Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03814-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03814-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03814-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
27 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03814-00
Accionante: Corporación sin ánimo de lucro Republika Divanga Social Club
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / SUBSIDIARIEDAD – proceso en trámite / NIEGA – no hay mora
judicial.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por la corporación sin ánimo de lucro
Republika Divanga Social Club.
I. A N T E C E D E N T E S
A. La demanda y sus fundamentos
1.
El 23 de julio de 2024, la corporación sin ánimo de lucro Republika Divanga Social
Club presentó demanda de tutela como mecanismo transitorio contra el Consejo de
Estado – Sección Primera y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA,
con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental al debido proceso.
Considera que este se encuentra amenazado por la ejecución del proyecto del puerto
multipropósito las Américas; motivo por el cual solicita la suspensión de la Resolución
178 de 2018.
2.
La parte actora expuso que mediante Resolución 028 de enero de 2007 se otorgó
licencia ambiental a la sociedad Terminal de Graneles Líquidos del Caribe S.A. –
Terlica S.A. para la “Construcción y operación de un atracadero para insumos
líquidos en Punta Voladero”, expedida por el Departamento Administrativo del Medio
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Ambiente de Santa Marta -DADMA- 2 . Informó que la sociedad portuaria las
Américas, fusión de la empresa Terlica S.A y otras filiales, suscribió contrato de
concesión portuaria 003 de 2015, para la explotación de la licencia ambiental
precitada.
3.
Adujo que la sociedad portuaria las Américas presentó una solicitud de ampliación
de la licencia ambiental. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mediante
Resolución 178 del 12 de febrero de 2018, modificó la licencia ambiental otorgada
mediante Resolución 028 del 26 de enero de 2007, modificada a su vez por la
Resolución 142 del 11 de junio de 2010.
4.
Informó que la corporación sin ánimo de lucro Republika Divanga Social Club en
ejercicio del medio de control de nulidad presentó demanda contra las Resoluciones
028 de 2007, 142 de 11 de junio de 2010 y 178 de 12 de febrero de 2018, la cual
conoce actualmente el Consejo de Estado – Sección Primera, bajo el radicado
11001-03-24-000-2018-00194-00. Posteriormente, en escrito de adición, solicitó
declarar la nulidad de las Resoluciones 11 de 21 de enero de 2010 y 602 de 27 de
abril de 2018, expedidas por el DADMA y la ANLA, respectivamente. Agregó que 2
años y 4 meses después de la radicación de la demanda el Consejo de Estado por
fin la admitió.
5.
Arguyó que en noviembre de 2023 presentó un impulso procesal y requirió que se
organizara el expediente que reposaba en SAMAI, debido a que estaba en desorden.
Afirmó que nunca hubo respuesta del Consejo de Estado.
6.
Indicó que el 10 de mayo 2024 se organizó una mesa técnica con varios
funcionarios de las entidades involucradas en el proyecto. Asistió la encargada del
Grupo de Participación Ciudadana en el Magdalena y dos abogados, la subdirección
de evaluación y la subdirección de seguimiento de la ANLA. Aseveró que en el
evento entregó a los funcionarios de la entidad la demanda de nulidad con las
pruebas impresas en físico, solicitándoles que las estudiaran con atención para que
pudieran constatar por sí mismos todas las irregularidades de la licencia ambiental
discutida. Informó que en la subdirección de seguimiento se comprometieron a
revisar con atención el tema, lo cual quedó consignado en el acta de la mesa técnica.
7.
El 17 de julio 2017, la ANLA realizó una rendición de cuentas en la ciudad de
Santa Marta, donde se contó con la asistencia y participación de representantes de
las comunidades del departamento y algunos de estos realizaron intervenciones
relacionadas con el proyecto de construcción y operación del atracadero para
insumos líquidos en Punta Voladero. Aseveró que el director de la ANLA arguyó que
“el proyecto ha generado sensibilidad ambiental con tutelas y demás (…)”, también
que “hay un anuncio de inicio de obra, revisaremos la licencia ambiental” y que “no
hay acción judicial que hoy determine la revocatoria o la suspensión del proyecto por
2 Hoy Departamento Distrital para la Sostenibilidad Ambiental – DADSA.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
lo tanto estamos actuando en el marco de la legalidad (…) con lo que nos permite la
norma (…)”.
8.
