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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03840-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03840-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- REVÓCASE la sentencia de 8 de agosto de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. En su lugar, Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por la señora Magda Nydia Escudero García, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2024-03840-01 Demandante: Magda Nydia Escudero García Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03840-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

26 de septiembre de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03840-01
Demandante: Magda Nydia Escudero García

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03840-01
Demandante: MAGDA NYDIA ESCUDERO GARCIA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCION SEGUNDA,
SUBSECCION “B”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento
de la pensión gracia. Requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte accionante, por conducto de apoderado judicial, contra la
sentencia de 8 de agosto de 2024, dictada por la Sección Segunda, Subsección
“A” del Consejo de Estado, en la que negó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante manifestó que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en aras de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos que le negaron el reconocimiento
de la pensión gracia.

Afirmó que el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia de 18 de
octubre de 2019 negó las pretensiones, luego de considerar que los tiempos
laborados del 17 de abril de 1995 al 14 de mayo de 2009 eran de carácter
nacional, “ya que se había establecido que de acuerdo con la Ley de 1962, que el
Colegio Deogracias Cardona se nacionalizó, lo que indica que el tiempo de
servicios de más de 14 años acreditados por la actora en esa institución no eran
computable para efectos de la pensión gracia”.

Por último, sostuvo que contra esa decisión presentó recurso de apelación del que
conoció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, despacho
judicial que a través de fallo 25 de enero de 2024, la confirmó íntegramente.
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Demandante: Magda Nydia Escudero García

2. Fundamentos de la acción

La actora interpuso acción de tutela con el fin de que el juez constitucional proteja
el derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por la
sentencia de 25 de enero de 2024, mediante la cual la autoridad judicial accionada
confirmó el fallo que negó las pretensiones, en el marco del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la UGPP, con el fin de
que se declarara la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de la pensión gracia.

A su juicio, la providencia objetada incurre en defecto fáctico, por la errada
valoración del decreto de nombramiento N° 0242 de 29 de marzo de 1995, del que
la autoridad judicial accionada consideró que fue vinculada a la Institución
Educativa Nacional Deogracias Cardona, lo cual, señala, no es cierto, pues sí
laboró en la institución en razón a un traslado, “mas no por efectos de un
nombramiento, igualmente sucedió cuando laboró en el plantel educativo
municipal de Pereira Rafael Uribe Uribe”.

De otra parte, alegó la configuración de un defecto por desconocimiento del
precedente judicial, conforme con el cual la autoridad judicial accionada omitió la
sentencia de unificación de 21 de junio de 2018, proferida por la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado1, complementada mediante sentencia de
unificación de 11 de agosto de 2022, en las que se estableció que para la prueba
de la calidad de docente territorial “se requiere copia de los actos administrativos
en los que conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con claridad
que la plaza sea territorial”.

Para finalizar, agregó que en el caso también se desconocieron las providencias
de 25 de octubre de 2019 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
“A” (radicado 11001-03-15-000-2019-02867-01); de 16 de julio de 2020 del
Consejo de Estado, Sección Quinta (radicado 11001-03-15-000-2020-00802-01) y
7 de marzo de 2023 del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Decisión (radicado 05001-33-33-001-2015-01420-01 y 05001-33-33-024-2014-
01884-01), donde, señala, se resolvieron casos similares de manera favorable.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“4.1. Se TUTELE el derecho constitucional fundamental del DEBIDO PROCESO o
cualquier otro que se considere vulnerado.

4.2. Se deje sin efectos la sentencia de fecha 25 de enero de 2024 proferida por el
Consejo de Estado y como consecuencia se ordene a dicho órgano judicial se profiera
un nuevo fallo de segunda instancia aplicando la Constitución, la Ley y la
Jurisprudencia de Unificación del Consejo de Estado.

4.3. Vincular al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

1 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01.

