Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03807-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-03807-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03807-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03807-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
20 de septiembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03807-00
Demandante: Fundación para la Empresa de la Paz - FUNDAEMPAZ
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03807-00
Demandante: FUNDACION PARA LA EMPRESA DE LA PAZ -
FUNDAEMPAZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
JUZGADO DIECINUEVE ADMINISTRATIVO DE CALI
Temas: Tutela contra providencia judicial, medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos (acción popular).
Requisitos generales de procedibilidad.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el representante de la Fundación
para la Empresa de la Paz – Fundaempaz contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de julio de 2024, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«(…) SE ORDENE , QUE SE RESUELVA EL INCIDENTE DE DESACTO FRENTE A LA
SENTENCIA DE FECHA: 20 DE ABRIL DE 2015 DEL H. TRIBNUNAL CONTENCIOSO
ADMINSTRATIVO DEL VALLE DEL CUACA, HECHO PROBADO POR QUE EN
CUMPLIMIENTO DE DICHA SENTENCIA INVICALI, EMITIO LA RESOLUCION:
SVSH4147.0.21.1.107.17 DE 2017, QUE APROBO EL PLANO DE 2016, ELABORADO
POR LA INGENIERA EMILSE LARRAHONDO,Y QUE BORRO EL MOJON 44 DEL
PLANO DE 1897, Y ESTABLECE FALSAMENTE EL PLANO DEL FOLIO: 370-254418,
QUE DEL POLIONO 42 AL POLIGNO 29, EXISTEN MAS DE 2000.000 DOS MILLONES
DE METROSLINELAES, Y QUE DEL MOJON: 29 AL MOJON 47 DICE QUE EXITEN
TAMBIEN UNA DISTANCIA DE MAS DE 2.000.000 DOS MILLONES DEMETROS
LIENAES , EN LA COMUNA 18 DE CALI, Y EL PLANO DE 2016. BORRO EL RIO
CALÑAVERALEJO LO DEJO COMO UN CUADRADO, DE90 GRADOS, Y INVICALI
PRESENTO EN LA QUERELLA: RAD: 4161.050.9.6.21.20203 DE 15 DE DICIEMBRE DE
2023, DE LA INSPECION DE POLICIA DE LA COMUNA 18 DE CALI, PRESENTO EL
FOLIO DE LA M.I. 370-254418, DICIENDO FALSAMENTE QUE LE CORRESPONDE LA
CEDULA CATASTRAL : F-053500280001, HECHO QUE NO ES CIERTO, POR QUE
DICHA MANZANA CATASRTRAL NO EXISTE PARA ESE FOLIO: 370-254418, Y CON
ESTAS PRUEBAS ESPURIAS, LAS ESTA USANDO INVICALI PARA USURPAR
NUESTAS TIERRAS,DEL FOLIO: 370-28005. Y INVIALI, USA DE FORMA
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03807-00
Demandante: Fundación para la Empresa de la Paz - FUNDAEMPAZ
FRAUDULENTA DICHOS DOCUMENTOS EN LAS QUERELLA.RAD:
4161.050.9.6.21.2023, DE 15 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA INSPECCION DE POLICIA
DE LA COMUNA 18 DE CALI, Y ME SANCIONO CON MULTA DE $20.000.000
VENTEMILLONES DE PESOS ,POR UN DELITO QUE NO COMETI.Y CON
DOCUMENTOS ESPURIOS ME USURPAN LAS TIERRAS DE LA FUNDACION
FUNDAEMPAZ...» (sic a toda la cita)
2. Hechos
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
Relacionados con el medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos
El señor Claudio Borrero Quijano instauró acción popular contra el municipio de
Santiago de Cali, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Nación – Rama
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y la señora Carmen Tulia Tascón Mera,
con el objeto obtener la protección de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de
uso público y la defensa del patrimonio público.
Al respecto, expresó que el municipio de Santiago de Cali vendió los predios
catalogados como ejidos, conocidos como Lomas Altas de Meléndez o Pampas de la
Pedregosa y Cañaveralejo o La Curtiembre, al señor Uldiano Tascón Escobar, sin
cumplir con los requisitos legales para el efecto. Dicho negocio fue realizado mediante
Escritura Pública núm. 1255 de abril 6 de 2000.