La parte actora expresó que utiliza esta acción como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, debido a que con la declaración oficial del director
de la ANLA el 17 de julio de 2024 durante el evento de rendición de cuentas, ya hay
un anuncio de inicio de actividad en agosto de 2024 por parte de la sociedad
portuaria. Lo cual genera temor en la comunidad, debido a que es inminente el daño
irreparable que se causará en la bahía de Taganga si se empieza con la
construcción.
9.
Indicó que como demandante del proceso de nulidad que conoce el Consejo de
Estado, considera su silencio como un acto irregular e inaceptable, pues después
del impulso procesal de noviembre de 2023 sigue ignorando su acción de nulidad.
10.
Adicionó que denunció al secretario del Consejo de Estado (Sección Primera)
Pedro Pablo Munévar por presunto fraude procesal, toda vez que en el acta de la
audiencia llevada a cabo en el proceso de nulidad 2019-00179-00 iniciado por el
señor José Cantillo, declaró que “se advierte que los actos acusados no han sido
demandados”. Declaración que es falsa e indujo a error al Magistrado Roberto
Augusto Serrato Valdés, el cual sigue con el caso sin considerar la posible
acumulación de procesos, por desconocer la existencia de otra demanda contra la
misma acta y entidad, es decir, la promovida por la sociedad hoy accionante
(radicado 2018-00194-00).
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
11.
Por auto de 23 de julio de 20243, el Juzgado 71 Civil Municipal de Bogotá remitió
por reglas de reparto el presente asunto al Consejo de Estado. En proveído de 29
de julio de 20244, se requirió a Dominique Lucie Lacaf para que en el término de 3
días remitiera el certificado de existencia y representación legal de la corporación
sin ánimo de lucro Republika Divanga Social Club actualizado, con el fin de verificar
la calidad en la que actuaba, e indicar puntualmente los derechos fundamentales
que consideraba amenazados con el actuar que motivó la solicitud de amparo.
12.
En memorial allegado el 5 de agosto del año en curso, la parte actora cumplió con
la carga impuesta. Allegó el certificado de existencia y representación legal de la
corporación y manifestó que la acción se presentó como mecanismo transitorio
contra la ANLA por su anuncio de inicio de obra del puerto multipropósito las
américas en la bahía de Taganga en el mes de agosto, el cual representa un daño
inminente e irreversible. Por lo tanto, pide la suspensión de la Resolución 178 de
2018 de la ANLA, en la cual se autorizó la construcción.
3 Notificado el 23 de julio de 2024.
4 Notificado el 2 de agosto de 2024.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
13.
Especificó que la ANLA está violando su derecho al debido proceso, por la
promesa de los funcionarios en la mesa técnica del 10 de mayo de 2024, donde se
comprometieron en revisar las evidencias de irregularidad entregadas ese día para
su conocimiento.
14.
Por último, sostuvo que no denuncia derechos vulnerados por el Consejo de
Estado en esta acción de tutela. Sólo pide que se respete el debido proceso en la
acción de nulidad, considerando las presuntas faltas del secretario Pedro Pablo
Munévar Albarracín, que pueden eventualmente estar relacionadas con el tiempo
exagerado que ha transcurrido sin que se fije la primera audiencia y la falta de
atención a un impulso procesal.
15.
Por auto de 14 de agosto de 20245, se admitió la presente acción y se ordenó
notificar a las autoridades accionadas. También se vinculó a la Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI-, a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
al Departamento Distrital para la Sostenibilidad Ambiental de Santa Marta -DADSA,
a la sociedad portuaria las Américas S.A. y a la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena -CORPAMAG-, en calidad de terceros con interés. Se comunicó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo consideraba
pertinente interviniera en el presente asunto.
16.
En proveído de 30 de agosto de 20246, se ordenó a la Secretaría de esta
Corporación la notificación a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, debido
a que no lo había sido, a pesar de haberse dispuesto en el auto de 14 de agosto de
2024.
(i) Consejo de Estado – Sección Primera7
17.
Indicó que mediante providencia de 24 de noviembre de 2020 admitió la demanda
incoada y que una vez notificadas las entidades demandadas y recibidas las
correspondientes contestaciones de la demanda, la Secretaría de la Sección corrió
el traslado de las excepciones formuladas; con auto de 15 de octubre de 2021
rechazó la solicitud de reforma de la demanda por extemporánea y; a través de los
proveídos de 23 de agosto de 2024, se resolvieron las excepciones previas
formuladas por las demandadas, se denegó la solicitud de acumulación de procesos
y se resolvió la solicitud de medida cautelar.
