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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03899-01

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03899-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia de primera instancia del 29 de agosto de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela. En su lugar, Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Patricia María Sierra Vásquez, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. 12 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-03899-01 Accionante: Patricia María Sierra Vásquez Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03899-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03899-01
Accionante: Patricia María Sierra Vásquez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: Acción de tutela contra la providencia por medio de la cual se negó el
decreto de la medida de embargo. Análisis de los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente.

Decisión: Revocar la decisión de declarar la improcedencia de la acción de
tutela, para en su lugar negar el amparo porque no se demostraron los defectos
endilgados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la apoderada de la señora Patricia María Sierra
contra la sentencia del 29 de agosto de 2024 proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado mediante la cual se rechazó por improcedente la acción de
tutela de la referencia.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

La accionante manifestó que presentó una demanda ejecutiva contra la Fiscalía
General de la Nación, a fin de que se librara mandamiento de pago para que se
hiciera efectiva la sentencia del 26 de junio de 2020 proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Medellín.

Dicha autoridad judicial, mediante auto del 29 de julio de 2022, libró mandamiento
de pago y a través de auto del 1.° de noviembre de 2022 ordenó seguir adelante
con la ejecución.

En el trámite del proceso la señora Patricia María Sierra Vásquez presentó
solicitud de decreto de medida cautelar de embargo sobre los bienes que se
encontraran en las cuentas de la Fiscalía General de la Nación y solicitó que para
ello se oficiara a los bancos de la ciudad de Medellín.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03899-01
Accionante: Patricia María Sierra Vásquez

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín, a través del auto del
1.° de marzo de 2022 decretó la medida cautelar requerida. Contra dicha decisión
la parte ejecutada presentó recurso de apelación.

En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
providencia del 17 de julio de 2024 revocó la anterior decisión para, en su lugar,
negar el decreto de la medida cautelar de embargo, al considerar que el
requerimiento que efectuó la apoderada de la parte ejecutante se hizo de forma
indeterminada, abstracta y genérica, en tanto se limitó a solicitar su decreto sobre
los bienes del deudor, con el objetivo de garantizar la satisfacción del crédito de
la obligación contenida en la sentencia, pero no hizo referencia alguna frente a
qué bienes o recursos se buscaba inmovilizar con la medida cautelar, lo que no
resultó suficiente para acceder a lo pretendido.

2.2. Fundamentos jurídicos

La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada en la decisión
objeto de cuestionamiento incurrió en un defecto sustantivo porque no analizó sí
la medida cautelar de embargo decretada cumplía con los presupuestos legales.

Además, argumentó que no era posible exigirle tener conocimiento previo de las
cuentas que estuvieran a nombre de la entidad ejecutada, teniendo en cuenta
que esa información tenía reserva legal, máxime cuando el artículo 83 del CGP
no dispuso esta precisión como presupuesto de la solicitud de medida cautelar..

Asimismo, señaló que se desconoció lo preceptuado en el artículo 229 del
CPACA, en la medida que dicha disposición normativa exige no solo la
ponderación de intereses sino la verificación de los demás requisitos allí
establecidos.

Por otra parte, manifestó que la decisión cuestionada adolece de un
desconocimiento del precedente contenido en las sentencias C-793 de 2002, C-
1154 de 2008, C-539 de 2010 y C-543 de 2013 proferidas por la Corte
Constitucional en las que se precisó que la inembargabilidad de los recursos de
las entidades no era absoluta porque existen algunas excepciones, esto es, a)
pago de créditos u obligaciones de origen laboral; b) pago de sentencias
judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en
ellas contenidos y c) títulos emanados del Estado que reconocen una obligación
clara, expresa y exigible.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«Primero. Tutelar los derechos fundamentales de mi mandante, la señora
PATRICIA MARIA SIERRA VASQUEZ, a la ADMINISTRACIÓN JUSTICIA,
AL TRABAJO, A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y a la y al DEBIDO
PROCESO debido proceso en el principio de seguridad jurídica como
garantía de certeza de que se va a cumplir la condena decretada por un juez
de la República

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Accionante: Patricia María Sierra Vásquez

Segundo. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el Auto proferido por la
SALA SEPTIMA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA del 17
de julio de 2024, dentro del proceso ejecutivo con RADICADO 05001 3333
002 2022 00324 01

Tercero. Que en su lugar se ordene a la Sala Séptima del Tribunal
Administrativo de Antioquia emitir un nuevo Auto con fundamento en los
lineamientos, jurisprudenciales y las normas de derecho que le
correspondan. Cuarto: Con el objeto de proteger los derechos de todos los
afectados por la misma situación de hecho o de derecho en condiciones de
igualdad, solicito reconocer EFECTOS INTER COMUNIS a la sentencia que
se emita en este trámite constitucional.» (Sic a toda la cita)

2.4. Trámite procesal

La acción de tutela fue admitida por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante auto del 1.° de agosto de 2024, a través del cual ordenó notificar al
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad como accionado
y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín y a la Fiscalía
General de la Nación como terceros interesados en el resultado del proceso.

