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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03888-00

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03888-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Natalia Bedoya Betancur contra el Tribunal Administrativo de Caldas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03888-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

29 de agosto de 2024

Demandante: Natalia Bedoya Betancur
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03888-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03888-00
Demandante: NATALIA BEDOYA BETANCUR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por falta
de agotamiento de los medios de defensa judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la señora
Natalia Bedoya Betancur contra el Tribunal Administrativo de Caldas, de
conformidad con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La tutelante, en nombre propio, con escrito enviado a través de correo electrónico
el 26 de julio de 2024, presentó acción de tutela, con el fin de que se le proteja su
derecho fundamental al debido proceso.

La mencionada garantía la consideró vulnerada con el auto de 19 de julio de 2024,
a través del cual el Tribunal Administrativo de Caldas rechazó el medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos que promovió contra el Banco
Davivienda y la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, proceso
identificado con radicado 17001-23-33-000-2024-00133-00.

1.2. Pretensiones

Las peticiones deprecadas son las siguientes:

se orden admitir mi a popular, pues cumplo art 18 ley 472 de 1998
se ordene al tutelado conceder amparo de pobreza en mi popular a fin que un
abogado me represente, pues si no soy abogada como le puedo cumplir sus
exigencias escasamente cumplo art 18 ley 472 de 1998 1.

1
Transcripción literal, por lo que puede contener errores.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Natalia Bedoya Betancur
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03888-00

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:

La señora Natalia Bedoya Betancur presentó medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos contra el Banco Davivienda, sucursal Aguadas
(Caldas) y la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social al parecer
reprochando que dicha entidad bancaria no cuenta con servicio sanitario para
discapacitados y que ello no es supervisado por la referida cartera.

Del referido proceso conoció el Tribunal Administrativo de Caldas autoridad judicial
que, mediante proveído de 10 de julio de 2024, le concedió a la parte actora el
término de 3 días para que procediera a corregir y/o aclarar los yerros advertidos en
el escrito de demanda, así:

1. Deberá indicar el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado
concretamente frente a cada entidad, de acuerdo con lo regulado en el literal a del
artículo 18 de la Ley 472 de 1998.
2. Deberá frente a cada una de las entidades demandadas enunciar claramente los
hechos, actos, acciones u omisiones que constituyen la vulneración o amenaza que
atribuye, según lo descrito en el literal ab del artículo 18 de la Ley 472 de 1998.
3. Deberá frente a cada una de las entidades accionadas expresar con precisión y
claridad las pretensiones concretas y específicas. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en literal c del artículo 18 de la ley 472 de 1998 y el numeral 2 del artículo
162 del CPACA.
4. Deberá allegar constancia de envío de la corrección de la demanda y sus anexos,
a las entidades demandadas; de conformidad con el numeral 8 del artículo 162 del
CPACA.

Vencido el plazo concedido y ante el silencio de la parte actora, la referida autoridad
judicial con auto de 19 de julio de 2024 rechazó el medio de control de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 472 de 1998, sin perjuicio, de intentar
de nuevo la acción cuando a bien lo tenga, con el lleno íntegro de los requisitos
consagrados en los artículos 144 y 162 de la Ley 1437 de 2011.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, ello al inadmitir por aspectos que a su
juicio son simples rigorismos, lo que va en contravía de la prevalencia del derecho
sustancial.

En seguida citó apartes jurisprudenciales que a su criterio respaldan la anterior
afirmación. Refirió la Sentencia C- 197 de 1999, en la que se estudió la

2
“(...) Inadmitirá la demanda que no cumpla con los requisitos señalados en esta ley, precisando
los defectos de que adolezca para que el demandante los subsane en el término de tres (3) días.
Si éste no lo hiciere, el juez la rechazará. (...)».

2
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Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
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constitucionalidad del artículo 137, numeral 4 del CCA, relacionado con la exigencia
de explicar el concepto de violación y transcribió lo siguiente:

No obstante lo anterior, debe advertir la Corte que en virtud del principio de
prevalencia del derecho sustancial, no se debe extremar la aplicación de la norma
acusada, al punto tal que se aplique un rigorismo procesal que atente contra dicho
principio. En tal virtud, defectos tales como la cita errónea de una disposición legal
que por su contenido es fácilmente identificable por el juez, o el concepto de
violación insuficiente pero comprensible, no pueden conducir a desestimar un
cargo de nulidad.

