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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03817-01

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03817-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- REVOCAR la sentencia del 30 de agosto de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”. En su lugar, Segundo.- DENEGAR las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora Nidia Eloísa López Molano, quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones aquí expuestas. Tercero.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03817-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

14 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03817-01
Demandante: Nidia Eloísa López Molano

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03817-01
Demandante: NIDIA ELOÍSA LÓPEZ MOLANO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de anular acto administrativo
que negó el reconocimiento de una pensión gracia. Desconocimiento
del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 30 de agosto de 2024, dictada por la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo por carecer
del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La señora Nidia Eloísa López Molano relató que tiene 70 años de edad, por lo que
es un sujeto de especial protección constitucional.

Refirió que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin
de que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento
y pago de la pensión gracia, a lo que agregó que el Tribunal Administrativo del
Cauca en sentencia del 20 de mayo de 2014, negó las pretensiones de la
demanda por cuanto el tiempo de servicios era inferior a 20 años.

Indicó que en el referido fallo el Tribunal reconoció la vinculación que tenía desde
el 14 de enero de 1980, pues contabilizó 16 años, 2 meses y 24 días de prestación
de servicios, por lo que solo le hacían falta 3 años, 9 meses y 6 días para acceder
a la prestación económica.

Mencionó que continuó laborando sin solución de continuidad y el 17 de abril de
2017 solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual fue negada por medio de la
Resolución RDP 034411 del 21 de agosto de 2015 y confirmada en la Resolución
No. 051351 del 3 de diciembre de 2015.

Por lo anterior, aseveró que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda contra la UGPP, con el fin de que
se declarara la nulidad de los referidos actos administrativos y, en consecuencia,
se accediera al reconocimiento y pago de la mencionada prestación económica.

Expresó que el asunto correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Popayán, que por sentencia del 16 de julio de 2019 accedió a las

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Demandante: Nidia Eloísa López Molano

pretensiones de la demanda. Agregó que conforme con el fallo del 20 de mayo de
2014 del Tribunal Administrativo del Cauca, al 31 de octubre de 2010 la actora
acreditó 16 años, 2 meses y 24 días de prestación de servicios, por lo que el 2 de
marzo de 2015 se completaron los 20 años de vinculación territorial.

Por último, manifestó que contra la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso
de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Cauca en
sentencia del 18 de enero de 2024, en el sentido de revocarla y, en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda, al considerar que el tiempo de servicio prestado
por la demandante entre el 30 de agosto de 1994 y el 2 de marzo de 2015 -fecha
de la última certificación expedida por el departamento de Cauca-, fue del orden
nacional, por lo que concluyó que no es válido para acceder al reconocimiento de
la pensión gracia.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela en defensa del derecho fundamental al
debido proceso, así como a los principios de seguridad jurídica y confianza
legítima, supuestamente vulnerados con la sentencia del 18 de enero de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que revocó el fallo de primera
instancia que accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido contra la UGPP, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la pensión gracia para, en su lugar, negarlas y revocar
la prestación económica reconocida por el a quo.

Hizo referencia a los requisitos generales y específicos de procedencia de la
acción de tutela y afirmó que las decisiones acusadas incurrieron en i) defecto
sustantivo, por aplicar de manera retroactiva la sentencia de unificación del
Consejo de Estado CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, toda vez que no
estaba vigente en el momento de la vinculación y de la prestación del servicio.

Precisó que la sentencia acusada fue proferida por el mismo magistrado ponente
del fallo de 20 de mayo de 2014, por lo que, en su concepto, se presentó una
incorrecta interpretación y aplicación de las normas relativas a la pensión gracia,
así como también incoherencia en las decisiones judiciales.

Así mismo, indicó que la providencia cuestionada adolece de ii) desconocimiento
del precedente judicial, particularmente la sentencia de unificación CE-SUJ-011-
S2 del 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en lo
que hace relación con los casos resueltos en los que hubiera operado la cosa
juzgada, pues insistió que la autoridad judicial accionada “no podía alterar la
situación jurídica consolidada de la demandante, que había sido reconocida por el mismo
tribunal en una decisión anterior, esta es el periodo de 1980 y 1994 a 2010”.

