Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03926-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03926-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03926-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
13 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03926-00
Accionante: JOSÉ GUILLERMO T. ROA SARMIENTO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derecho fundamental al debido proceso –
Principios constitucionales de justicia material, buena fe, legalidad, seguridad
jurídica, sana crítica y sujeción al imperio de la ley / TUTELA CONTRA
PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos de procedibilidad / CONDENA EN COSTAS
– Decreto 01 de 1984 / APODERADO JUDICIAL – Deber de actuar en nombre y
representación
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, actuando en nombre propio, en
contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 28 de julio de 2024 la parte accionante, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido
proceso y de los principios constitucionales de justicia material, buena fe, legalidad,
seguridad jurídica, sana crítica y sujeción al imperio de la ley.
Hechos relevantes
2. El señor Carlos Albín López Fonseca laboró para el departamento de Boyacá
entre el 9 de abril de 1992 y el 28 de febrero de 2003 en el cargo denominado auxiliar
administrativo código 550 grado 24 en carrera administrativa. Sin embargo, en 2001,
1 Que ingresó para fallo el 2 de septiembre de 2024.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03926-00
Accionante: José Guillermo T. Roa Sarmiento
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
el departamento realizó un proceso de reestructuración y, “como consecuencia de
este”, fue desvinculado del cargo.
3. En razón de lo anterior, el señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, como
apoderado del señor Carlos Albín López Fonseca, presentó acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del departamento de Boyacá persiguiendo
la nulidad (i) del Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001, a través del cual se
estableció la planta general y (ii) de la comunicación del 28 de febrero de 2002,
suscrita por el director de talento humano del ente departamental, en la que se le
informó al señor López Fonseca que era uno de los funcionarios cuyo cargo había
sido suprimido.
4. El proceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Tunja que, por
medio de sentencia del 26 de febrero de 2007, negó las pretensiones de la demanda
por considerar que “el Decreto 1844 de 2001 fue el acto que desvinculó al
accionante, sin embargo, afirmó al respecto que éste suprimió algunos cargos, pero
no desvinculó a ningún funcionario en concreto, quedando la nueva planta como 46
cargos de Auxiliar Administrativo Código 550- Grado 24”.
5. La decisión precitada fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá
que, mediante providencia del 13 de noviembre de 2008, “se inhibió de pronunciarse
sobre la legalidad de la comunicación enviada por el Director de Talento Humano
de la entidad el 28 de febrero de 2002, por no ser un acto controlable por el juez de
lo contencioso administrativo”.
6. El 16 de septiembre de 2010, los señores Carlos Albín López Fonseca (como
parte accionante de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho) y José
Guillermo Roa Sarmiento (como apoderado del demandante en la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho), actuando a su vez por conducto de apoderada,
interpusieron acción de reparación directa por error judicial en contra de la Nación
– Rama Judicial, en la que solicitaron:
“1.1. Que la Nación Colombiana – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es responsable
de todos los perjuicios materiales y morales irrogados a los demandantes,
por los errores judiciales y fallas en el servicio público de administración de
justicia en que incurrieron, desafortunadamente, (i) el Juez 10º(sic)
Administrativo de Tunja, como juez de primera instancia, y (ii) el HTAB,
Sala de Decisión No. 1, como juez de 2ª instancia de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho (en adelante: ANYRD) radicada bajo el No.
150013133010200201112, adelantada por el hoy actor Carlos Albín López
Fonseca como demandante, por intermedio del también hoy actor José
Guillermo T. Roa Sarmiento, como su apoderado, errores y fallas
cometidos por ellos en sus respectivas sentencias y que convocan a la
demandada a responder por todos los daños irrogados (daño emergente y
lucro cesante) y morales, debidamente indexados desde su causación a la
fecha de pago y sobre el total los intereses comerciales moratorios a la
tasa más alta permitida por la ley y demás gastos en que han incurrido y
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03926-00
Accionante: José Guillermo T. Roa Sarmiento
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
sigan incurriendo mis mandantes para proteger jurídicamente sus
derechos.
1.2. Como consecuencia de dicha responsabilidad se condena a la
accionada a pagar a los demandantes, dentro del término previsto en el
artículo 176 del C.C.A., todos los perjuicios materiales (daño emergente y
lucro cesante) y morales irrogados como consecuencia de los errores
judiciales o fallas del servicio y los que en lo sucesivo se les cause,
teniendo en cuenta y aplicando la actualización monetaria consagrada en
el artículo 178 del C.C.A., hasta la fecha en que se produzca efectivamente
el pago de los perjuicios y sobre el total reconociendo y ordenando pagar
los intereses moratorios correspondientes a la tasa más alta permitida por
la ley.[…]”
7. La demanda se fundamentó en un presunto error judicial en el que incurrieron el
Juzgado Primero Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá,
toda vez que: “1. Dejaron de lado la especial protección establecida para los
“discapacitados”, que impedía el despido de López Fonseca; 2. La propia decisión
de inhibirse de analizar la legalidad de la comunicación; 3. Tuvieron acreditado que
el Departamento expidió los actos en el orden establecido, lo cual no fue así; 4.