El 13 de enero de 2014, el Juzgado Primero Administrativo en Descongestión de
Cali negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que, si bien, se
demostraron irregularidades del municipio de Santiago de Cali respecto del manejo
de los predios bajo su custodia, esos hechos no acreditaban la vulneración de los
derechos colectivos invocados.
Esa decisión fue apelada por el señor Claudio Borrero Quijano con fundamento en
que el juez de primera instancia no valoró en debida las forma las pruebas aportadas
al expediente, que demostraban que el municipio demandado incurrió en
desconocimiento de las normas y jurisprudencia que reglamentan el tema, pues no
tuvo en cuenta que los predios ejidales materia de controversia no fueron incluidos en
el POT, que no se había adelantado el proceso de desafectación por parte del Concejo
Municipal y que al ser bienes de uso público eran inajenables. De igual forma, la
Personería Municipal de Santiago de Cali apeló esa decisión porque, a su juicio, el
municipio demandado no realizó las gestiones pertinentes para proteger los bienes de
uso público.
El 20 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia de segunda instancia en la que revocó la decisión inicial y amparó el
derecho colectivo a la defensa del patrimonio público vulnerado por el municipio de
Santiago de Cali. Señaló que se demostró una violación al patrimonio público con la
entrega de los bienes ejidos Lomas Altas de Meléndez o Pampas de la Pedregosa y
Cañaveralejo o La Curtimbre por parte del municipio de Santiago de Cali a un
particular. De modo que, la Escritura Pública núm. 1255 del 06 de abril de 2000 solo
tiene apariencia de validez, nunca fue jurídicamente válida y no fue incorporada al
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03807-00
Demandante: Fundación para la Empresa de la Paz - FUNDAEMPAZ
protocolo conforme al Decreto 960 de 1970. Además, resaltó que esos predios, por
ser bienes inalienables e inajenables, requerían un proceso específico para su
desafectación que no fueron adelantados.
En consecuencia, resolvió:
«ORDENAR al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI realizar las siguientes actuaciones:
3.1. Por medio de la Secretaría de Vivienda Social actualizar el aspecto físico del ejido
LOMAS ALTAS DE MELÉNDEZ o PAMPAS DE LA PEDREGOSA y CAÑAVERALEJO o
LA CURTIEMBRE, con el fin de que se delimite el área disponible del mismo, elaborando
una nueva carta topográfica que exprese el tamaño del bien, sus linderos y zonas
aledañas, dentro del término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia. 3.2. A través de la Oficina de Catastro realizar las acciones
pertinentes para la recuperación integral de la ficha catastral identificada con el No. F-
053500280001 a favor del Municipio de Santiago de Cali, subsanando las irregularidades
que se suscitaron con ocasión de la llamada "Escritura Pública No. 1255 del 06 de abril de
2000" de la Notaría Octava del Círculo de Cali; actualizando los derechos reales
constituidos por los ocupantes del inmueble, su situación y afectaciones, dentro del término
de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 3.3.
Mediante la Secretaría de Vivienda Social solicitar la inscripción inmediata de la limitación
de dominio al folio de matrícula inmobiliaria No. 370-254418, señalando en la misma que
se trata de un bien ejido, una vez se dé su apertura por parte de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos. 3.4. Por medio de la Secretaría de Vivienda Social, encargada de
la protección de los ejidos, realizar todas las gestiones administrativas y jurisdiccionales
tendientes a la recuperación del goce del ejido LOMAS ALTAS DE MELÉNDEZ o PAMPAS
DE LA PEDREGOSA y CAÑAVERALEJO o LA CURTIEMBRE a favor de la ciudadanía
del Municipio de Santiago de Cali, dentro del término de un (1) año contado a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ORDENAR a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CALI, por
medio del Registrador, realizar lo siguiente: 4.1. Proceder a la apertura de la Matrícula
Inmobiliaria No. 370-254418, originaria del ejido LOMAS ALTAS DE MELÉNDEZ o
PAMPAS DE LA PEDREGOSA y CAÑAVERALEJO o LA CURTIEMBRE, una vez se surta
el proceso de actualización del aspecto físico y jurídico del bien por parte del Municipio de
Santiago de Cali, con el fin de que se registre el nuevo estado del ejido. 4.2. Cancelar la
anotación No. 74 hecha en el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 370-254418, que
identificaba la compraventa del ejido LOMAS ALTAS DE MELÉNDEZ o PAMPAS DE LA
PEDREGOSA y CAÑAVERALEJO o LA CURTIEMBRE a favor del señor ULDALINO
TASCÓN ESCOBAR, a través de la llamada "Escritura Pública No. 1255 del 06 de abril de
2000" emanada de la Notaría Octava del Círculo de Cali. 4.3. Inscribir la presente
sentencia en el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 370-254418, originaria del ejido LOMAS
ALTAS DE MELÉNDEZ o PAMPAS DE LA PEDREGOSA y CAÑAVERALEJO o LA
CURTIEMBRE, una vez se encuentre ejecutoriada la decisión.»
