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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03858-00

Fecha
20 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03858-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por la Fundación Etnoeducativa para el Desarrollo de Cartagena y de la Región Caribe (FUDETCAR), dadas las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada esta providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03858-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

20 de septiembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03858-00
Demandante: FUDETCAR

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-03858-00
Demandante FUNDACIÓN ETNOEDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE
CARTAGENA Y DE LA REGIÓN CARIBE
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO
Temas Acción de tutela contra sentencia de tutela y actuaciones de tutela.
Requisitos de procedencia excepcional. Relevancia constitucional.
Situación de fraude. Notificación tutela.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la Fundación Etnoeducativa para el Desarrollo de Cartagena y de la
Región Caribe (FUDETCAR), de conformidad con lo dispuesto por los Decretos
1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 25 de julio de 20241, la Fundación Etnoeducativa para el Desarrollo de Cartagena
y de la Región Caribe (FUDETCAR) instauró acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar y el Juzgado Once Administrativo de Cartagena por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
acceso a la administración de justicia, dignidad, honra y buen nombre y el principio
de legalidad.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«3.1. Solicito que se declare la nulidad de toda la actuación y el trámite impartido en la acción
de tutela con radicado No. 13001-33-33-011-2024-00114-00

3.2. Solicito que se revoque y se deje sin efectos las sentencias emitidas en el trámite de la
acción de tutela con radicado No. 13001-33-33-011-2024-00114-00, proferida por el
Juzgado 11 Administrativo de Cartagena (sentencia de primera instancia) y en especial,
el Tribunal Administrativo de Bolívar en fecha 11 de junio de 2024 (sentencia de
segunda instancia).

3.3. En consecuencia, se declare la nulidad del trámite de incidente de desacato y se deje
sin efectos la decisión impartida por el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena en el
incidente de desacato.

3.4. Las demás actuaciones, acciones o medidas que considere pertinente y procedentes
que tengan como finalidad salvaguardar mis derechos fundamentales».

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Índice 2 en Samai.
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Demandante: FUDETCAR

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Sobre la acción de tutela Nro. 13001-33-33-011-2024-00114-00/01

2.1. La señora Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva de 71 años presentó acción
de tutela en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (en
adelante Colpensiones), el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), la Fundación
Saber Ser (FUNDASER) y la Fundación Etnoeducativa para el Desarrollo de
Cartagena y de la Región Caribe (FUDETCAR).

La señora Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva solicitó que (i) se declarara
la existencia de un contrato realidad con el ICBF, producto de los 32 años que
laboró como madre comunitaria y docente en diferentes fundaciones del
municipio de El Carmen de Bolívar; y (ii) el consecuente pago de prestaciones
sociales dejadas de pagar durante todo el vínculo laboral.

Asimismo, en virtud de la estabilidad reforzada, la señora Cárdenas de Brieva
pidió el reintegro laboral hasta que fuera valorada de manera integral por parte
de Colpensiones y se determinara su pérdida de capacidad laboral en un
porcentaje superior al 50% o hasta que se reconociera su pensión por
invalidez. Lo anterior como consecuencia de las cirugías en ambas piernas
que se le han practicado, la dificultad para caminar, la pérdida de memoria, la
hipertensión y los problemas lumbares.

También solicitó el pago de todas las incapacidades, indemnizaciones por
diversos conceptos, entre otros.

2.2. El Juzgado Décimo Primero Administrativo de Cartagena conoció en primera
instancia el asunto, bajo el radicado Nro. 13001-33-33-011-2024-00114-00.
Mediante sentencia del 8 de mayo de 2024, dicha autoridad declaró la
improcedencia de la acción de tutela pues (i) no había culminado el proceso
de calificación integral de la pérdida de capacidad laboral ante Colpensiones,
en tanto que la solicitud estaba incompleta; y (ii) las pretensiones de la acción
de tutela se encuadraban dentro de un proceso laboral.

En suma, el juzgado concluyó que el «asunto que requiere una discusión a nivel
probatorio más profunda que la que se puede ofrecer por medio de acción de tutela, que
se trata de un trámite preferencial, ágil y sobre todo subsidiario».

2.3. La señora Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva impugnó la sentencia de
primera instancia argumentando que el Juzgado no valoró las pruebas de
forma integral e indicó que debían protegerse sus derechos fundamentales a
la estabilidad laboral reforzada, así fuera de manera transitoria mientras se
resolvía su situación en la justicia ordinaria.

2.4. Mediante sentencia del 11 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión Nro. 1 indicó que en la sentencia de primera instancia
no se analizaron todos aspectos de la controversia, que se dividen en: (i) las
pretensiones sobre un verdadero vínculo con el ICBF, (ii) el pago de
incapacidades médicas y (iii) la solicitud de reintegro por la estabilidad laboral
reforzada.

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Con relación al primero de estos puntos sostuvo que la existencia de una
verdadera relación laboral debe discutirse mediante un proceso ordinario, ya
sea en la jurisdicción ordinaria especialidad laboral o en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Allí podrá aportar y solicitar pruebas con el fin de
acreditar los elementos exigidos para que se configure un contrato realidad.

Por lo tanto, consideró que la tutela era improcedente respecto a las
pretensiones que giraban en torno al reconocimiento de un contrato realidad.

En segundo lugar, respecto del pago de las incapacidades reconocidas, el
Tribunal indicó que la acción de tutela sí era procedente, puesto que la señora
Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva estaba en un estado de debilidad
manifiesta en razón (i) a su estado de salud, pues sufre de la patología
degenerativa de Alzheimer; y (ii) a su edad, 71 años.

En consecuencia, sostuvo que su derecho al mínimo vital estaba siendo
comprometido pues, dada su desvinculación en FUDETCAR, el auxilio por
incapacidad representaba su único ingreso. Por tanto, el Tribunal dispuso que
había lugar a analizar el fondo de la controversia con el fin de determinar a
quién le correspondía el pago de las incapacidades a que tiene derecho la
señora Cárdenas de Brieva.

Indicó que de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 962 de 2005 del día 181
hasta el 540 el pago de incapacidades corresponde al fondo de pensiones,
siempre y cuando la EPS emita concepto de rehabilitación antes del día 120
de incapacidad y lo envíe a la AFP antes del día 150.

Manifestó que la accionante está afiliada a Mutual Ser EPS en lo referente al
sistema de seguridad en salud y a Colpensiones en el sistema de seguridad
social en pensión. Y señaló que de acuerdo con el certificado aportado por
Mutual Ser EPS, a la señora Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva se le han
reconocido incapacidades desde el 28 de enero de 2022 hasta el 13 de
diciembre de 2023, las cuales suman 351 días.