Desconocieron que el estudio que fundamentó la reestructuración de la entidad fue
elaborado irregularmente y “han incurrido en abierta desigualdad en la aplicación de
la ley”; 5. Inobservaron que al establecer 46 cargos en la planta de la entidad la
permanencia o retiro no podía ser discrecional; 6. Al “convalidar la legalidad del
despido”, sin tener en cuenta que el Gobernador no tenía competencia para realizar
el proceso de reestructuración; 7. No analizaron el caso a la luz de la garantía que
tienen los trabajadores de “participar en las decisiones que los afecte” y; 8.
Omitieron analizar el fuero circunstancial y el incumplimiento de unos convenios
colectivos”.
8. El asunto fue estudiado por el Tribunal Administrativo de Boyacá que, mediante
sentencia del 26 de noviembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda al
concluir que no se trató de una decisión abiertamente contraria a la ley porque no
existía “un criterio unificado respecto de los actos administrativos demandables en
el marco de un proceso de reforma de una planta de personal de una entidad pública
y la naturaleza misma del oficio de comunicación”.
9. Asimismo, en cuanto a que el señor Carlos Albín López Fonseca tenía una
protección especial debido a las secuelas de un accidente de tránsito, destacó que,
en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho “son precarios los
argumentos esgrimidos para fundamentar el aspecto de su discapacidad […] se
limitó a indicar de manera general su condición de discapacidad, sin delimitar su
afirmación en un cargo que estableciera la vulneración”, por lo que la ausencia de
análisis de este cargo obedeció a la falta de técnica de la demanda y no a un error
judicial; dado que, en todo caso, no existía en el expediente prueba de su existencia,
pues si bien se aportó una “valoración por parte de médico especialista […] no
adelantó el trámite debido para determinar su incapacidad […] [que] era
indispensable surtir el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03926-00
Accionante: José Guillermo T. Roa Sarmiento
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
10. Finalmente, indicó que, en relación con los demás errores alegados en la
demanda, el análisis del tribunal en la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho fue acertado pues lo hizo de conformidad con la jurisprudencia en casos
análogos, por lo cual, concluyó que el “demandante pretende convertir esta
demanda de reparación directa en una tercera instancia de acción de nulidad y
restablecimiento del derecho para continuar con el cuestionamiento de ilegalidad”.
11. El señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, a través de apoderada, interpuso
recurso de apelación contra la decisión precitada, mediante escrito en el que calificó
de “desastre judicial […] proferida sin ningún rigor jurídico ni fidelidad a los hechos
ni a los precedentes” el fallo de primera instancia. Como fundamentos reiteró
expresamente los esgrimidos en la demanda e hizo referencia al daño sufrido,
consistente en la pérdida de oportunidad de obtener un beneficio como apoderado
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta inicialmente.
12. La segunda instancia del proceso de reparación directa correspondió a la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, por medio de
sentencia del 11 de septiembre de 2023, confirmó lo fallado en la providencia del 26
de noviembre de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
13. En criterio de la Subsección, lo pretendido por el accionante era reabrir el debate
en torno a la nulidad de algunos actos administrativos expedidos en el proceso de
reestructuración de la planta de personal, puesto que no se probó un daño ni ningún
aspecto adicional que ameritara la intervención del juez de lo contencioso
administrativo. Por ello, consideró que lo que se buscaba con el proceso de
reparación directa era una tercera instancia.
14. Adicional a ello, frente a la condena en costas, la Subsección B de esta sección
indicó:
“33. El artículo 171 del Decreto 1 de 1984 indicó que, en todos los procesos,
con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la
conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en
el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento
Civil.
34. Por su parte, el artículo 74 del Código de Procedimiento Civil estableció
en su numeral primero que ha existido temeridad o mala fe “cuando sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a éste”
y en su numeral segundo “cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad”.
35. La Sala encuentra que en el presente caso existió temeridad de la parte
actora, al momento de presentar el recurso, no porque ninguno de sus
argumentos sea procedente, sino porque el escrito fue irrespetuoso, calificó
de “desastre judicial […] proferida sin ningún rigor jurídico ni fidelidad a los
hechos ni a los precedentes” la sentencia atacada y afirmó que fue la misma
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Accionante: José Guillermo T. Roa Sarmiento
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
fue “un fraude a la Ley”, sin ningún tipo de argumentación, más que el
descrédito infundado frente a la decisión de primera instancia y una falta de
decoro frente a los jueces de primera instancia.