18.
Arguyó que la solicitud de amparo no está dirigida contra la Sección Primera del
Consejo de Estado sino contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, toda
vez que, a juicio de la actora, existieron irregularidades en el proceso de
licenciamiento que culminó con la Resolución 028 de 26 de enero de 2007, tema que
es objeto de la demanda de nulidad que cursa en ese despacho bajo el número de
5 Notificado el 22 de agosto de 2024.
6 Notificado el 5 de septiembre de 2024.
7 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 8 folios.
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radicado 2018-00194-00. Además, las pretensiones son las mismas que se ventilan
en el proceso ordinario, por lo que la presente acción de tutela resulta improcedente
por faltar el requisito de subsidiariedad.
19.
Resaltó que en el presente caso no se vislumbra la ocurrencia del perjuicio
irremediable que alega la actora a partir de las declaraciones efectuadas por los
funcionarios de la ANLA, pues ellas per se no demuestran la inminencia de la
ejecución de la obra que, en su criterio, impactaría negativamente a la comunidad de
Taganga, siendo este un asunto que corresponde resolver al juez competente dentro
del proceso ordinario que, insiste, está en curso, en el cual las partes cuentan con
todas las garantías procesales para el ejercicio de sus derechos.
20.
Por último, en lo que se refiere a la supuesta denuncia instaurada contra el
secretario de la Sección Primera por fraude procesal, y al silencio del Consejo de
Estado en el trámite del proceso, indicó que la actora no explicó la relación entre
dichas apreciaciones y la presunta vulneración de derechos fundamentales en que
hubiese podido incurrir la autoridad judicial.
(ii) Autoridad Nacional de Licencias Ambientales8
21.
Resaltó que el proyecto no ha iniciado y de esta manera no existen intervenciones
sobre el área licenciada, que impliquen atender impactos ambientales, por lo que no
procede efectuar seguimiento alguno. Informó que expidió el oficio ANLA
20244200593941 del 9 de agosto de 2024, mediante el cual solicitó a la sociedad
portuaria Las Américas confirmara la fecha de inicio de las actividades de la fase
constructiva del proyecto; teniendo en cuenta que han transcurrido más de 5 años
desde la última modificación efectuada a la licencia, lo que conlleva requerir al titular
del proyecto para determinar si es aplicable la figura de la pérdida de vigencia de la
licencia ambiental. Agregó que a la fecha del presente escrito la sociedad no ha
remitido respuesta a ese requerimiento.
22.
Por otra parte, adujo que la accionante no puede pretender que se establezca un
mecanismo paralelo o sustituto del juez natural que conoce de la controversia
planteada respecto a la nulidad de los actos administrativos emitidos por ANLA, los
cuales a la fecha no han sido suspendidos por orden judicial. Señaló que el Consejo
de Estado - Sección Primera mediante autos del 23 de agosto de 2024 negó la
solicitud de decreto de las medidas cautelares y la acumulación de procesos,
decisiones que fueron debidamente notificadas sin que la parte actora hubiera
presentado recurso alguno.
Finalmente, frente a los reparos contra el Consejo de Estado – Sección Primera,
23.
manifestó que la actora plantea una mora en la actividad judicial sin que haya
demostrado la verdadera ocurrencia de esta, ni mucho menos el supuesto perjuicio
8 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 137 folios, incluidos los anexos.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que dice padecer por la no resolución oportuna de la solicitud de decreto de medidas
cautelares, la cual al día de hoy ya se encuentra resuelta, así como la solicitud de
acumulación, razón por la cual no resulta viable la acción incoada.
(iii) Agencia Nacional de Infraestructura9
24.
Informó que a la fecha, la sociedad portuaria Las Américas no ha iniciado las obras
del plan de inversiones establecidas en el contrato de concesión portuaria 003 de
2015 suscrito con la Agencia Nacional de Infraestructura. Cuenta con licencia
ambiental y su respectiva modificación, como requisito para la modificación del
contrato de concesión, autorizado mediante otrosí del 30 de septiembre de 2020.
25.
Adujo que la Agencia Nacional de Infraestructura no tiene la atribución de realizar
modificaciones, revocaciones o suspensiones del acto administrativo referenciado
por la actora, ya que el mismo fue emitido por la ANLA. Agregó que la accionante
tiene a su disposición diferentes mecanismos de defensa para conseguir lo
pretendido, entre estos, puede optar por solicitar medidas cautelares dentro de la
demanda conocida por el Consejo de Estado - Sección Primera, o presentar
formalmente una solicitud de revocatoria directa.