El Tribunal manifestó que no se allegó al expediente de tutela el concepto de
recuperación de la EPS ni su remisión a Colpensiones, antes del día 150 de
incapacidad. Por lo tanto, dispuso que ordenaría la cancelación de
incapacidades tanto a la EPS y a Colpensiones, condicionando el pago que
debe realizar cada una de estas entidades hasta tanto sea emitido el concepto
de rehabilitación.

En tercer lugar, frente al derecho a la estabilidad laboral reforzada, dispuso
que la tutela también era procedente, dado el perjuicio irremediable existente
producto de la edad y enfermedad de la señora Emilce del Socorro Cárdenas
de Brieva.

El Tribunal se refirió a la Sentencia SU-087 de 2022, en la cual la Corte
Constitucional estableció que una persona es titular de la garantía de
estabilidad laboral reforzada si se cumplen los siguientes tres presupuestos:
(i) que el trabajador realmente se encuentre en una condición de salud que le
impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus
actividades; (ii) que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el
empleador en un momento previo al despido y (iii) que no exista una

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justificación suficiente para la desvinculación, de tal forma que sea claro que
el despido fue discriminatorio.

Precisó que no tenía constancia de recibido, el escrito mediante el cual la
señora Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva le informó a su empleador, es
decir a FUDETCAR, las enfermedades que padecía. No obstante, los hechos
narrados en la tutela debían presumirse como ciertos, en virtud del artículo 20
del Decreto 2591 de 1991, debido a que FUDETCAR no presentó informe
pronunciándose, «pese que la Fundación fue debidamente notificada del auto
admisorio de la acción de amparo, al correo electrónico consignado en el
certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio» (Negrillas
propias).

Agregó que la señora Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva durante su
contratación con FUDETCAR, comprendida desde el 13 de febrero de 2023
hasta el 15 de diciembre de 2023, padeció quebrantos de salud que se
traducen en 180 días de incapacidad. Estas incluso se prolongaron durante
los días previos en que terminó su contrato con FUDETCAR. El último día de
incapacidad reconocido a la accionante es el 13 de diciembre de 2023, es decir
solo dos días antes de terminar su vinculación laboral con su empleador estaba
incapacitada.

Señaló, entonces, que FUDETCAR conocía del estado de salud de la señora
Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva y que era inadmisible concluir lo
contrario atendiendo a los considerables días de incapacidad médica que le
fueron reconocidos.

Sostuvo que pese a que FUDETCAR conocía sobre el estado de salud de la
señora Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva no efectuó las medidas
acordes al estado de vulnerabilidad de la accionante, entre esas, solicitar
autorización del Ministerio del Trabajo para desvincularla. E indicó que el
despido o terminación del contrato de trabajo que tenga como causa el estado
o condición de salud del trabajador es ineficaz.

Con fundamento en lo anterior, en virtud de la estabilidad laboral reforzada, el
Tribunal ordenó transitoriamente a la Fundación FUDETCAR reintegrar a la
señora Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva en el cargo que ostentaba
como docente (agente educativo), mientras la controversia se decide mediante
un proceso ordinario.

En cuarto lugar, respecto a la calificación de pérdida de capacidad laboral
señaló que a Colpensiones le corresponde adelantar el trámite de pérdida de
capacidad laboral sin dilaciones o barreras injustificadas. Indicó que se allegó
certificado de 24 de abril de 2024 emitido por Colpensiones en el que se señala
que se requirió a la señora Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva para que
suministrara documentación en aras de continuar con el trámite de calificación,
como la valoración por fisiatría u ortopedia y neurología.

En ese sentido, el Tribunal manifestó que Colpensiones está ejecutando las
acciones en pro de la calificación de la accionante. Sin embargo, exhortó a
Colpensiones, Mutual Ser EPS y FUDETCAR para que actuaran
armónicamente con el fin de que el procedimiento de calificación de pérdida
de capacidad laboral a favor de la señora Cárdenas de Brieva se llevara a cabo

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sin barreras injustificadas. Lo anterior dada la dilación que se percibe del
trámite, pues para la fecha de la sentencia la accionante tenía 351 días de
incapacidad y aún no había sido calificada su pérdida de capacidad laboral.

Con base en las consideraciones expuestas, el Tribunal Administrativo de
Bolívar revocó parcialmente la sentencia del 8 de mayo de 2024 y ordenó lo
siguiente:
«PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de ocho (8) de mayo de dos mil
veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito de
Cartagena. En consecuencia, se decide:
SEGUNDO: CONFIRMAR la improcedencia de la acción de amparo respecto a las
pretensiones enumeradas como No. 1, 2, 5, 6 y 7 en el escrito de demanda relacionadas con
declarar la existencia de un contrato realidad entre la señora Emilce Del Socorro Cárdenas De
Brieva y el Instituto Colombiano de Bienestar Familia, el reconocimiento de las prestaciones
sociales derivadas de esto y el pago de las indemnizaciones solicitadas, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales de la actora Emilce Del Socorro
Cárdenas De Brieva. En consecuencia, se ORDENA a Mutual Ser EPS y Colpensiones a que,
si aún no lo han hecho, dentro de un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de este fallo, reconozcan y paguen a favor de la señora Emilce Del Socorro
Cárdenas De Brieva, las incapacidades médicas que se hayan causado desde el 14 de
diciembre de 2023, y que le corresponda pagar a cada una de las entidades de acuerdo con
la fecha de expedición del concepto de Rehabilitación.
También, se le ordena a Mutual Ser EPS que asuma el pago de las incapacidades que se le
causen a la accionante superiores a los 540 días, si una vez expedida la calificación de la
actora por parte de Colpensiones, su pérdida de capacidad laboral es inferior al 50%.
CUARTO: AMPARAR DE MANERA TRANSITORIA el derecho a la estabilidad laboral
reforzada de la señora Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva. En consecuencia, se ORDENA
a la Fundación Etnoeducativa para el Desarrollo de Cartagena y la Región Caribe – Fudetcar
reintegre a la accionante y pague los salarios y prestaciones sociales que legalmente
corresponda desde cuando se produjo la terminación del contrato hasta que se haga efectivo
el reintegro.
PARÁGRAFO PRIMERO: Fudetcar no deberá pagar los salarios en aquellos periodos de
tiempo que estén cubiertos por incapacidades médicas, dado que el pago de la incapacidad
suple ese salario.
PARÁGRAFO SEGUNDO: ADVERTIR a la señora Emilce Del Socorro Cárdenas De Brieva
que, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, deberá
interponer la acción ordinaria, so pena de que cesen los efectos del reintegro ordenado en
esta providencia.
QUINTO: EXHORTAR a Colpensiones, Mutual EPS S.A y Fudetcar para que actúen
armónicamente en pro del trámite de calificación de la pérdida laboral de la actora, sin
dilaciones y barreras injustificadas».

