Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03850-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-03850-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03850-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03850-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
26 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
Demandado: Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo del Antioquia
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela
de 22 de agosto de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Sala
Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 20 de marzo de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 05001333302920220034600, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del
acto administrativo núm. 202230035507 del 2 de febrero de 2022, por medio del cual
se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de
las cesantías establecida en la Ley 50 de 28 de diciembre de 19901, y la indemnización
por el pago tardío de los intereses a las cesantías prevista en el artículo 1° de la Ley
52 de 18 de diciembre de 19752.
4. El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín profirió
sentencia, en primera instancia, el 21 de septiembre de 2023, mediante la cual resolvió
negar las pretensiones de la demanda.
5. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia, en segunda instancia,
el 20 de marzo de 2024, mediante la cual resolvió lo siguiente:
1 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
2 “Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares”.
3
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintinueve
Administrativo del Circuito de Medellín, el día veintiuno (21) de septiembre de dos mil
veintitrés (2023).
SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia […]”.
6. La Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia consideró
lo siguiente:
“[…] encuentra la Sala que la señora MARLENE CAYCEDO MAZO se encuentra afiliada
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con un tipo de vinculación
Departamental; además, que por su calidad de docente vinculada con posterioridad al
día 1° de enero de 1990, tiene derecho de conformidad con el artículo 15° de la Ley 91
de 1989, que se le liquiden sus cesantías anualmente y que además, se le reconozca y
pague un interés anual sobre el saldo de dichas cesantías existentes al 31 de diciembre
de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, “equivalente a la suma que
resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema
financiero durante el mismo período”.
Igualmente, encuentra la Sala de conformidad con lo dispuesto en el marco jurídico de
esta providencia, que por tener la calidad de docente el actor, es de carácter obligatorio
su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, concluyéndose
de ello que su afiliación no se encuentra reportada en un fondo privado de cesantías;
además, tal y como fue ya expuesto, es el Fondo quien cancela las cesantías y los
intereses a las cesantías del personal docente (Acuerdo No. 39 de 1998) sin
consignación, ya que la relación que se presenta en este caso es directa entre el Fondo,
quien es el responsable de las prestaciones económicas, y el docente, sin intermediario
alguno; pues en virtud de la delegación, únicamente el ente territorial profiere el acto
conforme lo dispone el artículo 9° de la Ley 91 de 1989, así:
“ARTÍCULO 9. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, serán reconocidas por la Nación a través del Ministerio de
Educación Nacional, función que delegará de tal manera que se realice en las entidades
territoriales”.
Así las cosas, esta Sala de Decisión acorde con la postura que venía sosteniendo y la
cual es congruente con la reciente Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023
proferida por el Consejo de Estado el 11 de octubre de 2023 citada en el marco
normativo de esta providencia, en la que se fijó como regla jurisprudencial que la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 es incompatible con el régimen prestacional de que trata
la Ley 91 de 1989 y, en esa medida, los docentes oficiales afiliados al FOMAG no
pueden ser destinatarios de aquella, revocará la sentencia apelada.
En consecuencia, se concluye que, de conformidad con la normatividad aplicable al caso
concreto, no existe fundamento legal que consagre obligación de consignación en una
cuenta individual de cada docente, pues los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio provienen de diferentes fuentes, estando
sometidos al principio de unidad de caja, con subcuentas independientes, una de ellas
destinada a cesantías, lo que quiere decir la no existencia de cuentas individuales o
independientes, por lo que es totalmente contrario a los presupuestos establecidos para
la aplicación de la sanción por no consignación oportuna de la Ley 50 de 1990, los cuales
suponen en forma clara, la existencia de i) una afiliación a un fondo privado de cesantías,
lo cual no sucede con el FOMAG y ii) la obligación de consignación. Además, si bien la
parte actora solicita se dé aplicación al principio de favorabilidad, lo cierto es que ello no
4
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
es procedente en tanto no existen dos disposiciones aplicables al caso a fin de tomarse
la más beneficiosa, pues la sanción consagrada en la Ley 50 de 1990 en el artículo 99,
tal y como se indicó, consagra unos presupuestos completamente diferentes; y porque,
además, ello vulnera el principio de inescindibilidad de regímenes.