26.
Estimó que la acción de tutela está diseñada para proteger derechos
fundamentales en casos de vulneración inminente o actual, pero no para revisar la
legalidad o solicitar la suspensión de actos administrativos, los cuales deben ser
objeto de control a través de las vías ordinarias establecidas por la ley. Adicionó que
en el presente asunto no se logró demostrar la existencia de un perjuicio irremediable
que cumpla con los criterios constitucionales necesarios para justificar la intervención
del juez constitucional.
(iv) Corporación Autónoma Regional del Magdalena10
27.
Solicitó ser desvinculada del presente asunto por falta de legitimación en la causa
por pasiva, debido a que los hechos y pretensiones en la tutela son respecto de otra
entidad, por lo que no existe ningún tipo de relación entre la actora y esa entidad.
(v) Corporación sin ánimo de lucro Republika Divanga Social Club
28.
Remitió dos memoriales adicionales. En el primero solicitó que (i) el Doctor Pedro
Pablo Munévar Albarracín, sea separado del trámite del proceso de acción de nulidad
2018-00194-00; (ii) que ese mismo servidor sea suspendido como secretario del
Consejo de Estado, por la amenaza a la integridad del ente judicial y; (iii) se estudien
las pruebas aportadas en la acción de nulidad, con la atención que se merecen.
9 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 12 folios.
10 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 3 folios.
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Accionante: Corporación sin ánimo de lucro Republika Divanga Social Club
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
29.
Informó que el señalado servidor fue denunciado ante la Comisión de Disciplina
Judicial y se abrió un proceso con el radicado 11001-25-02-000-2024-05733-00.
Agregó que, revisando el auto donde se resuelve la medida cautelar, notó varias
incoherencias y respuestas realizadas a la carrera sin analizar realmente las
pruebas.
30.
En el otro escrito, informó que había radicado petición ante la ANLA para saber
cuándo empezaba la obra debatida. Adjuntó la respuesta. Manifestó que con la
contestación dada se puede constatar la irresponsabilidad del director de esa entidad
y un desconocimiento del proyecto. Agregó que esa falta de responsabilidad se
revela también en el hecho de que el director no menciona en absoluto la promesa
que hicieron los funcionarios de la entidad en la mesa técnica de Taganga el 10 de
mayo de 2024.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
31.
Respecto del primer memorial allegado por la parte actora, en donde solicita que
se declare impedido y sea suspendido el secretario de la Sección Primera de esta
Corporación por fraude procesal; la Sala encuentra que no hay lugar a pronunciarse
sobre la mismas, pues aquel reparo excede el objeto de la presente acción, así como
la competencia del juez constitucional.
32.
Este mecanismo de amparo no está instituido para disciplinar servidores
judiciales, ni abordar asuntos que se deben ventilar en el proceso ordinario. Sumado
a lo anterior, se debe resaltar que, si el secretario firmó y notificó cualquier decisión,
lo hizo claramente en ejercicio de sus funciones, pues no ha sido suspendido de su
cargo, ni sancionado disciplinariamente.
D. Análisis del caso concreto
33.
Revisados en su totalidad el escrito de tutela y las piezas procesales allegadas al
plenario, la Sala anticipa que declarara improcedente la solicitud de amparo, pues
una revisión de los planteamientos aducidos por la parte accionante permite advertir
que la solicitud de amparo no supera el requisito de subsidiariedad.
34.
La acción de tutela procede cuando el accionante no dispone de otro medio de
defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable, es decir, los interesados deben hacer uso de todos los
recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para
remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida
el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia
judicial adicional de protección. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03814-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
artículo 8611 de la Constitución Política y el numeral 1 del artículo 6 12 del Decreto
2591 de 1991.
35.
La Sala resalta que los repartos esgrimidos por la parte actora van dirigidos contra
dos situaciones particulares, la primera, el presunto daño inminente e irreversible por
el inicio de obra en la bahía de Taganga en el mes de agosto del año en curso, según
la información dada por el director de la ANLA, por lo que se pide la suspensión de
la Resolución 178 de 2018 que autorizó su construcción, sumando a que los
funcionarios de esa entidad no cumplieron con su promesa de revisar las
irregularidades de la licencia debatida. Y segundo, la supuesta mora judicial de la
Sección Primera del Consejo de Estado al resolver la demanda de nulidad que
promovió la corporación hoy accionante.