Sobre el incidente de desacato

2.5. El 27 de junio de 2024, la señora Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva
presentó incidente de desacato por considerar que no se había acatado el fallo
de tutela de segunda instancia. Manifestó que no se habían realizado los
trámites pertinentes para el reconocimiento de la calificación integral por parte
de Colpensiones. Adicionalmente, sostuvo que FUDETCAR tampoco había
efectuado la reubicación laboral, el pago de salarios, prestaciones sociales y
aportes a la seguridad social adeudados.

2.6. En auto de 23 de julio de 2024, el Juzgado Décimo Primero Administrativo de
Cartagena dispuso tener por saneada la nulidad invocada por la Fundación,
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debido a que FUDERCAR solo alegó la causal hasta el 12 de julio del 2024, a
pesar de que tuvo la oportunidad de presentarla en el primer informe rendido,
es decir el 3 de julio. En consecuencia, al no haberla alegado en esa primera
oportunidad quedó saneada, conforme lo establece el artículo 136 del Código
General del Proceso. Agregó que la situación planteada por la Fundación
FUDERCAR no podía ser objeto de discusión en esa etapa procesal, debido a
que lo que se buscaba era evitar el cumplimiento de la orden impartida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar.

Por otra parte, consideró que se cumplían los elementos objetivo y subjetivo
necesarios para la imposición de la sanción. En consecuencia, impuso multa
equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la
representante legal de la Fundación Etnoeducativa para el Desarrollo de
Cartagena y la Región Caribe, la señora Carolina Martínez Betancourth.

2.7. En auto de 31 de julio de 2024 (con posterioridad a la interposición de la presente tutela),
el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la providencia consultada de 23
de julio de 2024.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora reprochó las sentencias proferidas en el trámite de tutela Nro.
13001-33-33-011-2024-00114-00/01, así como actuaciones previas y posteriores a
dichos fallos ocurridas en tal proceso constitucional.

Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos procedimental absoluto y por
exceso ritual manifiesto, fáctico, sustantivo y error inducido.

3.1. Defecto procedimental absoluto y por exceso ritual manifiesto: la
Fundación actora manifestó que solo conoció de la existencia de la acción de
tutela hasta 3 de julio de 2024, cuando la hija de la señora Emilce del Socorro
Cárdenas de Brieva le puso en conocimiento la iniciación de trámite de
incidente de desacato, a través del correo electrónico
fundaciónfundercar@gmail.com.

La parte actora indicó que en el memorial que presentó ante el Juzgado
Décimo Primero Administrativo de Cartagena, una vez se le notificó la
existencia del desacato, le informó al juez que el correo electrónico
fundenem@hotmail.com al cual se remitieron las notificaciones de la acción de
tutela estaba presentando inconvenientes técnicos. Aseguró que tal correo
electrónico «no envía, NI RECIBE ningún tipo de información».

Sostuvo que en dicho memorial le indicó al juez de tutela lo sorpresivo que era
que la accionante no haya indicado la dirección de correo electrónica correcta
(fundaciónfundercar@gmail.com), pues en varias oportunidades aquella había
empleado tal correo para diversas gestiones, sobre todo para radicar
incapacidades.
Aseguró que el funcionario del juzgado responsable de realizar la notificación
de la acción de tutela no se percató de que el correo hubiera sido enviado sin
rebotar, tal como sucedió en el caso. A su vez, tal funcionario omitió el deber

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de cuidado, por no revisar la bandeja de entrada del correo electrónico del
juzgado, el spam o la bandeja de correo no deseado, en el que el servidor de
correo electrónico informó que el buzón fundenem@hotmail.com presenta fallas.
La Fundación sostuvo que la falta de notificación sobre la existencia de la
acción de tutela implica la violación a su derecho a la defensa, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, entre otros, pues se le
arrebató la oportunidad de manifestar los elementos fácticos, las pruebas e
indicar las normas jurídicas que amparan su tesis. Más si tiene en cuenta que
se le ordenó realizar erogaciones de dinero injustificadas y que se le está
endilgando responsabilidad por desacato a orden judicial.
Afirmó que a la fecha de presentación de la presente acción de tutela no
conoce el escrito de la tutela presentado por la señora Emilce del Socorro
Cárdenas de Brieva y que no tiene acceso al expediente. Añadió que solo ha
tenido conocimiento del trámite del incidente de desacato, en el cual se le puso
en conocimiento la sentencia de tutela de segunda instancia. La situación
narrada significa que se le está exigiendo que cumpla la orden judicial
impartida totalmente a sus espaldas, sin su conocimiento y sin la oportunidad
de defenderse.
De otra parte, manifestó que en diferentes pronunciamientos, dentro de los
cuales se encuentran las Sentencias T-400 de 2004 y T-1209 de 2005, la Corte
Constitucional ha previsto que las anomalías que afectan la notificación de las
decisiones judiciales tienen la suficiente entidad constitucional para ser
catalogadas como defectos procedimentales. Asimismo, se refirió a las
Sentencias T-003 de 2001, T-181 de 2019 y T-238 de 2022 que versan sobre
la importancia y naturaleza de la notificación, así como del acuse de recibido.
Por otro lado, manifestó que al no permitir su derecho a la defensa le fue
imposible exponer el contexto de las madres comunitarias y su relación con el
ICBF. Sobre esto, sostuvo que para que exista contrato laboral con las madres
comunitarias, debe existir previamente un contrato de aporte suscrito entre
entidades administradora del servicio y el ICBF. De manera que el contrato de
trabajo con las madres comunitarias es un contrato accesorio, pues si no existe
el primero de estos, no existe el segundo.
En virtud del contrato de trabajo que suscriben con la respectiva entidad
administradora del servicio, las madres comunitarias brindan atención integral
en la primera infancia. Entre las labores que estas personas realizan se
encuentran actividades lúdicas para estimular el aprendizaje de los niños y
niñas, al igual que el suministro de raciones preparadas con el fin de garantizar
y complementar su nutrición, entre otras actividades.
Explicó que en el memorial que allegó una vez se le notificó la existencia de la
tutela e incidente de desacato le informó al juez que el contrato de aporte
suscrito entre la Fundación SABER SER y el ICBF es el Nro. 13002502024,
cuya fecha de inicio fue el día 27 de febrero de 2024. Desde esa fecha las
madres comunitarias deben estar vinculadas bajo contrato laboral, en
concordancia con lo estipulado en la ley y en el clausulado del contrato de
aporte.
Con fundamento en lo anterior, subrayó que no es posible vincular por contrato
de trabajo a la señora Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva porque
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probablemente ella ya tiene un contrato laboral vigente e indicó que «una madre
comunitaria no puede tener dos contratos laborales vigentes y que esto impide acatar la
orden impartida». Aun así indicó que, a fin de cumplir con el fallo de tutela, a la
señora Cárdenas de Brieva se le solicitó pronunciarse en el sentido de indicar
«si quiere seguir con el contrato laboral que tiene vigente con la fundación SABER SER
o quiere vincularse con esta fundación. También se le manifestó que se realizo (sic) el
pago de las prestaciones sociales y salarios que ordena la sentencia y aun así procede a
endilgar desacato sobre la suscrita». Por ende, afirmó que el juzgador está
emitiendo órdenes en contravía de la legislación colombiana.
3.2. Defecto fáctico: la parte actora manifestó que las autoridades judiciales
accionadas hicieron caso omiso a todo el acervo probatorio que se le hizo
llegar una vez conoció de la existencia de la tutela y del desacato. De manera
que el fundamento de las decisiones adoptadas carece de apoyo probatorio.
Añadió que los jueces de tutela ignoraron por completo las solicitudes de
pruebas que se le imploró practicar.
Sostuvo que se aportaron pruebas contundentes, como la constancia de pago
de la planilla de la seguridad social que paga el nuevo empleador de la señora
Cárdenas de Brieva, es decir la Fundación Saber Ser. Reprochó que aun así
el juez persistió en sostener la tesis que aquella carecía de un contrato de
trabajo. Ignoró por completo todo el material probatorio y endilgó
responsabilidad por desacato e impuso multa.
3.3. Defecto sustantivo: la Fundación reprochó que las autoridades judiciales
pasaron por alto el hecho de que la señora Emilce del Socorro Cárdenas de
Brieva no puede tener al tiempo dos contratos de trabajo por sus labores como
madre comunitaria. Insistió en que por ese motivo la requirió para que se
pronunciara «diciendo si quería reintegrarse con esta fundación, además se le pago a
la accionante los días en los cuales ella no tenía relación laboral con esta fundación tal
como lo ordeno la sentencia de segunda instancia» (sic para toda la cita).