[…]”.
15. En consideración a lo anterior, reconoció por concepto de agencias en derecho
el valor equivalente al 3% de las pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo previsto en el artículo 6, numeral 3.1.3 del Acuerdo núm. 1887 de 2003 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de
prestación de la demanda. Y, teniendo en cuenta que las pretensiones de la
demanda principal ascendieron a $727.740.189,13, fijó las agencias en derecho a
favor del demandado en $21.832.205,7.
Pretensiones
16. Solicitó la parte accionante lo siguiente:
“Que se revoque o deje sin efecto alguno la sentencia tutelada, ordenándole
al Tribunal proferir otra que supere los defectos atrás referidos”. (sic en toda
la cita)
Fundamentos de la demanda de tutela
17. La parte accionante alegó la vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso por cuanto con la condena en costas impuesta en su contra “no solo se me
trasladaron las consecuencias negativas de un actuar ajeno sino que se
desconocieron las normas y los precedentes constitucionales sobre la materia”, toda
vez que se le está sancionando “por lo que no hice ni he hecho” y es “inconcebible
[que] al mandante [se le puedan] trasladar las consecuencias de las afrentas o
crímenes que cometa el apoderado”.
18. Sostuvo que nadie puede ser sancionado por la actuación de otra persona, por
lo que, si el escrito de su apoderada era irrespetuoso, lo correcto era haber hecho
uso de los poderes correccionales o disciplinarios del juez, consagrados en el
artículo 44 del Código General del Proceso, los cuales lo habilitan “o bien para
imponer el arresto del irrespetuoso (no de otra persona) o para devolver el escrito
irrespetuoso, según su criterio, pero jamás, ya que norma alguna se lo autoriza, a
sancionar con ingentes agencias en derecho y directamente, esto es, sin permitirle
el ejercicio de su derecho de defensa, a otra persona como al mandante por los
supuestos irrespetos de su apoderado(a)”.
19. Adujo que es “totalmente inocente del irrespeto que tanto conmocionó a la
sentencia tutelada y a quienes la profirieron”, situación que desconoció sus
derechos de defensa, “a ser oído”, solicitar pruebas y recurrir la decisión, pues se le
sancionó sin previa fórmula de juicio, “pues no es justo trasladarle a otra persona
las sanciones del irrespeto de otra”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03926-00
Accionante: José Guillermo T. Roa Sarmiento
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
20. De igual modo, señaló que “la sentencia desconoció la sanción de arresto de 5
días inconmutable que establece el art. 39 para los eventos probados y reales de
irrespeto al juez, reemplazándola por una sanción económica no autorizada por el
legislador, impuesta sin fórmula del debido proceso y garantía del derecho de
defensa a otra persona diferente al supuesto irrespetuoso”.
21. Asimismo, expuso que, si el presunto irrespeto fue manifestado en un escrito
que no lleva su firma, la sentencia no expresó ningún motivo por el cual se le
sancionó, “pues toda sanción es personal e intransferible. Y si fue que se consideró
que por ser mandante tengo solidaridad o responsabilidad por los actos de mi
apoderada-mandataria, la sentencia omitió indicar la norma que establece dicha
solidaridad para la sanción que se me impuso”.
22. Frente a la existencia de un irrespeto a la autoridad judicial, precisó que:
“Decir que nuestra sociedad padece un DESASTRE JUDICIAL ni es
TEMERIDAD ni es IRRESPETO ALGUNO y, por el contrario, ES UNA
VERDAD QUE NO PUEDE OCULTARSE ni merecer colocársele apodo
alguno. No podemos tapar el sol con un dedo. Es más, la gran mayoría de
la sociedad así lo reconoce, contándose entre ellos, Magistrados,
exmagistrados, Jueces, doctrinantes, profesores, filósofos, catedráticos,
Obispos, embajadores, lustrabotas, Ministros, exministros, etc. Para la
sentencia, todos son irrespetuosos y temerarios pero únicamente se
sanciona al suscrito por ser el demandante pero no el firmante del escrito.
Increíble.
Que es temerario e irrespetuoso manifestar que la sentencia apelada fue
PROFERIDA SIN NINGÚN RIGOR JURÍDICO NI FIDELIDAD A LOS
HECHOS NI A LOS PRECEDENTES, no es más que pretender que no se
apelen las decisiones, arrebatándoles a los ciudadanos el sagrado derecho
a disentir de ellas. Ni más faltaba, Honorable Corporación, que a estas
alturas, estemos en esas. Y no fue una simple frase sin sustento pues si se
miran los precedentes proferidos por la Honorable Corte Constitucional
sobre los actos aquí demandados, se tendrá su gran fundamento”.
