Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03863-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03863-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-03863-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03863-01
Accionante: Ernesto Cardozo Camacho
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la decisión de declarar improcedente la acción de tutela.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado1 decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 21 de
agosto de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante la cual rechazó por improcedente la acción de tutela al
considerar que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
El señor Ernesto Cardozo Camacho, interpuso demanda a través del medio de
control de simple nulidad en contra de la Resolución 11820 del 29 de septiembre
de 2023, por medio del cual el Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de
revocatoria de la inscripción del señor Rodrigo Armando Lara Sánchez como
candidato a la Gobernación del Huila; y del formato E-26 ASA, acta de escrutinio
por el cual la comisión escrutadora le confirió la dignidad a Lara Sánchez de
diputado en la Asamblea Departamental del Huila.
El proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Huila, que
mediante providencia del 16 de febrero de 2024 inadmitió la demanda al
considerar que no contaba con los requisitos necesarios para su presentación.
Como consecuencia de lo anterior, el demandante presentó escrito de
subsanación el 23 de febrero de 2024. Sin embargo, el Tribunal Administrativo
del Huila rechazó la demanda por cuanto el señor Cardozo Camacho no corrigió
las respectivas falencias.
1
Se advierte que mediante el auto del 21 de octubre de 2024 se ordenó el sorteo de conjueces,
y que, por tal razón fueron designados los doctores Héctor Santaella Quintero y Néstor Raúl
Correa. Pese a ello, este último no fue ratificado en el encargo, tal como consta en el acta de la
Sala de Sección del 21 de enero de 2025. En ese orden de ideas, como no se afecta el quorum
decisorio se discutirá el proyecto de decisión con los restantes miembros de sala.
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03863-01
Accionante: Ernesto Cardozo Camacho
Frente a la anterior decisión interpuso recurso de apelación, pero este fue
rechazado por la Sección Quinta del Consejo de Estado por considerarlo
extemporáneo, a través del auto del 3 de mayo de 2024, al considerar que el
medio de control adecuado era el de nulidad electoral que tiene una caducidad
especial.
Ante esto, la parte demandante interpuso recurso de súplica, el cual correspondió
por reparto a la Sección Quinta del Consejo de Estado, que confirmó la decisión
judicial anterior a través del auto de 20 de junio de 2024.
2.2. Fundamentos jurídicos
A pesar de que la parte accionante no mencionó las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias judiciales
cuestionadas, se deduce del escrito que, en su consideración, las autoridades
judiciales incurrieron en los siguientes defectos:
• Defecto sustantivo: En cuanto en el auto del 2 de abril de 2024 el Tribunal
Administrativo del Huila desconoció el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011,
dado que las pretensiones de la demanda podían ser tramitadas bajo el
mismo procedimiento, esto es, nulidad simple con contenido electoral, en
virtud de que los actos demandados se complementan, situación que a su
juicio, no constituye una indebida acumulación de pretensiones.
De igual forma, sostuvo que en el caso hipotético en que existiera indebida
acumulación de pretensiones, este argumento no constituía fundamento
legal para rechazar la demanda, de conformidad con el artículo 169 de la
ley 1437 de 2011.
De otra parte, el accionante afirmó que el Tribunal Administrativo del Huila
ignoró el artículo 171 de la Ley 1437 de 2011, pues al considerar que la
vía procesal era inadecuada, no lo tramitó bajo el medio de control que
consideraba adecuado.
• Defecto procedimental absoluto: Asimismo, señaló que el auto del 3 de
mayo de 2024, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado
desconoció el principio de la non reformatio in pejus, debido a que
interpretó erróneamente la demanda como acción de nulidad electoral,
otorgando un término menor al establecido en la ley para la interposición
dela demanda a través del medio de control de simple nulidad.
2.3. Pretensiones
La parte accionante solicitó:
«[…] Ordene que se admita la demanda por el Tribunal y se tramite por
el procedimiento que legalmente corresponda. […]» (sic en toda la cita).
2.4. Intervenciones
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Acción de Tutela
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Accionante: Ernesto Cardozo Camacho
La acción de tutela fue admitida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado mediante auto del 29 de julio de 2024, a través del cual ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Huila y a la Sección Quinta del Consejo de
Estado como accionados y al Consejo Nacional Electoral, la Gobernación del
Huila, la Asamblea Departamental del Huila y al señor Rodrigo Armando Lara
Sánchez como terceros interesados en el resultado del proceso.