En consecuencia, sostuvo que el juez no realizó una valoración jurídica que
corresponda con la realidad, pues ante la falta de análisis probatorio, se generó
una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Censuró que
los jueces hayan persistido en que la señora Cárdenas de Brieva no está
trabajando, pese a que (i) se le puso de presente que no hay violación de
derechos porque aquella tiene un contrato de trabajo con otro operador, (ii) se
le explicó el contexto de los contratos de aportes que se suscribe con ICBF y
el subsiguiente contrato de trabajo naciente con la madre comunitaria, (iii) se
le aportaron pruebas contundentes, como la constancia de pago de la planilla
de la seguridad social que paga el nuevo patrono.

3.4. Error inducido: la Fundación accionante manifestó que se incurrió en tal
defecto, pues las afirmaciones de la accionante fueron suficientes para
imponerle condena ignorando que aquella no aportó pruebas útiles,
pertinentes, convincentes y determinantes. Insistió que «la accionante tiene
contrato laboral vigente con otra entidad», con la Fundación Saber Ser.

3.5. Finalmente, solicitó como medidas provisionales las siguientes:
«2.1. Solicito la suspensión de la orden impartida en la sentencia de tutela proferida en primera
y segunda instancia dentro del trámite de la acción de tutela con radicado No. 13001-33-33-
011-2024-00114-00.

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2.2. Solicito la suspensión de las ordenes (sic) impartidas en incidente de desacato emitida
por el despacho judicial accionado en fecha veintitrés (23) de julio de Dos Mil Veinticuatro
(2024). Auto interlocutorio No. 734, el cual resuelve incidente de desacato.
2.3. Las acciones, actuaciones, o cualquier medida de conservación o seguridad que
considere pertinente y procedente para proteger mis derechos y no hacer ilusorio el efecto de
un eventual fallo a favor».

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 30 de julio de 2024, se requirió a la parte actora para que
indicara (i) cómo se configura en el caso la cosa juzgada fraudulenta
establecida, en la Sentencia SU-627 de 2015, como requisito de la acción de
tutela contra sentencias de tutela; y (ii) allegara certificado de existencia y
representación legal o cualquier documento reciente en el que se acredite
quién ejerce la representación legal de la Fundación Etnoeducativa para el
Desarrollo de Cartagena y de la Región Caribe.

4.2. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
Manifestó que los jueces de primera y segunda instancia omitieron cumplir con
uno de sus deberes como jueces constitucionales: conformar debidamente el
contradictorio vinculando a los presuntos transgresores y a los terceros
eventualmente perjudicados por la decisión. Situación que se generó porque
no se realizó la notificación tal como lo ordena la ley, con la debida diligencia
y cuidado.

Insistió en que no se tuvo el deber de cuidado necesario, porque se omitió ver
la bandeja de entrada del correo del juzgado. De haberlo hecho, se hubiese
dado cuenta de que el correo que envió a la dirección fundenem@hotmail.com
para efectos de la notificación fue fallido; el servidor de correo electrónico
notifica cuando hay problemas de entrega de correo, como sucedió en el
presente caso. Y reiteró que tal circunstancia transgredió sus derechos,
incluyendo el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia,
al habérsele cercenado la oportunidad de defenderse antes de proferir el fallo
de tutela.

Aseguró que existen actuaciones irregulares cometidas por el juez de tutela,
puesto que «ponen en vilo mis derechos fundamentales ya mencionados, (…) en
especial, mi derecho a la libertad, pues ha sido puesto en vilo en sede de incidente de
desacato». Lo anterior a pesar de que ha cumplido con lo ordenado por el juez,
pues pagó los dineros ordenados judicialmente. Agregó que ha sido imposible
realizar el reintegro «porque la accionante no ha manifestado si tiene contrato de
trabajo vigente con el operador que se encuentra ejecutando el contrato de aporte en la
zona, dado que este (contrato de trabajo de la accionante) se presume vigente, por lo
anteriormente expuesto en relación con el contrato de aporte, las madres comunitarias y
su estrecha relación con el ICBF».