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Demandante: Magda Nydia Escudero García

PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP - y a la AGENCIA NACIONAL
DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO para que ejerzan el derecho de defensa ”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el Nº 2018-00167-01, actora: Magda
Nydia Escudero García.

5. Trámite procesal

Por auto de 26 julio de 2024, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de
Estado dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte
demandante y a la autoridad judicial demandada. Además, se ordenó vincular al
Tribunal Administrativo de Risaralda y la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
como terceros interesados en el resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se
denegaran las pretensiones de la tutela, por cuanto, señaló, en el caso no se
advierte vulneración de derecho fundamental alguno, por el contrario, la solicitud
de amparo está encaminada a proponer un debate como si se tratara de una
tercera instancia.

Sostuvo que en el caso que originó la controversia, el Tribunal Administrativo de
Risaralda negó las pretensiones de la demanda, tras evidenciar que entre el 17 de
abril de 1995 y el 14 de mayo de 2009, la actora ocupó una plaza del orden
nacional que era administrada por el gobernador, por lo que esos tiempos no
podían ser tenidos en cuenta para la prestación reclamada.

Adujo que esa decisión guardó consonancia con antecedentes jurisprudenciales
como el de la sentencia CE-SUJ-SII-11-2018 (SUJ-11-S2), alegada como
desconocida, en la que se señaló que “lo esencialmente relevante frente al
reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto
es, que sea de carácter territorial o nacionalizada y no el origen de los recursos de
la entidad nominadora destinados para cubrir las acreencias que genera el
respectivo vínculo”.

Refirió que ahora, en sede de tutela, se cuestiona que no se haya atendido el
mencionado precedente judicial y que no se valoraron en debida forma las
pruebas, “sin embargo, la Sala destacó que en casos similares, mediante
sentencias del 26 de junio de 2020 y 30 de septiembre de 2021, proferidas en el
marco de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sección Segunda
del Consejo de Estado estableció que la Institución Educativa Nacional Deogracias
Cardona de Pereira (Risaralda) es de carácter nacional; de modo que era
improcedente entender que se trataba de una plaza territorial o nacionalizada,
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máxime cuando esta Corporación en anteriores oportunidades se había
pronunciado en igual sentido”.

6.2. Los demás vinculados guardaron silencio aun cuando fueron notificados
debidamente del auto admisorio de la demanda

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado por sentencia de 8 de
agosto de 2024, denegó las pretensiones de la acción, luego de concluir que lo
planteado en esta sede constitucional se limitaba a evidenciar la inconformidad de
la demandante con la decisión objetada, lo que no era suficiente para calificar una
providencia como arbitraria o caprichosa, y menos aún, violatoria de derecho
fundamental alguno pues, “como quedó visto, la autoridad judicial accionada
resolvió el asunto bajo un análisis plausible, con una carga de argumentación
suficiente y razonable que debe ser respetada en virtud de los principios de
autonomía e independencia judicial”.

Sostuvo que, revisada la providencia discutida, se observaba que la autoridad
judicial accionada hizo un recuento del marco normativo de la pensión gracia, esto
es, las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así
como de la sentencia SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, para señalar que no era
viable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en
nacionales cuando en el acto de su vinculación interviene el representante legal de
la entidad territorial y el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional, como el miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo
Educativo Regional, y que, por el contrario, lo relevante para determinar el
reconocimiento de la pensión gracia es que se acredite el carácter de la plaza a
ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, y no el origen de
los recursos de la entidad nominadora.

Indicó que en el caso se trajo a colación la sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 de 11 de agosto de 2022, en la que se estableció que “los docentes
pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989,
siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos
legalmente establecidos para su reconocimiento”, frente a lo que se señaló que,
en el caso, mediante el Decreto N° 0242 de 29 de marzo de 1995, la accionante
fue nombrada por el gobernador del departamento de Risaralda “en uso de las
facultades conferidas por la Ley 29 de 1989, que en los artículos 9o y 10o
asignaba a los gobernadores la facultad temporal de nombrar y trasladar el
personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o
nacionalizados”.

