formalidades.

3.4. Finalmente, sostuvo que la providencia atacada no aportó un sustento legal
suficiente para justificar su decisión.

4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“PRIMERO. AMPARAR los derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso y trabajo del señor VÍCTOR MANUEL QUIROZ OME.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia 007 del
veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el
Magistrado Ponente, doctor Pedro Javier Bolaños Andrade, Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, radicación
18001334000320160044701, en la que se revocó la sentencia de primera
instancia del veintisiete (27) de noviembre de 2018, proferida por el Juzgado
Tercero Administrativo de Florencia, mediante la cual se concedieron
parcialmente las súplicas de la demanda incoada por el señor VÍCTOR
MANUEL QUIROZ OME contra el MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ y
en consecuencia, se denegaron las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Caquetá que revoque la
sentencia que dio origen a esta acción de tutela y en su lugar, confirmar la
sentencia de primera instancia.

CUARTO. Las demás que se estimen pertinentes y adecuadas para la
protección y amparo de los derechos fundamentales de la actora”8.

5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

Mediante auto del 26 de julio de 20249 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar, en calidad de demandado, al Tribunal Administrativo del Caquetá y, como

8 Folios 19 – 20 del certificado 5EAFEB3253018B0F CCCEB534900020F3 252C8375BA387302
43B420BA53C1D244, índice 2.
9 Obra en el certificado 52438347D3236D74 D1513A942CB236E5 09801108042A4843 0084B310C108A2B0,

índice 5.

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terceros interesados, al Juzgado Tercero Administrativo de Florencia y al municipio
de Florencia10.

5.1. El municipio de Florencia11 solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción, toda vez que no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional,
pues en realidad la demanda tuitiva propuso una mejor interpretación de la norma
con el único fin de lograr una tercera instancia en el litigio ya resuelto.

5.2. Los demás interesados guardaron silencio.

6. Fallo de tutela de primera instancia

El 13 de agosto de 202412 la Subsección A de la Sección Tercera declaró
improcedente el amparo, porque no superó el requisito de relevancia constitucional.

El a quo constitucional consideró que la controversia planteada ya fue analizada y
definida por el juez natural, pues todos los argumentos en que se fundamentó la
solicitud de amparo estuvieron dirigidos a insistir en que, de conformidad con el
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, se debía entender que
el empleo era de carrera y no de libre nombramiento y remoción, de manera que el
acto administrativo que declaró la insubsistencia tenía que ser motivado.

7. Razones de la impugnación

Inconforme, la parte accionante presentó13 escrito de impugnación14, en el que
argumentó que el juez de primera instancia interpretó indebidamente lo pretendido,
pues en realidad no se buscaba reabrir un debate jurídico y probatorio, sino corregir
un error que vulnera el derecho al debido proceso. Así mismo, sostuvo que el
Tribunal Administrativo del Caquetá ignoró los precedentes establecidos en las
sentencias T 738 de 2009 y T 018 de 2016, dado que no dio aplicación al principio
de la primacía de la realidad sobre las formalidades y, por ello, omitió analizar la

10 Los soportes de notificación obran en el índice 8.
11 Obra en el certificado FE06C3D2B1280ABC CD5D374892340E97 4D07E97E96B56873
C9A20E3C99EA2318, índice 10.
12 Obra en el certificado DBA3E4EE28FD589D D56C82F82BDA34E1 F8420DBC986140CF
147D5550A819CB19, índice 14.
13 El 27 de agosto de 2024, según certificado 3E39CBA1497F7D98 2631EA89D8890365 0CFD66AE682EAA61

04151153A5B4E21A, índice 18.
14 Obra en el certificado FCAF0CFC4B8A8FCE AA49985916CC8778 1129024A242E9B9D
01560915EC65215D, índice 18.

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verdadera naturaleza de la relación laboral, se enfocó únicamente en las formas del
cargo y desestimó las funciones que efectivamente desempeñaba el empleado.

8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 2 de septiembre de 202415 el a quo concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 13 de agosto de 2024 por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
establecerá si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad16 y de procedencia17 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

15 Obra en el certificado 12E84824B3A57340 27C211AF9C67DBCF EB1DBA943729BB84
B386604E58AECC71, índice 21.
16 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al

cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
17 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;

defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.