Adujo que, en virtud del principio de cosa juzgada, no era factible volver a estudiar
la naturaleza territorial del tiempo de prestación de servicios reconocido por el
Tribunal Administrativo del Cauca en la sentencia del 20 de mayo de 2014.

Finalmente, aseveró que también se incurrió en iii) violación directa de la
Constitución, porque el Tribunal Administrativo del Cauca revocó la decisión
favorable de primera instancia “basándose en supuestos cambios
jurisprudenciales retroactivos, afecta la previsibilidad y estabilidad del derecho,
generando incertidumbre en la demandante y vulnerando su confianza legítima en
el sistema judicial”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

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“1. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso que fuere conculcado por el
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, con ocasión de la
expedición de la sentencia No. 003 del 18 de enero de 2024; acotando que de encontrarse
que son otros los derechos fundamentales a amparar, o por unas razones diferentes a las
expuestas, se proceda de conformidad según las posibilidades de fallar extra y ultra petita
que rigen en sede de tutela.

2. Consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto la sentencia No. 003 del 18 de enero de
2024 -emanada del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA; lo
que implica que consecuentemente quede incólume la sentencia dictada en sede de
Primera Instancia por el JUZGADO PRIMERO ADMINISRATIVO DEL CIRCUITO DE
POPAYÁN del 16 junio de 2019”.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán

El titular del despacho rindió informe en el que indicó que la acción de tutela es
improcedente porque no se desconocieron derechos fundamentales, en tanto en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho aplicó de manera
estricta los precedentes legales y jurisprudenciales vigentes, en aras de impartir
una verdadera justicia, acompañada de verdad y equidad, respetando el debido
proceso y el acceso a la administración constitucional.

4.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-

La subdirectora de Defensa Judicial Pensional -en encargo-, rindió informe en el
que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto la
decisión objeto de reproche constitucional no incurrió en los defectos alegados
toda vez que se ajustaron al ordenamiento legal y jurisprudencial que regulan el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, aunado al hecho de que la accionante
pretende utilizar el amparo constitucional como una tercera instancia del proceso
ordinario para revisar las decisiones del juez competente.

Sostuvo que lo pretendido en la solicitud se torna improcedente teniendo en
cuenta que la actora busca sustituir las decisiones judiciales respecto de las
cuales se configuró la cosa juzgada, por lo que la acción de tutela no es la vía ni el
mecanismo para controvertirlas, máxime cuando no se le ha vulnerado derecho
alguno.

Expuso que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se encontró
probado que la demandante no reunía los requisitos para el reconocimiento de la
pensión gracia, específicamente, los 20 años de servicio en la docencia en la
modalidad de vinculación de orden departamental, municipal o distrital, por lo que
es inviable revocar la sentencia controvertida.

Finalmente, refirió que la demandante no demostró un perjuicio irremediable o la
afectación al mínimo vital, en tanto se encuentra percibiendo mesada pensional
por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag-.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado mediante sentencia
del 30 de agosto de 2024, declaró improcedente la acción de tutela, por carecer
del requisito de relevancia constitucional, en tanto encontró probado que la actora
acude al mecanismo constitucional como una instancia adicional para reabrir un
debate resuelto por el juez natural, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

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6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó y manifestó que la sentencia de primera instancia vulnera sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y seguridad social, así
como los principios de cosa juzgada y confianza legítima, al no tener en cuenta
que con una sentencia judicial anterior se había consolidado su derecho a la
pensión gracia.

Reiteró los hechos expuestos en la demanda para indicar insistir que se
desconoció el precedente judicial al no dar aplicación a la sentencia del 20 de
mayo de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca en la que que si
bien no se accedió al reconocimiento y pago de la prestación económica
solicitada, lo cierto es que encontró acreditada la condición de docente territorial
por el término de 16 años, 2 meses y 24 días, por lo que, a su juicio, operó la cosa
juzgada respecto de este aspecto.