23. Finalmente, indicó que no se expresaron los motivos o fundamentos de la
conclusión de que existe temeridad porque su apoderada utilizó los términos
“desastre judicial […] proferida sin ningún rigor jurídico ni fidelidad a los hechos ni a
los precedentes” y “un fraude a la Ley”. Frente a ello, alega que la sentencia
descontextualizó dicha frase para poder sancionar por temeridad a pesar de que no
suscribió el memorial del recurso, que nunca expresó lo dicho y que jamás obró con
irrespeto alguno.
Trámite en primera instancia
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03926-00
Accionante: José Guillermo T. Roa Sarmiento
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
24. Mediante auto del 1° de agosto de 2024, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar, como accionado, a la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, como terceros con interés en las
resultas del proceso, al Tribunal Administrativo de Boyacá, a la Nación – Rama
Judicial y al señor Carlos Albín López Fonseca para que ejercieran su derecho de
defensa.
25. Asimismo, se ordenó vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.
Intervenciones
26. El señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento presentó memorial en el cual
indicó que el señor Carlos Albín López Fonseca no tiene interés alguno en la
presente tutela porque (i) le revocó el poder desde hace varios años, (ii) no fue
apelante del proceso de reparación, por lo que no se sancionó por un “presunto e
irreal irrespeto a la justicia” y (iii) no tiene legitimidad para concurrir como
coadyuvante o contradictor.
27. El Tribunal Administrativo de Boyacá aportó el enlace de acceso al
expediente contentivo del proceso de reparación directa radicado núm. 15001-23-
31-000-2010-01354-00.
28. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por conducto
del consejero Alberto Montaña Plata, señaló que tanto la providencia como el
expediente de la respectiva acción de reparación directa contienen los argumentos
y elementos necesarios para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que
en derecho corresponda. Por ello, adujo que, en su condición de ponente del fallo
objeto de esta acción de tutela, estará presto a atender lo que disponga la Sala que
decida la acción constitucional.
29. Las demás partes guardaron silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
30. Le corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple con los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De acreditarse, se abordará el estudio de fondo con el fin de establecer
si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con la expedición
de la sentencia del 11 de septiembre de 2023, incurrió en una vulneración de los
derechos fundamentales alegados por la parte accionante.
Análisis del caso
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03926-00
Accionante: José Guillermo T. Roa Sarmiento
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Requisitos generales de procedibilidad
31. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la parte accionante no
cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, (ii) la
acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la
providencia enjuiciada2, (iii) no se está invocando una irregularidad procesal, (iv) se
identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
transgredidos y (v) no se trata de una sentencia de tutela.
32. Asimismo, la Sala encuentra que (vi) se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dado que los cargos están suficientemente argumentados, teniendo
en cuenta que el actor explicó las razones por las cuales considera que la autoridad
judicial accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
33. De igual modo, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia
interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la
intervención del juez constitucional porque, como ha resuelto en casos similares
esta Subsección3, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de
derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales. En
concreto, se trata de establecer si la condena al pago de costas por acciones
atribuibles a su apoderado violó el debido proceso según el cual “Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de las formas propias de cada juicio”.
34. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho o
un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos,
se trata de un asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y se
justifica en la medida de una posible “afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.
Caso concreto
35. En el caso bajo estudio la parte accionante alega una vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso y de los principios constitucionales de justicia
material, buena fe, legalidad, seguridad jurídica, sana crítica y sujeción al imperio
de la ley; ocurrida con ocasión de la condena en costas impuesta en su contra en la
sentencia del 11 de septiembre de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
2 Contra la decisión enjuiciada la parte accionante presentó solicitud de aclaración, la cual fue
resuelta a través de auto del 20 de mayo de 2024 y notificada mediante edicto del 7 de junio de 2024.
3 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad.
11001-03-15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03926-00
Accionante: José Guillermo T. Roa Sarmiento
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
36. De conformidad con los antecedentes descritos, la autoridad judicial accionada
aplicó lo dispuesto en el artículo 171 del Decreto 01 de 1984 y condenó al señor
José Guillermo Roa Sarmiento a pagar en favor de la entidad demandada en el
proceso de reparación directa la suma de $21.832.205,7, por considerar que existió
temeridad de la parte actora al presentar un recurso de apelación irrespetuoso
contra la providencia del 26 de noviembre de 2019, dictada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.