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4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

4.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”18.

En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber19: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa
y justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el
cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial
constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202220,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumple con el requisito de
relevancia constitucional, es necesario verificar

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.

Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.”.

4.2. Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito
de relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio dirigido a revivir

18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
19 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez.
20 Sentencia del 16 de junio de 2022.

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el debate planteado ante el juez ordinario de la nulidad y restablecimiento del
derecho 18001-33-40-003-2016-00447-01, como si este mecanismo fuera una
instancia adicional, según se explicará.

4.3. Víctor Manuel Quiroz Ome alegó, en esencia, que la autoridad judicial incurrió
en un defecto fáctico, en un defecto sustantivo, en un desconocimiento del
precedente y en una decisión sin motivación, porque no tuvo en cuenta que sus
funciones eran propias de un cargo de carrera en provisionalidad y nunca ejerció
una labor propia de la posición adscrita al despacho de la alcaldesa, de manera que,
en su sentir, si se hubiera dado aplicación al principio de la realidad sobre las
formas, se hubiera entendido que a pesar de que su vinculación era de libre
nombramiento y remoción, en realidad la naturaleza de sus labores implicaba la
necesidad de motivar el acto administrativo que lo declaró insubsistente, pues se le
debía tener como un empleado en provisionalidad en un cargo de carrera.

4.4. Al respecto, esta Subsección encuentra que dentro de los alegatos de
conclusión de segunda instancia de la parte demandante21, ya se había planteado
la aplicación del principio de la realidad sobre las formas junto con los demás
argumentos reseñados en el párrafo anterior, para asegurar que el acto
administrativo que declaró la insubsistencia del actor se encontraba viciado.

4.5. Adicionalmente, se observa que la sentencia del 24 de enero de 2024 expuso
los siguientes razonamientos:

“De las pruebas obrantes en el expediente, se observa, en primer lugar, que el
demandante fue nombrado en un empleo de LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN mediante decreto No. 0466 de fecha 24 de junio de 2015, como
auxiliar administrativo, código 407, grado 01, adscrito al despacho de la
entonces alcaldesa; cargo que en jerarquía es del nivel asistencial, al señalar
dicho acto administrativo que:

(…)

Sobre este punto, la Sala no halla ninguna duda o incertidumbre en relación
con el tipo de vinculación laboral que tuvo el actor con el municipio, pues está
claro que al ser nombrado con carácter ORDINARIO lo fue en un cargo de
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, como lo establece desde antaño el
Decreto 2400 de 1968, el cual regula la administración del personal civil que
presta sus servicios en los empleos de la rama ejecutiva del poder público,
preceptuando en su artículo 5, entre otras cosas, lo siguiente:

(…)

21 Folios 70 – 78 del certificado 8565E2C337B25530 16FA0F1C9388496D 1C77F4EE4650F723
EC6B5D315C5134D3, índice 11.

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Por lo que, en principio, debe señalarse que el desconocimiento del
demandante sobre el hecho de haber sido nombrado en un empleo de libre
nombramiento y remoción, como dan cuenta las declaraciones rendidas por
LEIDY VIVIANA OTAYA CALDERÓN, ELCY QUINTERO CAMACHO, SARA
PÉREZ MÉNDEZ y EUCLIDES CUÉLLAR CASTRO, no lo eximía del deber de
cumplir y respetar las normas que regulaban su vinculación laboral con la
entidad.

Ahora, de igual forma, quedó probado, por un lado, que con oficio de fecha 25
de junio de 2015, suscrito por el señor Jhon William Castillo González, en
calidad de enlace municipal del programa Más Familias en Acción, le fueron
asignadas unas funciones al demandante, tales como: (i) atención al usuario
(ii) diligenciar y escanear formatos de novedades (iii) diligenciar y enviar al DPS
los formatos de inscripciones de la población desplazada y (iv) apoyar las
actividades propias de la Secretaria de Reconciliación Social, específicamente
en el programa de más familias en acción, más no en el despacho de la
alcaldesa municipal, donde había sido nombrado; y, por otro, con las
declaraciones de los testigos anteriormente enunciados, quienes dieron cuenta
de que veían al actor o escucharon de este que laboraba en esa dependencia
en un cargo que, en su parecer, era de carácter provisional.

