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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03847-01

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03847-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 22 de agosto de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, de acuerdo con las consideraciones que preceden. Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03847-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

10 de octubre de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03847-01
Demandante: Grasse Elena Rodríguez Buitrago

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03847-01
Demandante: Grasse Elena Rodríguez Buitrago
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial «Rodrigo Lara
Bonilla»

Temas: Tutela por omisión en resolver petición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 22 de agosto de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora Grasse Elena Rodríguez, quien actúa en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales de petición y
debido proceso, junto con sus corolarios de defensa y contradicción.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bonilla» i) que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la
sentencia, proceda a brindar respuesta de fondo a su derecho de petición radicado el
24 de mayo del 2024, aportando copia íntegra y certificada del «informe del análisis
psicométrico, expedido en el marco del proceso de calificación de la evaluación de la
subfase general, entregado el 21 de junio de 2024» y del material audiovisual de
respaldo a sus pruebas —que reemplace la hoja de respuestas— realizadas el 19 de
mayo y 2 de junio de 2024, en el marco de la subfase general; y ii) que una vez haya

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Demandante: Grasse Elena Rodríguez Buitrago

dado respuesta de fondo a su solicitud y de acceso al material audiovisual requerido,
proceda a otorgar un nuevo plazo para sustentar su recurso de reposición en contra
de la Resolución EJR21-298 de 21 de junio de 2024, mediante la cual se publicaron
los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

De igual forma, solicitó como medida provisional, que se ordene a la Escuela
«Judicial Rodrigo Lara Bonilla» suspender los términos otorgados para interponer y
sustentar el recurso de reposición en contra de la Resolución EJR21-298 de 21 de
junio de 2024, hasta que subsane el proceso de exhibición y lo realice de manera
completa, en el sentido de aportar prueba fidedigna —dar acceso al video de las
cuatro pruebas en el que grabó la pantalla de su computador al momento de
aplicarlas—, llámese material audiovisual, video o similar, que permita corroborar lo
acontecido en la plataforma durante la realización de las pruebas. Y que, una vez
haya dado respuesta de fondo a la solicitud, y acceso a las pruebas documentales
solicitadas —video e informe psicométrico—, le otorgue nuevo plazo para sustentar
el recurso de reposición.

1.1.2. Los hechos

La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) Mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior
de la Judicatura adelantó el proceso de selección y convocó al concurso de méritos
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Convocatoria 27.

ii) El proceso de selección se conformó por las etapas de selección y clasificación. La
primera, dividida en tres fases con carácter eliminatorio y, la segunda, compuesta por
la calificación de diferentes factores con carácter clasificatorio.

iii) Aplicó para el cargo de juez promiscuo municipal y superó las fases I y II de la
primera etapa, correspondientes a la prueba de aptitudes y conocimientos, y de
verificación de requisitos mínimos, y prosiguió a la fase III, referente al
adelantamiento del «IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos
de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, promoción
2020-2021».

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iv) El 19 de mayo y 2 de junio de 2024, la Escuela Judicial realizó las pruebas para la
evaluación del «IX Curso de Formación Judicial Inicial», que denominó «evaluación
sumativa en línea», aplicadas en dos sesiones por cada jornada —mañana y tarde—,
para un total de 4 sesiones, en las que se evaluaron 8 programas.

v) Por medio de la Resolución EJR21-298 del 21 de junio de 2024, la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla publicó los resultados de la subfase general del «IX Curso de
Formación Judicial Inicial», en la que le notificaron un puntaje no aprobatorio.

vi) Siguiendo el procedimiento establecido, solicitó la exhibición de la prueba y esta
se realizó los días 7 y 14 de julio de 2024; sin embargo, la Escuela Judicial solo le
entregó la siguiente información respecto de cada ítem: encabezado de cada
pregunta junto con los distractores de respuesta; clave identificada como correcta;
valor asignado y otorgado por cada ítem; y respuesta «supuestamente» marcada.

vii) El material exhibido no aportó prueba fidedigna que permitiera establecer las
respuestas que marcó como correctas y si, en realidad, dejó preguntas en blanco,
según le informó el evaluador.

viii) El 24 de mayo de 2024, a través de correo electrónico, radicó petición en la
Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» en la que informó de las fallas e
inconsistencias técnicas sufridas el 19 de mayo de 2024, durante la realización de la
prueba, y solicitó información respecto de la manera en que le garantizarían su
derecho a la igualdad frente a los demás discentes, de los mecanismos con los que
contaba para dejar evidencia probatoria, y de los protocolos realizados durante la
realización de las pruebas.

ix) El 25 de junio de 2024, por medio del ticket 16488, solicitó a la Escuela Judicial a)
copia íntegra y certificada «informe del análisis psicométrico, expedido en el marco
del proceso de calificación de la evaluación de la subfase general, entregado el 21 de
junio de 2024»; b) certificación de que se cuenta con la totalidad del material
audiovisual de respaldo a las pruebas realizadas en el marco de la subfase general
el 19 de mayo y 02 de junio pasados; c) copia íntegra y certificada, del registro
audiovisual respectivo, como documental que reposa en su poder.

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x) El 3 de julio de 2024, a través del ticket 18941, complementó la anterior petición.

xi) De las peticiones solo obtuvo una respuesta masiva los días 15 y 16 de julio,
informándole que no era posible la entrega de lo solicitado por hacer parte de la
reserva del proceso, y que no podía darse acceso al video porque era insumo para
adelantar las actuaciones sancionatorias en contra de los discentes que incurrieron
en conductas prohibidas.