(se destaca)
Relacionados el primer incidente de desacato en el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos presentado por el actor popular
El 8 de marzo de 2017, el actor popular Claudio Borrero Quijano presentó incidente
de desacato frente a la orden del 20 de abril de 2015, el 16 de marzo de 2017, el
Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali ordenó requerir a las entidades
demandadas para que demostraran el cumplimiento de lo ordenado en esa decisión
judicial.
El 23 de octubre de 2018, el juzgado encontró que, por parte de la Oficina de
Instrumentos Públicos de Cali, se cumplieron todos y cada uno de los puntos objeto
de su competencia. Sin embargo, en la misma providencia, se abrió incidente de
desacato contra la Secretaría de Vivienda y Hábitat y la Subdirección de Catastro del
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03807-00
Demandante: Fundación para la Empresa de la Paz - FUNDAEMPAZ
municipio de Santiago de Cali, también se les requirió para que presentaran los
avances con respecto a los puntos 3.2 y 3.4 de la sentencia, declarando cumplidos
los puntos 3.1. y 3.3.
El 9 de julio de 2019, el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali impuso sanción
a los funcionarios Jesús Alberto Reyes Mosquera, en calidad de Secretario de
Vivienda Social y Hábitat de Cali y Angela María Jiménez Avilés, en su calidad de
Subdirectora de Catastro de Cali.
El 29 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sede de
consulta, revocó la sanción porque los funcionarios requeridos inicialmente, no son
los mismos que fueron sancionados.
Por lo anterior, el 5 de octubre de 2019, el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali
requirió a los actuales funcionarios de esas dependencias para que presentaran un
cronograma claro de las actividades a realizar, en vista de la complejidad de las
órdenes que debían acatarse, presentados los respectivos cronogramas y avances,
mediante auto de 9 de diciembre de 2019, el juzgado concluyó que por la magnitud
de la tarea debían hacerse informes de avance parcial.
Relacionados el segundo incidente de desacato en el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos y solicitud de nulidad
presentados por la Fundación para la Empresa de la Paz – Fundaempaz
El 22 de febrero de 2024, el señor William Cárdenas Giraldo, representante de
Fundaempaz, presentó incidente de desacato. Alegó que mediante la Resolución
núm. 4147.0.21.107-17 de 2017, dictada por INVICALI se «rotó en 90 grados el plano
original», lo cual afectó los mojones y colindancias de más de 90 propiedades, incluso
las de Fundaempaz. Por ello, afirmó que esa modificación es contraria a lo dispuesto
en la sentencia en la que se ordenó proteger los límites originales del terreno.
Además, señaló que «desapareció el mojón o polígono Nro. 44», perteneciente a las
propiedades de Fundaempaz, lo que ha causado un «daño contingente» a los
propietarios. Afirmó que «estos actos administrativos son espurios» y que la aprobación
del plano de 2016 no debió haberse realizado, pues altera los límites establecidos en
«las escrituras de 1912». Mencionó que ha sido «sancionado injustamente» en dos
procesos administrativos relacionados con este asunto y que tanto el representante
legal como su abogado fueron condenados a pagar una multa de $10´000.000. y
solicitó que se restablezcan los límites originales y se corrijan las irregularidades,
porque los terrenos afectados, incluidos los de FUNDAEMPAZ, han sido traslapados
y asignados erróneamente a otras propiedades.