Aseveró que allí el alto tribunal concluyó que, tratándose de derechos
fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo, a efecto de asegurar
su goce efectivo, debe aplicar la norma constitucional que corresponda, en forma
oficiosa, así en la demanda no la haya invocado expresamente.

Manifestó que en distintos fallos de tutela como en procesos ordinarios, se ha
destacado la necesidad de que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
encamine sus actuaciones a la garantía y el respeto de los derechos
constitucionales y legales que le asisten a los interesados y no se apegue en forma
enceguecida a las ritualidades procedimentales en detrimento del derecho
sustancial.

Reflexionó en el sentido de indicar que los cambios que se han venido introduciendo
en la legislación procesal contenciosa se han propugnado por armonizar las reglas
procesales con los valores, principios y derechos fundamentales que inspiran la
Carta de 1991. Así, por ejemplo, el artículo 163 del CPACA, contempla la posibilidad
de que el juez entienda demandados y, por ende, pueda integrar al estudio de
legalidad, de los actos administrativos que resolvieron los recursos interpuestos en
contra de la decisión inicial, así no se haya formulado pretensión declarativa frente
a estos.

En ese orden, afirmó que se colige, que ha sido voluntad del legislador legitimar un
margen de apreciación del juez en relación con el estudio integral de la demanda, a
fin de evitar pronunciamientos inhibitorios, los cuales desnaturalizan la esencia de
la función de administrar justicia y superponen el derecho meramente adjetivo al
material o sustantivo.

Tambien trajo a colación el que en el artículo 180 del CPACA, que regula la
audiencia inicial, se hubiere fijado un momento procesal para sanear el litigio,
justamente para remover los obstáculos meramente formales y permitir el normal
curso del proceso y la resolución del conflicto.

Afirmó que el Consejo de Estado ha señalado en varias oportunidades la
importancia de la labor del juez como director del proceso y garante de la tutela
judicial efectiva en la solución de asuntos de orden procesal y el deber de hacer
prevalecer lo sustancial sobre lo formal.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 31 de julio de 2024, se admitió la solicitud de amparo y se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Caldas, como accionado.

3
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Demandante: Natalia Bedoya Betancur
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03888-00

De igual forma, se ordenó a la oficina de sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la corporación con la información de
la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También
requirió a la autoridadjudicial respectiva la remisión digital del expediente de la
acción popular en donde se dictó la providencia censurada.

1.6. Intervención

1.6.1. Tribunal Administrativo de Caldas

Por conducto del ponente de la decisión acusada se allegó informe en el cual solicitó
«declarar improcedente la acción de tutela de la referencia y en subsidio se niegue
el amparo por cuanto no se han desconocido las garantías constitucionales de la
parte accionante».

En primer lugar realizó un recuento de las actuaciones surtidas dentro del medio de
control dentro de protección de los derechos e intereses colectivos identificado con
el número de radicado 17-001-23-33-000-2024-00133-00.

Luego indicó que a la parte accionante se le han respetado todas las garantías
procesales y constitucionales con las que cuenta, de manera que, no se han
vulnerado los derechos fundamentales que alega en la presente acción de tutela y
menos aún se le ha impedido el acceso a la administración de justicia, pues las
pretensiones que reclama son discusiones frente a la oportunidad procesal para
corregir la demanda que ya fue resuelta de fondo en el trámite del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos.

Destacó que el legislador ha impuesto una carga procesal a la parte demandante
por ser el sujeto interesado en que el medio de control inicie el correspondiente
trámite, luego debe cumplir a cabalidad dichos requerimientos, que se hacen con el
fin de aclarar, corregir o completar aspectos de la demanda y/o los anexos que se
consideren necesarios para darle celeridad y claridad al proceso y evitar
precisamente fallos inhibitorios.

