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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03920-00

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03920-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental del debido proceso y de acceso a la administración de justicia deprecado por la parte actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS el auto del 18 de diciembre de 2020 y ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral que, en el término de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, profiera un nuevo auto en la cual se estudie de manera detallada y de fondo el correo electrónico del 3 de agosto de 2020, que probaría la fecha real de la presentación de la demanda ordinaria. Igualmente, de considerarlo necesario, DEBERÁ requerir a la Oficina de Apoyo Judicial para que certificara la fecha real de presentación de la demanda con radicado 70001-33-33-009-2020-00093-00 desde el correo velezlawyers@hotmail.com, de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente caso. Lo anterior, en aras de determinar si en efecto la demanda fue presentada en tiempo. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Any Berrio Tapia y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral Radicado: 11001-03-15-000-2024-03920-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03920-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

26 de septiembre de 2024

Demandantes: Any Berrio Tapia y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03920-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03920-00
Demandantes: ANY BERRIO TAPIA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA
PRIMERA DE DECISIÓN ORAL

Tema: Tutela contra providencia judicial – ampara debido proceso y
acceso a la administración de justicia – caducidad del medio
de control de reparación directa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por la señora
Any Berrio Tapia y otros contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera
de Decisión Oral de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 29 de julio de 2024 la señora Any Berrio Tapia y otros1, actuando por medio
de apoderado judicial, instauraron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral, en la que pretenden el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

Lo anterior, con ocasión de la providencia del 18 de diciembre de 2023, proferida
por dicho tribunal mediante la cual se confirmó el auto del 22 de agosto de 2022,
por el cual, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Sincelejo rechazó

1 Luis Miguel Tafur Campo, Carlos Raúl Tafur Berrio, Ruby Cecilia Tafur Berrio, Andrés Felipe Tafur Berrio,

Mateo de Jesús Tafur Berrio, Luis Alberto Tafur Mercado, Tivisay Elien Tafur Mercado, Héctor Enrique Berrio
Tapia, Candelaria Campo Meza, Luis Miguel Tafur Ozuna, Yolanda Tapia de Berrio, Robinson Tafur Campo,
Rubiela del Carmen Tafur Campo, María Elena Tafur Campo, Jiliola Tafur Campo, Isabel Cristina Tafur
Campo, Denis de Jesús Tafur Campo, Gloria Lucía Tafur Campo, Cecilia Berrio Tapia, Digna Rosa Berrio
Tapia, Oneida Berrio Tapia, Lina María Tafur Acosta, Jesús David Tafur Acosta, Juan Luis Berrio Tafur, Tay
Tatiana Berrio Tafur, Yiber Manuel Berrio Tafur, Luisa Fernanda Barragán Tafur, Yurledis Barragan Tafur,
Luis Felipe Barragán Tafur, Juan Camilo Murillo Tafur, Yenis del Carmen Sierra Berrio, Jesús Esteban Sierra
Berrio, Yeis José Sierra Berrio, Henry de Jesús Sierra Berrio, Lizeth Rivera Berrio, Rosiris Tafur Campo,
Yesica Yulieth González Tafur.

1
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Demandante: Any Berrio Tapia y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03920-00

la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad. Esto, en el marco
del proceso de reparación directa con radicado 70001-33-33-009-2020-00093-
01, instaurada contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

1.2. Pretensiones

Con base en lo expuesto, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

Evidenciada la violación al debido proceso se tutele el mismo y el acceso a la
administración de justicia, se corrija el acta de reparto y/o tenga en cuenta la fecha
real de presentación de la demanda, y como consecuencia de esto se deje sin efecto
el auto por medio del cual se rechaza la demanda y se confirma la decisión por parte
del tribunal, y en su reemplazo se proceda a admitir la demanda presentada por el
suscrito que fue subsanada en debida forma.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

El 5 de agosto de 2020, en ejercicio del medio de control de reparación directa,
la señora Any Berrío Tapia en compañía de su grupo familiar2, formularon
demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional- Policía
Nacional, para que se le declarara patrimonialmente responsable por los daños
ocasionados por la muerte del señor Ángel Luis Tafur Berrío, ocurrida el 16 de
marzo de 2018, causada por integrantes de la comunidad de Pita Medio, mientras
se encontraba bajo custodia y protección de la Policía Nacional.