37. El demandante manifiesta que el escrito de apelación contra la decisión
proferida en la primera instancia de la reparación directa fue presentado y firmado
por su apoderada, por lo que condenarlo en costas por el supuesto irrespeto en el
que ésta incurrió es trasladarle las consecuencias negativas de un actuar ajeno,
situación que desconoce lo establecido por la Constitución y la ley, las cuales
disponen que toda sanción es personal e intransferible.
38. Sostuvo que nadie debe ser castigado por las acciones de otra persona y que,
en caso de conducta irrespetuosa por parte del apoderado, el juez debería haber
utilizado medidas correctivas específicas, como el arresto del irrespetuoso o la
devolución del escrito (art. 44 del Código General del Proceso), en lugar de imponer
una sanción económica sin permitirle el ejercicio pleno de su derecho a defensa.
También indicó que la sentencia no siguió las normativas establecidas para
sancionar el irrespeto, impuso una pena económica no autorizada, y no proporcionó
una justificación adecuada para la sanción ni un fundamento jurídico para considerar
la solidaridad o responsabilidad del mandante por las acciones de su apoderado.
39. Como se indicó anteriormente, el proceso de reparación directa seguido en
contra de la Rama Judicial se surtió en vigencia del Código Contencioso
Administrativo. Por lo tanto, es necesario precisar que el artículo 171 regula la
condena en costas y condiciona su imposición a la conducta asumida por las partes,
a saber:
“ARTÍCULO 171. Condena en costas. En todos los procesos, con
excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta
asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el
proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento
Civil”.
40. A juicio de esta Subsección, el entendimiento de la parte actora de la anterior
previsión normativa parte de un supuesto equívoco y es el de asimilar la condena
en costas a una sanción de carácter correctivo o disciplinario de las que trata el
artículo 44 del Código General del Proceso.
41. Al respecto, el artículo 171 hace parte título XXII del Decreto 01 de 1984, que
constituye un grupo de normas de carácter especial que no hacen parte del catálogo
de sanciones correctivas o disciplinarias previstas en otros estatutos ni hacen
remisión normativa a ellos, sino que están referidas al contenido, cumplimiento y
ejecución de las sentencias. En un pronunciamiento del año 2004, la Corte
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03926-00
Accionante: José Guillermo T. Roa Sarmiento
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Constitucional efectuó el control a la norma en comento en el que, por demás, se
refirió al carácter especial de la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo:
“(…) El artículo 171 del C.C.A. es una norma especial redactada ad hoc para
regular lo relativo a la condena en costas dentro del proceso contencioso
administrativo, de cuya lectura se deduce inequívocamente la voluntad
legislativa de condicionar la condena en costas a la evaluación de la
conducta procesal de las partes. Por ello, debe entenderse que esta
disposición define un carácter subjetivo de la responsabilidad por el
reembolso de dichas costas, es decir una responsabilidad que sólo opera
cuando existe una conducta reprochable atribuible a la parte vencida. Por
ser una disposición especial, prevalece sobre cualquier otra que regule el
mismo asunto en otros asuntos”4.
42. En ese sentido, mal haría la Subsección accionada en activar el procedimiento
correctivo previsto en el artículo 59 de la Ley 270 de 1996 5, si el artículo 171 del
Decreto 01 de 1984 no hace remisión a éste. Por lo tanto, es posible colegir que la
responsabilidad de las partes y apoderados y su tratamiento disciplinario o
correctivo existe sin perjuicio de las costas del proceso, y el juez tiene la obligación
de imponer la correspondiente condena cuando la conducta asumida por la parte
vencida en el proceso se aleje de la lealtad y buena fe que debe guiar la conducta
humana.
43. Para la imposición de la condena en costas, al menos bajo el antiguo estatuto,
el juez debe evaluar la conducta de las partes involucradas. De acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional que a su vez se fundamenta en la de esta
Corporación, la valoración de la conducta de la parte derrotada en el proceso,
incidente o recurso es una facultad discrecional del juez, quien tiene la posibilidad
de realizar una evaluación razonable del comportamiento procesal de la parte
vencida, dentro de un margen de apreciación personal. La aplicación de esta
facultad permite que se condene en costas a la parte que haya actuado con evidente
abuso del derecho de acceso a la justicia, bien sea en el ejercicio del derecho de
acción o defensa, en la solicitud o presentación de pruebas, en la interposición de
recursos o en la promoción de incidentes, siempre que dicha conducta sea
irrazonable, temeraria, infundada, dilatoria o desleal:
“15. Finalmente debe la Corte referirse a la afirmación del demandante
según la cual, por efectos de la norma acusada, la condena en costas al
Estado cuando resulta vencido queda condicionada “al ejercicio de una
facultad discrecional otorgada al juez”, toda vez que la disposición afirma
que el juez “podrá” producir o no tal condena teniendo en cuenta la actitud
asumida por las partes.