Hizo hincapié en que en el auto acusado se le precisó a la actora que es procedente
el rechazo por no corregir la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo
203 de la Ley 472 de 1998 y que, en todo caso, puede volver a presentar el aludido
medio de control con el lleno íntegro de los requisitos consagrados en los artículos
144 y 162 de la Ley 1437 de 2011.

3
“(...) Inadmitirá la demanda que no cumpla con los requisitos señalados en esta ley, precisando
los defectos de que adolezca para que el demandante los subsane en el término de tres (3) días.
Si éste no lo hiciere, el juez la rechazará. (...)».

4
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Demandante: Natalia Bedoya Betancur
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03888-00

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora por la señora Natalia Bedoya Betancur contra el Tribunal
Administrativo de Caldas, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sección determinar si procede el amparo del derecho
fundamental al debido proceso de la accionante, el cual consideró vulnerado con el
auto de 19 de julio de 2024, a través del cual el Tribunal Administrativo de Caldas
rechazó el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
identificado con radicado 17001-23-33-000-2024-00133-00.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) de los requisitos
de procedibilidad, en especial, el de agotamiento de los medios de defensa judicial
y, de encontrase superado junto con los demás, (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema 5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

4
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
7
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
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Demandante: Natalia Bedoya Betancur
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
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Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.4.1. Agotamiento de los medios de defensa judicial

2.4.1.1. En relación con el acatamiento de la referida exigencia, la Sala anticipa que
el mismo no se encuentra superado, pues el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción
de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral
1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Asimismo, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional 8 como de esta
Corporación ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción
de tutela, en principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando:
i) el accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a
su alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales; ii) el accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar de
existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición o; iii) el proceso o asunto
se encuentra en trámite.

Frente al punto, debe precisarse que acorde con el artículo 86 de la Constitución
Política, la tutela es una acción de naturaleza excepcional y subsidiaria que se torna
improcedente ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial.

2.4.1.2. En el caso objeto de estudio, la tutelante cuestiona el auto del 19 de julio de
2024, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Caldas rechazó, ante la falta
de subsanación, el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos identificado con radicado 17001-23-33-000-2024-00133-00.

Al respecto, la Sala advierte que, una vez revisadas las pruebas documentales
allegadas al expediente digital de la presente tutela, se constató que:

Mediante providencia del 10 de julio de 2024 la demanda radicada por la señora
Natalia Bedoya Betancur le fue inadmitida y se le concedió un término de 3 días
para que corrigiera y aclarara los yerros advertidos en el libelo9, conforme con lo
dispuesto en el inciso 2° del artículo 20 de la Ley 472 de 1998 que preveé:

8
Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007.
9
En el siguiente sentido:
1. Deberá indicar el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado concretamente frente a
cada entidad, de acuerdo con lo regulado en el literal a del artículo 18 de la Ley 472 de 1998.
2. Deberá frente a cada una de las entidades demandadas enunciar claramente los hechos, actos,
acciones u omisiones que constituyen la vulneración o amenaza que atribuye, según lo descrito en
el literal ab del artículo 18 de la Ley 472 de 1998.
3. Deberá frente a cada una de las entidades accionadas expresar con precisión y claridad las
pretensiones concretas y específicas. Lo anterior de conformidad con lo establecido en literal c del
artículo 18 de la ley 472 de 1998 y el numeral 2 del artículo 162 del CPACA.
4. Deberá allegar constancia de envío de la corrección de la demanda y sus anexos, a las entidades
demandadas; de conformidad con el numeral 8 del artículo 162 del CPACA.

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ARTÍCULO 20.- Admisión de la Demanda. Dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la presentación de la demanda o petición inicial, el juez competente se
pronunciará sobre su admisión.

Inadmitirá la demanda que no cumpla con los requisitos señalados en esta ley,
precisando los defectos de que adolezca para que el demandante los subsane en el
término de tres (3) días. Si éste no lo hiciere, el juez la rechazará.

El auto fue notificado el 11 de julio de 2024 a la parte accionante a través de estado
electrónico y además fue enviado el mensaje de datos a su correo electrónico
aportado para notificaciones personales.

El 17 de julio de la presente anualidad mediante constancia secretarial pasó al
despacho el expediente informando que la parte actora no presentó escrito de
corrección de la demanda.