Agregó que en el proceso no existió un equilibrio e igualdad de partes; por el
contrario, se abusó del derecho usándolo en su contra.

4.3. En auto de 12 de agosto de 2024, se admitió la acción de tutela interpuesta
por la Fundación Etnoeducativa para el Desarrollo de Cartagena y de la Región
Caribe (FUDETCAR), que actúa a través de su representante legal Carolina
Martínez Betancourth, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado
Décimo Primero Administrativo de Cartagena.

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Demandante: FUDETCAR

A su vez, se dispuso notificar en calidad de terceros a la señora Emilce del
Socorro Cárdenas de Brieva, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a
la Fundación Saber Ser, a Colpensiones, a la entidad Mutual Ser EPS y a la
aseguradora Positiva ARL, entidades que actuaron como demandadas y
terceras en el proceso de tutela atacado; se negó la medida provisional
solicitada; y se ordenó efectuar las notificaciones pertinentes.

4.4. El Juzgado Décimo Primero Administrativo de Cartagena remitió los
expedientes de tutela y desacato.

4.5. Positiva Compañía de Seguros indicó que es responsabilidad del empleador
reintegrar y reubicar al trabajador conforme a su estado de salud actual,
garantizar la salud ocupacional de sus trabajadores, proveerles condiciones
óptimas de trabajo y realizar los aportes a la seguridad social integral.

Manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, ya que no tiene
responsabilidad alguna en los hechos y pretensiones de la tutela. En su
criterio, no es jurídicamente viable asumir responsabilidad alguna por la
presunta vulneración de derechos fundamentales de la parte actora, debido a
que las decisiones controvertidas fueron emitidas por autoridades judiciales.
Agregó que de su parte no existió la afectación alegada de derechos.

Por las razones expuestas, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y
declarar su desvinculación.

4.6. El Tribunal Administrativo de Bolívar, en primer lugar, sostuvo que en el
trámite incidental la Fundación accionante presentó memorial de 4 de julio de
2024 suscrito por Carolina Martínez Betancourth en calidad de representante
legal. Enfatizó que en esa oportunidad dicha parte no propuso la causal de
nulidad de indebida notificación. Por tanto, aseguró que la Fundación
convalidó la actuación surtida. De manera que la causal de nulidad no podía
ser aludida posteriormente, como erradamente lo hizo la ahora accionante en
memorial de 12 de julio de 2024.

Indicó que una tesis contraria desconocería el principio de seguridad jurídica,
pues se les permitiría a las partes invocar causales de nulidad, pese a haber
actuado anteriormente sin haberla alegado. Además, se estaría en
contraposición del principio de los actos propios y buena fe que debe guiar a
las partes en todas sus actuaciones.

En segundo lugar, señaló que no existió indebida notificación en el trámite de
la acción de tutela. Explicó que según el artículo 291 del Código General del
Proceso las personas jurídicas de derecho privado deben tener inscritos en el
registro mercantil una dirección electrónica para que se efectúen notificaciones
judiciales. Indicó que en el certificado de existencia y representación la
Fundación FUDETCAR tiene consignado el correo electrónico
fundenem@hotmail.com. En consecuencia, esta fue notificada a dicho correo
electrónico, pues ese fue el dispuesto como el buzón para recibir notificaciones
judiciales; aspecto del cual se dejó constancia en la sentencia de 11 de junio
de 2024 de segunda instancia.

Resaltó que FUDETCAR no negó que el correo electrónico dispuesto para
notificaciones judiciales en el certificado de existencia y representación sea

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Demandante: FUDETCAR

fundenem@hotmail.com. Por lo expuesto, manifestó el Juzgado Décimo Primero
Administrativo de Cartagena notificó debidamente a FUDETCAR.

De otra parte, el Tribunal desvirtuó el argumento de la Fundación consistente
en que el correo electrónico mencionado no recibe mensajes. Precisó que el
mensaje que arroja el sistema tras enviar un correo a dicho buzón electrónico
es «the recipient's mailbox is full». La traducción de este al español es «el receptor
tiene la bandeja de mensajes llena». Esto significa que dicha cuenta de correo
electrónico no tiene espacio de almacenamiento, por lo que le corresponde a
FUDETCAR liberarlo o conseguirlo, cuestión que no implica mayor desgaste o
tramitología.

En ese orden de ideas, el Tribunal sostuvo que el mal funcionamiento del
correo electrónico dispuesto para notificaciones judiciales por la falta de
almacenamiento le es reprochable únicamente a la Fundación accionante. Por
ende, aseguró que en el caso no se configuró la causal de nulidad por indebida
notificación en el trámite de tutela, máxime cuando a esta le corresponde velar
por que el canal de comunicación de notificaciones judiciales previsto para
esto funcione correctamente.

En suma, afirmó que nadie puede alegar a favor su propia culpa con el fin de
beneficiarse de una presunta causal de nulidad. De ahí que FUDETCAR no
puede valerse de su desidia y falta de diligencia en el funcionamiento del canal
de comunicación dispuesto para recibir notificaciones judiciales.

También desestimó el argumento de la Fundación accionante consistente en
que la señora Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva de manera mal
intencionada informó ese correo. El Tribunal consideró que aquella hizo
alusión a ese buzón porque ese fue el dispuesto en el certificado de existencia
y representación para efectos de notificaciones judiciales.

4.7. Colpensiones sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, ya
que no tiene competencia frente a las pretensiones formuladas; esta se limita
a los asuntos relativos a la administración del régimen de prima media con
prestación definida en materia pensional. Agregó que no se probó vulneración
a derechos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que
haga viable proteger derecho alguno. En consecuencia, solicitó su
desvinculación del trámite de tutela.

4.8. La señora Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva, accionante en el trámite
de tutela Nro. 13001-33-33-011-2024-00114-00/01, aseguró que FUDETCAR
tenía completo conocimiento de su estado de salud, ya que era su empleador
y que fue despedida en pleno estado de debilidad manifiesta. A su vez, afirmó
que la Fundación fue notificada de manera legal por parte del Juzgado y del
Tribunal Administrativo de Bolívar; de manera que sí se le dieron todas las
garantías propias del derecho a la defensa.

Manifestó que no existen errores de hecho, fácticos o procedimentales, pues
se actuó conforme a la legalidad. Indicó que la Fundación pudo controvertir las
pruebas una vez se le corrió traslado de la acción de tutela; sin embargo, no
lo hizo, fue negligente y omisiva y ahora pretende revivir los términos.