1.1.3. Los fundamentos jurídicos

La accionante presentó como fundamentos jurídicos de la acción de tutela, los
siguientes:

i) La aplicación de la aludida reserva legal plateada por la EJRLB para el discente
que pidió acceder a los documentos relacionados con su prueba de conocimientos y
material audiovisual —que en este caso, reemplaza la hoja de respuestas—, hace
que el recurso de insistencia previsto en el artículo 26 de la Ley Estatutaria 1755 de
2015 carezca de la protección inmediata requerida frente a la evidente vulneración
de derechos fundamentales.

ii) Si no tiene respuesta de fondo a su solicitud y no tiene acceso a una prueba
fidedigna que permita identificar —sin lugar a duda— las respuestas marcadas en
cada uno de los ítems y establecer si en realidad dejó ítems en blanco y que se ha
garantizado la cadena de custodia, es imposible que pueda controvertir
adecuadamente el acto administrativo por el cual se publicaron los resultados del
proceso evaluativo y que, por contera la excluyó del proceso de selección.

iii) La protección constitucional que se solicita es inmediata, ya que de no tener
respuesta de fondo a sus peticiones y sin acceso a la prueba, no podría estructurar
adecuadamente su recurso de reposición —el cual puede sustentar hasta el 26 de
julio de 2024—, ni probar que la plataforma Klarwey —sobre la que se realizó el
examen— no es idónea para este tipo de pruebas, pues además de no guardar en
debida forma las respuestas, no les dio protocolo ni instrucciones para navegar en
ella y, mucho menos, dejó evidencia del comportamiento de los más de 3000

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discentes que realizaron la prueba, como de corroborar las fallas técnicas en el
ingreso y en la asistencia técnica y el nivel de estrés que ello produjo.

1.2. Actuación procesal

Mediante auto del 29 de julio de 2024, el consejero de Estado Luis Alberto Álvarez
Parra admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído a
la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», como demandada, y al Consejo Superior
de la Judicatura, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Unión
Temporal Formación Judicial 2019, como terceros interesados en las resultas del
proceso, para que, dentro del término de dos días, rindieran informe sobre los
hechos y argumentos de tutela. De igual forma, negó la medida provisional solicitada
por la señora Grasse Elena Rodríguez; tuvo como prueba, con el valor legal que les
corresponda, los documentos relacionados y traídos con la demanda; y ordenó a la
Oficina de Sistemas de la corporación, realizar la publicación de la información
relativa al proceso de la referencia en la página del Consejo de Estado.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial. La directora de la Unidad, Claudia M. Granados R., solicitó
desvincular a la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva o, en su
defecto, negar las pretensiones, en atención a los siguientes argumentos:

i) La corporación no tiene competencia ni injerencia alguna para emitir
pronunciamiento en torno de lo peticionado por la accionante, toda vez que la acción
constitucional recae en la inconformidad por la falta de respuesta al derecho de
petición de información presentado el 24 de mayo de 2024, como en la respuesta
dada a la petición del 25 de junio de 2024, relacionada con las evaluaciones de la
subfase general del IX Curso de Formación Judicial, elaborado por la Escuela
Judicial «Rodrigo Lara Bonilla».

ii) Las peticiones de 25 de junio y 3 de julio de 2024 presentadas por la señora
Grasse Elena Rodríguez y recibidas en la Unidad, fueron remitidas por competencia,

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a través del correo electrónico, al canal oficial de notificaciones de la Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bonilla». En ese sentido, no es posible para la Unidad efectuar un
pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud porque ello invade la órbita
funcional de la Escuela Judicial.

1.3.2. El Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial «Rodrigo Lara
Bonilla». La directora Gloria Andrea Mahecha Sánchez solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela o negar el amparo deprecado por la accionante,
debido a lo siguiente:

i) En aplicación de lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 22 de la Ley 1755 de 2015,
la Unión Temporal Formación Judicial 2019 dio respuesta completa y de fondo a las
peticiones presentadas por la señora Grasse Elena Rodríguez Buitrago, por medio
de tres correos masivos, de fechas 15, 16 y 18 de julio de 2024, en los que se
resolvieron las peticiones análogas de los diferentes discentes del IX Curso de
Formación Judicial Inicial.

ii) La solicitud de entrega del material audiovisual tomado en la presentación de las
pruebas, los días 19 de mayo y 2 de junio de 2024, tiene que ver con aspectos
relacionados con la etapa de exhibición. En el asunto, se informa que a inicios del
mes de julio se compartió a los discentes el Protocolo de Exhibición de pruebas para
la sub fase general del IX Curso de Formación Judicial que tenía como fin garantizar
el acceso a las pruebas presentadas virtualmente, conforme con lo dispuesto en los
Acuerdos PCSJA18-11077 2018 y PCSJA19-11400 de 2019, para la exhibición y
consulta. Allí se destacó que los discentes debían cumplir con las condiciones de
reserva y confidencialidad, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° del
artículo 164 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que establece: «las
pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial,
así como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de
aquéllas, tienen carácter reservado». Así, se tiene que las pruebas aplicadas en
desarrollo de la subfase general tienen carácter reservado y en tal sentido, ningún
tercero tendrá derecho de divulgación sobre estas.