Por último, afirmó que la autoridad judicial demandada modificó una sentencia
previa sin justificación alguna, por lo que se desconoció el precedente judicial, a lo
que agregó que el juez de tutela no tuvo en cuenta su situación de vulnerabilidad
por edad, “lo cual afecta gravemente mi mínimo vital al impedirme acceder a la pensión
gracia, que por derecho me corresponde”.

7. Escrito allegado por la UGPP

La UGPP, por intermedio del subdirector de Defensa Judicial Pensional en
encargo de la entidad, solicitó que se confirme el fallo de primera instancia, por
cuanto el asunto carece de relevancia constitucional.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación
presentado por la parte actora, si revoca la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela por desatender el requisito de relevancia
constitucional, y de encontrar cumplidos los restantes presupuestos generales de
procedencia, si el Tribunal Administrativo del Cauca en la sentencia del 18 de
enero de 2024 incurrió en i) defecto sustantivo por aplicar de manera retroactiva
la sentencia de unificación del Consejo de Estado CE-SUJ2-011-18 de 21 de junio
de 2018, porque no estaba vigente en el momento de la vinculación y de la
prestación del servicio; ii) desconocimiento del precedente judicial, en tanto en
virtud del principio de cosa juzgada, no era factible volver a estudiar la naturaleza
territorial del tiempo de prestación de servicios reconocido por el Tribunal
administrativo del Cauca en la sentencia de 20 de mayo de 2014 y iii) violación
directa de la Constitución, porque el Tribunal Administrativo del Cauca revocó la
decisión favorable de primera instancia “basándose en supuestos cambios
jurisprudenciales retroactivos, [lo que] afecta la previsibilidad y estabilidad del derecho,
generando incertidumbre en la demandante y vulnerando su confianza legítima en el
sistema judicial”.

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La Sala anticipa que revocará la sentencia impugnada que declaró improcedente
la solicitud de amparo porque cumple el requisito de relevancia constitucional y los
demás generales de procedencia, y negará las pretensiones de la demanda de
tutela, por cuanto los defectos alegados por la parte actora no se configuran.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20123, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20144, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto
fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin

1 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
2 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
3 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
4 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de

competencia para ello.
7 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
8 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

se sustenta la decisión.
9 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan

una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

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motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la
Constitución13.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte
Constitucional15.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Contrario a lo sostenido por el a quo, el asunto bajo examen cumple el
requisito de relevancia constitucional y los restantes generales de
procedencia

La Sección Tercera, Subsección “C” de Consejo de Estado en sentencia del 30 de
agosto de 2024, declaró improcedente la solicitud por falta del requisito de
relevancia constitucional, por cuanto, señaló, la accionante pretende reabrir el
debate zanjado en el proceso ordinario.

Contrario a lo sostenido por el a quo, para la Sala (i) la acción de tutela cumple el
presupuesto de la relevancia constitucional, pues debe definirse si se vulneró el
derecho fundamental de la accionante al debido proceso, y si se desconocieron
los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, con la sentencia del 18 de
enero de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cauca revocó el
fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la UGPP, con el fin de
obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia para, en su lugar, negarlas,
por lo no se observa que la solicitud de amparo se presente como una instancia
adicional, ni con la intención de reabrir el debate de naturaleza legal.

De igual forma, se observa que en el caso no se propone un debate de estricta
legalidad, sino que la discusión se orienta a determinar si la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente

10 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
11 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
12 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez

ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
13 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de

2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
14 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),

Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella

Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.

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judicial y violación directa de la Constitución, lo que conllevaría, de encontrarse
acreditados, la vulneración de garantías iusfundamentales.