2.5. Intervenciones

2.5.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad
solicitó que se niegue el amparo porque la decisión objeto de cuestionamiento no
desconoció los derechos fundamentales invocados en protección.

2.5.2. La Fiscalía General de la Nación solicitó se rechace por improcedente la
acción de tutela, toda vez que no cumple con el requisito de subsidiariedad.
Asimismo, requirió se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.5.3. No se rindieron más informes.

2.4. Sentencia impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 29 de agosto
de 2024 rechazó por improcedente la acción de tutela porque no cumplió con el
requisito de relevancia constitucional.

Al respecto, señaló que con la interposición del mecanismo constitucional lo que
se pretende es que se tramite una instancia adicional para reabrir el debate que
ya fue resuelto por el juez natural.

En este orden de ideas, señaló que, si bien la parte actora alegó la vulneración
de derechos fundamentales, el criterio de la relevancia constitucional no se
determinaba con su mera enunciación, sino mediante la acreditación expresa y
razonable de una presunta amenaza o vulneración de este, lo cual no aconteció
en el caso sub examine.

2.5. Impugnación

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La parte accionante, después de insistir en los argumentos señalados en el
escrito de tutela, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en
consecuencia, se amparen los derechos fundamentales invocados.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si el Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir la providencia del 17 de julio
de 2024, incurrió en el defecto sustantivo y desconocimiento de precedente1.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y ha sido desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306
de 1992 y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De

1 Es de advertir que, si bien la parte actora enunció los defectos fáctico y procedimental, lo cierto es que la

parte accionante no argumentó de qué manera la autoridad judicial accionada incurrió en las referidas
causales específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, razón por la que la
Sala no se pronunciará al respecto.
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ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la providencia cuestionada.

3.3.1.4. Contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto a resolver sí es
de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer
una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos
sustantivo y desconocimiento de precedente en que presuntamente incurrió la
autoridad judicial accionada.

En cuanto a este requisito, la Corte Constitucional ha delineado un conjunto de
reglas que dan a entender cuándo un asunto tiene una marcada importancia.

Al respecto, se precisa que de los argumentos expuestos en el escrito de tutela
se puede advertir una argumentación con la carga de suficiencia para considerar
que puede haberse vulnerado los derechos fundamentales del accionante, al
aplicar una interpretación de las disposiciones invocadas que se aleja de la
racionalidad.
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Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se realizará el estudio de fondo de la acción de tutela en cuestión, a efectos
de identificar si se incurrió en la vulneración de derechos fundamentales alegada.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»2.

En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las

2Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»3.

Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el
caso concreto

En el presente asunto la parte accionante manifiesta que no analizó si la medida
cautelar de embargo decretada cumplía con los presupuestos legales. Asimismo,
hizo énfasis en que no era posible exigirle tener conocimiento previo de las
cuentas que estuvieran a nombre de la entidad ejecutada, teniendo en cuenta
que esa información tenía reserva legal, máxime cuando el artículo 83 del CGP
no lo dispuso.

Igualmente, señaló que se desconoció lo preceptuado en el artículo 229 del
CPACA, puesto que dicha disposición normativa exige no solo la ponderación de
intereses sino la verificación de los demás requisitos allí establecidos para decidir
una solicitud de medida cautelar.

Sobre el particular, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la providencia del
17 de julio de 20244 señaló lo siguiente:

«(…)
En consecuencia, en el caso de la referencia y hablando precisamente de los
recursos de la Fiscalía General de la Nación contenidos en cuentas bancarias,
CDT y otros títulos, es claro, que pese que hagan parte del Presupuesto General
de la Nación, es procedente imponer sobre ellas una medida cautelar de
embargo, en tanto, la parte ejecutante persigue al pago de una sentencia
judicial, excepción consagrada al principio general de inembargabilidad.