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iii) Dada la reserva que rodea la información generada en el marco del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, es preciso mencionar que, los datos que solicita la
accionante, es decir, los videos que se tomaron durante la evaluación de la sub fase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial deben exhibirse bajo un estricto
control, según las condiciones establecidas por el en el Protocolo de Exhibición,
entendiendo que este acceso a los concursantes no es absoluto, sino que les impone
límites y obligaciones para garantizar la reserva y confidencialidad de las mismas,
teniendo en cuenta que la información requiere un grado de limitación en su acceso
al referirse a documentos de la convocatoria y datos protegidos por reserva, según lo
establecido en la Ley 270 de 1996.

iv) Para dar cumplimiento a lo anterior, la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla»,
según lo dispuesto en el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 de 2019 y en el
cronograma del IX Curso de Formación Judicial, realizó la exhibición de la evaluación
de la sub fase General, iniciando con los 4 primeros programas el 2 de julio de 2024
y con los 4 restantes el 14 de julio siguiente, procedimiento en el cual la accionante
tuvo acceso a los videos solicitados y al contenido completo de la evaluación,
además de conocer todos los aspectos puntuales relacionados con su desempeño
en la evaluación de la sub fase general de la convocatoria 27.

v) No existe vulneración de los derechos de defensa y contradicción, pues en las
jornadas de exhibición se permitió a todos los discentes acceder al material para
tener los insumos necesarios a fin de tramitar su recurso de reposición, garantizando
la igualdad en el acceso a la evaluación y material.

vi) En lo que tiene que ver con la solicitud del informe del análisis psicométrico,
expedido en el marco del proceso de calificación de la evaluación de la subfase
general, es preciso mencionar que, dada la reserva que rodea la información
generada en el marco del IX Curso de Formación Judicial Inicial, tiene un grado de
limitación en su acceso, al referirse a documentos de la convocatoria y datos
protegidos por reserva según lo dispuesto en la Ley 270 de 1996.

vii) De otra parte, la tutelante señaló que, a pesar de haber observado preguntas sin
respuesta durante las exhibiciones, ello no corresponde con la realidad y que confía

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plenamente en que todas las preguntas fueron resueltas. Lo anterior, precisa de una
respuesta especializada a cargo de la Unión Temporal Formación Judicial 2019,
contratista encargado del diseño y desarrollo del IX Curso de Formación Judicial
Inicial, el cual cuenta con la información necesaria para verificar la veracidad de tal
afirmación, previa la revisión de los registros correspondientes.

1.4. Sentencia impugnada

Mediante sentencia del 22 de agosto de 2024, el Consejo de Estado, Sección Quinta,
negó la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura; amparó el derecho
fundamental de petición de la señora Grasse Elena Rodríguez; y en consecuencia,
ordenó a la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» que, si no lo hubiere hecho, en
el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente de la
notificación de la providencia: i) diera una respuesta a la petición del 24 de mayo de
2024, y a la pregunta cuatro de la petición del 25 de junio de 2024, y ii) notificara del
contenido del oficio del 15 de julio de 2024, denominado «respuesta masiva a
derecho de petición presentado por discentes del IX curso de formación judicial
inicial»; negó el amparo invocado por la señora Grasse Elena Rodríguez, en relación
con la petición del 3 de julio de 2024, y declaró improcedente la acción de tutela, en
relación con las demás pretensiones. Para dichos efectos, consideró lo siguiente:

i) El 24 de mayo de 2024, la señora Grasse Elena Rodríguez envió petición a través
de los correos electrónicos IXcursoformacionJI@cendoj.ramajudicial.gov.co,
convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co y escujud@cendoj.ramajudicial.gov.co,
según informe presentado por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, la
petición fue remitida por competencia a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla; sin
embargo, revisado el material probatorio no se advirtió que la entidad haya resuelto
la petición, pese a que también fue recibida en el buzón
escujud@cendoj.ramajudicial.gov.co, por lo que se encuentra configurada la
vulneración del derecho fundamental de petición.

ii) Respecto de la petición del 25 de junio de 2024, la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla informó en su contestación, que la petición que en forma análoga la

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accionante y otros discentes del IX Curso de Formación Judicial Inicial presentaron
fue contestada por medio de 3 correos masivos dirigidos el 15, 16 y 18 de julio de
2024, en cumplimiento del inciso 2.° del artículo 22 de la Ley 1755 de 2015; no
obstante, de los documentos aportados no se advierte que se haya resuelto la
pregunta cuatro, dado que, si bien indicó cuáles fueron los criterios técnicos y
objetivos que determinaron que existían unas preguntas problemáticas que
conllevaron a que fueran imputadas como acertadas a todos los participantes del
proceso, lo cierto es que no indicó si estas fueron las únicas que se encontraron,
aparte de las mencionadas en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024. De
igual manera, la autoridad no allegó la constancia de notificación a la actora de la
respuesta masiva dada el 15 de julio de 2024.

iii) Y en cuanto a la petición del 3 de julio de 2024, no se advierte que la accionante
haya aportado la constancia de radicación, razón por la cual se descarta la
vulneración del derecho fundamental de petición en lo referente.

iv) Ahora bien, en cuanto a las pretensiones de que se ordene brindar copia íntegra y
certificada del «informe del análisis psicométrico» y del «material audiovisual de
respaldo a sus pruebas, realizadas en el marco de la subfase general el 19 de mayo
y 2 de junio de 2024», se advierte que son improcedentes, dado que la accionante
tuvo la oportunidad de acceder al material audiovisual, así como al contenido
completo de su evaluación los días 2 y 14 de julio de 2024, cuando la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla realizó la jornada de exhibición de la evaluación
realizada en la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

v) Igualmente, comoquiera que la accionante insiste en la entrega de unos
documentos sobre los cuales la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla alude una
reserva legal, es preciso indicar que la señora Rodríguez también contaba con la
posibilidad de interponer el recurso de insistencia que, de conformidad con el artículo
26 de la Ley 1755 de 2015, tiene un término perentorio de 10 días siguientes a su
radicación, lo cual lo torna en un mecanismo expedito y eficaz. Por lo tanto, es del
caso declarar la improcedencia de estas pretensiones, teniendo en cuenta que no
superan el requisito de la subsidiariedad.