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Sincelejo mediante auto del 5
de agosto de 2021 inadmitió la demanda y le otorgó a la parte actora el término
de 10 días para subsanar los aspectos indicados (pretensiones, cuantía,
pruebas, poderes, canal digital, remisión de copia de la demanda, anexos).

Pese a que dichos aspectos fueron subsanados oportunamente, el juzgado a
través de decisión del 22 de agosto de 2022 rechazó la demanda por haber
operado el fenómeno de la caducidad. La anterior decisión fue notificada el 23
de agosto de 2022 al correo electrónico velezlawyerz@hotmail.com

2 Luis Miguel Tafur Campo, Carlos Raúl Tafur Berrio, Ruby Cecilia Tafur Berrio, Andrés Felipe Tafur Berrio,

Mateo de Jesús Tafur Berrio, Luis Alberto Tafur Mercado, Tivisay Elien Tafur Mercado, Héctor Enrique Berrio
Tapia, Candelaria Campo Meza, Luis Miguel Tafur Ozuna, Yolanda Tapia de Berrio, Robinson Tafur Campo,
Rubiela del Carmen Tafur Campo, María Elena Tafur Campo, Jiliola Tafur Campo, Isabel Cristina Tafur
Campo, Denis de Jesús Tafur Campo, Gloria Lucía Tafur Campo, Cecilia Berrio Tapia, Digna Rosa Berrio
Tapia, Oneida Berrio Tapia, Lina María Tafur Acosta, Jesús David Tafur Acosta, Juan Luis Berrio Tafur, Tay
Tatiana Berrio Tafur, Yiber Manuel Berrio Tafur, Luisa Fernanda Barragán Tafur, Yurledis Barragan Tafur,
Luis Felipe Barragán Tafur, Juan Camilo Murillo Tafur, Yenis del Carmen Sierra Berrio, Jesús Esteban Sierra
Berrio, Yeis José Sierra Berrio, Henry de Jesús Sierra Berrio, Lizeth Rivera Berrio, Rosiris Tafur Campo,
Yesica Yulieth González Tafur.

2
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El 11 de enero de 2023 la parte actora la parte demandante presentó un incidente
de nulidad, fundado en que debía corregirse el acta de reparto de la demanda,
ya que, en su criterio, la misma no se presentó el 5 sino el 3 de agosto de 2020
y que el auto que rechaza la demanda no se le comunicó efectivamente dicha
decisión a su correo electrónico velezlawyers@hotmail.com.

Igualmente, el 19 de enero de 2023 la parte actora interpuso recurso de apelación
contra la providencia del 22 de agosto de 2022, que rechazó la demanda. Reiteró
lo relativo a que la demanda se presentó el 3 de agosto de 2020, pero se le envió
acta de reparto en donde constaba que había sido el 5 de agosto de 2020,
«situación que de entrada a la luz de la interpretación normativa que se está expresando
vulneraría el derecho fundamental al debió proceso, pues no es cierto que la demanda
se presentó el 05 de agosto como aparece en el acta de reparto, por lo cual se debe
corregir la misma».

El juzgado con auto del 25 de septiembre de 2023 decidió:

PRIMERO: Tener por notificada la parte actora de la providencia de fecha 22
de agosto de 2022 por conducta concluyente.

TERCERO: Concédase en efecto suspensivo el recurso de apelación
propuesto por la parte demandante, contra la providencia del 22 de agosto
de 2022 mediante la cual se rechaza la demanda.

El despacho judicial adujo que, en efecto, la providencia que dispuso el rechazo
de la demanda fue comunicada erradamente al correo
velezlawyerz@hotmail.com, cuando debió ser al correo
velezlawyers@hotmail.com «circunstancia que implica una indebida notificación y,
que a su vez impidió que la parte actora pudiera controvertir la decisión oportunamente».

No obstante, teniendo en cuenta que posteriormente a la manifestación de la
irregularidad en la notificación se propuso recurso de apelación, se tendría por
notificada la decisión por conducta concluyente a partir del momento de la
interposición del recurso.

Con providencia del 18 de diciembre del 2023 el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Primera de Decisión Oral desató el recurso de apelación y confirmó decisión
del 22 de agosto de 2022 (que rechazó la demanda por caducidad), toda vez que
la parte actora contaba con 2 años, desde el día siguiente de su ocurrencia (17
de marzo de 2018) hasta el 17 de marzo de 2020, para presentar la demanda.