Con auto del 19 de julio de 2024 la autoridad judicial accionada rechazó la demanda
por cuanto concluyó que «la parte actora no corrigió la demanda, y que los aspectos
que se ordenaron subsanar son de total relevancia y resultan imprescindibles al
momento no solo de admitir la demanda, sino de proferir su fallo, es procedente el
rechazo de la misma, conforme con los términos del artículo 20 de la Ley 472 de
1998, sin perjuicio, para los actores populares, de intentar de nuevo la acción
cuando a bien lo tenga, con el lleno íntegro de los requisitos consagrados en los
artículos 144 y 162 de la Ley 1437 de 2011».

Ahora bien, la Sala en primer lugar advierte que la anterior decisión acusada no fue
recurrida, siendo un mecanismo a través del cual la parte actora pudo haber elevado
los mismos reproches que expone en sede constitucional.

Ahora bien, sobre la procedencia de los recursos en materia de acciones populares
la Sala Plena del Consejo de Estado en providencia de 26 de junio de 2019 10
precisó:

Conforme con lo expuesto, en atención a la celeridad que debe caracterizar las
acciones populares es claro que el recurso procedente contra las decisiones
dictadas en el curso de este tipo de acciones es únicamente el de reposición, salvo
lo dispuesto expresamente en los artículos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998 respecto
de las providencias a través de las cuales se dicta una medida cautelar y se profiere
sentencia de primera instancia, decisiones estas que son apelables; sin que con
dicha limitación se afecte en manera alguna el debido proceso o el derecho a la
doble instancia conforme el análisis efectuado frente al punto por la Corte
Constitucional.

Entonces es esta la oportunidad para que la Sala Plena de esta Corporación
reafirme la regla en comento según la cual, se insiste, las únicas decisiones
apelables en acciones populares son el auto que decreta una medida cautelar y la
sentencia de primera instancia, por lo que todas las demás decisiones que se
adopten en el trámite de estos procesos son únicamente pasibles del recurso
de reposición.

En segundo lugar, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción
de tutela procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la

10
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

7
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posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se
acrediten al menos sumariamente.

Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción
de tutela cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección
de las prerrogativas superiores invocadas, es la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «…cuando el
peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta
con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas
impostergables que lo neutralicen…»11.

De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables 12.

Entonces, corresponde a la Sala estudiar si, en el caso concreto, procede de forma
transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de manera
directa los derechos fundamentales de la tutelante.

Al respecto, se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en el presente asunto,
porque del análisis del acervo probatorio, no es posible establecer que la parte
accionante se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique
adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales, aunado a que como bien lo indicó el tribunal accionado,
en todo caso, se puede volver a presentar el aludido medio de control con el lleno
íntegro de los requisitos consagrados en los artículos 144 y 162 de la Ley 1437 de
2011.

Así las cosas, es claro para esta magistratura que en el sub examine, no puede el
juez constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez que
no se supera el requisito adjetivo de la subsidiariedad.

De igual manera, no sobra advertir que el amparo de pobreza tampoco fue solicitado
al juez ordinario de la causa13 por lo tanto se hace extensiva la argumentación
referida a que previo a acudir en sede de tutela se debe invocar la prerrogativa al
juez natural.

11
Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
12
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación, se reseña, en síntesis, lo pertinente: «… son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable,… A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable
han de ser urgentes,… || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el habe r jurídico de la
persona… || D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya
que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna… Se trata del sentido
de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las
autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para
el equilibrio social».
13
El artículo 19 de la Ley 472 de 1998 dispone: - Amparo de Pobreza. El juez podrá conceder el
amparo de pobreza cuando fuere pertinente, de acuerdo con lo establecido en el Código de
Procedimiento Civil, o cuando el Defensor del Pueblo o sus delegados lo soliciten expresamente.

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2.5. Conclusión

En consecuencia, se declarará improcedente el mecanismo de amparo de la
referencia por falta de agotamiento de los medios de defensa judicial.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por la
señora Natalia Bedoya Betancur contra el Tribunal Administrativo de Caldas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012»

9
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