3 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.
4
Ver documento 061TribunalRevocaAuto.25.7.24.pdf
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Sin embargo, y pese a que la A Quo accedió al decreto de la medida cautelar
de embargo solicitada, motivo hoy de inconformidad, es palmario que el
requerimiento que efectuó la apoderada de la parte ejecutante lo hizo de forma
indeterminada, abstracta y genérica, en tanto se limitó a solicitar el decreto de
la medida cautelar sobre los bienes del deudor, con el objetivo de garantizar la
satisfacción del crédito de la obligación de orden laboral, no haciendo
especificación alguna frente a qué bienes o recursos se buscaba inmovilizar con
la medida cautelar, lo que no es suficiente para acceder a lo prendido.

Por lo tanto, la A Quo decretó el embargo de las cuentas bancarias, CDT y otros
títulos que se encontraran a nombre de la Fiscalía General de la Nación en el
Banco Popular, Bancolombia y BBVA de Medellín, pese a la generalidad de la
solicitud realizada, pues se reitera, la parte ejecutante no indicó ni siquiera una
cuenta concreta para efectivizar la medida.

Igualmente, y de considerar que la solicitud de la medida cautelar -de
aseguramiento se dijo en la solicitud- estuvo debidamente sustentada, esta Sala
considera que la A Quo decretó el embargo de una manera amplia, pues si bien,
en el caso concreto tratándose de la ejecución de una sentencia judicial, es
posible acceder al embargo de los recursos de la entidad que hacen parte del
Presupuesto General de la Nación, esta se debe limitar excluyendo los rubros
del presupuesto destinados al pago de sentencias, conciliaciones, al Fondo de
Contingencias y las cuentas corrientes o de ahorros abiertas exclusivamente a
favor de la Nación – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como se encuentra previsto en el
artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y en el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y
Crédito Público Decreto 1068 de 2015.

Finalmente, se pone de presente que de conformidad con el artículo 232 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
solicitante de la medida deberá, en un caso dado, prestar caución con el fin de
garantizar el resarcimiento de los perjuicios que se puedan ocasionar al
ejecutado.
(…)»

A partir de la anterior transcripción la Sala considera que la interpretación
normativa realizada por la autoridad judicial no obedeció al capricho o
arbitrariedad, ni se fundamentó en su simple voluntad, y al respecto, el referido
Tribunal precisó que el requerimiento que efectuó la parte ejecutante se hizo de
forma indeterminada, abstracta y genérica, en tanto se limitó a solicitar la medida
cautelar de embargo sobre los bienes del deudor sin especificación alguna frente
a qué bienes o recursos se buscaba inmovilizar con dicha medida.

Asimismo, tuvo en cuenta el contenido del parágrafo del artículo 195 del CPACA
y el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público Decreto
1068 de 2015, en el que se dispuso la inembargabilidad de los recursos que
hacen parte del sistema general de participaciones.

Así las cosas, para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en una
indebida interpretación de lo contemplado en el artículo 83 de CGP y 229 del
CPACA, porque lo que se evidencia en el asunto bajo examen es un estudio
lógico y plausible, de conformidad con las normas vigentes aplicables al asunto,
lo que le permitió inferir que en el presente asunto se debía negar el decreto de
la medida cautelar de embargo, hecho que no puede ser calificado como
violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los principios de
autonomía e independencia judicial, máxime cuando no se advierte que el estudio
realizado por la autoridad judicial sea contraevidente, arbitrario o caprichoso.
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En ese sentido, la divergencia de criterios en cuanto a la aplicación e
interpretación de la ley no puede considerarse per se, como violatoria de
derechos fundamentales, pues dicha manifestación corresponde únicamente al
ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces, conforme se deduce del
contenido normativo de los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial.

En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales. Por lo tanto, al no hallarse estructurado
el defecto invocado, se negarán las pretensiones formuladas.

3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales

Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente
vinculante.

En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que
a pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive
desde finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la
jurisprudencia y por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la
regla de la doctrina probable.

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición5, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior,
los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados
a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y
cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró
en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del
precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.

Respecto del precedente vertical6, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta
conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es
vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que
exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por
consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada,
que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y
previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una
ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la
autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión

5
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
6
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la
eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima,
que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las
decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por
razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de
coherencia a su interior7.

Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso8. De esta forma, la Corte
Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica
el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que
analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe
ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en
el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de
armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la
defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica
de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea
jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos,
quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia
judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni
inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún
género de discriminación9.

Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un
juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que
un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del
ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones
sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una
interpretación del derecho frente al contexto social actual.