Explicó que de los documentos aportados se observaba que la solicitud de
conciliación extrajudicial fue presentada el 16 de marzo de 2020 y la audiencia
de conciliación fue celebrada el 27 de mayo de 2020, «es decir, dado que, por virtud
de la solicitud de conciliación extrajudicial se interrumpió el término de caducidad, su
reinició procedía por el término de dos (2) días».

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Indicó que, a su vez, dichos 2 días debían contarse a partir de la reanudación de
los términos judiciales que resultaron afectados con la suspensión ordenada
como consecuencia de la pandemia Covid-19, esto es, inicialmente a partir del
1° de julio de 2020; sin embargo, dada la excepción favorable que trajo la
respectiva normatividad cuando los términos de caducidad restantes fueran
inferiores a 30 días, como en el sub júdice, el conteo solo podía iniciar a partir del
1° de agosto de 2020.

Concluyó que, los 2 días que faltaban solo podían alcanzarse el 2 de agosto de
2020, pero como ese día correspondía a un domingo, el mismo llegaba hasta el
día lunes 3 de agosto de 2020, «de ahí que, al haberse presentado la demanda el día
5 de agosto de 2020, el fenómeno de la caducidad bien podía predicarse.»

La decisión fue notificada el 29 de enero de 2024, como obra en el expediente
ordinario digital.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora adujo que se vulneraron sus derechos fundamentales porque se
configuraron los siguientes defectos:

Defecto fáctico: El juez careció del apoyo probatorio necesario para establecer
correctamente la fecha de presentación de la demanda, lo que llevó a una
aplicación incorrecta del supuesto legal de caducidad, toda vez que en el escrito
incidente de nulidad se solicitó al despacho tener como pruebas en especial «1.
Se certifique por la oficina de apoyo judicial la fecha de presentación de la demanda con
radicado 70001-33-33-009-2020-00093-00 desde el correo velezlawyers@hotmail.com
y 2. Video Constancia Fecha de reparto y presentación demanda, pruebas que no fueron
tenidas en cuenta pues no se le dio trámite al incidente».

Al respecto adjuntó la siguiente imagen obtenida de su correo electrónico que
prueba que la demanda sí fue radicada el 3 de agosto de 2020 a las 2:36 p.m.

Igualmente, adujo que después de radicada dicha demanda, el equipo de reparto
del juzgado le respondió el correo y le adjuntó el acta de reparto, como se
observa:

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Adujo que, dicha irregularidad fue puesta de presente también en el recurso de
apelación contra la decisión que rechazó la demanda, pero tampoco se resolvió
de manera concreta.

Sustantivo: La decisión se basó en una interpretación errónea del Decreto
Legislativo 564 de 2020 sobre computo de términos que finalizan en día inhábil
por parte del despacho, presentando una contradicción evidente entre los
fundamentos y la decisión tomada, por lo cual tan bien yerra el tribunal al
confirmar la decisión apelada.

Concluyó que la decisión vulnera sus garantías al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia porque no se tuvo en cuenta el error en que se
incurrió en el acta de reparto respecto de la fecha de presentación de la
demanda.

1.5. Admisión3

Mediante auto de 3 de septiembre de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar tanto a la parte actora4 como al Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Primera de Decisión Oral5, como autoridad judicial accionada.

Se vinculó, en calidad de tercero con interés al Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Sincelejo6 «a quo ordinario», a Nación, Ministerio de Defensa
Nacional7, Policía Nacional8 «entidad demandada», así como a los señores Luis
Miguel Tafur Ozuna, Cecilia Berrio Tapia, Yenis del Carmen Sierra Berrio, Jesús
Esteban Sierra Berrio, Henry de Jesús Sierra Berrio y Ana Luz Berrio Tapia «parte
accionante del ordinario».

3 Índice 11 de Samai.
4 velezlawyers@hotmail.com
5 sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
6 adm09med@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin09mdl@notificacionesrj.gov.co
7 usuarios@mindefensa.gov.co; notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co
8 segen.consejo@policia.gov.co; notificacion.tutelas@policia.gov.co

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1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo, Sala Primera de Decisión Oral

Solicitó negar las pretensiones de la demanda ya que el auto cuestionado se
ajustó a derecho y a las pruebas obrantes en el plenario, específicamente el acta
de reparto, en donde se dejó constancia que la fecha de presentación de la
demanda fue el 5 de agosto de 2020.

