Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03902-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03902-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03902-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
19 de septiembre de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03902-00
Demandante: María Clara Abreu Acosta
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03902-00
Demandante: María Clara Abreu Acosta
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Temas: Tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales al
trabajo y al libre ejercicio profesional por pérdida de vigencia de la
licencia temporal de abogado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por María Clara Abreu Acosta en contra
del Consejo Superior de la Judicatura
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
María Clara Abreu Acosta, quien actúa en nombre propio, promovió demanda en orden
a que se tutelen sus derechos fundamentales al trabajo y al libre ejercicio profesional
y, como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene al Consejo Superior de la
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Judicatura proceder a corregir en el sistema la información de su licencia temporal para
poder ejercer su profesión.
1.1.2. Los hechos
La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) El 14 de febrero de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura expidió su licencia
temporal con n° 36.772.
ii) El 25 de julio de 2024, como abogada de responsabilidad civil en la Compañía Grupo
Éxito, asistió a una audiencia en la que se le impidió actuar en atención a que su
número de cédula no se encontraba registrado en calidad de abogada.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 1 de agosto de 2024, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas inadmitió
la acción de tutela y, en consecuencia, requirió a la abogada, señora María Clara
Abreu Acosta, para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la
providencia, allegara memorial aclaratorio en el que i) esclareciera quien era el
accionado en el proceso, ii) en caso de que el accionado fuera el Consejo Superior de
la Judicatura, indicara si ha presentado solicitud ante dicha autoridad relacionada con
la corrección o actualización de su tarjeta profesional, y de haber elevado solicitud,
aportara fecha, consecutivo de radicación, y señalara si recibió respuesta congruente
y de fondo a la petición; y iii) en caso de que el accionado fuera Vivaré Plaza
Residencial P.H., hiciera una narración de los hechos que dieron origen a la
vulneración de sus derechos fundamentales reclamados, allegara la fecha en la cual
presentó el derecho de petición y aportara la copia de la solicitud presentada y que no
ha sido contestada.
1.2.2. El 6 de agosto de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído a la señora María Clara Abreu Acosta, y el 9 de agosto siguiente, la
accionante atendió los requerimientos, señalando que el accionado es el Consejo
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Superior de la Judicatura y que a la fecha no ha presentado ningún tipo de solicitud de
corrección ante dicha autoridad.
1.2.3. El 23 de agosto de 2024, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas admitió
la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar al Consejo Superior de la
Judicatura en calidad de accionado, remitiéndole copia de la solicitud de tutela para
que, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, procediera a ejercer su
derecho de defensa, si a bien lo tenía, y a rendir el respectivo informe.
1.2.4. El 28 de agosto de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído a la señora María Clara Abreu Acosta y al Consejo Superior de la
Judicatura.
1.3. Contestación de la demanda
El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia –URNA—, solicitó negar el amparo solicitado, en atención
a los siguientes argumentos:
i) El 25 de enero de 2024, la señora María Clara Abreu Acosta realizó la preinscripción
del trámite de expedición de licencia temporal de abogado en el Sistema de
Información del Registro Nacional de Abogados —SIRNA—, y mediante correo
electrónico del 10 de febrero siguiente, allegó los documentos requeridos para la
gestión del trámite al correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, por lo que,
con base en la documentación suministrada, a través de Acta n°. 29731 del 14 de
febrero de 2024, la Unidad le asignó la licencia temporal de abogado n°. 36.772.
ii) El 3 de julio de 2024, la señora María Clara Abreu realizó la inscripción para la
presentación del examen de Estado; y por medio de la Resolución URNAR24-123 del
30 de julio de 2024, se le admitió para su aplicación, en el periodo 2024-II, al cumplir
con los requisitos de la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo PCSJA24-12188 de 2024.
iii) El 18 de marzo de 2024, la Institución Universitaria de Envigado, Oficina de
Admisiones y Registro, reportó a la Unidad información respecto de la fecha de inicio
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de la carrera de derecho de la señora María Clara Abreu Acosta, 4 de febrero de 2019,
y su fecha de grado, 15 de marzo de 2024, incluyendo datos de los procesos de
homologación o transferencia interna o externa, que tuvieron incidencia en la fecha de
inicio del programa académico.
iv) Ahora bien, la accionante manifiesta su inconformidad frente a la pérdida de
vigencia de la licencia temporal de abogado n° 36.772 que le fue asignada; sin
embargo, es de tener en cuenta que la licencia temporal es un documento que se
expide al egresado y le habilita para ejercer la profesión de la abogacía de forma
restrictiva por un término de hasta dos (2) años improrrogables, siempre y cuando no
haya obtenido el título profesional de abogado. Sobre el particular, ver la sentencia C-
744 de 1998.
v) En este sentido, se tiene que como la actora se graduó el 15 de marzo de 2024 y
que, por tanto, ya adquirió el estatus de abogada, la licencia temporal de abogado que
le había sido expedida perdió su vigencia, y si bien, le fue impreso un plástico
denominado licencia temporal que contiene la información de vigencia, lo cierto es que
este documento no es el que determina su caducidad y validez, sino el certificado de
vigencia de la licencia temporal emitido a través de la página web del Sistema de
Información del Registro Nacional de Abogados. En tal sentido, lo que le corresponde
en este momento es tramitar la tarjeta profesional, siempre y cuando cumpla con la
totalidad de los requisitos exigidos.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
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reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es
competente para conocer del presente asunto.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala dilucidar si la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia —URNA—, vulnero los derechos fundamentales al trabajo y al
libre ejercicio profesional de la accionante, al registrar dentro del Sistema de
Información del Registro Nacional de Abogados —SIRNA—, la pérdida de vigencia de
la licencia temporal de abogado que le fue asignada.