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Por último, sostuvo que FUDETCAR ha sido completamente discriminatoria. A
su juicio, es una fundación que atenta contra las madres comunitarias,
especialmente contra ella que es una persona de la tercera edad y que sufre
de problemas de movilidad físicos y sensoriales. Añadió que continúan
vulnerando sus derechos, ya que no se le ha cancelado lo ordenado por el
Tribunal, no la han afiliado a la seguridad social, no han pagado sus
prestaciones sociales.

Por ende, solicitó rechazar la acción de tutela interpuesta.

4.9. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fundación Saber Ser, Mutual
Ser EPS y Positiva ARL guardaron silencio en el curso del trámite de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Con base en los antecedentes expuestos, la Sala determinará si se satisfacen los
requisitos para la procedencia de la tutela contra actuaciones proferidas en el marco
de procesos de tutela. Y en caso afirmativo, analizará si el Tribunal Administrativo
de Bolívar incurrió en los defectos procedimental absoluto y por exceso ritual
manifiesto, fáctico, sustantivo y error inducido.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias y
actuaciones de tutela

3.1. Uno de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales consiste en que la providencia reprochada no sea una decisión de
tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que una y otra vez se
interpongan acciones de tutela que no permitan cerrar definitivamente un
asunto, en detrimento de la seguridad jurídica.

No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que esta regla no es
absoluta. En la Sentencia SU-627 de 2015 esa alta corte unificó su
jurisprudencia señalando cuándo es procedente la tutela contra providencias
proferidas en el marco de la acción de tutela. Allí explicó que debía
diferenciarse entre dos supuestos: si la acción de tutela se interponía contra

2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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una sentencia de tutela o contra una actuación previa o posterior a aquella
providencia.

En caso de que interponga contra una sentencia proferida por el juez de tutela
la regla general es la improcedencia. Si esta fue emitida por la Corte
Constitucional tal regla no admite excepción.

Sin embargo, si fue proferida por otro juez de la República la acción de amparo
puede proceder excepcionalmente, si además de los requisitos generales de
procedibilidad, se acredita que: (i) la acción de tutela presentada no comparte
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre
de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la sentencia fue
producto de una situación de fraude (cometida por una de las partes, por las
dos o, incluso, con anuencia del juez); y (iii) no exista otro mecanismo judicial
eficaz para conjurar la situación.

Frente al fraude como causal de procedencia de la acción de amparo contra
sentencias de tutela, la Corte Constitucional en la Sentencia T–218 de 2012
explicó que:
«el principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos pues en ciertas
circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia corrumpit, puede
entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del cual es posible desvirtuar la
presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del juez».

Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que el principio Fraus omnia
corrumpit hace referencia a una situación fraudulenta que atenta contra la
recta impartición de justicia, la igualdad, el debido proceso y la solidaridad,
entre otros principios.

En consecuencia, la aplicación de este principio busca evitar que a través del
derecho se reconozcan y avalen situaciones originadas en hechos
fraudulentos que generen un perjuicio ilícito a terceros o a la comunidad.

Ahora bien, en la Sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional explicó
que si la actuación reprochada acaece con anterioridad a la sentencia de
tutela y «consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o
vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela», la acción de
tutela puede ser procedente, siempre y cuando se cumplan a cabalidad los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

Asimismo, explicó que si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia
por la presunta vulneración de un derecho fundamental en el trámite del
incidente de desacato, la acción de tutela procede excepcionalmente, siempre
y cuando se cumplan los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales.

3.2. De otro lado, en la Sentencia T-322 de 2019 se resaltó que, previo a la
verificación de la existencia de un fraude, es pertinente constatar si el fallo de
tutela cuestionado fue objeto de la eventual revisión efectuada por la Corte
Constitucional, pues de lo contrario se tornaría improcedente la acción de
tutela.

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En esa decisión, la Corte resaltó que quien pretenda la revocatoria de una
sentencia de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional debido
a su no selección para revisión, debía cumplir con una exigente carga
argumentativa dirigida a demostrar: (i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se
anudan a la tarea de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa
o extremadamente negligente y (ii) que la sentencia cuestionada no puede ser
admitida debido a que resulta evidentemente incorrecta, implicando, en
principio, una afectación grave del patrimonio público.

Por lo anterior, señaló que no serían de recibo «razones o interpretaciones que
obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante por la sentencia atacada. Ese
presupuesto tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada
constitucional».

Asimismo, en Sentencia T-023 de 2023 la Corte sostuvo que «de acuerdo con
la jurisprudencia constitucional, en principio son improcedentes las acciones de tutela en
contra de una decisión de tutela antes de que el trámite de selección y eventual revisión
se haya surtido. Esta regla de improcedencia, sin embargo, no es absoluta. En casos
excepcionales, la acción de tutela contra decisiones de tutela puede ser procedente si, a
pesar de que la parte accionante no participó en el trámite de selección o este no se ha
surtido, las pruebas practicadas en sede de revisión evidencian prima facie la existencia
de una situación de fraude que se habría materializado en los fallos de tutela de
instancia».

4. Análisis del caso

4.1. De entrada, la Sala encuentra que a la fecha no ha culminado el trámite de
revisión eventual ante la Corte Constitucional respecto de la acción de tutela
Nro. 13001-33-33-011-2024-00114-00/01 interpuesta por la señora Emilce del
Socorro Cárdenas de Brieva contra Colpensiones, el Instituto de Bienestar
Familiar (ICBF), la Fundación Saber Ser y la Fundación FUDETCAR. De la
siguiente imagen, tomada de la página web de la Corte Constitucional, se
desprende que el asunto hasta el momento fue remitido ante la sala de
selección que decidirá si hay lugar o no a seleccionar el expediente:

Sobre el trámite de revisión eventual, el artículo 53 del Acuerdo 02 de 2015,
contentivo del Reglamento de la Corte Constitucional, dispone lo siguiente:
«Artículo 53. Ruta existente para la selección de un caso. Un fallo de tutela podrá ser
eventualmente seleccionado, cuando ha sido puesto a consideración de la Sala de
Selección por cualquiera de las siguientes vías: a) Preselección por la Unidad de Análisis y
Seguimiento de Tutelas o por uno de los Magistrados que integran la Sala de Selección, con
base en reseñas esquemáticas. b) Presentación de una solicitud ciudadana a la Sala de
Selección. c) Insistencia.
La fecha de las Salas de Selección y el rango de expedientes en estudio se fijarán en la
Secretaría General y se publicarán en la página web de la corporación» (Negrillas propias).