Estimó que el único documento que demostraba la fecha de la presentación de
la demanda al momento de proferir la decisión de segunda instancia, era el acta
de reparto, en tanto, como documento público certificaba la existencia de un
hecho ocurrido en presencia de quien la suscribe, lo que, a su vez, lo revestía de
autenticidad y presunción de que su contenido era cierto.

De ahí que, la acción de tutela no puede ser favorable en sus pretensiones, en
tanto, la decisión fue tomada acorde con el ordenamiento jurídico y atendió el
material probatorio válidamente allegado al expediente.

1.6.2. Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Sincelejo

Hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior del proceso
de reparación directa y adujo que se respetaron las garantías propias de los
actores pues este se tramitó en su totalidad hasta su terminación y remisión del
expediente al superior, con el fin de que se llevara a cabo el recurso de alzada,
«quedando así cumplidas tales garantías, por parte de esta Unidad Judicial».

Los demás sujetos, pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron
informe de fondo frente al asunto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Berrio Tapia y otros, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se
dirige contra el Tribunal Administrativo del Sucre.

2.2. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que
subyacen al caso concreto son los siguientes:

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¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia con ocasión de la providencia del 18 de
diciembre de 2023, que confirmó la decisión del a quo, que rechazó la
demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial, iii) generalidades del defecto
fáctico y iv) el análisis del caso en concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 10 y declaró
su procedencia.11

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere
la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.

2.4. De los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente, pues la parte actora presenta una cuestión de carácter ius
fundamental en la medida en que cumplieron con el deber de evidenciar
suficientemente la tensión entre la providencia censurada y el núcleo esencial del
derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Esto, al
exponer que el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión no
tuvo en cuenta el error en que se incurrió en el acta de reparto respecto de la
fecha de presentación de la demanda, lo cual generó el rechazo de la demanda
por caducidad.

En ese orden de ideas, la Sala considera que los argumentos expuestos no
apuntan a convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia, pues
trascienden de una mera inconformidad de la decisión adoptada por el tribunal
accionado.

Así, se puede concluir que no se trata de un asunto de mera legalidad ni tampoco
un asunto que se limite a cuestiones económicas, se trata de una duda legítima
sobre la posible vulneración de principios constitucionales como el debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, este último garantía de
raigambre constitucional (artículo 229), que establece el derecho de toda persona
a acceder a la administración de justicia para solicitar a los jueces competentes
la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución
y la ley.

2.4.2. Tutela contra tutela

La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza12, pues la providencia que puso

12 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00;
Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20.,
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-

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fin al debate fue proferida en el marco del proceso de reparación directa con
radicado 70001-33-33-009-2020-00093-01.

2.4.3. Inmediatez

En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún
reproche, en vista de que la providencia cuestionada fue notificada el 29 de enero
de 2024. Así, sin que sea necesario precisar su fecha de ejecutoria se advierte
que la acción de tutela se presentó en un término razonable (26 de julio de 2024).

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 13, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200514, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.4.4. Subsidiariedad

Respecto de este requisito, se advierte que no existe otro medio de defensa
judicial idóneo para que los tutelantes puedan defender sus derechos
fundamentales, comoquiera que la providencia del 18 de diciembre de 2023 no
es pasible de ningún otro recurso, con lo cual resulta evidente el agotamiento de
los recursos ordinarios.

Asimismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y unificación de
jurisprudencia, comoquiera que se trata de un auto. Así pues, superado el
cumplimiento de los requisitos adjetivos, respecto de los mencionados cargos,
esta Sala entrará a estudiar el caso concreto.

2.5. Generalidades del defecto fáctico

Esta Sala, en decisión del 12 de noviembre del 201515, precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un

03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia
06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad:

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término

razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir
que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
15Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales, a continuación, son traídos
a colación en la presente decisión.

Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.

Aquellos casos en los que se configura el defecto en referencia cuentan con las
siguientes características:

Evento Características

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el
problema jurídico sometido a consideración y ésta fue negada; ello,
sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que
no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad.
Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un
decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del
defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y
Omisión de decreto práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla
y práctica de con los parámetros arriba señalados.
pruebas De esta manera, se requiere:
indispensables 1. Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
para fallar el asunto 2. Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
3. Que se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
4. Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.

Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente y resultando decisivos frente a los hechos que se
pretenden probar, aquellos no son tenidos en cuenta por el fallador
ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se
Desconocimiento concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas, aportadas
del acervo oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
probatorio Así las cosas, el defecto en este evento se configura siempre que:
determinante para 1. Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por
identificar la el juez.
veracidad de los 2. Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y
hechos alegados oportunamente al proceso
por las partes 3. Se señalen las razones por las cuales eran relevantes para
la decisión
4. Se precise, razonadamente, la incidencia de estos para

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variar el sentido del fallo.

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se
entiende alterado.
Se requiere entonces que:
1. La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto
Valoración de indebida valoración por el juez
irracional o 2. Se indique la razón del por qué, en cada caso en particular,
arbitraria de las la consideración del operador judicial se aleja de las reglas
pruebas aportadas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación
con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, de ninguna
manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución
arbitraria del juez natural.
3. Se señale la incidencia de la prueba en el fallo atacado

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto
con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para
Dictar sentencia su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
con fundamento en ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al
pruebas obtenidas haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le
con violación del fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido
debido proceso proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
1. Señalar con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
2. Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
3. Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.

Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en
su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida
en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de
tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba,

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como suele ocurrir, pues además de ser desacertado puede generar confusión
al fallador.

2.6. Caso concreto

La parte actora reprocha que en el marco del proceso de reparación directa se
configuró un defecto fáctico porque no se tuvo en cuenta que en el acta de reparto
se erró al indicar que la fecha de radicación de la demanda fue el 5 de agosto de
2024, lo que generó el rechazo de esta por haber operado el fenómeno de la
caducidad.

Adujo que dicha irregularidad fue puesta de presente tanto en el incidente de
nulidad como en el recurso de apelación, sin que fuera estudiado de manera
concreta, lo que vulnera su debido proceso y el acceso a la administración de
justicia.

En ese orden de ideas, para la parte accionante la vulneración de sus derechos
fundamentales se concretó porque la autoridad judicial accionada se limitó a
reiterar lo ya analizado, sin tener en cuenta la prueba que indicaría que la
demanda fue radicada por correo electrónico el 3 de agosto de 2020, situación
que tiene trascendencia para su caso porque estaría en término para acceder al
aparato judicial.

Ahora bien, la Sala tendrá por probados los siguientes hechos conforme el
material obrante en el expediente:

-El 5 de agosto de 2020 la oficina de reparto expidió al acta individual de
reparto indicando que la fecha de presentación de la demanda fue el 5 de
agosto de 2023.

-No obstante, lo anterior, tanto en la solicitud de incidente de nulidad y en el
recurso de apelación la parte actora adujo que dicha fecha era errónea, pues
la demanda se presentó el 3 de agosto de 2020, como se observa de la
siguiente imagen obtenida del correo electrónico del apoderado judicial:

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Tal y como lo arguyeron los accionantes dicho correo no fue analizado de manera
puntual ni en el auto que resolvió que solicitud de nulidad ni en la decisión que
resolvió la apelación, toda vez que se limitó a afirmar que la fecha de
presentación de la demanda fue el 5 de agosto de 2020, de conformidad con el
acta individual de reparto, motivo por el cual se debía confirmar la decisión de
rechazo.

En ese contexto, esta Colegiatura advierte, de conformidad con el material
probatorio obrante en el proceso, el tribunal accionado en la providencia
censurada no tuvo en consideración la prueba allegada, según la cual, a juicio
de los actores, se comprueba que la demanda fue radicada el 3 de agosto
de 2020.

La anterior circunstancia, les ha impedido a los actores acceder al aparato
jurisdiccional, pues si bien es cierto que el acta de reparto estableció que la fecha
había sido 5 de agosto de 2020, existe un correo electrónico que indica lo
contrario, situación que puede inferir que la oficina de apoyo judicial cometió un
error en la digitación de la fecha. Sin embargo, el tribunal omitió su análisis pese
a la incidencia que esto acarrea para la decisión cuestionada

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional se reitera que el
derecho de acceso a la administración de justicia «constituye la posibilidad
reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones
de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del
orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e
intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos
y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en
las leyes.»16

El derecho de acceso a la administración de justicia tiene una intrínseca relación
con el debido proceso, pues solo si se garantiza que el ciudadano pueda impulsar
pretensiones a la jurisdicción, será posible garantizar un proceso recto y
garantista que decida de manera justa sobre los derechos objetos de la