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1.5. Impugnación

El 29 de agosto de 2024, la accionante Grasse Elena Rodríguez impugnó la
decisión de primera instancia en orden a que se amparen los derechos
fundamentales que en la sentencia fueron declarados improcedentes. Para dichos
efectos, argumentó lo siguiente:

i) Aunque el a quo reconoció que la entidad accionada no había resuelto la pregunta
cuatro de la petición del 25 de junio de 2024, omitió analizar que en el numeral
noveno se solicitó una certificación de la entidad en torno a si contaba con la
totalidad del material audiovisual de respaldo a las pruebas realizadas en el marco
de la subfase general el 19 de mayo y 2 de junio de 2024, como de la copia del
registro fílmico y/o audiovisual del examen, lo cual no ha sido entregado hasta el
momento. Por lo anterior, es evidente que su derecho de petición frente a la solicitud
del 25 de junio de 2024 tiene dos numerales adicionales al contemplado, en los
cuales su derecho está siendo vulnerado y que el juez de primera instancia no
evidenció.

ii) En el caso, también solicitó la protección de sus derechos al debido proceso
administrativo, contradicción y defensa, bajo el entendido de que no es cierto que
haya tenido la oportunidad de acceder al material audiovisual de respaldo tomado en
la presentación de las pruebas los días 19 de mayo y 2 de junio de 2024, así como al
contenido completo de su evaluación los días 2 y 14 de julio de 2024, cuando la
Escuela Judicial realizó la jornada de exhibición de la evaluación realizada en la
subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial, ni tampoco a los
documentos de los cuales la accionada alegó reserva, lo cual era de vital importancia
para sustentar su recurso de reposición en contra de la Resolución EJR21-298 de 21
de junio de 2024.

iii) En la respuesta masiva otorgada por la EJRLB se manifestó reserva de la
información solicitada y, al respecto, el a quo consideró que se tiene un medio
expedito como lo es el recurso de insistencia, sin tener en cuenta que el término para
interponer y sustentar el recurso de reposición contra la Resolución EJR21-298 de 21
de junio de 2024 se cumplió dentro del trámite de la acción de tutela, razón

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indiscutible para entender que el único medio para hacer valer su derecho de
contradicción y defensa es el presente medio constitucional.

iv) El argumento de la improcedencia de la acción de tutela por existir otro
mecanismo se desdibuja, pues las respuestas masivas en las que la EJRLB manifestó
reserva de la información fueron allegadas el 16 y 20 de julio, y la radicación de la
acción de tutela ocurrió el 23 de julio, faltando tres días para el vencimiento del
término para sustentar el recurso de reposición, 26 de julio. Esto se explica con el fin
de aclarar que la protección constitucional requerida no tiene otro mecanismo
efectivo para garantizar sus derechos de contradicción y debido proceso
administrativo, dado que solo un juez constitucional podía decretar la medida
provisional impetrada o en sentencia ordenar el levantamiento de la reserva y
conceder término adicional posterior a la entrega de lo requerido, para complementar
el recurso de reposición.

v) Si bien el recurso de insistencia se muestra como expedito, en este caso en
particular resulta no efectivo por la premura del tiempo y lo corto del cronograma
establecido por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, pues si bien dentro del
término que le concede la ley interpuso recurso de insistencia, su resolución será por
fuera de términos para controvertir el acto administrativo en comento, de aquí que
sea del caso acceder a la protección constitucional, ordenar la entrega de la
información y documentos requeridos y, posterior a ello, brindar un plazo adicional
para complementar el escrito del recurso de reposición, ya que hasta no tener
acceso a lo solicitado el recurso estará incompleto y no tendrá fuerza probatoria ni
argumentativa en aspectos trascendentales como lo son la estructuración de las
pruebas y su desarrollo.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 1.º del Decreto 1983 de
2017, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de
la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia y a prevención, a la Corte Suprema de Justicia o

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al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección
que corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4», en concordancia con lo previsto en el artículo 86 Constitucional y el
inciso 2, artículo 25 del Acuerdo n.º 080 de 2019,1 según el cual «Las tutelas que
sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la
cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es
competente para conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de
tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si en el presente caso corresponde declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la vulneración del
derecho fundamental de petición y/o confirmar lo resuelto por el a quo; y, en
segundo lugar, si las demás pretensiones de los accionantes son procedentes a
través de este medio constitucional.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre el derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política, incorporó el derecho petición como un
derecho de carácter fundamental en los siguientes términos: «Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución».

Consciente de ese carácter iusfundamental, el legislador reguló su ejercicio mediante
la Ley Estatutaria 1755 de 2015, sustituyendo el Título II del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así, en lo relativo al
tiempo de respuesta de la Administración, el artículo 14 del referido código señaló
como término general para resolver las peticiones el de los quince días siguientes a
1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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su recepción, y sometió a término especial i) las peticiones de documentos y de
información, que deberán resolverse dentro de los diez días siguientes a su
recepción, y ii) las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las
autoridades en relación las materias a su cargo, que deberán resolverse dentro de
los treinta días siguientes a su recepción.