Ahora, como se ha indico (sic) a lo largo de esta sentencia, como el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio es el responsable del pago de las cesantías y los
intereses a las mismas, tampoco es procedente la indemnización por no consignación
en forma oportuna de los intereses a las cesantías que consagra el artículo 1° de la Ley
52 de 1975, puesto que los docentes oficiales se encuentran regidos en dicho punto, en
virtud de lo dispuesto en el Acuerdo No. 39 de 1998 expedido por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, encontrándose además claro que los mismos,
esto es, los educadores, cuentan con una afiliación obligatoria a dicho fondo, sin tener
entonces la posibilidad de optar por elegir este, siendo administrados los recursos por
el propio FOMAG […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Solicito que se protejan los derechos al DEBIDO PROCESO, ACCESO LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO DE GRATUIDAD, y conforme a esto se
REVOQUE DE MANERA PARCIAL, la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA MAGISTRADA PONENTE MARTA
NURYA VELASQUEZ BEDOYA radicado 05001333302920220034601 el numeral
segundo donde no condena en cosa en esta instancia. […]”.
7.1 La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente3:
“[…] Cabe resaltar que no existía sentencia de unificación al momento de la presentación
de las demanda sobre el tema en estudio bajo los mismos fundamentos y pretensiones
y tampoco a la notificación de la sentencia en primera instancia que fue el día 31 DE
MARZO DE 2023, en este sentido se actuó bajo el principio de buena fe y confianza
legítima teniendo de presente siempre que la demanda tenía todo el fundamento legal y
jurídico para su existencia como lo venía fallando en reiteradas ocasiones el Consejo de
Estado.
CUARTO: El día 13 de octubre el consejo de estado notifica sentencia de unificación No.
SUJ032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 Radicado Interno 5746-2022
Demandante: Julián David Quintero Agudelo, en la que ante las DOS (2) posturas
establecidas en la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, donde las Tribunales
del Valle del Cauca y Antioquia y algunos juzgados del Valle del Cauca, Chocó, Norte de
Santander, Santander, Bogotá, Risaralda, Sucre y Antioquia accedían a las pretensiones
de la demanda; mientras que los juzgados y Tribunales de Santander, Huila, Quindío,
Sucre y Boyacá tenían una postura diferente, se decidió UNIFICAR el criterio en el
sentido de precisar que la Ley 50 de 1990.
3 Transcripción literal del texto.
5
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
QUINTO: Sin embargo, el día 20 de marzo de 2024 el tribunal administrativo de Antioquia
sala séptima de oralidad REVOCA la sentencia de primera instancia emitida por el
Juzgado 29 del Circuito de Medellín.
SEXTO: En este caso en concreto Donde en PRIMERA INSTANCIA NIEGA LAS
PRETENSIONES DE LA DEMANDA, y posterior a la misma confirma la totalidad de las
pretensiones, la sala manifiesta que respecto al numeral 4 del artículo 365 del CGP.
cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias, si bien es cierto lo
pretendido no es que se prevalezca la jurisprudencia por sobre el precepto normativo,
dicha sala si pudo realizar un análisis de ponderación subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio
judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma. Esa
ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias, dilatorias
que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, que
se pueden valorar según lo señalado por el artículo 79 del Código General del Proceso,
y así verificar si en el expediente aparece probado si se causaron dichas costas. Estimo
que la argumentación que debió sustentar la decisión de abstenerse de imponer condena
en costas debió sustentarse en que no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe y por consiguiente tampoco aparecen probados gastos judiciales
sufragados por la entidad demandada por tratarse este de un asunto de pleno derecho
OCTAVO: Es claro que la entidad judicial omitió dar un DEBIDO PROCESO al curso que
tomo el tema de la sanción Ley 50 de 1990 y no se tuvo de presente el caso objeto de
revisión en dicha sentencia de unificación y donde no se condenó en costas a la parte
demandante, A SU VEZ EXISTIO UN DESCONOCIMIENTO DE ORDENAMIENTOS
JUDICIALES FRENTE AL TEMA DE LA CONDENA EN COSTAS POR PARTE DEL
CONSEJO DE ESTADO, Cabe resaltar que esta apoderada siempre ha actuado con
buena fe, y la entidad judicial desconoció que la transición jurisprudencial fue
desfavorable para la demanda en mención, en igual sentido la sentencia de unificación
si bien es cierto es negativa para nuestras pretensiones también menciona la NO
CONDENA EN COSTAS. […]”.