4 Corte Constitucional. Sentencia C-043 de 2004.
5 El parágrafo del artículo 44 del Código General del Proceso remite a la LEAJ para la imposición de
las sanciones previstas en los cinco primeros numerales del mencionado artículo.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03926-00
Accionante: José Guillermo T. Roa Sarmiento
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Al respecto estima la Corporación que la norma sí introduce un factor de
discrecionalidad en la decisión del juez, mas no de arbitrariedad.
Ciertamente, la ley deja a la apreciación judicial la evaluación de la conducta
asumida por las partes, lo cual es característico de aquellas facultades que
se consideran discrecionales. En efecto, la discrecionalidad hace referencia
a atribuciones en las cuales la ley deja a criterio de alguna autoridad la
evaluación de ciertos asuntos, acudiendo para ello a fórmulas elásticas o a
conceptos indeterminados, tales como los que aquí usa el legislador. A la
naturaleza discrecional de la facultad otorgada por la norma acusada se
refirió el Consejo de Estado en la sentencia arriba citada6, donde explicó que
la disposición contenía lo que la doctrina y la jurisprudencia ha llamado
cláusulas abiertas o conceptos jurídicos indeterminados (v. supra).
La Corte ha considerado que utilización de conceptos jurídicos
indeterminados por parte del legislador es admisible, incluso en asuntos
sancionatorios sujetos al principio de legalidad, “siempre y cuando dichos
conceptos sean determinables en forma razonable, esto es, que sea posible
concretar su alcance, en virtud de remisiones normativas o de criterios
técnicos, lógicos, empíricos, o de otra índole, que permitan prever, con
suficiente precisión, el alcance de los comportamientos prohibidos y
sancionados.”7 En esta oportunidad el concepto indeterminado que ha
utilizado el legislador es “la conducta asumida por las partes”. El Consejo de
Estado, en el fallo antes citado, acudiendo a lo dispuesto por el artículo 36
del C.C.A sostuvo que la determinación de este concepto debe hacerse
atendiendo a la finalidad que la disposición persigue, puesto que según esta
última norma (el artículo 36 del C.C.A.) "en la medida en que el contenido
de una decisión... sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la
norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa"8.
Por eso, al parecer del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
la cláusula abierta que contiene la norma ahora bajo examen “no faculta al
juez para decidir a su arbitrio sobre la existencia material de la conducta
procesal, sino para resolver en frente de una actuación claramente
verificable, cuándo ella amerita la condena al reembolso de los gastos
hechos por la parte favorecida con el juicio, incidente o recurso, en
consideración a los fines de esa facultad discrecional.” En tal virtud,
solamente cuando aparezca que la conducta de la parte vencida no se
acomoda "a un adecuado ejercicio de su derecho a acceder a la
administración de justicia, sino que implique un abuso del mismo, habrá
lugar a la condena respectiva.” Y, precisando cuándo se produciría este
abuso del derecho de acceder a la administración de justicia, el Consejo en
el mismo fallo en comento explica lo siguiente:
“En otros términos, en la medida en que la demanda o su oposición sean
temerarias porque no asiste a quien la presenta un fundamento razonable,
6 Cf. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 10.775. M.P
Ricardo Hoyos Duque.
7 Sentencia C-530 de 2003, M.P Eduardo Montealegre Lynett.
8 Sobre el tema ver sentencias de la Corte Constitucional C - 530 de 1993, C - 024 de 1994, C - 473
de 1994 y C - 081 de 1996.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
o hay de su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o
práctica de pruebas, o acude a la interposición de recursos con un interés
meramente dilatorio se considerará que ha incurrido en una conducta
reprochable que la obliga a correr con los gastos realizados por la otra parte
para obtener un pronunciamiento judicial.
“Es claro que el Legislador no ha querido en este caso aplicar un criterio
absoluto para determinar a cargo de quién están las costas del proceso y
por lo tanto, no es la ausencia de razón en la pretensión u oposición lo que
hace sujeto de la sanción a la parte sino su conducta abusiva que implique
un desgaste innecesario para la administración y para la parte vencedora.”9
16. La Corte, retomando su propia doctrina sobre el derecho viviente, acoge
los criterios jurisprudenciales anteriores vertidos por el h. Consejo de
Estado. Dicha doctrina del derecho viviente acoge la exégesis dinámica de
las normas, considerando que cuando la interpretación que la jurisprudencia
y la doctrina hacen de la ley representa una orientación definida, es deber
del juez constitucional acogerla, a menos que resulte ostensible su oposición
a la Constitución. El juicio de constitucionalidad, ha dicho la Corte, “no debe
recaer sobre el sentido normativo de una disposición cuando éste es
diferente al que realmente le confiere la jurisdicción responsable de aplicarla.