En la sentencia T-377 de 20002, la Corte Constitucional estableció diferentes
parámetros para la protección de este derecho fundamental, y consideró como
presupuestos necesario para su garantía, los siguientes: i) el derecho de petición es
fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia
participativa; ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución
pronta y oportuna de la cuestión; iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de
manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; iv) la respuesta debe
producirse dentro de un plazo razonable, lo más breve posible; v) la respuesta no
implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta
escrita; vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en
algunos casos a los particulares; vii) el silencio administrativo negativo, entendido
como un mecanismo para agotar la vía gubernativa3 y acceder a la vía judicial, no
satisface el derecho fundamental de petición, pues su objeto es distinto; por el
contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado
el derecho de petición; viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía
gubernativa; ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la
exonera del deber de responder; y x) ante la presentación de una petición, la entidad
pública debe notificar su respuesta al interesado.

Adicionalmente, en la Sentencia T-487 de 2017, reiteró que uno de los contenidos
del núcleo esencial del derecho de petición es la obligación que tiene la
administración de dar una respuesta clara, precisa y congruente, que resuelva
de fondo el asunto solicitado. De igual forma, amplía el alcance de dicha
obligación a los particulares y acepta la procedencia del derecho de petición ante
estos, reseñando las reglas establecidas por la jurisprudencia y la regulación

2 Reiteradas, entre otras, en las sentencias T -183 de 2013 y T-908 de 2014.
3 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.

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introducida por la Ley 1755 de 2015, que en su artículo 32 definió la viabilidad de
este derecho ante organizaciones privadas.

2.3.2. Sobre el debido proceso administrativo

El derecho al debido proceso administrativo se encuentra recogido en el artículo 29
de la Constitución Política, donde se determina que su aplicación se extiende a «toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas». De igual manera, el artículo 209
ejusdem y el numeral 1 del artículo 3.º de la Ley 1437 de 2011, incluyen al debido
proceso como principio fundamental de la función administrativa.

Por su parte, en Sentencia C-980 de 2010, la Corte Constitucional señaló que el
debido proceso administrativo debe entenderse como: «i) el conjunto complejo de
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, ii)
que guarda relación directa o indirecta entre sí, y iii) cuyo fin está previamente
determinado de manera constitucional y legal». Así mismo, ha precisado que con
dicha garantía se busca «i) asegurar el ordenado funcionamiento de la
administración, ii) la validez de sus propias actuaciones y, iii) resguardar el derecho a
la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados».4

En esa lógica, en lo que respecta a la administración, el debido proceso
administrativo implica una limitación al ejercicio de sus funciones, puesto que en todo
proceso, desde su inicio hasta su finalización, las entidades públicas están obligadas
a observar los parámetros procedimentales determinados en el marco jurídico
vigente de manera restrictiva, lo cual busca minimizar el criterio subjetivo dentro de
los procesos y evitar conductas omisivas, negligentes o de descuido de los
funcionarios frente a este.

2.4. Hechos probados

De los documentos obrantes en el expediente de tutela, la Sala establece lo
siguiente:

4Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 2010. Magistrado ponente doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

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i) El 21 de junio de 2024, a través de la Resolución EJR24-298, el Consejo Superior
de la Judicatura, Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», publicó los resultados de la
subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial, en la que se consignó un
puntaje no aprobatorio para la señora Grasse Elena Rodríguez Buitrago.

ii) El 28 de junio de 2024, por medio de la Resolución EJR24-317, el Consejo
Superior de la Judicatura, Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» corrigió un error
formal en la anterior resolución, en el siguiente sentido:

Artículo 1°. Corregir, el error de digitalización, de la fecha para la interposición de los
recursos de reposición contra la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024 “Por
medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial’’, establecida en el artículo 3° del resuelve, cuyo texto
quedará así:

Artículo 3°. Recurso. Contra la presente Resolución procede únicamente el recurso
de reposición cuando la calificación consolidada sea inferior a 800 puntos, el cual
podrá interponerse por el término de diez (10) días, del 15 al 26 de julio de 2024,
con posterioridad a la exhibición de las evaluaciones.

iii) El 23 de mayo de 2024, la señora Grasse Elena Rodríguez Buitrago dirigió
petición al Consejo Superior de la Judicatura, direcciones electrónicas
escujud@cendoj.ramajudicial.gov.co, convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co y
IXcursoformacionJI@cendoj.ramajudicial.gov.co, en la que solicitó lo siguiente:

1. Se me brinden garantías para la presentación de la prueba pendiente para evaluar la
parte general del curso del curso de formación judicial —Concurso para Jueces y
Magistrados de la convocatoria 27—, esto es, que la prueba se realice en un lugar
dispuesto por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla o por el Consejo Superior de la
Judicatura, con equipos suministrados por ustedes o al menos que cuente con el apoyo
técnico presencial que me permita solucionar de manera ágil los inconvenientes que
presente la plataforma.

2. De manera subsidiaria, en caso de que no sea posible acceder a la anterior petición,
solicito que el tiempo que pierda en el desarrollo de la prueba por razones técnicas,
como las ya acontecidas, sea repuesto en mi favor, de tal manera que desarrolle la
prueba en condiciones de igualdad con el resto de discentes.

3. De igual forma solicito que para la prueba programada para el 2 de junio de 2024 y
las demás que se deban realizar de manera virtual, se brinden protocolos claros a
seguir, en caso de que se presenten fallas, como las expuestas, explicando con
claridad cuál debe ser el actuar del discente para superarlas.