Actuación
8. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 26 de julio de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar
a los magistrados de la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia; y iii) vinculó como terceros con interés legítimo, al Juzgado Veintinueve
Administrativo del Circuito de Medellín, al Distrito Especial de Medellín y a la Nación
– Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y;
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado concediéndoles el término de
tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
9. La Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia consideró
que no se configuran los presupuestos procesales y materiales para una sentencia de
6
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
tutela favorable a los intereses de la parte actora. Manifestó que la acción de tutela no
procede contra providencias judiciales, en razón de los principios de autonomía
judicial y seguridad jurídica y solo de manera excepcional resulta procedente, siempre
que se cumplan requisitos como:
“[…] (i) que el asunto sea de relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, (iii) que se cumpla el requisito de
inmediatez, (iv) que la irregularidad procesal que se avizore sea determinante en la
sentencia, (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración de los
derechos alegados, y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Cuando sea
superado el test de procedibilidad, para que se conceda la tutela incoada debe
configurarse una vía de hecho, los cuales no se encuentran probados para el presente
caso. […]”
10. El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín señaló que la
acción de tutela no es una tercera instancia para definir situaciones consolidadas y
definidas en uso de mecanismos ordinarios establecidos para ello.
11. El Ministerio de Educación Nacional señaló que el caso sub examine es una
controversia de tipo económico, por lo que carece de relevancia constitucional.
12. El Distrito de Ciencia, Tecnología e innovación del Distrito de Medellín afirmó
que “[…] la acción de tutela de la referencia carece de relevancia constitucional por
tratarse de un asunto meramente legal y económico, como lo son las costas
procesales, que aunado a lo anterior devienen del principio de autonomía judicial […]”.
13. La Fiduprevisora S.A., solicitó que se le desvinculara del presente trámite de
tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.
La sentencia impugnada
14. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia de tutela, en primera
instancia, el 22 de agosto de 2024, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela por no superar el
requisito de relevancia constitucional […]”.
14.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
7
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
“[…] La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela de la referencia por
no acreditarse el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que la
inconformidad de la parte actora atiende a una cuestión netamente económica y que no
contiene carga argumentativa frente a la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales.
La Sala considera necesario precisar que, pese a que la parte actora en su pretensión
indicó que consideró vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión de la
sentencia del 20 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
que «no condenó en costas» en segunda instancia, lo que realmente cuestiona es que
haya dejado en firme la condena impuesta por el juez de primer grado.
Precisado lo anterior, la señora Caycedo Mazo indicó que fue condenada al pago del
referido emolumento sin que se hubiesen acreditado los gastos sufragados por la
entidad, en el trámite del proceso ordinario. Además, indicó que demandó la nulidad del
acto administrativo para mejorar sus condiciones laborales y resaltó que su actuación
se adecuó al principio de buena fe.
En consecuencia, para la Sala es evidente que lo argüido por la parte actora es una
simple manifestación de su inconformidad frente a la condena en costas que le fue
impuesta en primera instancia, cuya decisión no se revocó en sede de apelación por
parte de la autoridad judicial accionada.
Además, no dilucidó ningún argumento dirigido a poner de presente la configuración de
algún yerro o arbitrariedad en que hubiese incurrido el Tribunal Administrativo de
Antioquia al proferir la sentencia cuestionada. Se enfatiza en que la accionante se limitó
a formular los motivos por los cuales, a su juicio, no debió ser condenada en costas por
el a quo.
En ese sentido, se advierte que la accionante pretende zanjar una discusión de carácter
netamente económico y legal, utilizando argumentos encaminados a replantear una
decisión que fue adversa a sus intereses y en procura de obtener una decisión que le
resulte favorable.
Lo anterior evidencia que no se formuló ningún debate frente a una presunta vulneración
de sus garantías fundamentales, en relación con la providencia reprochada. Razón por
la cual, el asunto en cuestión no tiene relevancia constitucional y no amerita la
intervención de este juez de tutela.