Agregó que, dado lo anterior, en el caso se concluyó que desde la fecha de
posesión, 17 de abril de 1995 y hasta el 14 de mayo de 2009, la demandante se
desempeñó como docente en el Colegio Nacional Deogracias Cardona en una
plaza del orden nacional, tal y como lo certificó la Secretaría de Educación de
Pereira en oficio de 10 de julio de 2019, y recordó que la Sección Segunda de esta
Corporación, en sentencias de 26 de junio de 2020 y 30 de septiembre de 2021,
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en casos similares, consideró que la Institución Educativa Nacional Deogracias
Cardona de Pereira es de carácter nacional, motivo por el cual los tiempos allí
laborados no podían ser tenidos en cuenta para la pensión gracia.

Añadió que además se señaló que en el certificado único de información laboral se
registraba que la accionante obtuvo un ascenso a la Institución Educativa Rafael
Uribe Uribe, a partir del 14 de mayo de 2009; no obstante, no fue posible
determinar si dicha plaza era del nivel territorial o nacional.

Finalmente, señaló que las providencias de 25 de octubre de 2019 del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección “A” (radicado 11001-03-15-000-2019-02867-
01); 16 de julio de 2020 del Consejo de Estado, Sección Quinta (radicado 11001-
03-15-000-2020-00802-01) y 7 de marzo de 2023 del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión (radicado 05001-33-33-001-2015-01420-01 y
05001-33-33-024-2014-01884-01) no son de unificación, en los términos del
artículo 270 de la Ley 1437 de 2011, pues corresponde a fallos de tutela y del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que no
constituyen pronunciamientos de obligatorio acatamiento, más allá de los efectos
para el caso concreto.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugnó el fallo de primera instancia y, al efecto, reiteró los
argumentos que sustentan únicamente el defecto fáctico alegado en la solicitud de
amparo, esto es, que del decreto de nombramiento N° 0242 de 29 de marzo de
1995, mediante el cual fue vinculada a la Institución Educativa Nacional
Deogracias Cardona, se observa que su vinculación se dio con ocasión de un
traslado “mas no por efectos de un nombramiento, igualmente sucedió cuando
laboró en el plantel educativo municipal de Pereira Rafael Uribe Uribe”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 8 de agosto de 2024, dictada por la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado que negó las pretensiones, y de
superarse los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, establecer si la sentencia de 25 de enero de 2024, incurre en defecto
fáctico, por la errada valoración del decreto de nombramiento N° 0242 de 29 de
marzo de 1995, del que la autoridad judicial accionada consideró que su
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vinculación a la Institución Educativa Nacional Deogracias Cardona fue nacional,
lo cual, señala, no es cierto, pues sí laboró en la institución, pero en razón de un
traslado “mas no por efectos de un nombramiento, igualmente sucedió cuando
laboró en el plantel educativo municipal de Pereira Rafael Uribe Uribe”.

Previo a cualquier consideración, en tanto fue alegado por la autoridad judicial
accionada en la contestación de la acción, corresponde a la Sala determinar si la
solicitud cumple con el requisito de relevancia constitucional, necesario para su
estudio de fondo, el cual es susceptible de ser verificado de oficio por el juez de
tutela inclusive en el trámite de la segunda instancia, como una salvaguarda de los
principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y especialidad del juez natural.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones”2.

Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional 4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

2 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez

Ramírez.
3 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria

Calle Correa.
4 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. En primera instancia, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de
Estado por sentencia de 8 de agosto de 2024, denegó las pretensiones de la
acción de tutela, luego de concluir que los defectos alegados no se configuraban,
en tanto la autoridad judicial accionada resolvió el asunto bajo un análisis
plausible, con una carga de argumentación suficiente y razonable, y en virtud de
los principios de autonomía e independencia judicial.

