Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03933-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03933-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-03933-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
4 de septiembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03933-00
Demandante: Juan Carlos Gallego Jaramillo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-03933-00
Demandante JUAN CARLOS GALLEGO JARAMILLO
Demandado DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Temas Acción de tutela. Derecho de petición. Fecha y monto estimados de
pago de sentencia judicial.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Juan Carlos Gallego Jaramillo de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 29 de julio de 20241, el señor Juan Carlos Gallego Jaramillo interpuso acción de
tutela, en nombre propio, contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Unidad de Asistencia Legal, Grupo de Sentencias, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la igualdad, petición, debido proceso, dignidad humana,
mínimo vital y acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Tutelar y proteger los derechos fundamentales que han sido invocados.
SEGUNDO: De conformidad con lo resuelto; Ordenar a la División del Grupo de Sentencias
Unidad de Asistencia Legal a través del Coordinador de Grupo de Sentencia de la ciudad de
Bogotá DC, Doctor Diego Fernando Ruiz Cuevas o quien haga sus veces y/o quien
corresponda, PROCEDA EN BRINDAR RESPUESTA EN LOS TÉRMINOS PRECISOS, sin
evasiva alguna, DE UNA MANERA PUNTUAL y EXACTA, FRENTE AL REQUERIMIENTO
QUE LES FUE ELEVADO ANTE DICHA ENTIDAD EL DÍA 24/05/2024
TERCERO: De conformidad con lo resuelto, brindar las ordenes (sic) correspondientes
en aras de proteger mis derechos invocados».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 24 de mayo de 2024, el señor Juan Carlos Gallego Jaramillo presentó
derecho de petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Grupo de Sentencias, en el cual solicitó lo siguiente:
1 Índice 2 en Samai.
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Demandante: Juan Carlos Gallego Jaramillo
(sic para toda la cita) «Urgente ASUNTO UNO: Art. 23 CPC ASUNTO DOS: Solicitud
Información del Pago Sentencia Judicial (…)
solicito de manera muy respetuosa, para que se me informe del monto correspondiente a las
obligaciones originadas por sentencias de primera y segunda instancia a cargo de la Nación y
que están a mi favor, relacionado con las sentencias judiciales precitadas en presente libelo
petitorio, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, informo que los
dineros por este rubro ya se encentran desembolsados con vigencias para los años 2024 y
2025.
1. ¿Qué número de turno me asignaron para el día 18 de marzo del año 2022, fecha en la
cual se radicó mi solicitud para el pago de mi bonificación judicial de los años 2013 a la
fecha?;
2. ¿Cuántas sentencias desde el día 18 de marzo del 2022, han liquidado y cancelado hasta
la fecha?;
3. ¿En qué número de turno me encuentra hoy 24 de mayo del 2024, para el pago del
retroactivo y la liquidación de la bonificación judicial de los años 2013 a la fecha?;
4. ¿Cuál es la fecha más cercana programada para el pago del retroactivo y la liquidación
de la bonificación judicial de los años 2013 a la fecha?;
5. ¿Cuál es el monto aproximando de pago del del retroactivo y la liquidación de la
bonificación judicial de los años 2013 a la fecha?».
2.2. El 28 de mayo de 2024, el Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia
Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial remitió al señor
Gallego Jaramillo un correo electrónico con el asunto “RTA A SU SOLICITUD DE
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE TURNO DE PAGO DE UNA OBLIGACIÓN
JUDICAL (sic) A SU FAVOR”. En el cuerpo del correo se indicaron las respuestas
a cada una de las preguntas remitidas como se expone a continuación.
A la primera pregunta: indicó que el turno de pago de cada beneficiario
consiste en ubicar en estricto orden cronológico las cuentas de cobro resultado
de las sentencias judiciales. Además, afirmó que toda la documentación del
señor Juan Carlos Gallego Jaramillo fue allegada el 18 de marzo de 2022.
A la segunda pregunta: manifestó que hasta dicha fecha se habían cancelado
alrededor de 900 obligaciones judiciales.
A la tercera pregunta: afirmó que en la actualidad el Grupo de Sentencias está
liquidando el pago de sentencias radicadas en el mes de diciembre de 2019.