2.4.1. El Consejo Nacional Electoral solicitó ser desvinculada del presente
proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.4.2. La Gobernación del Huila estimó que en la acción de referencia no
cuenta con legitimación en la causa por pasiva.
2.4.3. No se rindieron más informes.
2.4. Sentencia impugnada
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
providencia del 21 de agosto de 2024, rechazó por improcedente la acción de
tutela al considerar que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
Lo anterior, en razón de que los argumentos expuestos por el accionante frente
al auto del 2 de abril y 3 de mayo de 2024 fueron objeto de discusión en los
recursos de apelación y súplica respectivamente interpuestos dentro del medio
de control de simple nulidad y sobre los cuales las autoridades judiciales
accionadas se pronunciaron de manera puntual y específica.
2.5. Impugnación
El señor Ernesto Cardozo Camacho en el escrito de impugnación contra la
providencia del 21 de agosto de 2024, insistió en los argumentos de la acción de
tutela, señalando que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado olvidó realizar el respectivo análisis de la normativa en que se fundamentó
el cuestionamiento de los autos objeto de la presente acción de tutela,
brindándole mayor relevancia a asuntos que desbordan su orbita de
competencias, como lo son los argumentos expuestos en los recursos
presentados antes las autoridades judiciales accionadas.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.3. Problema jurídico
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Acción de Tutela
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Accionante: Ernesto Cardozo Camacho
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
en primer lugar, si la acción de tutela cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, para a continuación determinar si cumple con los demás requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, y,
en el evento en el que se entiendan cumplidos, se procederá a establecer si el
Tribunal Administrativo del Huila y el Consejo de Estado, Sección Quinta,
incurrieron en los defectos sustantivo y procedimental absoluto, al proferir los
autos del 2 de abril y 4 de mayo de 2024, dentro del proceso de simple nulidad
con radicado 41001-23-33-000-2024-00064-00 [01].
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
4
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Acción de Tutela
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Accionante: Ernesto Cardozo Camacho
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
Como se puede apreciar, el primer requisito que se debe cumplir es con el de la
relevancia constitucional, por lo que a continuación se estudiará si en el caso
concreto se cumple.
3.3.1. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia
constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata
de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es
imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con
el referido requisito2. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de
los procesos ordinarios.
En ese sentido, en la Sentencia SU-215 de 2022, se establecieron los siguientes
criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:
Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente
legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación
de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o
aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea
estrictamente monetario ni connotaciones particulares o privadas que no
representen un interés general3.
Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con que la
parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración de justicia
o a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales», lo cual supone
justificar de manera razonada y clara la «existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental»4.
2
Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de
2019 y T-140 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.
3
Cfr. Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
4
Cfr. Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022.
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Acción de Tutela
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Accionante: Ernesto Cardozo Camacho
Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un recurso
adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre este
punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra
providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si
se verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»5.
Que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento
judicial.6
En el caso concreto se advierte que la acción de tutela, contrario a lo expuesto
en la sentencia de 21 de agosto de 2024, sí cumple con el requisito de la
relevancia constitucional, puesto que argumentó cómo a su juicio de forma
desproporcionada se afectó el derecho fundamental al debido proceso, al realizar
una interpretación de la normativa que rige el proceso contencioso administrativo
que impidió el acceso a la administración de justicia.
En ese sentido, se considera pertinente analizar si la acción de tutela cumple con
los demás requisitos generales de procedibilidad para, en caso de que así sea,
proceda a analizar las causales específicas invocadas por la parte accionante.
3.3.2. Del requisito de subsidiariedad
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia7.
5
Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
6
Cfr. Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
7
En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley
estipulan (sic) un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con
el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad,
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Accionante: Ernesto Cardozo Camacho
No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual
se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.
De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho referencia al
tema de la procedibilidad de la tutela contra los actos administrativos, destacando
como regla general que no es la sede adecuada para controvertirlos, puesto que
son los procedimientos de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los
escenarios naturales para la discusión sobre ellos8.
De esta manera entonces, la tutela es improcedente para debatir asuntos propios
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyo objeto se encuentra
plenamente definido en el artículo 104 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que le otorga la potestad de
conocer «además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originado en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa…».
Por lo anterior el accionante debe demostrar que hizo uso de todos los medios
de defensa dispuestos para garantizar sus derechos.