Sobre el fondo del asunto, indicó que en la providencia objetada se concluyó que,
dado que la accionante fue nombrada por el gobernador del departamento de
Risaralda mediante el Decreto N° 0242 de 29 de marzo de 1995, “en uso de las
facultades conferidas por la Ley 29 de 1989, que en los artículos 9o y 10o
asignaba a los gobernadores la facultad temporal de nombrar y trasladar el
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personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o
nacionalizados”, los tiempos laborados en el Colegio Nacional Deogracias
Cardona, en una plaza del orden nacional, no podían ser tenidos en cuenta para la
pensión gracia, lo que no configuraba ninguno de los defectos alegados, ni
evidenciaba la vulneración de garantías constitucionales.

En el escrito de impugnación, la actora reiteró los argumentos de la solicitud de
amparo únicamente respecto del defecto fáctico alegado, esto es, que en el caso
se valoró inadecuadamente el decreto de nombramiento N° 0242 de 29 de marzo
de 1995, mediante el cual fue vinculada a la Institución Educativa Nacional
Deogracias Cardona, del que se desprende que su vinculación era territorial y no
nacional, en tanto se dio con ocasión de un traslado “mas no por efectos de un
nombramiento, igualmente sucedió cuando laboró en el plantel educativo
municipal de Pereira Rafael Uribe Uribe”.

4.2. La Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia que denegó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la improcedencia de la
acción de tutela, ya que, contrario a lo manifestado por el a quo, en el caso no se
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en tanto se acude a la acción
constitucional con el propósito de dar continuidad al debate legal que fue resuelto
en dos instancias.

De igual forma, la Sala aclara que, contrario a lo manifestado por el juzgador de
primera instancia, no solo las sentencias de unificación constituyen precedente
judicial de obligatorio acatamiento. En efecto, la Corte Constitucional ha precisado
que cuando una sentencia de tutela defina el alcance de un derecho fundamental,
esta puede constituir precedente constitucional para la resolución de un caso
análogo.

Ahora bien, como se anotó, del expediente ordinario aportado como prueba se
observa que, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Risaralda
mediante sentencia de 18 de octubre de 2019 negó las pretensiones, luego de
considerar que los tiempos prestados por la demandante del 17 de abril de 1995 al
14 de mayo de 2009 eran de carácter nacional, pues, señaló, esta desempeñó su
labor docente en el Colegio Nacional Deogracias Cardona, en una plaza del
orden nacional, “como lo certificó la Secretaria de Educación de Pereira, en oficio
del 10 de julio de 2019, dictado en respuesta al requerimiento efectuado por el
Tribunal en primera instancia”.

En la sentencia el tribunal aclaró que, conforme con la sentencia de unificación
CE-SUJ-Sll-11-2018 (SUJ-11-S2), “lo esencialmente relevante frente al
reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto
es, que sea de carácter territorial o nacionalizada y no el origen de los recursos de
la entidad nominadora destinados para cubrir las acreencias que genera el
respectivo vínculo”, la cual, sostuvo, para el caso era nacional.

Contra la anterior determinación la accionante interpuso recurso de apelación, en
el que sostuvo que:

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“Se niegan las pretensiones de la demanda argumentando que los tiempos de
servicios prestados del 17 de abril de 1995 al 14 de mayo de 2009 (lo real es hasta
el 01 de junio de 2017 ver certificado de tiempo de servicio) es de carácter nacional
porque así lo certifica un funcionario administrativo. (…)

Puntualmente respecto del tiempo de servicio laborado por la actora del 17 de
abril de 1995 al 01 de Junio de 2017 es de VINCULACIÓN TERRITORIAL
DEPARTAMENTAL, Nótese que fue nombrada por la Gobernación de
Risaralda - mediante Decreto Departamental No. 0242 del 29 de marzo de
1995, y NO por el Ministerio de Educación Nacional. (…)