A la cuarta pregunta: sostuvo que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial tiene en cuenta el turno de los beneficiarios sin que se realicen
liquidaciones de forma prioritaria conforme a los artículos 15 de la Ley 962 de
2005, 192 de la Ley 1437 de 2011 y 13 de la Constitución Política Colombiana.
A la quinta pregunta: contestó que no era posible suministrar una fecha
probable de pago, puesto que esto varía según las órdenes dadas en cada
sentencia judicial y la asignación presupuestal con la que cuente la entidad en
el momento en el que le corresponda el turno a cada beneficiario. Reafirmó
que la entidad procedería a liquidar y pagar la obligación conforme a la
asignación presupuestal que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
determine para el rubro de sentencias judiciales en la vigencia fiscal que le
corresponda.
2.3. El mismo 28 de mayo de 2024, el accionante solicitó que se le diera una
respuesta de fondo, clara y congruente con lo solicitado. En virtud de lo
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anterior, ese mismo día, el Grupo de Sentencias de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial complementó la respuesta inicialmente dada.
3. Fundamentos de la acción
El accionante consideró vulnerado su derecho de petición presentado el 24 de mayo
de 2024, debido a que la respuesta dada no corresponde a la información requerida.
Afirmó que la respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial fue
evasiva e imprecisa y que atenta contra la reclamación de sus derechos.
Manifestó que es responsable económicamente de su padre, madre, esposa e hijos
y que su salario producto del cargo de citador grado 3 del Juzgado Primero Civil del
Circuito de Cartago no es suficiente para sufragar todas sus responsabilidades. Por
esto, aseveró que ha recurrido a créditos con entidades bancarias.
Indicó que está buscando medios para solucionar las adversidades económicas que
se encuentra atravesando y que una de ellas es negociar la sentencia con terceros.
Sin embargo, consideró que la respuesta dada no le permite hacer un seguimiento
frente a su interés de negociar con un tercero el resultado de la sentencia y obtener
un alivio económico para la situación que está atravesando.
Sostuvo que había iniciado un proceso ejecutivo ante el Juzgado Primero
Administrativo de Cartago, pero que dicho procedimiento no era garantía para
obtener el pago de lo adeudado puesto que la entidad accionada es inembargable
y, en consecuencia, no se pueden perfeccionar las medidas cautelares solicitadas.
Finalmente, transcribió apartes de las Sentencias de la Corte Constitucional T-184
de 2009 relacionada con el derecho al mínimo vital, C-517 de 2017 sobre el derecho
a la igualdad, T-051 de 2023 referente al derecho de petición, C-341 de 2014
relacionada con el derecho al debido proceso y C-799 de 2011 sobre el acceso a la
administración de justicia.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto de 1 de agosto de 2024, se admitió la acción de tutela interpuesta por
el señor Juan Carlos Gallego Jaramillo contra la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Unidad de Asistencia Legal, Grupo de Sentencias; se dispuso vincular en
calidad de terceros al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Valle del Cauca; y se ordenó
efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Valle del
Cauca sostuvo que no ha vulnerado los derechos fundamentales del
accionante, puesto que la petición no fue radicada frente a dicha dirección
seccional, sino ante la División de Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, sede Bogotá.
Consideró, entonces, que no tenía competencia para pronunciarse frente a los
hechos y argumentos del escrito de tutela, puesto que desconocía la respuesta
dada por la autoridad accionada.
Finalmente, solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por
pasiva y que se procediera a desvincularla del trámite de tutela.
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4.3. La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial manifestó que el derecho de petición incoado por el
accionante estaba encaminado a solicitar información relacionada con el pago
de una sentencia judicial que le reconoció un derecho a su favor con cargo al
tesoro público. Afirmó que la petición fue respondida de forma coherente y
congruente en dos ocasiones, explicándole las razones que sustentaban cada
una de las respuestas.
Sostuvo que el derecho de petición es vulnerado cuando la autoridad no
resuelve de fondo lo pedido o no responde en los términos fijados por el
legislador. Consideró que la respuesta dada por dicha entidad atendió de
fondo, completa y congruentemente los interrogantes formulados por el actor
y que el hecho de que una respuesta fuera desfavorable a los intereses del
solicitante no constituye una vulneración al derecho fundamental de petición.