36.
Respecto al primer asunto, se observa con suma claridad que lo solicitado en este
mecanismo de amparo es también motivo de estudio por parte del Consejo de Estado
– Sección Primera al interior del proceso de nulidad que promovió la corporación sin
ánimo de lucro Republika Divanga Social Club. En ese medio de control se estudia
la demanda en la que se cuestionan las Resoluciones 028 de 26 de enero de 2007,
142 de 11 de junio de 2010, 178 de 12 de febrero de 2018, 11 de 21 de enero de
2010 y 602 de 27 de abril de 2018. Proceso que a la fecha se encuentra en fase
inicial.
37.
Es decir, la corporación actora está utilizando este mecanismo de amparo
constitucional de forma paralela a la demanda de nulidad, pretendiendo lo mismo
que en aquella. Tema que valga aclarar ya fue objeto de pronunciamiento preliminar
por parte de la autoridad judicial, pues en auto de 23 de agosto de 2024, notificado
el 26 de agosto del año en curso13, se denegó la medida cautelar solicitada por la
demandante, con la cual pretendía la suspensión provisional de todas las
Resoluciones demandadas, dentro de las cuales se encuentra la 178 de 2018, hoy
cuestionada.
38.
Ahora, si la demandante no está de acuerdo con lo allí resuelto o estima que en
el mismo hay varias incoherencias y respuestas realizadas “a la carrera”, sin analizar
realmente las pruebas, como lo indicó en esta acción constitucional en uno de sus
memoriales; es claro que tenía a su disposición la posibilidad de recurrir esa decisión,
pero no lo hizo.
11 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
12 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”
13 Información sustraída del aplicativo SAMAI.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
39.
Sumando a lo anterior, la parte accionante tampoco acredita la configuración de
un perjuicio irremediable que habilite al juez constitucional a intervenir como
mecanismo transitorio en asuntos que no son de su competencia; pues, aunque la
corporación sin ánimo de lucro Republika Divanga Social Club indicó que con el inicio
de las obras se causaba un perjuicio inminente e irreversible, más allá de esa simple
afirmación nunca explica ese daño en qué consiste específicamente, y esta Sala de
Subsección tampoco lo observa.
40.
Máxime si se tiene en cuenta que en la contestación de esta acción las entidades
encargadas del asunto indicaron que el proyecto no ha iniciado, al punto que la
ANLA ya le remitió un oficio a la sociedad portuaria Las Américas para que
confirmara la fecha de inicio de las actividades de la fase constructiva del proyecto,
teniendo en cuenta que han transcurrido más de 5 años desde la última modificación
efectuada a la licencia, lo que conlleva a requerir al titular del proyecto para
determinar si es aplicable la figura de la pérdida de vigencia de la licencia ambiental,
según lo establecido en el artículo 2.2.2.3.8.7. del Decreto 1076 de 2015.
41.
Conforme a ello, no se visualiza, en este punto, cómo, cuándo y por qué se
configuraba un perjuicio irremediable en unas obras que hasta la fecha no se han
iniciado. Ni mucho menos explica algún motivo por el cual el medio de control de
nulidad, con la posibilidad de solicitar medidas cautelares, no sea el mecanismo
idóneo y eficiente para la solución del caso traído a colación.
42.
Ahora, frente al argumento de que los funcionarios de esa entidad no cumplieron
con su promesa de revisar las irregularidades de la licencia debatida para
suspenderla; ese es un tema que también está ligado directamente con lo pretendido
por la parte actora dentro de la demanda de nulidad, la cual, como ya se explicó,
está siendo estudiada por el Consejo de Estado – Sección Primera.
43.
Por otra parte, en los términos del artículo 233 del C.P.A.C.A., si se han
presentado hechos sobrevinientes, la corporación sin ánimo de lucro Republika
Divanga Social Club puede solicitar de nuevo una medida cautelar dentro del proceso
ordinario de nulidad, con el fin de que se suspenda alguna de las tantas Resoluciones
acusadas; o se adopte otra medida que estime necesaria.
44.
Es decir, la corporación actora tiene todo el trámite del proceso de nulidad para
hacer valer sus derechos o presentar recursos de ley. Por lo anterior, como el asunto
aún se encuentra en curso el juez de tutela no puede usurpar las competencias del
juez natural de la causa.
45.