4. Así mismo, requiero información respecto al mecanismo con el que disponemos los
discentes para dejar evidencias probatorias de todas las dificultades presentadas, esto

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teniendo en cuenta que los chats se desaparecen inmediatamente y garantizar con ello
el debido proceso y el derecho de defensa.

5. Se me informe la estrategia, actividad o actuación que desplegará la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla y/o el Consejo Superior de la Judicatura a fin de
garantizar mis derechos fundamentales a la igualdad, a la educación y al mérito,
vulnerados el día 19 de mayo de 2024, al negarme la reposición del tiempo perdido por
problemas técnicos de la plataforma dispuesta para la prueba.

iv) El 25 de junio de 2024, la señora Grasse Elena Rodríguez Buitrago presentó
petición a la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bolilla», radicado con el ticket #16488, y
dirigida a las direcciones electrónicas escudud@cendoj.ramajudicial.gov.co,
soporte@ixcursoformacionjudicial.com, convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co
y IXcursoformacionJI@cendoj.ramajudicial.gov.co, el que solicitó, entre otros
pedimentos, los siguientes:

PRIMERO-: Se remita por este medio o se realice de manera pública, por medio del
portal de la Escuela Judicial, la publicación de la Resolución. EJR24-298, discriminación
de los valores obtenidos en cada actividad (control de lectura, análisis jurisprudencial y
taller virtual), por cada uno de los módulos cursados, en aras de tener un panorama
claro y detallado de las notas obtenidas en los exámenes realizados. Lo anterior, se
hace primordial, para poder realizar un análisis a profundidad de los resultados
producto del desarrollo de la etapa general del curso de formación. Fundamento mi
solicitud en que, conforme lo dictado en el acuerdo PCSJA19-11400 19 de septiembre
de 2019, en su numeral 5.1.1. […]

SEGUNDO-: Se me informe expresa y claramente la fórmula matemática utilizada para
evaluar la prueba e indicar el medio por el cual se nos informó previamente del
mecanismo para evaluar. Lo anterior por el derecho que tenemos como discentes de
«Ser informado clara y oportunamente sobre las normas que regulan el IX Curso de
Formación Judicial Inicial […]».

TERCERO-: Expresar las razones por las cuales, una u otra forma de calificación de la
subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial fue la elegida, así como los
criterios objetivos que determinaron su aplicación.

CUARTO-: Se me informe expresamente cuáles fueron los criterios técnicos, y en suma,
objetivos para resolver las preguntas erróneamente formuladas dentro de las pruebas
de la subfase general y, si las condensadas en el acto administrativo de la referencia
fueron las únicas detectadas por la Escuela y/o la Unión Temporal de entre este grupo,
o si, se detectaron más, indicar, porqué solo aquellas mencionadas en la resolución en
comento fueron objeto de medida de arreglo.

QUINTO-: Frente a las preguntas erróneamente formuladas por ustedes dentro de la
prueba de la subfase general, conforme numeral que antecede, se indique
expresamente la razón objetiva, y técnica, por medio de la cual se decidió dar
tratamiento diferenciado, validando positivamente como criterio general a todos los y
las discentes algunas de ellas, y por contravía, dándole puntaje positivo solo a los y las
discentes que en su criterio se acercaron a alguna de las claves de respuesta, es decir,
negando puntaje pese a ser pregunta mal formulada, para el universo total de

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discentes, tratándose de las preguntas identificadas por ustedes, P35, P50, P143 y
P295, para el primer grupo, y P275 en el segundo grupo, aquí referido,
respectivamente. De manera concreta se requiere información completa sobre ítems
definidos como correctos, ítems incorrectos y no marcados y la calificación asignada a
cada uno de ellos.

SEXTO-: Infórmese y certifíquese, expresamente, si los resultados obtenidos por la
suscrita como discente, y en general las demás personas en igual calidad, fueron
obtenidos calificando aciertos parciales de las preguntas formuladas en cada uno de
los programas de la subfase general que fueron evaluados. Y de ser así, cuál fue el
criterio aritmético para llegar a resultados parciales por pregunta.

SÉPTIMO-: Se expida informe, condensando expresamente la cantidad de aciertos y
desaciertos que como discente obtuve en la calificación de la subfase general,
disgregándose efectivamente las preguntas respectivas en cada uno de los programas
evaluados, esto es, la calificación otorgada a cada pregunta de conformidad con mis
aciertos y desaciertos. E información completa sobre ítems definidos como correctos,
ítems incorrectos y no marcados. En caso de no acceder a esta solicitud,
respetuosamente me permito solicitar en el marco del procedimiento que desarrolla el
artículo (1) 26 de la Ley 1755 de 2015, la causal de reserva específica que se invoca,
en todo caso INSITIÉNDOSE desde ya en lo pedido, remítase el particular ante el juez
competente.

OCTAVO-: Requiero se me brinde copia íntegra y certificada del denominado por
ustedes, dentro del acto administrativo referido en este petitorio, «informe del análisis
psicométrico, expedido en el marco del proceso de calificación de la evaluación de la
subfase general, entregado el 21 de junio de 2024». En caso de no acceder a esta
solicitud, respetuosamente me permito solicitar, en el marco del procedimiento que
desarrolla el artículo (1) 26 de la Ley 1755 de 2015, la causal de reserva específica que
se invoca, en todo caso INSITIÉNDOSE desde ya en lo pedido, remítase el particular ante
el juez competente.

NOVENO-: En mi calidad de titular por demás del iusfundamental al HÁBEAS DATA, en
primer lugar, solicito se certifique que cuentan en su poder con la totalidad del material
audiovisual de respaldo a las pruebas realizadas en el marco de la subfase general el
19 de mayo y 2 de junio pasados.