(ii) La accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues en el caso se
agotó el recurso de apelación contra la sentencia del 16 de julio de 2019,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, y se
observa que no se configura ninguna de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión, (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez
que la providencia objetada fue notificada mediante correo electrónico enviado el
23 de enero de 2024 por lo que se entiende notificada el 25 del mismo mes y
año16 y la acción de tutela se presentó el 24 de julio de 2024, esto es, cinco (5)
meses y veintinueve (29) días después, dentro del término prudencial precisado
por esta Corporación y la Corte Constitucional17; (iv) se identificaron de manera
razonable los hechos que generaron la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia que declaró la improcedencia de la
acción de tutela y procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto.

4.2. La providencia objetada no incurrió en los defectos endilgados

4.2.1. La señora Nidia Eloísa López Molano, quien actúa en nombre propio,
promovió acción de tutela con el fin de que se proteja el derecho fundamental al
debido proceso, así como los principios de seguridad jurídica y confianza legítima,
los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cauca con la
sentencia del 18 de enero de 2024 que revocó el fallo de 16 de julio de 2019,
dictado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, que había
accedido al reconocimiento y pago de la pensión gracia en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la UGPP y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda.

En el escrito de impugnación, la demandante solicitó que se revocara el fallo de
primera instancia, porque, a su juicio, no se tuvo en cuenta que es un sujeto de
especial protección constitucional por la edad, a lo que agregó que se desconoció
el precedente judicial, en tanto pasó por alto que en una sentencia judicial anterior
se había consolidado su derecho a la pensión gracia.

4.2.2. De conformidad con el escrito de tutela, como se indicó en precedencia, la
demandante invoca los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución. Sin embargo, sustentó los cargos de
manera similar, pues reiteró el presunto desconocimiento e indebida aplicación la
sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado CE-SUJ-
011-S2 de 21 de junio de 2018, así como la sentencia de 20 de mayo de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca en lo relacionado con el tiempo
de servicio de orden territorial, razón por cual se estudiarán bajo la caracterización
del desconocimiento del precedente judicial.

4.2.3. La Sala observa que la demandante, en ejercicio del medio de control de

16 ARTÍCULO 205. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. <Artículo modificado por el artículo 52

de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La notificación electrónica de las providencias se
someterá a las siguientes reglas: 1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital
registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del
mensaje. 2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse
de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará
constar este hecho en el expediente. De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los
registros para consulta permanente en línea por cualquier interesado.
17 Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandante: Nidia Eloísa López Molano

nulidad y restablecimiento del derecho, promovió demanda contra la UGPP en la
que pidió que se declarara la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales
negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia y que, en consecuencia, se
ordenara a la entidad demandada reconocer y pagar la mencionada prestación.

En primera instancia, por medio de sentencia del 16 de julio de 2019, el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Popayán accedió a las pretensiones de la
demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las resoluciones por medio de las
cuales la UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia . En
consecuencia, ordenó a la UGPP “reconocer y pagar Ia pensión vitalicia de jubilación
gracia a favor de la señora NIDIA ELOÍSA LÓPEZ MOLANO, (…) en el equivalente al
75% del promedio mensual de la totalidad de factores salariales devengados durante
el año anterior a la adquisición del estatus, es decir entre el 06 de junio de 2013 a 06
de junio de 2014”.

En la precitada decisión se consideró que la demandante cumplía con los
requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, para acceder al reconocimiento y
pago de la pensión gracia, en tanto se acreditó la edad y un tiempo de servicio
superior a 20 años ya que conforme con la sentencia del 20 de mayo de 2014, el
Tribunal Administrativo del Cauca realizó el estudio de fondo de la prestación
económica de la demandante, concluyendo que al 31 de octubre de 2010 “laboró
un tiempo de servicios de 16 años, 2 meses y 24 días y su vinculación fue para un ente
territorial y no nacional como lo afirma la entidad demandada”, a lo que agregó que la
Resolución RDP 034411 del 21 de agosto de 2014 determinó que la actora había
prestado sus servicios desde 1994 hasta el 2 de marzo de 2015, por lo que
computó esos tiempos y determinó que se completaron los años de servicio el 6
de junio de 2014.