Se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una decisión judicial y,
sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías fundamentales, no conlleva que
el asunto puesto en conocimiento revista necesariamente relevancia constitucional.
En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo
que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de
un derecho fundamental. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter
económico, legal o patrimonial, o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
Así las cosas, la sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, al no
encontrar acreditado el presupuesto de la relevancia constitucional. […]”.
8
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
La impugnación
15. La actora, a través de apoderada, impugnó la sentencia proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado por las siguientes razones:
“[…] Las sentencias que a continuación se relacionan, pueden claramente inferir que
antes de proferir la sentencia de unificación aquí señalada, el Consejo de Estado
reconocía la sanción moratoria prevista el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, a los docentes oficiales de manera genérica, es decir, indistintamente si se
encontraban afiliados o no al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
ya que los únicos principios que se tomaron en cuenta para efectos del reconocimiento
eran los de favorabilidad e igualdad, teniendo en cuenta que los docentes oficiales
ostentaban la calidad de servidores públicos.[…]”.
[…]
“[…] La Ley 1437 de 2011-CPACA al regular el instituto de las costas en materia
procesal modificó el criterio establecido por la Ley 446 de 1998 para acoger, de nuevo,
el objetivo que se aplica con independencia de la conducta procesal de los litigantes. El
nuevo precepto prevé: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil” […]”.
[…]
“[...] El artículo 47 de la Ley 2080 de 21 de enero de 2021 adicionó el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011-CPACA. El texto integrado de la norma es el siguiente: “Salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil. Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal” […]”.
En el presente proceso, no aparecen probados gastos judiciales sufragados por la
entidad demandada por tratarse este de un asunto de puro derecho y tampoco aparece
probada la temeridad o la mala fe; al respecto en caso similar frente a la condena en
costas el Consejo de Estado en providencia del 16 de abril de 2015 estableció: “Al
respecto no puede perderse de vista que de conformidad con lo consagrado en el
numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, ´Sólo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación´, condición que como ya se dio no se cumple en este caso.” En este
mismo sentido y conforme a la posición asumida por el Consejo de Estado, queda
absolutamente claro que el artículo 188 del CPACA no impuso una obligación perentoria
de imponer condena en costas y agencias en derecho, pues la obligación que de allí se
desprende es la de emitir un pronunciamiento al respecto, de manera que, conforme a
la valoración del discurrir del debate procesal resulta válido prescindir de la imposición
de la condena en costas acorde con los derechos fundamentales establecidos en la
carta política donde prevalece el acceso a la administración de justicia. […]”.
[…]
“[…] Adicionalmente, ha sido una posición unánime del Consejo de Estado que en
materias donde se debatan derechos laborales se tiene que atender la posición de los
9
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
sujetos procesales, que para el caso bajo examen se trata de un docente adscrito al
magisterio, parte débil dentro de la relación laboral entre el Estado y el servidor público,
que lo único que pretendió fue una mejora de sus condiciones laborales, actuando
siempre con la confianza legítima. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata, los derechos constitucionales
fundamentales cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta
de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio,
para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
18. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
10
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
19. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias
judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental al debido proceso, procediendo posteriormente a v) resolver
el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se
satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de
providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley
y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
21. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los
demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto;
ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio
irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad;
v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.
24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la
Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
12
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
27. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 2014 12,
al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional, consideró
lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita que la acción
de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones” [14].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que
el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar
improcedente el amparo constitucional [16].
12 Ut supra página 6.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la
especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del
recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de
la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
13
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela
se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla
improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o
de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían
de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir
por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia
constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario
que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe
fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada
para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si bien no siempre es fácil delimitar los
asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta
Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en
la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos
ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución
y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor
legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la
Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [19]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a
la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio
de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la
publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos.
[…]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos
caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y
contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el
equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
14
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
28. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró20:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto objeto
de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto puesto a
consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”21
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios, un
asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios
de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la misma,
retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto con
las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social) y
el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno y
reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que el
contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”22
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
29. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii)
cuando la actora en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
20 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
22 Ibidem.
15
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.
30. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202223
precisó, en relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución del
caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el núcleo
esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la violación
de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de amparo
está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente
en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así,
por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que
23 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
16
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del
asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida
a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional […]”.
(Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
31. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan
funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra
manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les
reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección
o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los
procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías
sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley […]”.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
17
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
33. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino
dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias
de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las
personas el ejercicio pleno de sus derechos […]”, de manera que ha resaltado que el
derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del
valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como
la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades
públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
35. La actora, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 20 de marzo
de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
05001333302920220034600, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
36. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
37. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica
y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en la
acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
38. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
38.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
05001333302920220034600.
Solución del caso concreto
Análisis del posible incumplimiento del requisito general de procedencia de
relevancia constitucional
39. Para la Sala, el presente asunto tampoco se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional, toda vez que, según lo expuesto en el escrito de tutela, lo que la actora
controvierte es que la autoridad judicial no debió condenar en costas, en la medida en
que, “[…] no se evidenció que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe y por
consiguiente tampoco aparecen probados gastos judiciales sufragados por la entidad
demandada por tratarse este de un asunto de pleno derecho […]”.
40. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de
19
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
Estado por las siguientes razones25:
“[…] Las sentencias que a continuación se relacionan, pueden claramente inferir que
antes de proferir la sentencia de unificación aquí señalada, el Consejo de Estado
reconocía la sanción moratoria prevista el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, a los docentes oficiales de manera genérica, es decir, indistintamente si se
encontraban afiliados o no al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
ya que los únicos principios que se tomaron en cuenta para efectos del reconocimiento
eran los de favorabilidad e igualdad, teniendo en cuenta que los docentes oficiales
ostentaban la calidad de servidores públicos.
El artículo 47 de la Ley 2080 de 21 de enero de 2021 adicionó el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011-CPACA. El texto integrado de la norma es el siguiente: “Salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil. Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal”.
En el presente proceso, no aparecen probados gastos judiciales sufragados por la
entidad demandada por tratarse este de un asunto de puro derecho y tampoco aparece
probada la temeridad o la mala fe; al respecto en caso similar frente a la condena en
costas el Consejo de Estado en providencia del 16 de abril de 20151 estableció: “Al
respecto no puede perderse de vista que de conformidad con lo consagrado en el
numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, ´Sólo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación´, condición que como ya se dio no se cumple en este caso.”
En este mismo sentido y conforme a la posición asumida por el Consejo de Estado,
queda absolutamente claro que el artículo 188 del CPACPA no impuso una obligación
perentoria de imponer condena en costas y agencias en derecho, pues la obligación que
de allí se desprende es la de emitir un pronunciamiento al respecto, de manera que,
conforme a la valoración del discurrir del debate procesal resulta válido prescindir de la
imposición de la condena en costas acorde con los derechos fundamentales
establecidos en la carta política donde prevalece el acceso a la administración de justicia
[…]”.
41. Para la Sala, la actora plantea una afectación de derechos fundamentales que
tiene su origen en un asunto de contenido económico, como lo es la condena en
costas, el cual ya fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.
42. Al respecto, es preciso indicar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para plantear una discusión sobre la aplicación de los artículos 361, 365 y 366 de la
25 Transcripción literal del texto.
20
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
Ley 1564 de 12 de julio de 201226, que regulan el tema de las costas procesales, por
cuanto se trata de un asunto de carácter legal y económico que no le corresponde
decidir al juez de tutela, sino al juez natural del proceso.
43. Asimismo, se resalta que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de esta
Corporación, en reiterados pronunciamientos27, y en especial, en la sentencia proferida
el 11 de diciembre de 202028 consideró lo siguiente:
“[…] Del anterior recuento, se advierte que la providencia que pretende cuestionarse
resolvió condenar en costas al actor teniendo en cuenta la referida normativa , por cuanto
si bien se revocó parcialmente la decisión de primer grado, la parte accionada dentro del
proceso ordinario actuó en el trámite de la segunda instancia, por lo que para la Sala no
es viable que el señor ECHEVARRÍA PARRA pretenda usar este mecanismo
constitucional para controvertir un asunto de contenido económico, como lo es la
condena en costas procesales, en el que no se vislumbra una vulneración que
amerite la intervención del juez constitucional, en los términos del artículo 86
Superior.