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Así las cosas, se corrobora que aún se está surtiendo el trámite de revisión,
pues hasta ahora el asunto fue puesto en consideración de la sala de
selección, la cual decidirá si el caso será objeto o no de revisión.

Con fundamento en lo dispuesto en la Sentencia T-023 de 2023 tal información
sería suficiente para declarar la improcedencia de la acción interpuesta, en
tanto que allí se estableció que «en principio son improcedentes las acciones de
tutela en contra de una decisión de tutela antes de que el trámite de selección y eventual
revisión se haya surtido». No obstante, la Sala procederá a estudiar los demás
requisitos de procedencia de la tutela contra actuaciones surtidas en un
proceso de tutela expuestos en la Sentencia SU-627 de 2015, dada su
naturaleza unificadora sobre la materia.

4.2. Precisado lo anterior, se recuerda que en la referida Sentencia SU-627 de
2015 la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia señalando cuándo es
procedente la tutela contra providencias proferidas en el marco de la acción
de tutela. Allí explicó que debía diferenciarse entre dos supuestos: si la acción
se interponía contra una sentencia de tutela o contra una actuación previa o
posterior a aquella providencia.

En el caso la parte actora controvierte tanto las sentencias de tutela de primera
y segunda instancia, como actuaciones previas al fallo por la presunta falta de
notificación y actuaciones posteriores a este por la supuesta vulneración de
derechos fundamentales ocasionadas con las providencias dictadas en el
curso del incidente de desacato.

4.3. Tratándose de una actuación previa al fallo de tutela, en la Sentencia SU-627
de 2015 la Corte Constitucional dispuso la siguiente regla de procedibilidad:
«4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del
juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión» (Negrillas propias).

De lo anterior se desprende la obligatoriedad de cumplir con todos los
requisitos generales de procedibilidad. Es decir, para la procedencia
excepcional de la tutela contra actuaciones dictadas en el marco de una acción
de tutela es imprescindible el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
generales de procedibilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera
que en el caso estudiado no se cumplen todos los requisitos generales
mencionados, pues no se satisface el requisito de relevancia constitucional.

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia primaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
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unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»3. Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios argumentos para atacar las decisiones de los jueces, que
se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con
una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de
los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Con base en el último criterio expuesto, hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las
inconformidades ya resueltas por el juez natural. Es deber del juez de tutela,
entonces, verificar que la acción no se esté utilizando como una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada.

Para tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela
son iguales. En caso de que se trate de los mismos argumentos es factible que
el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando
como una instancia adicional, pues que lo perseguido por el tutelante es insistir
en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el
juez de tutela, a diferencia del primero, acceda a sus pretensiones.

3
Ibidem.
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Con fundamento en las reglas expuestas previamente, la Sala considera que
el reproche sobre la falta de notificación (actuación previa al fallo de tutela) es una
reiteración de los argumentos ya presentados ante el Tribunal Administrativo
de Bolívar y el Juzgado Once Administrativo de Cartagena. Circunstancia que
denota que, frente a tal inconformidad, la acción de tutela analizada se está
empleando como una instancia adicional.
Así, tanto en el marco del incidente de desacato como en el escrito de tutela
objeto de análisis, la parte actora argumentó que no fue notificada
debidamente de la existencia de la acción de tutela, porque la notificación fue
remitida al correo fundenem@hotmail.com que presenta problemas técnicos.
Razón por la cual jamás se enteró de la existencia de la acción de tutela.
Lo anterior denota que la parte actora está empleando la acción como si fuera
una instancia adicional, pues tal cargo ya fue objeto de debate en el curso del
incidente de desacato, en el cual se solicitó la nulidad por indebida notificación.
Así se desprende del contenido de la providencia de 31 de julio de 2024, en la
cual el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la decisión consultada de
23 de julio de 2024, en la cual el Juzgado Décimo Primero Administrativo del
Circuito de Cartagena dispuso tener por saneada la nulidad invocada e impuso
sanción a la señora Carolina Martínez Betancourth, representante legal de la
Fundación.
En el grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo de Bolívar
sostuvo que coincidía con el juez de primera instancia respecto a que la
Fundación FUDETCAR no alegó la nulidad en su primera actuación, que fue
la del 4 de julio de 2024. Por ese motivo, en criterio del Tribunal la nulidad
alegada no podía ser invocada posteriormente, como mal lo hizo la Fundación.
Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal sostuvo que en todo caso la solicitud de
nulidad no tenía vocación de prosperidad porque FUDETCAR fue notificado al
correo electrónico consignado en el certificado de existencia y representación
como el de notificaciones judiciales, es decir al buzón fundenem@hotmail.com.
En dicha providencia el Tribunal consignó la siguiente imagen del certificado
de existencia y representación:

A su vez, el Tribunal aseguró que la falta de diligencia de FUDETCAR respecto
al correcto funcionamiento del correo electrónico dispuesto para notificaciones
judiciales le era reprochable únicamente a la Fundación. Le correspondía a
esta última velar por que el canal de comunicación de notificaciones judiciales
funcionara correctamente.
Aseguró que nadie puede alegar a favor su propia culpa con el fin de
beneficiarse. En consecuencia, sostuvo que FUDETCAR no podía valerse de
su desidia y falta de diligencia en el funcionamiento del canal de comunicación
que, justamente, fue previsto para recibir notificaciones judiciales, con el fin de
justificar una supuesta causal de nulidad.
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Por último, el Tribunal desestimó el argumento de la Fundación consistente en
que la señora Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva de manera mal
intencionada señaló que el correo de notificaciones era fundenem@hotmail.com,
a pesar de que conocía otra dirección electrónica que sí funcionaba
correctamente. Al respecto la autoridad judicial insistió en que el correo
mencionado es el dispuesto en el certificado de existencia y representación
para recibir notificaciones judiciales. En consecuencia, afirmó: «es factible que
la señora Cárdenas De Brieva haya hecho alusión a este por ser el que reviste de las
características para que la Fundación sea notificada judicialmente».

Expuesto lo anterior, la Sala considera que el argumento sobre la falta de
notificación ya fue desestimado por el juez constitucional de la tutela Nro.
13001-33-33-011-2024-00114-00/01. Así lo demuestra el cotejo de los
argumentos expuestos en el curso del incidente de desacato, el actual escrito
de tutela y la providencia de 31 de julio de 2024 (auto de consulta).