El cumplimiento efectivo de la misión institucional que le ha sido confiada a
la Corte Constitucional como guardián de la integridad y supremacía de la
Constitución, requiere que ésta se pronuncie sobre el sentido real de las
normas controladas, no sobre su significado hipotético. De lo contrario,
podría declarar exequible una norma cuyos alcances y efectos son
incompatibles con la Constitución, lo cual haría inocuo el control. En el
mismo sentido, al suponer un determinado sentido hipotético de la norma en
cuestión, podría declarar inexequibles disposiciones cuyo significado
viviente es compatible con la Carta, lo cual representaría un ejercicio
inadecuado de sus funciones.”10
El caso presente no sólo existe una Sentencia del Consejo de Estado que
recoge la interpretación que el más alto Tribunal de la jurisdicción
contencioso administrativa le ha dado a la norma aquí acusada, sino una
larga tradición de pronunciamientos que aplican dicha exégesis de la
norma.11 Por eso la Corte acoge los criterios sentados por esa Corporación,
según los cuales el concepto jurídico indeterminado utilizado por el
legislador en el artículo 171 del C.C.A no concede al juez una facultad
absolutamente potestativa de decidir cuándo procede o no la condena en
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 10.775. M.P
Ricardo Hoyos Duque.
10 Sentencia C-557/01 M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
11 Ver, entre otras, las siguientes sentencias del Consejo de Estado: 1. Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de mayo de 2002, Radicación número 5347, C. P
Juan Alberto Polo Figueroa. 2. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia
de ocho de marzo de 2001, Radicación número 4911-01(4911), C. P Olga Inés Navarrete Barrero.
3. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 17 de octubre de 2000, Radicación número: S-
247, C. P Daniel Manrique Guzmán., etc.
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costas, sino que otorga una facultad discrecional que le permite hacer una
evaluación razonable de la conducta procesal de la parte vencida, dentro
de cierto margen de apreciación personal. Esta aplicación razonable de la
norma implica que solamente resulta posible condenar en costas a dicha
parte cuando ha procedido con notorio abuso del derecho de acceso a la
justicia, por el ejercicio del derecho de acción o de defensa, de la facultad
de solicitar o presentar pruebas, de interponer recursos o de promover
incidentes, en forma claramente irrazonable, temeraria, infundada, dilatoria
o desleal.
Ahora bien, en cuanto a la interposición de recursos, la Corte observa que
esta facultad forma parte del derecho que tienen las partes de defender sus
derechos por medio de sus apoderados. Desde luego, en la interposición de
recursos se debe actuar dentro de las normas que impiden actos temerarios
o de mala fe. Por otro lado, las partes y sus apoderados deben observar los
deberes que están enumerados en el artículo 71 del C.P.C”.12
44. Armonizando las anteriores reflexiones con el caso concreto, la Sala constata
que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado razonó la
imposición de costas en el proceso de reparación directa en los siguientes términos:
“33. El artículo 171 del Decreto 1 de 1984 indicó que, en todos los procesos,
con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la
conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en
el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento
Civil.
34. Por su parte, el artículo 74 del Código de Procedimiento Civil estableció
en su numeral primero que ha existido temeridad o mala fe “cuando sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a éste”
y en su numeral segundo “cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad”.
35. La Sala encuentra que en el presente caso existió temeridad de la parte
actora, al momento de presentar el recurso, no porque ninguno de sus
12 Código de Procedimiento Civil. Artículo 71. “Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes
de las partes y sus apoderados: ||1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. || 2. Obrar
sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales. || 3.
Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido
respeto al juez, a los empleados de éste, a las partes y a los auxiliares de la justicia. || 4. Comunicar
por escrito cualquier cambio de domicilio o del lugar denunciado para recibir notificaciones
personales, en la demanda o en su contestación o en el escrito de excepciones en el proceso
ejecutivo, so pena de que éstas se surtan válidamente en el anterior. || 5. Concurrir al despacho
cuando sean citados por el juez y acatar sus órdenes en las audiencias y diligencias. || 6. Prestar al
juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias, a riesgo de que su renuencia sea
apreciada como indicio en contra. || 7. Abstenerse de hacer anotaciones marginales o interlineadas,
subrayados o dibujos de cualquier clase en el expediente, so pena de incurrir en multa de un salario
mínimo mensual. || 8. Comunicar a su representado el día y la hora que el juez haya fijado para
interrogatorio de parte, careo, reconocimiento de documentos, inspección judicial o exhibición, y
darle a conocer de inmediato la renuncia del poder.”