Requiero además y en relación a este petitum en concreto, se me brinde copia íntegra
y certificada, del registro audiovisual respectivo, como documental que reposa en su
poder. En caso de no acceder a esta solicitud, respetuosamente me permito solicitar en
el marco del procedimiento que desarrolla el artículo (1) 26 de la Ley 1755 de 2015, la
causal de reserva específica que se invoca, en todo caso INSITIÉNDOSE desde ya en lo
pedido, remítase el particular ante el juez competente.

Lo antedicho, pues y por demás, REQUIERO TRÁMITE PRIORITARIO del particular, en los
términos expresamente reglados por la Ley 1755 de 2015, artículo (1) 20, sustento tal
pedimento comoquiera, que, en calidad de titular de los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO como al de DEFENSA Y CONTRADICCIÓN implícito, la INFORMACIÓN como
DOCUMENTACIÓN que aquí se ha solicitado responde al sustento fáctico, probatorio y
jurídico con el que espero controvertir en sede de reposición, el acto administrativo
aquí referido y en concreto, el puntaje obtenido que me excluye de la subfase
especializada ya que de otra manera no contaría con elementos de prueba o
indicativos suficientes para librar argumentos consistentes en procura de solicitar un
replanteamiento en la calificación obtenida.

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v) La señora Grasse Elena Rodríguez Buitrago manifestó que el 3 de julio de 2024
dirigió una nueva petición a la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bolilla»,
complementando la petición del 25 de junio de 2024, pero al plenario no allegó
prueba de su efectiva radicación.

vi) Los días 15, 16, y 18 de julio de 2024, la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bolilla»
dio respuesta masiva a los diferentes derechos de petición presentados por
discentes del IX Curso de Formación Judicial Inicial.

vii) El 27 de agosto de 2024, la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bolilla», en
cumplimiento al fallo de primera instancia, dio respuesta a la petición del 24 de mayo
de 2024 y al numeral cuarto de la petición del 25 de junio de 2024.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

Se cuestiona en sede de impugnación el análisis realizado por el juez de tutela de
primera instancia en torno de la vulneración del derecho de petición en lo solicitado
en el numeral noveno de la petición del 25 de junio de 2024, como de los derechos al
debido proceso, defensa y contradicción, respecto de la negativa en la entrega del
material audiovisual tomado en la presentación de las pruebas realizadas en el
marco de la subfase general, y de la falta de idoneidad del recurso de insistencia en
relación con el informe del análisis psicométrico requerido sometido a reserva.

Pues bien, se advierte que en el numeral noveno de la petición del 25 de junio de
2024, la señora Grasse Elena Rodríguez Buitrago solicitó a la Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bolilla», lo siguiente: «certificación de si cuentan en su poder con la
totalidad del material audiovisual de respaldo a las pruebas realizadas en el marco
de la subfase general el 19 de mayo y 2 de junio pasados», y «copia íntegra y
certificada del registro audiovisual respectivo, como documental que reposa en su
poder», y que, en caso de no accederse a la solicitud, por existir reserva en la
información, «se procediera a dar trámite al recurso de insistencia».

Sobre el particular, la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bolilla», en la contestación a la
acción de tutela, informó que la Unión Temporal Formación Judicial 2019 respondió a

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los requerimientos de la peticionaria los días 15, 16 y 18 de julio del presente año,
por medio de tres correos masivos, de los cuales se pudo colegir, una vez
consultados, que, en el correo del 16 de julio de 2024, numeral 2, se señaló con
respecto del material audiovisual requerido, lo siguiente:

2. Sírvanse trasladarme, de manera digital, el video o videos que dan cuenta de la
vigilancia antifraude o proceso de Proctoring ejecutado por la Escuela en
relación con la presentación de mis pruebas (los días 19 de mayo y 2 de junio).

La solicitud deprecada no es procedente, dado que el video de la evaluación constituye
una evidencia del comportamiento del discente durante el desarrollo de la misma. Este
video permite verificar la ocurrencia de acciones no autorizadas, las cuales pueden
conllevar a la exclusión del discente involucrado, conforme a lo establecido en el
Acuerdo PCS 19-11400.

Es decir, que la Escuela Judicial abordó el pedimento y explicó el por qué no era
procedente su entrega, contestación que, aunque somera, brinda una respuesta
clara y de fondo a lo solicitado, de aquí que la Sala no advierta vulneración del
derecho fundamental de petición en lo correspondiente con el numeral noveno de la
petición del 25 de junio de 2024.

Ahora bien, la accionante también controvierte la violación de sus derechos al debido
proceso administrativo junto con sus corolarios de defensa y contradicción, ante la
negativa de la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bolilla» en entregar i) el material
audiovisual de respaldo tomado en la presentación de las pruebas los días 19 de
mayo y 2 de junio de 2024, que reemplace la hoja de respuestas, ii) como el informe
del análisis psicométrico expedido en el marco del proceso de calificación de la
evaluación de la subfase general, entregado el 21 de junio de 2024 por la Unión
Temporal Formación Judicial 2019.

En la contestación a la acción de tutela, la Escuela Judicial señaló, en torno de la
entrega del material audiovisual tomado en la presentación de las pruebas de los
días 19 de mayo y 2 de junio de 2024, que la solicitud tenía que ver con aspectos
relacionados con la etapa de exhibición.