Se resalta, como lo indicó el Tribunal Administrativo de Bolívar en su
contestación, que la falla del buzón electrónico fundenem@hotmail.com
únicamente consiste en que la bandeja de entrada se encontraba llena. Así lo
comprueba la siguiente imagen proporcionada por la Fundación, cuyo objeto
era evidenciar que tal buzón no recibía correos:

De ahí que, como lo expresó el Tribunal Administrativo de Bolívar en el auto
de 31 de julio de 2024, era responsabilidad de la Fundación efectuar las
gestiones pertinentes para lograr el correcto funcionamiento del buzón
electrónico que esta misma dispuso para recibir notificaciones judiciales.

Por consiguiente, dado que en el caso se corrobora la identidad del cargo
sobre la falta de notificación, la Sala reitera que en el caso la tutela se está
utilizando como si fuera un recurso más propio del debate ante el juez de la
causa. De ahí que la acción carece de la relevancia constitucional necesaria,
pues se está empleando como si la tutela fuera una instancia adicional del
trámite.

4.4. Ahora bien, tratándose de actuaciones posteriores al fallo de tutela, en la
Sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional dispuso las siguientes
reglas:

«4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el

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Demandante: FUDETCAR

cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría
sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional» (Negrillas propias).

Dicho lo anterior, se considera que tampoco se cumple el requisito de
relevancia constitucional en lo que respecta a las actuaciones posteriores al
fallo de tutela que se materializaron en las providencias de 23 y 31 de julio de
2024, proferidas en el incidente de desacato por el Juzgado Décimo Primero
Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo de
Bolívar, respectivamente.

En el escrito de tutela la parte actora sostuvo que las autoridades incurrieron
en defecto fáctico, sustantivo y error inducido, porque desconocieron que la
señora Emilce del Socorro Cárdenas de Brieva no puede tener al tiempo dos
contratos de trabajo por sus labores como madre comunitaria.

La Fundación sostuvo que el juez no realizó una valoración jurídica que
corresponda con la realidad, pues ante la falta de valoración probatoria, se
generó una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Reprochó que las autoridades judiciales hayan persistido en que la señora
Cárdenas de Brieva no está trabajando, pese a que (i) se le puso de presente
que no hay violación de derechos porque aquella tiene un contrato de trabajo
con otro operador, (ii) se le explicó el contexto de los contratos de aportes que
se suscribe con ICBF y el subsiguiente contrato de trabajo naciente con la
madre comunitaria, (iii) se le aportaron pruebas contundentes, como la
constancia de pago de la planilla de la seguridad social que paga el nuevo
patrono.

Estos cargos también fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Bolívar
en la providencia de 31 de julio de 2024 en la cual se confirmó la sanción. Allí
dicha autoridad judicial desestimó la argumentación de la Fundación por
considerar que el cumplimiento de la orden no podía condicionarse a un
supuesto vínculo laboral con otra entidad administradora del servicio, el cual
ni siquiera se sabe si existe realmente o no. Así, lo expresó el Tribunal en la
providencia dictada en el grado jurisdiccional de consulta:
«La parte incidentada señala que no le corresponde cancelar el pago de las prestaciones por
la falta de contrato entre la Fundación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Sin embargo, de ninguna manera puede supeditarse el cumplimiento de lo ordenado en el fallo
de tutela a una eventual contratación que celebre Fudetcar, siendo este el último empleador
de la señora Cárdenas De Brieva, por lo que le correspondía actuar a la luz del derecho a la
estabilidad laboral reforzada de la accionante.
Aunado a lo anterior, la parte incidentada no ha llevado a cabo actuaciones contundentes para
materializar el reintegro que le corresponde a la señora Emilce del Socorro Cárdenas de
Brieva, en cambio, presenta justificaciones que no revisten asidero jurídico. En efecto, las
justificaciones presentadas por la parte incidentada pretenden eludir el cumplimiento cabal de
lo ordenado en la sentencia de tutela».

En consecuencia, se considera que los demás cargos expuestos en el escrito
de tutela, enmarcados en los defectos fáctico, sustantivo y error inducido,
fueron también fueron desestimados por el Tribunal Administrativo de Bolívar
en la providencia de 31 de julio de 2024. Por lo tanto, tampoco se cumple con
la regla dispuesta en la Sentencia SU-627 de 2015 para la procedencia de la
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tutela cuando se controvierten actuaciones posteriores al fallo en un proceso
de tutela.

4.5. Finalmente, como se expuso previamente, en la mencionada Sentencia SU-
627 de 2015 la Corte Constitucional estableció la siguiente regla de
procedencia tratándose de acciones de tutela que controvierten fallos de
tutela:

«4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando,
además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente,
que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación» (Negrillas propias).

Atendiendo al criterio transcrito, no se observa indicio alguno de que el Tribunal
Administrativo de Bolívar, juez de tutela de segunda instancia, haya proferido
la sentencia de 31 de julio de 2024 como producto de una situación
fraudulenta. Esto en la medida en que no se advirtió una conducta de los
jueces ni de las partes, cuyo fin fuera un propósito ilegal o doloso. La decisión
simplemente fue producto de la valoración normativa y probatoria hecha en el
asunto. Sin bien la Fundación no participó en el proceso de tutela, tal
circunstancia se produjo por la falta de espacio en el buzón electrónico y la
propia negligencia de la Fundación, mas no por un error procedimental
imputable a las autoridades judiciales involucradas.

Se advierte, entonces, que la presente tutela es un ejemplo de los casos en
que la parte vencida acude a la tutela con la esperanza de revertir la decisión
inicial del juez constitucional, a fin de lograr un fallo favorable a sus intereses.
Situación que, justamente, pretende evitar la limitación de la acción de tutela
contra decisiones de tutela. De no existir tal regla, un asunto nunca se
terminaría definitivamente, pues existiría la posibilidad de reabrir el debate
mediante una nueva acción de tutela y así de forma indefinida en el tiempo.

5. Conclusión

Por las razones expuestas, se concluye que en el caso analizado no se reúnen las
condiciones para la procedencia de la tutela contra tutela, primero, porque el trámite
de revisión eventual aún no ha culminado; segundo, dado que no se acreditó el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos generales, puntualmente la relevancia
constitucional; y tercero, porque no se advierte que la sentencia de tutela de
segunda instancia proferida el 11 de junio de 2024 haya sido producto de una
situación de fraude.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
propuesta.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

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FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por la Fundación
Etnoeducativa para el Desarrollo de Cartagena y de la Región Caribe
(FUDETCAR), dadas las razones expuestas en la parte considerativa de esta
decisión.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada esta providencia, enviar a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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