Bajo esas premisas, se concluye que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para cuestionar asuntos ya resueltos por el juez de conocimiento o plantear una
discusión sobre la aplicación de los artículos 365 y 366 del CGP, que regulan el tema
de costas procesales, pues constituyen un asunto de carácter legal que no le
compete al juez de tutela, sino al operador natural, ello, en aras de evitar que se
convierta en una tercera instancia, conforme lo manifestó el a quo.
Cabe señalar que en el mismo sentido la Sala se pronunció en sentencia de 5 de
diciembre de 2019, en la que el demandante pretendía a través del mecanismo de amparo
controvertir una decisión proferida dentro de una acción popular en la que no se condenó
en costas a la parte vencida. En dicha oportunidad se dijo:
“[…] Para resolver es necesario realizar un análisis de los requisitos generales y especiales
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, con el fin de verificar si se
cumplieron a cabalidad, en especial con el de relevancia constitucional.
Cumplimiento del requisito de relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2015, definió los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en particular, al referirse
al de relevancia constitucional, señaló lo siguiente […]”.
[…]
26 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de diciembre de
2018, Exp. núm. 11001-03-15-000-2018-03770-00 (AC). Actor: Ariel Ramiro Novoa Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de noviembre de
2018, Exp. núm. 11001-03-15-000-2018-03772-00 (AC). Actor: María Eugenia García Chaparro y otro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018,
Exp. núm. 11001-03-15-000-2018-00808-00 (AC). Actor: Jaime Alfonso Castro Martínez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de junio de 2018,
Exp. núm. 11001-03-15-000-2018-01143-00 (AC). Actor: E.S.E. Hospital María Inmaculada.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de diciembre de
2020, Exp. núm. 11001-03-15-000-2020-04214-01 (AC). Actor: Carlos Enrique Echevarría Parra. C.P. Dra. Nubia
Margoth Peña Garzón.
21
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
“[…] Luego de revisar la jurisprudencia en torno a la relevancia constitucional como
requisito de procedencia, es menester recordar que las costas procesales constituyen
aquella erogación económica que debe asumir la parte que resulte vencida en un
proceso judicial, conformada por las expensas, que corresponden a los gastos
necesarios para tramitar el proceso y las agencias en derecho que obedecen a la
suma que el juez debe condenar en beneficio de la parte favorecida con la condena
en costas, con el fin de reconocerle los costos afrontados por la representación de
un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y el
esfuerzo dedicados a la causa […]”.
[…]
“[…] Del anterior recuento, se advierte que la providencia que pretende cuestionarse
resolvió no condenar en costas o agencias en derecho, al no evidenciarse temeridad
en la actuación procesal, por lo que, para la Sala, no es viable que el actor pretenda
usar este mecanismo constitucional para controvertir un asunto de contenido
económico, como lo es la no condena en costas procesales, en el que no se
vislumbra una vulneración que amerite la intervención del juez constitucional, en los
términos del artículo 86 Superior […]”.
De lo precedente, la Sala concluye que en el caso bajo examen no se cumple con el
requisito de procedencia de la acción de tutela, cuando se erige contra providencias
judiciales, como lo es el de relevancia constitucional, lo que da lugar a confirmar la
decisión adoptada por la Sección Quinta en el fallo de 5 de noviembre de 2020,
mediante el cual declaró improcedente el trámite constitucional, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. […]”. (Resaltado por la Sala)
44. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración de
un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración de
un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental […]”; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
45. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita, no
tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se encuentra
limitado a asuntos meramente legales y económicos cuya competencia se encuentran
en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
22
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
46. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza puramente
legal y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.
47. De conformidad con lo expuesto, para la Sala no se cumple con el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora enuncia la
trasgresión de derechos fundamentales, esa presunta afectación tiene su origen en
un asunto de contenido económico que tiene como fundamento para su
reconocimiento un debate estrictamente normativo y de interpretación judicial.
Conclusiones de la Sala
48.Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 22 de
agosto de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de
la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 22 de agosto de 2024 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
23
Núm. único de radicación: 110010315000202403850-01
Actora: Marlene Caycedo Mazo
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.