El 15 de marzo de 2024, el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali requirió a las
entidades demandadas para que rindieran informe respecto del cumplimiento de la
sentencia de 20 de abril de 2015 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
De manera paralela, el 2 de abril de 2024, el representante de FUNDAEMPAZ solicitó
la nulidad de todo lo actuado en el proceso de la acción popular, por no haber sido
notificado de la admisión de ese asunto. Además, pidió:
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03807-00
Demandante: Fundación para la Empresa de la Paz - FUNDAEMPAZ
«SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD TOTAL de oficio PADRE: 202341470400021521
de fecha 14 de diciembre de 2023, de la Secretaría de Vivienda de Cali, por ser
introducidas nuevas pruebas (por fuera de los términos) y las introduce posteriormente al
proceso de querella, al proceso RAD: 4161.050.8.6.21.2023 de fecha 14 de diciembre de
2023, las introduce un día antes de la fecha de lectura de decisión del acto administrativo
con RAD: 4161.050.9.06.21.2023, de fecha 15 de diciembre de 2023, cuando ya se había
pasado la etapa de pruebas, que fue el 20 de junio de 2023, violatorio del C.G.P. y de la
Ley 1801 de 2016, y de la Ley 1437 de 2011.
TERCERO: Que se solicita la nulidad absoluta de acto administrativo: RAD:
4161.050.9.6.021.2023 de fecha: 15 de diciembre de 2023, medida de corrección
preventiva, que tiene presunta falsa motivación, al aceptar de parte de la Inspección de
Policía el oficio PADRE: 202341470400021521 de fecha 14 de diciembre de 2023, de la
Secretaría de Vivienda de Cali, y por usar, contener pruebas con información falsa, como
el caso de los siguientes actos administrativos y documentos públicos fictospresuntos:
(…)
TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior, se le restablezca el derecho de la
propiedad privada de la Fundación para las Empresas de la Paz, que se identifican con el
NIT: 805-011-785-0. Propietaria del predio de la M.I. 370-28005 ubicado dentro del mojón
44 del mojón 4.1. al mojón 4.18 del plano de fecha 17 de mayo de 1897, de las escrituras
466 de 26 de junio de 1897.»
El 21 de mayo de 2024, el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali requirió
nuevamente a las entidades encargadas de dar cumplimiento en lo ordenado en la
sentencia proferida en segunda instancia en la acción popular.
Por otro lado: (i) negó la solicitud de nulidad presentada por el representante de
FUNDAEMPAZ, con fundamento en que, en auto admisorio de 11 de diciembre de
2009, se ordenó fijar aviso informado a la comunidad sobre la existencia de la acción
popular, por lo que se cumplió el principio de publicidad y debido proceso y, (ii) señaló
que el incidente de nulidad no es el medio para solicitar la nulidad de actos
administrativos que tienen presunción de legalidad.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales demandadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados, porque no han resuelto el incidente de desacato
interpuesto el 22 de febrero de 2024.
Alegó que las autoridades judiciales demandadas, en el marco de la acción popular,
han permitido la utilización de documentos con información falsa por parte de
INVICALI, lo cual ha derivado en la ejecución errónea del fallo judicial.
Al respecto, indicó que INVICALI incurrió en fraude procesal dentro de la acción
popular, al presentar como cumplimiento la aprobación del plano correspondiente al
folio 370-254418, mediante la Resolución SVSH4147.0.21.107-17 de 2017, porque
estableció de manera falsa que las distancias dentro del terreno eran mucho mayores
de lo que realmente son, lo que permitió a INVICALI usurpar las tierras de los
propietarios en la comuna 18 de Cali. Sobre el particular, mencionó que, al voltear el
plano de 1897 en 90 grados, se borraron límites importantes del terreno, lo que
permitió que INVICALI reclamara ilegalmente propiedades que no le correspondían.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03807-00
Demandante: Fundación para la Empresa de la Paz - FUNDAEMPAZ
Expresó que al tener en cuenta los documentos falsos por parte de INVICALI, se
ocasionó la desaparición de más de 80 cédulas catastrales y matrículas inmobiliarias.
Aunado a lo anterior, expresó que INVICALI ha usado dicha documentación
fraudulenta en la querella con radicado 4161.050.9.6.21.2023 de 15 de diciembre de
2023, en la que la inspección de Policía de la Comuna 18 de Cali lo sancionó con
multa por incurrir en ocupación y perturbación de la propiedad del municipio de Cali.
También señaló que la falta de emplazamiento y notificación a ciertos propietarios
constituye una irregularidad en el trámite de la acción popular.
4. Trámite previo
El 26 de julio de 2024, el despacho del ponente inadmitió la acción de tutela y requirió
al señor William Cárdenas Giraldo, para que aportara los documentos que lo acrediten
como representante legal de la fundación FUNDAEMPAZ. Además, para que
precisara de manera concreta e individual, frente a cada autoridad judicial, los hechos,
las pretensiones y argumentos por los cuales considera que se están vulnerando los
derechos fundamentales que invoca.