Luego, entonces, se tiene que se trataba del cumplimiento de unas funciones
que le fueron asignadas de manera “ilegal” a un empleado, las cuales no
correspondían a las del cargo para el cual había sido nombrado, circunstancia
que -el de la asignación de funciones, actividades o tareas diferentes a las que
correspondían a su empleo- NO transformaba su naturaleza y, menos aún, lo
convertía en uno de carrera para colegir que su vinculación, por consiguiente,
lo era de carácter provisional; cuando resulta claro que su nombramiento lo fue
en un cargo de libre nombramiento y remoción. Y pese a que al proceso no se
allegó el respectivo manual de funciones, lo cierto es que al estar asignado el
referido cargo al despacho del alcalde, debe entenderse que lo era bajo el
criterio de confianza.

Y es de observarse que no se está ante el caso donde a un cargo que se
clasifica como de libre nombramiento y remoción, en realidad sus funciones
corresponden a unas que no obedecen a alguno de los criterios estipulados en
el artículo 5° de la ley 909 de 2004, pero que, sin embargo, ilegalmente lo
clasifican así, sin respetar los criterios establecidos en la ley y en la
jurisprudencia. De ser ello así, lo que se demandaría sería la indebida
clasificación de dicho empleo. En el sub lite, como quedó se trata de un cargo
asistencial asignado al despacho de la alcaldesa y lo que ocurrió fue que al
demandante le asignaron unas funciones adicionales o distintas al referido
cargo.

De ahí que, ante el cambio de mandatario local -lo que se produjo a partir el 1
de enero de 2016-, se haya expedido el Decreto N° 0064 de fecha 18 de enero
de 2016 por medio del cual se declaró INSUBSISTENTE al actor en el cargo
de libre nombramiento y remoción del nivel asistencial de auxiliar
administrativo, código 407, grado 01, adscrito al despacho del alcalde; ello en
uso de las facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas
por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, que modificó el artículo 91 de la ley
136 de 1994, y el literal a) del artículo 41 de la ley 909 de 2004.

Así las cosas, se tiene que el acto administrativo acusado, a juicio de la Sala,
no adolece de los vicios de nulidad invocados en el libelo introductorio, como
tampoco se comparten los argumentos del iudex a quo cuando refiere como
tales, para desvirtuar la presunción de legalidad del acto de insubsistencia, la
aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en la
relación laboral, en tanto dicho principio es aquel por el cual en caso de
discrepancia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los
documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica, pudiéndose

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establecer, así, la existencia o no de una relación laboral y, por consiguiente, a
la protección legal correspondiente. Principio que está previsto en el artículo 53
de la Constitución Política y que opera en aquellos eventos en que se hayan
celebrado contratos de prestación de servicios; sin que en el presente asunto
se discuta, en forma alguna, la existencia de una relación legal y reglamentaria
en la prestación del servicio público por parte del actor.”22

4.6. Luego de relatado lo que precede, resulta evidente que en sede de tutela la
parte accionante pretende utilizar el mecanismo constitucional como si se tratara de
una instancia adicional, pues más allá de lograr demostrar la manifestación de algún
defecto en la providencia censurada, se afirma que no se dio una correcta aplicación
al principio de realidad sobre las formalidades y que no se tuvieron en cuenta las
funciones desempeñadas, a pesar de que resulta evidente que el juez ordinario,
luego de analizar las labores que adelantó, explicó que, en todo caso, estas no eran
suficientes para mutar la naturaleza de su relación laboral, sumado a que aclaró las
razones por las cuales el mentado principio constitucional no era aplicable al caso
concreto en los términos que el actor pretendió.

De esta manera, fuerza concluir que la solicitud de amparo está destinada a plantear
un mero desacuerdo frente a las consideraciones a las que arribó el juez natural de
la causa.

4.7. En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar de
manera genérica la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya
que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que
no trascienden al plano constitucional.

4.8. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada23, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario24.

22 Folios 17 – 20 del certificado 9234470FD8B81E55 56230FF65B35D2B8 BAAAD87157A180F9
404DB69019FD08C9, índice 2.
23 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
24 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

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5. Con fundamento en las razones expuestas, se confirmará el fallo impugnado que
declaró improcedente el amparo.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 13 de agosto de 2024 proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia del amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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