También indicó que en caso de estar inconforme con la respuesta dada,
existen mecanismos ordinarios para controvertir los actos administrativos
como el medio de control de nulidad o el de nulidad y restablecimiento del
derecho. Agregó que el actor no demostró que la tutela constituya un
mecanismo transitorio para evitar algún perjuicio irremediable.
Frente a los demás derechos fundamentales invocados por el actor, manifestó
que no existen pruebas sumarias que acrediten la relación o nexo causal entre
alguna actuación u omisión de dicha entidad y los perjuicios alegados, como
los quebrantos de salud de su padre y los gastos sufragados por el actor. Por
lo tanto, sostuvo que no cuenta con legitimación en la causa para soportar las
pretensiones de la demanda.
En consecuencia, solicitó declarar por improcedente la acción de tutela o en
su defecto negar las pretensiones de la demanda.
4.4. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura manifestó que en
virtud de los artículos 98 de la Ley 270 de 1996 y 2 del Acuerdo PCSJA20-
11603 el Grupo de Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es la entidad encargada de
tramitar la petición radicada por el señor Juan Carlos Gallego Jaramillo.
Por ende, manifestó que no está llamada a responder, puesto que las
peticiones de información enviadas han sido radicadas a correos de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Además, resaltó que el
accionante no aportó prueba alguna que permita establecer que aquel radicó
solicitudes sobre el pago de la sentencia ante los canales de comunicación de
la Corporación.
En consecuencia, solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa
por pasiva y se le desvinculara del trámite de tutela.
4.5. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que no ha vulnerado
ni por acción ni por omisión los derechos fundamentales del accionante, pues
la tutela tiene como finalidad que se dé respuesta clara y de fondo a la petición
radicada el 24 de mayo de 2024 ante la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Grupo de Sentencias.
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Afirmó que dicha entidad es la encargada de realizar las órdenes de pago de
las obligaciones originadas en providencias con acuerdos y sin acuerdos de
pago a beneficiarios finales y, en consecuencia, tiene la competencia para
resolver los cuestionamientos planteados en el derecho de petición.
Indicó que la Dirección General de Presupuesto General de la Nación del
Ministerio no puede intervenir en la cartera de las entidades, puesto que la
Constitución Política, el Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP) y sus
decretos establecen la autonomía presupuestal de los recursos aprobados por
el Congreso de la República en cada una de las entidades públicas. Aseguró
que el presupuesto asignado a la Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, para el pago de sentencias ha venido en aumento; también que los
recursos asignados a dicho rubro los prioriza la entidad en el cumplimiento de
sus funciones, en virtud de su autonomía.
Por lo anterior, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción dada su
falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que no es la
autoridad competente para dar trámite a las pretensiones de la tutela; y su
desvinculación del proceso.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Con base en los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala determinar si las
autoridades accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición del señor
Juan Carlos Gallego Jaramillo, pese a las respuestas de 28 de mayo de 2024
emitidas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Grupo de Sentencias
de la Unidad de Asistencia Legal.
3. Derecho fundamental de petición
De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas ante autoridades públicas y organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta
resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de
la Carta.
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
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Asimismo, de conformidad con el inciso 2º del artículo 13 de la Ley 1437 de 20113:
«Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento
de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos».
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.
El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, que ha dispuesto que son tres los
elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta resolución; (ii)
que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara, precisa,
congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada se le
notifique al peticionario.
En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que «existe una diferencia entre el
derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido».
En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido.
En lo que respecta a la notificación de la respuesta al derecho de petición, la Corte
Constitucional indicó que corresponde a la administración actuar con diligencia para
que la respuesta sea conocida por el interesado. Esta gestión denota lealtad y
publicidad de las actuaciones de la administración y permite materializar el derecho
al debido proceso del administrado, ya que es condición necesaria para que el
interesado ejerza su derecho de defensa y contradicción.