El 12 de agosto de 2024, el despacho encontró que, si bien el actor presentó
certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición del 28 de
febrero de 2024, era necesario que aportara dicho certificado con vigencia no mayor
a 30 días, por lo que requirió al actor para tal fin.
El 28 de agosto de 2024, el despacho del ponente admitió la acción de tutela, ordenó
notificar a la demandante, a los magistrados Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y al titular del Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali. Adicionalmente, a
los señores Claudio Borrero Quijano y Carmen Tulia Tascón, a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, al municipio de Santiago de Cali y a la Superintendencia
de Notariado como terceros interesados.
5. Oposiciones
El Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali expresó que ese despacho,
mediante auto de 2 de septiembre de 2024, resolvió no abrir incidente de desacato al
no encontrar méritos para hacerlo, de igual forma, advirtió que la nulidad procesal
alegada por el actor fue resuelta mediante auto de 21 de mayo de 2024.
Afirmó que el actor pretende controvertir la legalidad de un acto administrativo en sede
de verificación del fallo de una acción popular, petición que es improcedente al no ser
el medio de control destinado para ello.
Por ello, afirmó que no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
actora.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.
6. Intervención de los terceros con interés
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Superintendencia de
Notariado y Registro solicitaron que se declare la falta de legitimación en la causa
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03807-00
Demandante: Fundación para la Empresa de la Paz - FUNDAEMPAZ
por pasiva y que, en consecuencia, se ordene la desvinculación de esas entidades,
toda vez que no tiene injerencia frente a los hechos que presuntamente vulneraron los
derechos fundamentales invocados por el actor.
El municipio de Santiago de Cali pidió que se negara el amparo solicitado, porque
no vulneró los derechos fundamentales del actor. Al respecto, expresó que ha
contestado los requerimientos realizados en la acción popular por el Juzgado
Diecinueve Administrativo de Cali, de igual forma, solicitó ser desvinculada del trámite
de tutela, porque la presunta vulneración de los derechos fundamentales se invoca
respecto de las autoridades judiciales demandadas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03807-00
Demandante: Fundación para la Empresa de la Paz - FUNDAEMPAZ
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali vulneraron los derechos fundamentales
invocados, por: (i) incurrir en mora judicial en resolver el incidente de desacato
propuesto en el marco del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos; (ii) no tener en cuenta que la Resolución SVSH4147.0.21.107-17 de 2017
proferida por INVICALI, para demostrar el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia
proferida en la acción popular, se encontraba respaldada por documentos falsos, por
lo que se configuró fraude procesal y, (iii) desconocieron que existió una irregularidad
en el trámite de la acción popular por falta de notificación del auto admisorio a todos
los interesados en el resultado del proceso.
En ese orden, la Sala estudiará, en primer lugar, si existió mora judicial.
Seguidamente, analizará si la acción de tutela de la referencia cumple con el requisito
general de relevancia constitucional y, solo en el evento que lo supere, estudiará si
las autoridades judiciales demandadas incurrieron en violación de los derechos
fundamentales invocados por la parte demandante.
De manera previa, la Sala se pronunciará sobre la legitimación en la causa por pasiva
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Superintendencia de
Notariado y Registro.
De la legitimación en la causa por pasiva
La Sala observa que, en el caso objeto de estudio, la Superintendencia de Notariado
y Registro y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial alegan que carecen de
legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, se aclara que dichas entidades fueron
parte demandada en la acción popular contra el cual se dirigen las pretensiones de la
tutela, lo cual justifica su vinculación al presente mecanismo como tercero con interés.
Por esta razón, se negará su solicitud de desvinculación.
De la mora judicial
Previo a resolver, conviene decir que la mora judicial, entendida como el
incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios
judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes presupuestos: (i) la
inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la actuación judicial;
(ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y (iii) la tardanza
debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes por
parte del juez4.
El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o
corporación judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial
genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas
imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
4
Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de 2018 y T-441 de
2020.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03807-00
Demandante: Fundación para la Empresa de la Paz - FUNDAEMPAZ
cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se
presentan condiciones estructurales, como la excesiva carga laboral, la falta de una
infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios
judiciales adopten decisiones oportunas.
Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de
conexidad necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación
injustificada, a tal punto que esos son los criterios que deben analizarse para
establecer si se configuró o no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso
a la administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe demostrar
el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de dichos
derechos y, por ende, la mora judicial solo estará justificada cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende,
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e
ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los
que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su
comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.
• De la mora judicial en el presente caso
Como se anticipó, la fundación Fundaempaz solicitó la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado
Diecinueve Administrativo de Cali, pues, a su juicio, incurrieron en mora judicial
injustificada al no resolver el incidente de desacato interpuesto el 22 de febrero de
2024.
Sobre el particular, la Sala advierte que el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali
profirió auto de 2 de septiembre de 2024, en el que, en lo atinente al presente asunto,
resolvió abstenerse de abrir el incidente de desacato solicitado por el representante
de FUNDAEMPAZ, así:
«(…) el Despacho antes de pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo resolverá la
solicitud presentada, el 22 de febrero de 2024, por el señor William Cárdenas Giraldo,
negándola remitiéndose a los mismos argumentos expuestos en el auto del 21 de mayo
de 2024 porque el objetivo de su escrito es el mismo que el incoado al momento de solicitar
la nulidad del proceso y del acto administrativo que se emitió en cumplimiento del
plurimencionado fallo, es decir que se verifique su legalidad, por lo que se reitera que la
etapa de verificación de cumplimiento de la acción popular no es la oportunidad para
discutir la presunción de legalidad de los actos administrativos sino que debe acudir a los
medios de control ordinarios dispuestos para tal efecto, además el señor William Cárdenas
Giraldo no está legitimado en la causa para solicitar el incidente que pretende en vista de
que el actor popular es el señor Claudio Borrero Quijano.
(…)
En consecuencia, el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito de Cali,
RESUELVE
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03807-00
Demandante: Fundación para la Empresa de la Paz - FUNDAEMPAZ
(…)
TERCERO: ABSTENERSE de abrir incidente de desacato contra la Secretaría de Vivienda
Social y Hábitat y a la Subdirección de Catastro de Cali por los motivos establecidos en la
parte motiva de la presente providencia.».
En ese orden, se evidencia que con posterioridad a la radicación de la presente acción
de tutela – 23 de julio de 2024– ya se superó el hecho que se alegó como vulnerador,
pues, es claro que la pretensión de la solicitud de amparo ya fue satisfecha y se está
en presencia de carencia actual de objeto por hecho superado.
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto puede
presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: el
hecho superado y el daño consumado5. En lo que aquí interesa, hay que decir que el
hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que medie orden
judicial.
Al respecto, se precisa que el objetivo fundamental de la acción de tutela es la
protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en
aquellos casos en que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de una autoridad pública o de un particular en los términos que establece la
Constitución y la ley. Obsérvese que la eficacia de esta acción se manifiesta en la
posibilidad que tiene el juez constitucional, si encuentra probada la vulneración o
amenaza alegada, de impartir una orden encaminada a la defensa actual e inminente
del derecho en disputa. Pero si la situación de hecho que generó la violación o la
amenaza ya ha sido superada, el mandato que pueda proferir el juez en defensa de
los derechos fundamentales conculcados, ningún efecto podría tener, el proceso
carecería de objeto y la tutela resultaría improcedente; en otras palabras, la acción de
amparo perdería su razón de ser.6
En consecuencia, se declarará carencia actual de objeto por hecho superado de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
Del requisito general de subsidiariedad
Como se anticipó, de manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del
asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el
requisito de subsidiariedad.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley consagran una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
5
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra
Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
6
Sentencia T-167 del 2 de abril de 1997.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03807-00
Demandante: Fundación para la Empresa de la Paz - FUNDAEMPAZ
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó4:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la
protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que
pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales (…)».
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Del requisito general de subsidiariedad en el caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción de tutela la fundación Fundampaz
interpuso acción de tutela contra el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Sobre el
particular, afirmó que: (i) no tuvieron en cuenta que la Resolución
SVSH4147.0.21.107-17 de 2017, proferida para INVICALI, presentada en el proceso
de acción popular para demostrar el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia que
finalizó ese proceso, se encontraba soportada en documentos falsos, por lo que
ocurrió fraude procesal; (ii) desconocieron que en el trámite de la acción popular se
configuró una indebida notificación de todos los interesados en el resultado del
proceso.