Contra la sentencia de primera instancia, la UGPP presentó recurso de apelación
(resumido en la providencia de segunda instancia), en el que alegó “que el tiempo
de servicios a partir del 1994 era del orden nacional, por lo que dicho tiempo no debió
contabilizarse a efectos del reconocimiento pensional, ni tuvo una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1980, que le permitiera ser beneficiaria del tránsito legislativo de la
Ley 91 de 1989”.

En segunda instancia, por medio de sentencia del 18 de enero de 2024, el
Tribunal Administrativo del Cauca revocó la decisión recurrida y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda al encontrar probado que la demandante no
cumplió el requisito de 20 años de servicios en la docencia oficial territorial o
nacionalizado, conforme con las pruebas aportadas al expediente.

En el fallo objeto de tutela, la autoridad judicial accionada, en primer lugar, precisó
que no se configuró la cosa juzgada respecto del proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho que la accionante interpuso contra Cajanal en
liquidación, el cual fue decidido en la sentencia del 20 de mayo de 2014 que negó
las pretensiones de la demanda, porque “si bien el fenómeno de la cosa juzgada
asegura la inmutabilidad, inimpugnabilidad y obligatoriedad de la providencia frente a todo
eventual proceso futuro que pueda iniciarse sobre el mismo objeto, ello no significa que
no sea posible reabrir el debate jurídico, siempre y cuando se traten de nuevos hechos
suscitados con posterioridad a la sentencia proferida”.

Luego de analizar el material probatorio allegado al proceso, concluyó que la
señora Nidia Eloísa López Molano no reunía la totalidad de los requisitos
establecidos legalmente para tener derecho a la pensión gracia, comoquiera que
si bien en una primera oportunidad se había señalado que la vinculación a la
Institución Carlos M. M. Simmonds era de orden territorial, lo cierto es que fue del
carácter nacional, por lo que el “tiempo de servicio prestado por la demandante entre el
30 de agosto de 1994 al 02 de marzo de 2015 (fecha de la última certificación expedida

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por el departamento de Cauca), no resulta válido para concederle el reconocimiento de la
pensión gracia, ya que fue del orden nacional”.

4.2.4. Descendiendo al asunto bajo examen, la accionante señala que la
providencia objetada incurrió en los defectos, sustantivo, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución, sin embargo, como se
indicó se estudiaran bajo la caracterización del desconocimiento del precedente
judicial.

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente
judicial implica que18: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad
con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del
pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido
cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún
supuesto de hecho para su aplicación”.

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto
por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial,
de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una
facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el
derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la
regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.

En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben
observar las siguientes reglas19:

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer
las razones por las que estima que se desconoció 20.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el
precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial.
Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez
expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez
hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto 21.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.

18 Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
19 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
20 La Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya

dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es
necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se
aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar
que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio
decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del
precedente, por vía analógica” (se destaca).
21 M.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicado No. 05001-23-26-000-1992-01147-01(19276)

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4.2.5. La Sala observa que el Tribunal Administrativo del Cauca para revocar la
decisión favorable de primera instancia y negar las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, se basó en el material
probatorio allegado al proceso, aplicó las reglas de la sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y se apoyó en la sentencia del 23 de octubre
de 202322, en la que la Sección Segunda de esta Corporación se pronunció en
similares términos, para concluir que la demandante no cumplió con los requisitos
para acceder a la pensión gracia, porque la la vinculación a la Institución Carlos M.
Simmonds era de carácter nacional.

La accionante adujo que se desconoció la citada sentencia de unificación en lo
que atañe a los casos resueltos en los que operó la cosa juzgada, en tanto la
autoridad judicial accionada “no podía alterar la situación jurídica consolidada de la
demandante, que había sido reconocida por el mismo tribunal en una decisión anterior,
esta es el periodo de 1980 y 1994 a 2010”.