3.3.3. Análisis del presupuesto de subsidiariedad
En el caso concreto, la parte accionante cuestionó los autos proferidos el 23 de
febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Huila, y del 3 de mayo de 2024
por parte del Consejo de Estado. Sin embargo, al analizar la argumentación
expuesta en la acción de tutela y en la impugnación presentada no se hizo
reproche alguno frente a la providencia del 20 de junio de 2024 en el que la
Sección Quinta del Consejo de Estado estimó bien rechazada la apelación al
resolver el recurso de súplica, bajo los siguientes argumentos:
«i) La providencia que rechazó su demanda no fue notificada por
estado.
48. Al respecto, esta Sala de Decisión debe precisar que el reparo del
recurrente se circunscribe a que el auto del 2 de abril de 2024 fue notificado
al demandante de forma personal y no por estado, por lo que no se debió
rechazar por extemporáneo el recurso de apelación, interpuesto contra dicha
providencia, sin exponer inconformidad, respecto de la aplicación del término
de dos días, previsto en el artículo 244 del CPACA, especial para el trámite
electoral.
vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las
disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos
dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
8
Ver entre otras las sentencias T-600 de 2002, T- 771 de 2004 y T-199 de 2008.
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49. En primer lugar, el despacho considera necesario puntualizar que, de
conformidad con el artículo 201 del CPACA, los autos no sujetos al
requisito de la notificación personal, se notificarán por estado. Por su
parte, el artículo 198 del mismo código señala que:
Deberán notificarse personalmente las siguientes providencias:
1. Al demandado, el auto que admita la demanda.
2. A los terceros, la primera providencia que se dicte respecto de ellos.
3. Al Ministerio Público el auto admisorio de la demanda, salvo que
intervenga como demandante. Igualmente, se le notificará el auto admisorio
del recurso en segunda instancia o del recurso extraordinario en cuanto no
actúe como demandante o demandado.
4. Las demás para las cuales este Código ordene expresamente la
notificación personal.
50. En consecuencia, en el caso concreto, la providencia que rechazó la
demanda debía notificarse por estado, pues no se encuentra dentro de las
previstas para ser notificada personalmente, tal y como ocurrió.
51. Asimismo, revisado el expediente, la Sala encuentra que la decisión del
2 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, fue
notificada por estado del 9 de abril de 2024, y el mismo día fue enviado el
correspondiente mensaje, a la dirección de correo electrónico del
demandado.
52. En ese orden, se advierte que, contrario al dicho del demandante, la
providencia que rechazó la demanda no le fue notificada personalmente, sino
por estado, pues, se debe precisar, la comunicación remitida por la
Secretaría del tribunal, al correo del actor, no significa que la notificación se
hubiera efectuado personalmente, pues dicha remisión se realizó en
cumplimiento del artículo 201 del CPACA, que prevé que, cuando se trate de
notificaciones por estado, «se enviará un mensaje de datos al canal digital
de los sujetos procesales».
53. Ahora bien, luego de concluir que la decisión del rechazo de la demanda
fue notificada por estado, tal como lo prevén las normas citadas, deberá
definirse si, en este caso, para estudiar la oportunidad del recurso, debían
contabilizarse los dos días previstos en el artículo 205 de la Ley 1437 de
2011.
54. Al respecto, de acuerdo con esta Sección, tratándose de la
notificación por estado, no se aplican los dos (2) días a los que refiere
el numeral 2º del artículo 205 del CPACA, pues los mismos solo deben
tenerse en cuenta cuando la notificación sea personal. Al respecto, se
precisó:
[…] [T]eniendo como referente una aproximación que sobre este aspecto
procesal efectuó la Sala Plena de esta Corporación en un pronunciamiento
reciente, la Sección varió su posición bajo el entendido que la lectura
armónica que armoniza de mejor manera las reglas establecidas en los
artículos 201 y 205 del CPACA, es aquella conforme a la cual se sostiene
que, si bien con posterioridad a la publicación del estado electrónico
debe efectuarse el envío de un mensaje de datos, ello no trasmuta tal
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tipología de notificación en aquellas que trata el artículo 205 de referido
estatuto.
Lo anterior, por cuanto se considera que el mensaje de datos que se envía
acto seguido de la inserción del estado en la página web respectiva no
tiene otra finalidad que alertar a los interesados, justamente, de la
publicación que se hace en ese apartado digital, para que estos verifiquen la
correspondiente anotación. Pero lo anterior no puede conllevar a
desnaturalizar esta clase de notificación, de manera que,
independientemente de existir una misiva electrónica que avisa sobre
la publicación del estado, es este último el medio de notificación en sí
mismo, razón por la cual, a partir del día siguiente a su desfijación
comienza a contar el plazo pertinente para la interposición de recursos.