La Sala evidencia que la presente solicitud de amparo, respecto de los asuntos
mencionados, no cumple con el requisito de subsidiariedad, como se procede a
explicar:
Respecto de la Resolución SVSH4147.0.21.107-17 de 2017, proferida por INVICALI,
el actor alega que dicha decisión, que fue presentada para demostrar el cumplimiento
de lo ordenado en la sentencia de 20 de abril de 2015, ha ocasionado que se
desconozca ilegalmente la propiedad de varios propietarios de la Comuna 18 de Cali.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03807-00
Demandante: Fundación para la Empresa de la Paz - FUNDAEMPAZ
Sobre el particular, se resalta que la acción popular es un mecanismo constitucional
consagrado en el artículo 88 de la Constitución Política y reglamentado por la Ley 472
de 1998, que busca proteger los derechos e intereses colectivos de la sociedad. De
ahí que, en el trámite de dicha acción no sea posible discutir la legalidad de los actos
administrativos proferidos por las entidades demandadas para demostrar el
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia que finalizó ese proceso. Luego, mucho
menos sería la acción de tutela el escenario adecuado para plantear una discusión de
esa naturaleza, porque para ese efecto cuenta con otro medio de defensa.
Aunado a lo anterior, se encuentra que, al estar en presencia de un acto
administrativo, la actora puede instaurar los medios de control previstos en el CPACA
para cuestionar la legalidad de esa decisión administrativa, los cuales resultan
eficaces para resolver el debate que propone.
Asimismo, si el actor considera que se presentó un fraude procesal en el marco del
proceso de la acción popular, se encuentra facultado para presentar denuncia ante
las entidades correspondientes para que se adelante la investigación penal por la
configuración de dicho ilícito.
En cuanto a la indebida notificación del auto admisorio, se encuentra que, el 2 de abril
de 2024, la actora presentó incidente de nulidad con fundamento precisamente en el
mismo argumento expuesto en la presente acción de tutela, esto es, que en el auto
admisorio de la acción popular no se vinculó a todas las personas interesadas en los
resultados de dicho proceso.
Dicho incidente fue resuelto por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali
mediante auto de 21 de mayo de 2024, en el que puso de presente que, en auto
admisorio de 11 de diciembre de 2009, se ordenó fijar aviso informado a la comunidad
sobre la existencia de la acción popular, y que el actor popular publicó el respectivo
aviso en el diario el Tiempo el viernes 05 de marzo de 2010. Por ello, afirmó que se
cumplió el principio de publicidad y debido proceso
Cabe resaltar que, en la acción de tutela, el actor no cuestionó lo resuelto por el
juzgado demandado en auto de 21 de mayo de 2024, sino que se limitó a afirmar que
se existió indebida notificación, cuestión que, como se vio, ya fue resuelta. Por ello, la
Sala considera necesario señalar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para proponer o reiterar cuestiones que deben resolverse por el juez constitucional,
en el marco del proceso de la acción popular.
Entonces, la presente acción de tutela resulta improcedente para controvertir la
Resolución SVSH4147.0.21.107-17 de 2017 proferida por INVICALI, toda vez que
como quedó expuesto, el actor puede interponer los medios de control pertinentes
para que se determine la legalidad de esa decisión administrativa. Asimismo, si
considera que se configuró el delito de fraude procesal, cuenta con la posibilidad de
interponer la denuncia penal ante las autoridades respectivas. De igual forma, consta
que el argumento sobre la nulidad de la acción popular por indebida notificación del
auto admisorio fue alegada dentro del proceso y resuelta por el juez constitucional.
En síntesis, la Sala declarará carencia actual de objeto por hecho superado, en lo
atinente a la mora por no resolver el desacato interpuesto por la actora el 22 de febrero
de 2024. Asimismo, declarara improcedente el amparo respecto de los demás
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03807-00
Demandante: Fundación para la Empresa de la Paz - FUNDAEMPAZ
argumentos expuestos por FUNDAMPAZ porque no cumplen con el requisito de
subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la solicitud de desvinculación de la Superintendencia de Notariado y Registro
y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2. Declarar carencia actual de objeto por hecho superado, en lo atinente al incidente
de desacato presentado por FUNDAEMPAZ el 22 de febrero de 2024.
3. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la actora contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Diecinueve Administrativo de
Cali, en relación con la nulidad de la Resolución SVSH4147.0.21.107-17 de 2017
proferida por INVICALI, el presunto fraude procesal y la indebida notificación del auto
admisorio.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.