4. Análisis del caso
4.1. La Sala considera que en el caso no existe transgresión al derecho de petición
del accionante, en tanto que el 28 de mayo de 2024 el Grupo de Sentencias
de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial le contestó de fondo y notificó las respuestas emitidas a la petición del
actor. Se precisa que en la fecha señalada dicha autoridad le remitió al
interesado dos correos electrónicos, en el segundo de estos la autoridad
complementó lo informado en el inicial.
3 Sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental
de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
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La primera pregunta de la petición fue: «1. ¿Qué número de turno me asignaron
para el día 18 de marzo del año 2022, fecha en la cual se radicó mi solicitud para el pago
de mi bonificación judicial de los años 2013 a la fecha?». La Dirección Ejecutiva
contestó que para el pago de sentencias no se asigna un turno de forma
numérica, sino que los pagos se efectúan en estricto orden cronológico
conforme a la fecha en que se recibió la documentación. La autoridad sostuvo
que en ese mismo orden se tramitan las solicitudes de pago.
Así las cosas, indicó que la cuenta de cobro a favor del actor ingresó al listado
para liquidación y posterior pago el 18 de marzo de 2022. La siguiente fue la
respuesta textual dada por la autoridad:
Primer correo
«Que la cuenta de cobro que contiene la Sentencia Judicial a favor de JUAN CARLOS
GALLEGO JARAMILLO ingresó, al listado de turno para liquidación y posterior pago de la
providencia cumpliendo con el lleno de los requisitos el 18 de marzo de 2022. Que el Turno
de Pago consiste en ubicar en estricto orden cronológico la obligación conforme al artículo 15
de la Ley 962 de 2005, la fecha en que ha sido recibida la documentación en legal forma y en
ese mismo orden será tramitado la solicitud y en ese mismo orden será tramitado la solicitud
de pago, no consistiendo ello en la asignación de un determinado número de turno».
Segundo correo
«Que el Turno de Pago consiste en ubicar en estricto orden cronológico la obligación conforme
al artículo 15 de la Ley 962 de 2005, la fecha en que ha sido recibida la documentación en
legal forma y en ese mismo orden será tramitado la solicitud y en ese mismo orden será
tramitado la solicitud de pago, no consistiendo ello en la asignación de un determinado número
de turno. La cuenta de cobro que contiene la Sentencia Judicial a favor de JUAN CARLOS
GALLEGO JARAMILLO ingresó, al listado de turno para liquidación y posterior pago de la
providencia cumpliendo con el lleno de los requisitos el 18 de marzo de 2022».
En ese orden de ideas, aunque la autoridad no especificó qué número de turno
se le asignó al actor, esta explicó que para el pago de las sentencias no se
otorga propiamente un turno numérico, sino que el pago se efectúa con base
en el orden en que se radica la documentación requerida. Se encuentra,
entonces, que la respuesta fue de fondo, pues se le indicó la razón por la cual
no era posible informarle un turno numérico.
La segunda pregunta consistió en lo siguiente: «2. ¿Cuántas sentencias desde el
día 18 de marzo del 2022, han liquidado y cancelado hasta la fecha?». Frente a lo cual
la Dirección Ejecutiva contestó que «Hasta la fecha se han cancelado alrededor de
900 obligaciones judiciales».
La tercera pregunta fue: «3. ¿En qué número de turno me encuentra hoy 24 de mayo
del 2024, para el pago del retroactivo y la liquidación de la bonificación judicial de los años
2013 a la fecha?». La autoridad respondió que su turno de pago corresponde a
la fecha 18 de marzo de 2022 y que actualmente se encuentra efectuando los
pagos correspondientes a diciembre de 2019. La siguiente fue la respuesta
dada por la Dirección Ejecutiva:
Primer correo
«Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, nivel central tiene a cargo el
cumplimiento y pago de las sentencias judiciales por condenas impuestas a la Nación Rama
Judicial a nivel nacional, cumple actualmente con la liquidación y pago de sentencias
radicadas en el mes de diciembre de 2019».
Segundo correo
«Se encuentra en turno de pago de fecha 18 de marzo de 2022. Que la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, nivel central tiene a cargo el cumplimiento y pago de las sentencias
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judiciales por condenas impuestas a la Nación Rama Judicial a nivel nacional, cumple
actualmente con la liquidación y pago de sentencias radicadas en el mes de diciembre de
2019».