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
argumentos sea procedente, sino porque el escrito fue irrespetuoso, calificó
de “desastre judicial […] proferida sin ningún rigor jurídico ni fidelidad a los
hechos ni a los precedentes” la sentencia atacada y afirmó que fue la misma
fue “un fraude a la Ley”, sin ningún tipo de argumentación, más que el
descrédito infundado frente a la decisión de primera instancia y una falta de
decoro frente a los jueces de primera instancia.
36. Así, la Sala reconocerá por concepto de agencias en derecho el valor
equivalente al 3% de las pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo previsto en el artículo 6, numeral 3.1.3 del Acuerdo No. 1887 de 2003 de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el
momento de prestación de la demanda. Teniendo en cuenta que las
pretensiones de la demanda principal ascendieron a $727.740.18913, se
fijarán las agencias en derecho a favor del demandado en $21´832.205,7.”
45. El anterior estudio constituye la respuesta al recurso de apelación presentado
por la apoderada del demandante, cuyos aspectos más relevantes fueron
sintetizados en la providencia atacada de la siguiente manera:
“13. La apoderada de José Guillermo T. Roa Sarmiento (uno de los
demandantes) presentó recurso de apelación en el que calificó de “desastre
judicial […] proferida sin ningún rigor jurídico ni fidelidad a los hechos ni a
los precedentes”, como fundamentos reiteró expresamente los esgrimidos
en la demanda e hizo referencia al daño sufrido por Roa Sarmiento
consistente en la pérdida de oportunidad de obtener un beneficio.
14. Adicionalmente, calificó de graves errores judiciales contenidos en la
sentencia de primera instancia, los siguientes: 1) “al no dar por demostrados,
estándolos, los innegables por evidentes errores judiciales soporte de esta
acción indemnizatoria, que confirman la absoluta arbitrariedad,
inconstitucionalidad e ilegalidad de la sentencia […] bajo el ilegal argumento
de que como existen varios criterios […] el juez puede escoger el que a bien
quiera”; 2) “una ilegal inhibición tácita o expresa no es más que la antítesis
de la justicia”, al respecto hizo unas referencias a la supuesta “absurda
denegación de justicia” por parte del tribunal al no analizar algunos aspectos
de la demanda e insistió en la ilegalidad de los actos administrativos
proferidos en el proceso de reestructuración; 3) insistió en la ilegalidad del
despido, lo que calificó de “fraude a la Constitución y a la Ley” y reiteró que
se desconoció el derecho de López Fonseca “a no ser desvinculado en la
forma en que lo fue, por estar cobijado por el fuero de discapacidad”.
15. En un acápite que denominó “remate”, la apoderada agregó que debía
“rechazar enérgicamente el dicho de que esta acción indemnizatoria ha sido
utilizada como una tercera instancia […] para nada se puede afirmar que
este asunto indemnizatorio es una tercera instancia de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho”.
46. De acuerdo con lo anterior, para la Sala no cabe duda de que la condena en
costas a que hace alusión la providencia atacada constituye el ejercicio de una
facultad discrecional que le otorga la ley al juez administrativo para que en los
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procesos iniciados en vigencia del Decreto 01 de 1984, imponga tal consecuencia
jurídica a la parte vencida en el proceso cuando su conducta procesal no se ajuste
a los cánones legales.
47. La aplicación de la facultad discrecional para la imposición de las costas fue
adecuada y proporcional a los hechos que le sirven de causa, toda vez que la
autoridad judicial accionada se valió de las expresiones utilizadas en el recurso de
apelación tales como "sin ningún rigor jurídico ni fidelidad a los hechos" o las
referencias a "errores judiciales graves", "arbitrariedad", "inconstitucionalidad" e
"ilegalidad"; "absurda denegación de justicia" y "fraude a la Constitución y a la Ley"
para concluir que la parte actora había procedido a interponer la alzada en forma
temeraria o infundada. Ciertamente, el propio artículo 171 del C.C.A., deja a la
apreciación judicial la evaluación de la conducta asumida por las partes, lo cual es
característico de aquellas facultades que se consideran discrecionales y frente a las
cuales, por voluntad del legislador, deja en criterio de la autoridad competente la
evaluación de ciertos asuntos, acudiendo para ello a fórmulas elásticas o a
conceptos indeterminados, tales como los que aquí usa el legislador sin que ello
implique arbitrariedad alguna.
48. Por tal razón, la Sala considera que la vulneración a derechos fundamentales
planteada en la demanda es inexistente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada
por el señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento en contra de la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
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aparece a la derecha.
VF
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