Así, refirió que a inicios del mes de julio de 2024 se compartió a los discentes el
«Protocolo de Exhibición de pruebas para la Sub Fase General del IX Curso de

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Formación Judicial», para la exhibición y consulta de las mismas, conforme con lo
dispuesto en los Acuerdos PCSJA18-11077 2018 y PCSJA19-11400 de 2019,
resaltando a los discentes que las pruebas aplicadas en desarrollo de la subfase
general tienen carácter reservado y que, por tanto, ningún tercero tenía derecho de
divulgación sobre estas, según lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 164 de la
Ley 270 de 1996.

En tal sentido, advirtió, de manera taxativa, que dada la reserva que rodeaba la
información generada en el marco del IX Curso de Formación Judicial Inicial, los
datos solicitados por la accionante, es decir, los videos que se tomaron durante la
evaluación del curso, debían exhibirse bajo un estricto control, según las condiciones
establecidas en el Protocolo de Exhibición, es decir, con acceso limitado a los
concursantes y con la obligación de garantía de la reserva y confidencialidad.

Asimismo, que en cumplimiento del Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 de 2019 y
del cronograma del IX Curso de Formación Judicial, la Escuela Judicial realizó la
exhibición de la evaluación de la subfase general los días 2 y 14 de julio de 2024,
iniciando con los 4 primeros programas el día 2 de julio, y con los 4 restantes el día
14 de julio, procedimiento en el cual la accionante tuvo acceso tanto a los videos
solicitados, como al contenido completo de la evaluación, además de conocer todos
los aspectos puntuales relacionados con su desempeño en la evaluación de la
subfase general de la Convocatoria 27.

Si bien, la accionante alega en sede de impugnación que no es cierto que haya
tenido la oportunidad de acceder al material audiovisual, lo cierto es que tal
afirmación no encuentra asidero, por cuanto la entidad fue enfática en señalar que,
en garantía del derecho al debido proceso, permitió a todos los discentes en las
jornadas de exhibición acceder al material para tener los insumos necesarios a fin de
tramitar su recurso de reposición.

Con todo, la Sala no encuentra obligación por parte de la autoridad accionada en la
entrega libre de lo requerido por la peticionaria, pues tal como lo explicó la Escuela
Judicial, sobre el pedimento existe limitación en su acceso por tratarse de
documentos de la convocatoria y datos protegidos por reserva.

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Y en lo que tiene que ver con la entrega del informe del análisis psicométrico,
entregado el 21 de junio de 2024 por la Unión Temporal Formación Judicial 2019 y
que se usó como fundamento para imputar el acierto a todos los aspirantes en las
preguntas P35, P50, P143 y P295 y para aceptar doble clave a la pregunta P275, la
Escuela Judicial explicó, diáfanamente, que no era procedente su entrega por
tratarse de información sometida a reserva, conforme a lo dispuesto en el parágrafo
segundo del artículo 164 de la Ley 270 de 1996.

Así las cosas, se tiene que la negativa de la entidad accionada en acceder a la
información y entrega de la documentación requerida por la accionante está
debidamente motivada y sustentada, al ser considerada de carácter reservado.

Ahora bien, según el artículo 25 de la Ley 1437 de 2011, contra la decisión que
rechace la petición de información por motivo de reserva legal no procede recurso
alguno, ya que, conforme al artículo 265 ibídem, se prevé la existencia de un
procedimiento judicial, especial e informal a efectos de que sea la jurisdicción de lo
contencioso administrativo la que determine el acceso a lo solicitado.

Aunque en el caso se alega que el recurso de insistencia no resulta efectivo para
precaver la protección irrogada, dada la inmediatez con la que se debe actuar para
radicar y sustentar en debida forma el recurso de reposición en contra de la
Resolución EJR21-298 del 21 de junio de 2024, lo cierto es que el recurso de
insistencia si goza de eficacia e idoneidad para precaver la protección irrogada, ya de

5 Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. 5Si la persona interesada insistiere en su

petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al
Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de
autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se
trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o
parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez
administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en
los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya
divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las
reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga,
asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar
criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar
conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.
Parágrafo El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de
notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del CPACA, el tribunal o juez administrativo
debe resolverlo dentro de los diez días siguientes al envío de la documentación,
además de que es el juez natural y, por tanto, adecuado, para analizar y determinar
si en el caso procede el levantamiento de la reserva.

En lo referente, resulta importante lo dicho en la Sentencia T-466 de 2010, en la que
la Corte Constitucional explicó que cuando se emite una respuesta negativa a una
solicitud de información, aduciendo su carácter reservado e invocando disposiciones
constitucionales o legales pertinentes, «el recurso de insistencia es el mecanismo
judicial de defensa procedente, en tanto aquel constituye un instrumento específico,
breve y eficaz para determinar la validez de la restricción a los derechos
fundamentales en cuestión».

Con todo, es dable señalar que, según consulta realizada en el aplicativo Samai, el
expediente con radicado 25000-23-41-000-2024-01547-00, correspondiente al
recurso de insistencia presentado por la señora Grasse Elena Rodríguez Buitrago,
ingresó a despacho el 28 de agosto de 2024, por lo que es del caso esperar a que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca sustancie el asunto y resuelva sobre el
particular, quien por demás, es el juez natural y especializado de la causa.

Así las cosas, se concluye que en el caso no se configura vulneración del derecho de
petición en torno del numeral noveno de la petición del 25 de junio de 2024, ni
tampoco vulneración de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el caso no se configura la
vulneración de los derechos fundamentales invocados y, en tal sentido, confirmará
la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 22 de agosto de 2024, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Quinta, de acuerdo con las consideraciones que preceden.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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