En este sentido, el envío del mensaje de datos posterior a la publicación del
estado no deviene en la remisión automática a las reglas establecidas en el
artículo 205 del CPACA, comoquiera que este precepto realmente se aplica
a aquellas decisiones que se notifican de manera personal. Desde luego, no
se desconoce que los dos tipos de notificaciones aludidas – por estado y
personal – tiene en común el uso de mensajes electrónicos, pero no puede
pasarse por alto que desde la expedición del Decreto Legislativo 806 de
2020 – artículo 8–, el plazo de dos (2) días del artículo 205 ibidem, se
aparejó exclusivamente a la notificación personal.
55. En tal sentido, atendiendo al criterio adoptado por la Sala Plena de la
corporación y por esta Sección, los dos días a que refiere el artículo 205 del
CPACA, solamente, aplican para el evento de notificaciones personales.
56. En ese caso, no le asiste razón al recurrente, pues, en razón a que el
auto que rechazó la demanda se notificó por estado, no deben tenerse en
cuenta los dos días previstos en el referido artículo.
57. En consecuencia, dado que la providencia del 2 de abril de 2024 fue
notificada mediante estado del 9 de abril de 2024 y, en el trámite especial
electoral, el término para interponer la apelación es de dos días, tal como lo
concluyó la providencia del 3 de mayo, recurrida en esta oportunidad, lo cual
no fue controvertido por el suplicante, el recurso de apelación deviene
extemporáneo pues se presentó al tercer día, esto es, el 12 de abril de 2024.
ii) El tribunal fue «ambiguo o mejor contradictorio en sus decisiones de
inadmisión y de rechazo (…) pues inicialmente la inadmisión la
sustentó en que no era posible acumular una pretensión de nulidad
simple con otra de nulidad y restablecimiento».
58. Conviene precisar que, en la providencia recurrida, que rechazó la
apelación del demandante, se demostró que sus pretensiones debían
tramitarse en el curso del procedimiento previsto para el medio de control de
nulidad electoral (arts. 139, 277 y siguientes del CPACA).
59. Lo anterior, en la medida en que el actor acusaba la legalidad de la
elección de Rodrigo Armando Lara Sánchez y de la resolución del CNE que
decidió no revocar la inscripción de la candidatura a la Asamblea del
departamento del Huila, para el periodo 2024-2027, del demandado. Incluso
en la misma providencia se afirmó, que:
[…] el Tribunal Administrativo del Huila dispuso que el trámite apropiado para
la demanda interpuesta contra el acto de elección era el del medio de control
de nulidad electoral, tal y como se puede constatar en el auto inadmisorio en
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el cual se precisó que la demanda debía adecuarse dentro de los tres (3)
días siguientes a la notificación de esa decisión, término establecido para el
proceso electoral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del
CPACA.
60. Ahora, en procura de resolver el reparo del demandante, se debe
resaltar que el tribunal, al inadmitir su demanda, indicó que, para solicitar la
nulidad del «acto de elección y la separación del cargo del demandado que
es consecuencia necesaria de la anulación, son propias de un proceso de
nulidad electoral», al punto que advirtió de la indebida acumulación de
pretensiones y sobre la diferencia que existe respecto de los términos de
caducidad de los medios de control de nulidad electoral y de nulidad y
restablecimiento del derecho. En este sentido, concluyó que:
En consecuencia, a fin de no cometer imprecisiones al momento de dar
trámite a la presente acción, por cuanto no es viable la acumulación de
medios de control de acuerdo con el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011
que no contempla la posibilidad que se agrupen pretensiones de
nulidad, nulidad electoral y de nulidad y restablecimiento del derecho,
por la aplicación de procedimientos diferentes, la demanda no puede ser
admitida.
61. Para esta Sala, no existe la ambigüedad o la contradicción que alega el
actor, pues el tribunal le indició que, si era su deseo insistir en que se anulara
la elección del demandado, como diputado del Huila, debía adecuar las
pretensiones de su demanda, al medio de control de nulidad electoral, al
punto que le otorgó el término de tres días, previsto en el artículo 276 del
CPACA, para que procediera a su corrección.
62. A pesar de lo anterior, en la oportunidad concedida, el demandante
contrario a procurar por subsanar su demanda, insistió en su postura de
acusar la legalidad del acto de elección y de la resolución del CNE, vía
nulidad (art. 137), lo que, claramente, contradice lo ordenado por el tribunal
en la providencia de inadmisión y que conllevó a su posterior rechazo.