De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado
encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación
objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las
decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga
de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando
a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección
decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación
del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento

7
Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez
Caballero.
8
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
9
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al
precedente10.

En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera
excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen
manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas
la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a
la Ley.

3.6.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente en el caso
concreto

La parte accionante, manifiesta que la autoridad judicial accionada incurrió en un
desconocimiento del precedente proferido por la Corte Constitucional contenido
en las sentencias C-793 de 2002, C-1154 de 2008, C-539 de 2010 y C-543 de
2013.

Sobre el particular, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la decisión objeto
de cuestionamiento se indicó lo siguiente:

«Como puede observarse, la medida cautelar solicitada en el caso
concreto recae sobre los recursos de la Fiscalía General de la Nación, es
decir, los dineros que se encuentren consignados en las cuentas corrientes
y de ahorros, CDT, o cualquier otro título en las entidades bancarias de la
ciudad de Medellín.

Frente a las rentas y recursos de la Fiscalía General de la Nación, se ha
de advertir previamente que estos se encuentran incorporados en el
Presupuesto General de la Nación, disponiendo la Ley Orgánica de
Presupuesto Decreto 111 de 1996 lo siguiente:
(…)
“4.- El principio de inembargabilidad de recursos públicos
4.1.- El artículo 63 de la Carta representa el fundamento
constitucional del principio de inembargabilidad de recursos
públicos. La norma señala algunos de los bienes que son
inalienables, imprescriptibles e inembargables, a la vez que faculta
al Legislador para incluir en esa categoría otro tipo de bienes:

“Artículo 63.- Los bienes de uso público, los parques naturales, las
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el
patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables”. (Resaltado fuera de texto).

Ahora, de dicha providencia claramente se extrae que el principio de
inembargabilidad de los recursos públicos no es absoluto y para el caso
que hoy interesa, existen tres circunstancias por las cuales se puede
acceder a una medida de embargo de estos recursos.

Con el fin de ahondar más en el asunto, igualmente, se hace referencia a
la providencia del Consejo de Estado del diez (10) de junio de 2021
Sección Segunda Subsección A, radicado 11001031500020200426801,

10
En materia Contencioso Administrativa el reconocimiento del precedente como fuente
importante de estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de
extensión de la jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.
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que sobre la inembargabilidad de recursos públicos reiteró apartes de la
sentencia C-1154 de 2008 ya expuesta y concluyó lo siguiente:

“(…) De esta manera, dispuso que los recursos del Presupuesto General
de la Nación podrían ser embargados, cuando se trata de: 1. Créditos u
obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo
en condiciones dignas y justas. 2. El pago de sentencias judiciales para
garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos
en dichas providencias. 3. Títulos emanados del Estado que reconocen
una obligación clara, expresa y exigible (…)”»

En ese sentido, la Subsección no encuentra configurado el desconocimiento de
precedente judicial, puesto que, si bien las providencias presuntamente
desconocidas por la autoridad judicial accionada están relacionadas con la
excepción de inembargabilidad de los recursos del presupuesto público, no se
advierte que se trate de providencias de unificación o que ameriten una única
interpretación, máxime cuando en el presente asunto el Tribunal hizo énfasis en
que los recursos de la Fiscalía General de la Nación contenidos en cuentas
bancarias, CDT y otros títulos, a pesar de que hicieran parte del Presupuesto
General de la Nación son susceptibles de la medida cautelar de embargo siempre
que la parte ejecutante pretenda el pago de una sentencia judicial, excepción
consagrada al principio general de inembargabilidad.

Por otra parte, se advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia sustentó
de manera suficiente la providencia que hoy se cuestiona en las pautas
jurisprudenciales señaladas por la Corte Constitucional y Consejo de Estado,
aplicable al caso concreto, por lo que no es dable entender que incurrió en un
desconocimiento de precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o
caprichosa.

En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.

En consecuencia, la Sala revocara la decisión de primera instancia que rechazó
por improcedente la acción de tutela para, en su lugar, negar el amparo
constitucional reclamado por la parte accionante, al no configurarse ninguna
vulneración ius fundamental.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia de primera instancia del 29 de agosto de 2024
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de la acción de tutela. En su lugar,

Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora
Patricia María Sierra Vásquez, de acuerdo con los argumentos expuestos en la
parte motiva de la presente providencia.
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Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

EDGAR DANIEL RINCÓN PUENTES EUDORO FABIÁN VALLEJO CABRERA
Conjuez Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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