2.3. Sobre la inscripción en el Registro Nacional de Abogados y expedición de la
tarjeta profesional de abogado
El Decreto Ley 196 de 1971, en su artículo 22, dispuso que quien actúe como abogado,
al inicio de la gestión, deberá exhibir su tarjeta profesional e indicar el número que le
fue asignado. En cuanto a ello, en el ordinal 20 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996
se facultó al Consejo Superior de la Judicatura para regular, organizar y llevar el
Registro Nacional de Abogados y expedir la tarjeta profesional de abogado, previa
verificación de los requisitos señalados en la ley.
Posteriormente, la corporación precitada, en ejercicio de las facultades que le fueron
conferidas en la disposición mencionada, profirió el Acuerdo 1389 del 13 de marzo de
2002, mediante el cual le asignó a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia —URNA—la función precitada. De igual forma, el 29 de julio de
2019 emitió el Acuerdo PCSJA19-11354, a través del cual aprobó el formato de la tarjeta
mencionada y dictó normas sobre el Registro Nacional de Abogados.
Actualmente, a través del Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de abril de 2024, el Consejo
Superior de la Judicatura, Presidencia, estableció las normas para la inscripción en el
Registro Nacional de Abogados, expedición de la tarjeta profesional de abogado, entre
otros aspectos.
2.4. Hechos probados
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De los documentos aportados en el expediente de tutela, la Sala establece lo siguiente:
i) El 18 de marzo de 2024, la Institución Universitaria de Envigado, Oficina de
Admisiones y Registro, remitió a la URNA información respecto de la fecha de inicio de
la carrera de derecho de la señora María Clara Abreu Acosta, 4 de febrero de 2019, y
su fecha de grado, 15 de marzo de 2024.
ii) El 30 de julio de 2024, mediante la Resolución URNAR24-123, la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia —URNA— admitió a la señora María
Clara Abreu Acosta para la aplicación del examen de Estado, periodo 2024-II.
iii) El 29 de agosto de 2024, el director de la URNA certificó que la licencia temporal de
abogada con el n°. 36772, expedida a la señora María Clara Abreu Acosta el 14 de
febrero de 2024, no se encontraba vigente.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
Discute la accionante la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo y al
libre ejercicio profesional por parte del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia —URNA—, al registrar dentro
Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados —SIRNA—, la pérdida de
vigencia de su licencia temporal de abogado. En tal sentido, solicita que se ordene a
la autoridad accionada corregir la información de su licencia temporal, a fin de poder
ejercer su profesión.
Pues bien, dentro del trámite de contestación de la acción de tutela, la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia —URNA— señaló que si bien
a través del Acta n°. 29731 del 14 de febrero de 2024, se le asignó a la señora María
Clara Abreu Acosta la licencia temporal de abogado n°. 36.772, este es un documento
que permite ejercer la profesión de la abogacía de forma restrictiva, es decir, por un
término de hasta dos (2) años improrrogables, siempre y cuando no haya obtenido el
título profesional de abogado.
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Y en el caso, como la accionante recibió su título profesional de abogada el 15 de
marzo de 2024, según información reportada el 18 de marzo de 2024 por la Institución
Universitaria de Envigado, Oficina de Admisiones y Registro, en la cual cursó su
pregrado, la licencia temporal de abogado que le había sido expedida perdió su
vigencia. En tal sentido, explicó que lo que corresponde a la accionante, al ya tener el
estatus de abogada, es iniciar con el trámite de expedición de la tarjeta profesional de
abogada.
En efecto, según lo dispone el artículo 31 del Decreto 196 de 1971, reglamentado en
el Acuerdo PSAA13-9901 del 6 de mayo de 2013, la licencia temporal de abogado es
un documento que permite a quienes hayan terminado y aprobado los estudios
reglamentarios de derecho en universidades oficialmente reconocidas por el Estado,
es decir, a quienes ostentan la calidad de egresado —no graduado—, ejercer de forma
transitoria la profesión de la abogacía desde la fecha de terminación de sus estudios
y hasta por dos años improrrogables o hasta la fecha de su grado como abogado, en
los casos taxativamente señalados en la norma.
En tal sentido, la Sala colige en el caso no existe vulneración de los derechos
fundamentales endilgados por la actora, pues la URNA modificó el estado de vigencia
de la licencia temporal asignada a la señora María Clara Abreu Acosta, con ocasión
del reporte de la información enviado por la universidad en la que cursó su pregrado,
en la que se indicó que 15 de marzo de 2024 recibió su título profesional.
Y en esos términos, lo que le corresponde a la accionante es tramitar la expedición de
su tarjeta profesional de abogada, cumpliendo para dichos efectos lo dispuesto en el
Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de abril de 2024, según las indicaciones señaladas en
el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados —SIRNA—.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala denegará el amparo de los derechos
fundamentales invocados por la accionante.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Denegar el amparo invocado por la señora María Clara Abreu Acosta, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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