63. Por lo anterior, cuando el proceso arribó a esta corporación, en Sala
Unitaria, se concluyó que, como el demandante continuaba requiriendo la
nulidad del Formulario E-26, en cuanto contiene la elección de Rodrigo
Armando Lara Sánchez, como diputado del Huila, precisó que era su deber:
[…] [A]decuar la demanda […] para que se tramitara a través del medio de
control de nulidad electoral y estudiar dentro de este proceso la legalidad de
los dos actos. Sin embargo, el demandante insistió en que se tramitaran bajo
el medio de control de nulidad simple.
64. En vista de lo anterior, se determinó en la providencia recurrida que
«para el despacho es claro que el trámite que adelantó el Tribunal
Administrativo del Huila y el que es el procedente para el caso en estudio es
el de nulidad electoral».
65. En este orden de ideas, para esta Sala de Decisión, este reproche del
recurrente no tiene la entidad suficiente para conllevar la revocatoria de la
decisión de rechazar su apelación, pues como se precisó, el tribunal sí le
indicó que para atacar el acto que contiene la elección del demandado era lo
procedente que adecuara su demanda al medio de control de nulidad de que
trata el artículo 139 del CPACA.
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Accionante: Ernesto Cardozo Camacho
iii) El rechazo del recurso de apelación «ha planteado otras
consideraciones que varían su criterio, cuando se trata de una acción
que en la modalidad de nulidad simple o de nulidad electoral, tiene un
mismo propósito».
66. Al respecto, se advierte que, en este punto, el actor se limitó a señalar
que la providencia apelada al rechazar la apelación «ha planteado otras
consideraciones que varían su criterio», lo cual no aterrizó al caso particular
ni definió los aspectos que le resultan diferenciadores o novedosos.
67. Por otra parte, se advierte con facilidad que lo que pretende, la parte
actora, es insistir en su postura de no modificar su demanda ni adecuarla al
medio de control procedente, tal y como se lo indicó, en su oportunidad, el
tribunal y, luego fue ratificado en la providencia que ahora pretende sea
revocada.
68. Sin perjuicio de lo anterior, no sobra precisar que el auto que se recurre
decidió que la apelación interpuesta deviene extemporánea porque no se
interpuso dentro de los dos días siguientes a su notificación, término previsto
para cuestionar el rechazo de la demanda electoral, de conformidad con lo
establecido en el artículo 244.3 del CPACA, conclusión que no es
cuestionada por el demandante».
No es posible entender como superado el requisito de la subsidiariedad cuando
en la acción de tutela no se hizo ninguna referencia a la providencia que resolvió
el recurso de súplica, que fue el que definitivamente puso fin al debate en el
trámite del proceso ordinario.
Al analizar el auto del 20 de junio de 2024, la Sala advierte que los argumentos
expuestos por la Sección Quinta del Consejo de Estado para declarar que el
recurso de apelación fue bien rechazado consistieron en que, contrario a lo
afirmado por el señor Camacho Cardozo, desde la inadmisión de la demanda se
consideró que debió adecuar el escrito al medio de control de nulidad electoral,
por lo que no es posible considerar que no se cumplió con el deber de adecuar
la demanda al medio de control procedente.
Este pronunciamiento, por demás, no resulta arbitrario, caprichoso o
contraevidente, pues se fundamenta en un análisis razonable de la normativa que
rige el procedimiento contencioso administrativo.
Se reitera entonces, que no se cumple el requisito de la subsidiariedad puesto
que, al guardar silencio respecto de la fundamentación contenida en el auto que
decidió el recurso de súplica se deja de cumplir uno de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
Incluso si en gracia de discusión pudiera considerarse satisfecho, es evidente
que no se cumple con los requisitos específicos consistentes en la determinación
de la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, pues no se estableció ningún argumento en contra del mencionado auto.
En ese orden de ideas, se entiende que no se cumple con el presupuesto de la
subsidiariedad, puesto que en la acción de tutela no se presentó ningún reparo
frente al auto que decidió definitivamente la situación planteada, por lo que se
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03863-01
Accionante: Ernesto Cardozo Camacho
considera que hay lugar a confirmar la decisión de declarar la improcedencia de
la acción de tutela, no ya por la falta de cumplimiento del requisito de la relevancia
constitucional, sino con fundamento en lo expuesto en la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 21 de agosto de 2024, proferida por la
Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela contra providencia judicial, promovida por el
señor Ernesto Camacho Cardozo contra el Tribunal Administrativo del Huila y la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
HÉCTOR SANTAELLA QUINTERO
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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