16 Sentencia T-799/11.

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controversia. Frente a este punto el máximo órgano constitucional ha sostenido
de manera pacífica que «el acceso a la justicia se integra al núcleo esencial del debido
proceso, por la circunstancia de que su garantía supone necesariamente la vigencia de
aquél, si se tiene en cuenta que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías
sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se
garantice adecuadamente dicho acceso».17

En conclusión, el derecho de acceso a la administración de justicia como parte
integral del debido proceso, en el caso concreto, se traduce en la facultad que
tienen los actores de reclamar una decisión que resuelva la controversia
planteada atendiendo al material probatorio allegado con el fin de obtener la
protección o el restablecimiento de los derechos que consagra la ley y la
Constitución, la cual debe ser garantizada al interior de cualquier actuación
judicial.

En punto de lo anterior, lo que le correspondía al tribunal accionado era estudiar
de manera concreta dicha prueba u oficiar a la Oficina de Apoyo Judicial para
que certificara la fecha real de presentación de la demanda con radicado 70001-
33-33-009-2020-00093-00 desde el correo velezlawyers@hotmail.com. Sin
embargo, simplemente se limitó a indicar que se ceñiría a la información
plasmada en el acta de reparto y en tal sentido, se debía rechazar la demanda.

Lo explicado tiene una gran transcendencia para la situación de los actores, pues
de considerarse que la presentación fue el 3 de agosto de 2020, no se hubiera
concluido que operó la caducidad, como se observa:

A su vez, dichos (2) dos días debían contarse a partir de la reanudación de
los términos judiciales que resultaron afectados con la suspensión ordenada
como consecuencia de la pandemia covid-19, esto es, inicialmente a partir
del primero de julio de 2020; sin embargo, dada la excepción favorable que
trajo la respectiva normatividad cuando los términos de caducidad restantes
fueran inferiores a 30 días, como en el sub júdice, el conteo solo podía iniciar
a partir del primero de agosto de 2020; luego, en este caso, los dos (2)
días que faltaban solo podían alcanzarse el día 2 de agosto de 2020,
pero como ese día correspondía a un domingo, el mismo llegaba hasta
el día lunes 3 de agosto de 2020.

De ahí que, al haberse presentado la demanda el día 5 de agosto de
2020, el fenómeno de la caducidad bien podía predicarse. (Negritas
propias).

De lo expuesto se expone que, la facultad que tienen las personas de acudir al
aparato jurisdiccional del Estado, les impone a las autoridades encargadas la
obligación de garantizar su fácil y efectivo acceso, por lo que en este caso se
configuró el defecto fáctico alegado ya que el tribunal accionado al omitir valorar
dicho correo electrónico aportado por los actores, lo que implica una
denegación de justicia que les impide defender sus derechos e intereses.

17 Corte Constitucional, Sentencias T-522 de 1994; C-037 de 1996; y C-071 de 1999, entre otras.

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Por las razones expuestas, se ampararán los derechos fundamentales y se
ordenará al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Primera de Decisión Oral que,
en el término de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación de la
presente sentencia, profiera un nuevo auto en la cual se estudie de manera
detallada y de fondo el correo electrónico del 3 de agosto de 2020, que probaría
la fecha real de la presentación de la demanda ordinaria. Igualmente, de
considerarlo necesario, deberá requerir a la Oficina de Apoyo Judicial para que
certificara la fecha de presentación de la demanda con radicado 70001-33-33-
009-2020-00093-00 desde el correo velezlawyers@hotmail.com, de conformidad
a las consideraciones expuestas en el presente caso. Lo anterior, en aras de
determinar si en efecto la demanda fue presentada en tiempo.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental del debido proceso y de acceso
a la administración de justicia deprecado por la parte actora, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS el auto
del 18 de diciembre de 2020 y ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Primera de Decisión Oral que, en el término de 10 días hábiles, contados
a partir de la notificación de la presente sentencia, profiera un nuevo auto en la
cual se estudie de manera detallada y de fondo el correo electrónico del 3 de
agosto de 2020, que probaría la fecha real de la presentación de la demanda
ordinaria. Igualmente, de considerarlo necesario, DEBERÁ requerir a la Oficina
de Apoyo Judicial para que certificara la fecha real de presentación de la
demanda con radicado 70001-33-33-009-2020-00093-00 desde el correo
velezlawyers@hotmail.com, de conformidad a las consideraciones expuestas en
el presente caso. Lo anterior, en aras de determinar si en efecto la demanda fue
presentada en tiempo.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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