Contrario a lo expuesto por la señora Nidia Eloísa, la decisión del Tribunal
Administrativo del Cauca del 20 de mayo de 2014, no hacía tránsito a cosa
juzgada respecto a la mención realizada sobre la vinculación en la Institución
Carlos M. Simmonds, en concreto, si era del orden territorial o nacional, pues
como lo sostuvo la autoridad judicial accionada, en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que se inició con posterioridad, se presentaron
hechos nuevos, por lo que tal afirmación no era una regla jurídica o la ratio
decidendi de ese caso. Al respecto, sostuvo:

“Por Resolución No. 600-0224-94, el gobernador del departamento del Cauca, como
presidente de la Junta Administradora FER, incorporó en la plaza docente de tiempo
completo al personal vinculado temporalmente, incluida, entre otros, la demandante, a
quien se le nombró en la Institución Educativa Carlos M. Simmonds, para lo que tomó
posesión el 30 de agosto de 1994. (…).

Frente a la vinculación a la Institución Carlos M. Simmonds, esta Corporación ya había
señalado que era del orden territorial y no nacional, sin embargo, tal afirmación no
constituye la razón de la decisión pues no se trata de una regla jurídica, que es lo
que, en esencia, constituye precedente, sino en una expresión, cuando menos
accidental y que, por tanto, carece de fuerza vinculante.

En otras palabras, si bien en decisión anterior se había indicado que tal
vinculación tenía el carácter de territorial, ello no puede tener fuerza persuasiva
tal que determine la solución del caso que aquí se analiza, pues para ello, deben
estudiarse los elementos probatorios acreditados en este proceso, según la
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 de 21 de junio de 2018, proferida por el
Consejo de Estado (…).

En este punto, cobra especial relevancia la certificación de la autoridad nominadora, a
saber, la Secretaría de Educación del departamento del Cauca, en la que se indica que
la vinculación en la Institución Carlos M. Simmonds fue del orden nacional (…).

Vale la pena poner de presente respecto a la carga de la prueba, que conforme con el
artículo 167 del Código General del Proceso, se prevé que “incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”, y para el caso que hoy nos ocupa, no cabe duda de que la parte
demandante tenía la obligación de acompañar sus argumentos y pretensiones con
material probatorio suficiente que demostrara el cumplimiento de los requisitos que la
ley impuso para ser beneficiario de una pensión gracia.

Todo lo anterior, quiere decir que el tiempo de servicio prestado por la demandante
entre el 30 de agosto de 1994 al 02 de marzo de 2015 (fecha de la última certificación
expedida por el departamento de Cauca), no resulta válido para concederle el
reconocimiento de la pensión gracia, ya que fue del orden nacional.

22 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “A”, radicado 15001-23-33-000-2018-00590-01 (0523-

2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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Si bien es cierto a través del decreto emitido por el gobernador del Cauca en
1994, incorporó a la demandante a la planta de personal, se echa de menos
prueba alguna que dé cuenta que, anterior a ella, la docente tuviera una
vinculación de orden estatal; comoquiera que, según los documentos relacionados,
el origen de los recursos con los que venía siendo pagada provenían “de la
comunidad”, según la certificación emitida por el presidente de la Asociación de Padres
de Familia, el tesorero y la directora de la Escuela Urbana Carlos M. Simmonds.

Se insiste, aunque anteriormente esta Corporación había señalado que la
vinculación era del orden departamental, según la posición jurisprudencial
vigente y que resulta de obligatorio cumplimiento, corresponde a la parte
acreditar de manera fehaciente el origen de los recursos y la calidad de la plaza a
ocupar, lo cual no ocurrió”. (Negrillas por fuera del texto original).

En ese sentido, la autoridad judicial accionada no desconoció el precedente
judicial, pues teniendo en cuenta que era un proceso con hechos nuevos y con un
contexto de valoración jurisprudencial diferente, le correspondía realizar un
análisis probatorio con los elementos suasorios aportados al proceso, como en
efecto lo realizó, para concluir que la accionante no cumplió con los 20 años de
labor como docente territorial o nacionalizado, el cual es requisito indispensable
para ser beneficiaria de la pensión gracia.