Por lo anterior ruego al Honorable Consejo de Estado se analice el caso de cara a
la anterior sentencia y a la de UNIFlCACIÓN POR IMPORTANCIA JURÍDICA de
fecha, veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018) proferida por el
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVQ,
SECCION SEGUNDA, Magistrado Ponente: Dr. CARMELO PERDOMO
CUETER, Radicado No. 25000-23-42-000-2019-04683 -01, Demandado:
UGPP para que se acepte el tiempo de servicio laborado por la docente del 17 de
abril de 1995 al 01 de junio de 2017 como computable o ldóneo para el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, por ser de carácter TERRITORIAL”.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, por sentencia de 25 de
enero de 2024 confirmó el fallo apelado, luego de considerar que la vinculación de
la parte demandante en la Institución Educativa Nacional Deogracias Cardona era
nacional, sin que existiera en el plenario medio probatorio en contra, de modo que
dichos tiempos no podían ser tenidos en cuenta para efectos de la pensión gracia.

En el fallo objetado, la autoridad judicial accionada, luego de hacer amplia
referencia al marco jurisprudencial y legal aplicable al caso, sostuvo lo siguiente
respecto del tipo de vinculación de la demandante, de cara a su nombramiento:

“Pues bien, en el sub lite está acreditado que la señora Escudero García, mediante
Decreto núm. 1185 del 27 de febrero de 1978, fue nombrada como docente por el
gobernador del departamento de Risaralda para prestar sus servicios en la escuela
rural Antonio José de Sucre, donde laboró desde el 10 de marzo de 1978 hasta el 15
de julio de 1980, con vinculación territorial. Hecho que encuentra respaldo en el acto
administrativo de nombramiento, el acta de posesión y en el certificado único de
información laboral, expedido el 4 de mayo de 2017.

En segundo lugar, la accionante fue nombrada mediante Decreto núm. 0242 del 29
de marzo de 1995 por el gobernador del departamento de Risaralda, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 29 de 1989, que en los artículos 9 y 10 asignaba
a los gobernadores la facultad temporal de nombrar y trasladar el personal
docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o
nacionalizados.

Ahora bien, se observa que, desde la fecha de su posesión, el 17 de abril de 1995
y hasta el 14 de mayo de 2009, la actora desempeñó su labor docente en el
Colegio Nacional Deogracias Cardona, en una plaza del orden nacional, como lo
certificó la Secretaría de Educación de Pereira, en oficio del 10 de julio de 2019,
dictado en respuesta al requerimiento efectuado por el Tribunal en primera
instancia. Por ello, se concluye que ocupó una plaza del orden nacional que era
administrada por el gobernador, lo que impide que esos tiempos puedan ser
tenidos en cuenta para la prestación reclamada en el sub lite.

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Demandante: Magda Nydia Escudero García

En ese sentido, se destaca que de acuerdo con la sentencia de unificación CE-
SUJ-SII-11-2018 (SUJ-11-S2), “lo esencialmente relevante frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada y no el origen de los recursos de la entidad nominadora
destinados para cubrir las acreencias que genera el respectivo vínculo”.

Ahora bien, en el certificado único de información laboral se registra que la accionante
obtuvo un ascenso a la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, a partir del 14 de
mayo de 2009; sin embargo, en el transcurso del proceso no fue posible determinar si
la plaza ocupada en dicha institución lo fue en el nivel territorial o nacional.

En todo caso, se tiene que la señora Escudero García acredita en el proceso un
tiempo de servicio de 26 años, 6 meses y 13 días, de los cuales 14 años y 27 días
lo fueron en una plaza del nivel nacional; de manera que no le asiste derecho al
reconocimiento de una pensión gracia de jubilación, por no demostrar veinte
años de servicio docente con carácter territorial y/o nacionalizado.