Finalmente, respecto a los reparos esgrimidos contra la Consejo de Estado –
Sección Primera, a pesar de que la actora indicó en una de sus memoriales que no
objeta la actuación de esta Corporación, de la lectura de la misma, se logra advertir
que ciertamente le endilga una especie de mora judicial, por lo que califica como un
“silencio irregular e inaceptable” al supuestamente ignorar la acción de nulidad.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
46.
Sobre el particular, esta Corporación ha sido categórica en advertir que el juez de
tutela en cada caso específico deberá valorar si la conducta del funcionario o de la
corporación judicial es injustificada y negligente, toda vez que “no toda dilación en
proferir una decisión judicial genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos
fundamentales”14.
47.
Así pues, para determinar si la autoridad judicial demandada ha incurrido en una
mora judicial injustificada, y previo a verificar si tal mora se proyecta como afrenta a
un derecho constitucional iusfundamental, se debe analizar: (i) la complejidad del
asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de la autoridad
judicial competente; (iv) el análisis global de procedimiento; y (iv) el turno en el que
el expediente pasó al despacho.
48.
En ese contexto, esta Corporación ha considerado que la acción de tutela se abre
paso por mora judicial cuando se trate de una dilación injustificada como resultado
de la falta de diligencia en el actuar del funcionario judicial. Esto significa que “no
existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que ésta debe ser
injustificada y estar probada la negligencia de la autoridad judicial accionada”15.
49.
En suma, la mora judicial injustificada se presenta cuando: (i) existe un
incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que
justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial.
50.
La revisión de dicho proceso, permite evidenciar que en el presente asunto no se
configura la mora judicial alegada, pues la autoridad judicial cuestionada ha
adelantado todas las actuaciones pertinentes para resolver en un tiempo razonable
el medio de control presentado por la corporación actora.
51.
Así, se constata que: (i) en auto de 24 de noviembre de 2020 admitió la demanda
y, una vez notificadas las entidades demandadas y recibidas las correspondientes
contestaciones de la demanda, la Secretaría de la Sección corrió el traslado de las
excepciones formuladas; (ii) el 24 de noviembre de 2020 corrió el traslado de la
media cautelar solicitada; (iii) por auto de 15 de octubre de 2021 rechazó la reforma
de la demanda por extemporánea y; (iv) por autos de 23 de agosto de 2024 (3 autos
distintos, pero con la misma fecha), resolvió las excepciones previas, denegó la
solicitud de acumulación de procesos y resolvió la solicitud de medida cautelar. Si
bien estás últimas decisiones fueron proferidas con un tiempo considerable de
diferencia respecto a la anterior actuación, no se cuenta con elementos suficientes
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de octubre de 2020, radicado: Expediente 11001-03-15-
000-2020-04601-00. M.P. Milton Chaves García.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 18 de febrero de
2009, exp. 25000-23-15-000-2008-01246-01 (AC), M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03814-00
Accionante: Corporación sin ánimo de lucro Republika Divanga Social Club
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
para calificar ello como una mora judicial injustificada, y en todo caso, en el curso de
esta tutela ya fueron atendidos los asuntos que estaban pendientes.
52.
En ese sentido, no se observa ningún actuar irregular, omisivo, dilación
injustificada o negligencia por parte del operador judicial, sino que, por el contrario,
le ha dado trámite a todas solicitudes elevadas al interior del proceso. Además,
tampoco se evidencia que el tiempo que se ha tardado en resolver las peticiones
comprometa un derecho fundamental de la parte accionante cuya afectación sea
irremediable e inminente, pues aquello no solo no lo advierte esta Sala de
Subsección, sino que tampoco la corporación actora lo alegó, ni probó encontrarse
en una situación concreta en la cual se vea comprometido un derecho fundamental
del cual sea titular.
53.
En este punto, se debe destacar que un proceso ordinario no es igual que una
acción de tutela cuyos términos son cortos y sin mayores dilaciones; por lo que todas
las personas que acuden a los distintos medios de control deben saber y entender
que ese tipo de asuntos toman un mayor tiempo, y con ello estar dispuestos a
cualquier eventualidad o retraso que se dé en aquellos, siempre y cuando, valga
recalcar, se enmarquen en un plazo razonable y proporcional.
54.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia en
relación con las pretensiones elevadas contra la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales.
SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional solicitado respecto al Consejo de
Estado – Sección Primera.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE16
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
16 VF
11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03814-00
Accionante: Corporación sin ánimo de lucro Republika Divanga Social Club
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
12
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