En efecto, el Tribunal Administrativo del Cauca explicó que conforme con la
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, a la demandante le correspondía probar
que el servicio como educadora fue de orden territorial, sin embargo, conforme
con el Decreto No. 600-0224-94, expedido por el gobernador del departamento del
Cauca y el certificado de la Secretaría de Educación del Cauca, encontró probado
que la vinculación en la Institución Carlos M. Simmond era de carácter nacional,
por lo que el tiempo de servicios con esa entidad no podía ser válido para obtener
la pensión gracia, conclusión que no se advierte contraevidente.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-292 de 200623 estableció los
criterios de identificación de la ratio decidendi y el carácter vinculante de una
sentencia, en los siguientes términos:

“(…) ¿debe entenderse por precedente cualquier antecedente que se haya fijado en la
materia, con anterioridad al caso en estudio? La respuesta a esta inquietud es negativa
por varias razones. La primera, es que no todo lo que dice una sentencia es pertinente
para la definición de un caso posterior, como se ha visto (vgr. la ratio es diferente al
obiter dicta). La segunda, es que aunque se identifique adecuadamente la ratio
decidendi de una sentencia, resulta perentorio establecer para su aplicabilidad, tanto en
las sentencias de constitucionalidad como en las de tutela, qué es aquello que controla
la sentencia, o sea cual es el contenido específico de la ratio. En otras palabras, si
aplica tal ratio decidendi para la resolución del problema jurídico en estudio o no. En
este sentido, en el análisis de un caso deben confluir los siguientes elementos para
establecer hasta que punto el precedente es relevante o no:

i. En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso
a resolver posteriormente[80].
ii. La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico
semejante, o a una cuestión constitucional semejante.
iii. Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser
semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse
posteriormente. En este sentido será razonable que “cuando en una situación similar,
se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el
juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente”.

En ese orden de ideas, la sentencia del 20 de mayo de 2014 del Tribunal
Administración del Cauca no era vinculante en la medida que no constituyó un
precedente judicial aplicable al caso concreto, por lo que el cargo no prospera.

23 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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Finalmente, en relación con el argumento de indebida aplicación de la sentencia
de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, porque no estaba vigente
para el momento de los hechos, la Sala precisa que la mencionada decisión
definió que las reglas de unificación consignadas debían ser aplicadas de manera
retrospectiva a todos los casos pendientes de resolución, en sede administrativa y
judicial24, razón por la cual su aplicación era imperativa en el presente caso, toda
vez que el reconocimiento de la pensión gracia aún se encontraba en discusión.

Así las cosas, para la Sala los defectos alegados no se configuran, habida cuenta
de que en la sentencia objeto de tutela se analizaron las pruebas conforme con la
normativa y la jurisprudencia vigente que resultaba aplicable para el caso
concreto, por lo que concluyó que la demandante no cumplió con los 20 años de
labor como docente territorial nacionalizado, para acceder al reconocimiento y
pago de la pensión gracia.

Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia del 30 de agosto de
2024, dictada por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, en la
que declaró improcedente la solicitud por carecer del requisito de relevancia
constitucional y, en su lugar, denegará las pretensiones de la acción de tutela
interpuesta por la accionante contra el Tribunal Administrativo del Cauca.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- REVOCAR la sentencia del 30 de agosto de 2024, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”. En su lugar,

Segundo.- DENEGAR las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la
señora Nidia Eloísa López Molano, quien actúa en nombre propio, contra el
Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones aquí expuestas.

Tercero.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

24 “Efectos de la sentencia. Las reglas de unificación consignadas en esta providencia se deben aplicar de

manera retrospectiva a todos los casos pendientes de resolución, tanto en sede administrativa como en
judicial, de conformidad con los lineamientos señalado”.

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(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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