Así entonces, como quedó evidenciado, en el proceso sub examine la
vinculación de la parte demandante en la Institución Educativa Nacional
Deogracias Cardona era nacional, sin que exista en el plenario medio probatorio en
contrario, de modo que dichos tiempos no pueden ser tenidos en cuenta para efectos
de pensión gracia.

En gracia de discusión, la Sala precisa que en casos similares, mediante sentencias de
26 de junio de 2020 y 30 de septiembre de 2021, proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y de lesividad, respectivamente, la
Sección Segunda del Consejo de Estado estableció que la Institución Educativa
Nacional Deogracias Cardona de Pereira (Risaralda) es de carácter nacional, de modo
que es improcedente entender que se trata de una plaza territorial o nacionalizada,
máxime cuando esta Corporación en anteriores oportunidades se pronunció en ese
mismo sentido”.

Lo anterior permite evidenciar que el Tribunal Administrativo de Risaralda y el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, estudiaron de manera
suficiente lo relativo al tipo de vinculación mediante el cual la demandante prestó
sus servicios en el Colegio Nacional Deogracias Cardona, lo cual fundamentó la
denegación de las pretensiones de la demanda.

4.3. Conforme con lo anterior, la Sala observa que los reproches formulados por la
parte actora en el escrito de tutela, relativos a la supuesta configuración de los
defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial,
independientemente de que se quieran encuadrar en la supuesta vulneración del
derecho fundamental al debido proceso, lo que en realidad pretenden es darle
continuidad al debate relacionado con el tipo de vinculación de la actora y con el
desconocimiento de la sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de junio de 2018 y, en tal
razón, carecen de la relevancia constitucional necesaria para ser estudiadas por el
juez de tutela, pues son aspectos que ya fueron motivo de estudio en el curso del
proceso ordinario en sus dos instancias, en el que se concluyó que la plaza
ocupada por la demandante era del orden nacional, lo que, conforme con la
jurisprudencia de unificación vigente sobre la materia, impide el reconocimiento de
esos tiempos para efectos de pensión gracia. Adicionalmente, porque el juez
natural en precedentes judiciales anteriores efectuó el análisis de la misma
institución educativa, oportunidades en las que concluyó que no era del orden
territorial.

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Demandante: Magda Nydia Escudero García

Cuestión diferente es que la parte actora, al no estar de acuerdo con la
apreciación que se hizo sobre dichos cargos por parte de las autoridades
judiciales, presentara los mismos argumentos en la acción de tutela, bajo la
supuesta vulneración de derechos fundamentales, lo que no es razón suficiente
para omitir el hecho de que el mecanismo de tutela se está utilizando como una
instancia adicional, desconociendo el requisito de la relevancia constitucional, por
lo que la Sala revocará la decisión impugnada que negó las pretensiones, y
declarará la improcedencia de la solicitud por falta del mencionado requisito de
procedencia.

Por lo demás, se aclara que cuando se cuestiona por vía de tutela una providencia
judicial proferida por una Alta Corte, la procedencia del amparo constitucional es
más restrictiva debido a que esas Corporaciones son los órganos límite en sus
respectivas jurisdicciones, por lo que los principios de autonomía e independencia
judicial adquieren mayor relevancia. Dado lo anterior, la Corte Constitucional ha
indicado que, como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción
de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un error ostensible,
manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la Constitución política y que
justifique la intervención del juez constitucional, mismo que no se evidencia en el
caso.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la accionante acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de su derecho fundamental al
debido proceso, toda vez que insiste en el mismo debate litigioso relacionado con
las reglas para determinar el tipo de vinculación de los docentes que reclaman la
pensión gracia.

Por las razones expuestas, la Sala revocará la decisión impugnada que negó las
pretensiones la acción de tutela y, en su lugar, declarará la improcedencia de la
solicitud por ausencia del requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- REVÓCASE la sentencia de 8 de agosto de 2024, proferida por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas. En su lugar,

Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por la
señora Magda Nydia Escudero García, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”.

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Demandante: Magda Nydia Escudero García

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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