Nuevamente, la autoridad judicial no indicó qué número de turno tiene el actor.
Sin embargo, no se advierte vulneración al derecho de petición del accionante,
primero porque la autoridad ya había indicado en respuestas previas que no
se asigna un turno numérico; y segundo, porque la Dirección Ejecutiva le
informó cuáles solicitudes de pago está gestionando actualmente (diciembre
de 2019) y que su turno corresponde la fecha de 18 de marzo de 2022.
La cuarta pregunta consistió en que «4. ¿Cuál es la fecha más cercana programada
para el pago del retroactivo y la liquidación de la bonificación judicial de los años 2013 a
la fecha?». La Dirección Ejecutiva indicó que no es posible informar una fecha
probable de pago, pues realiza la cancelación de las obligaciones con
fundamento en el orden en que se radicó la documentación necesaria para el
pago. Veamos la respuesta otorgada respecto de ese cuestionamiento:
Primer correo
«Que la DEAJ, liquida y paga las obligaciones judiciales respetando el derecho de turno de
cada uno de los beneficiarios, es decir, se respeta el derecho de los beneficiarios que le
anteceden y no se está realizando liquidaciones con fechas posteriores ni de forma prioritaria.
Toda vez, que dentro del pago de las sentencias la entidad las cumple en estricto orden de
recibida la documentación conforme al artículo 15 de la Ley 962 de 2005, el artículo 192 de la
Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 de la Constitución Política Colombiana.
Reiteramos que esta Entidad procede a liquidar y pagar las obligaciones de conformidad a la
apropiación presupuestal que asigne el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al rubro de
sentencias judiciales, en la vigencia fiscal que corresponda».
Segundo correo
RTA: Que no es posible suministrar la fecha probable de pago sobre la obligación de la
referencia toda vez, que el Grupo de Sentencias una vez le corresponde el turno de
cumplimiento y pago a la solicitud procede a elaborar la resolución de cumplimiento y/o acto
de ejecución, conforme es ordenado en la decisión judicial, y de acuerdo a la normatividad
aplicable vigente, esto es, lo señalado en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 (Código
Contencioso Administrativo) y el artículo 192 al 195 de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el Decreto 2469 de 2015
únicamente al momento que la entidad cuente con la asignación presupuestal esto es,
conforme lo dispone el artículo 71 del Decreto Ley 111 de 1996.
Por último, la quinta pregunta fue la siguiente: «5. ¿Cuál es el monto aproximando
de pago del del retroactivo y la liquidación de la bonificación judicial de los años 2013 a la
fecha?». La autoridad respondió que no es posible informar el valor total a
pagar, pues la liquidación de la sentencia judicial se realiza únicamente al
momento de que llegue el turno correspondiente. Además, se le explicó que
actualmente es imposible realizar la liquidación, pues (i) de hacerlo habría que
informar al Ministerio de Hacienda e iniciar el proceso de compensación
tributaria ante la DIAN; y (ii) el valor actual no corresponde al que se le va a
terminar pagando, debido a que se continúan generando intereses moratorios
por compensación de la mora en el pago. Veamos la respuesta dada:
Primer correo
«Que no es posible suministrar la fecha probable de pago sobre la obligación de la referencia
toda vez, que el Grupo de Sentencias una vez le corresponde el turno de cumplimiento y pago
a la solicitud procede a elaborar la resolución de cumplimiento y/o acto de ejecución, conforme
es ordenado en la decisión judicial, y de acuerdo a la normatividad aplicable vigente, esto es,
lo señalado en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo) y
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el artículo 192 al 195 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), el Decreto 2469 de 2015 únicamente al momento que la entidad
cuente con la asignación presupuestal esto es, conforme lo dispone el artículo 71 del Decreto
Ley 111 de 1996.
Que entre la fecha que recibe la solicitud de pago y/o cuenta de cobro otorga información
acerca de los avances, que mes a mes y año a año va obteniendo, mientras a cada beneficiario
le corresponde el turno de pago conforme a la fecha de radicación en orden cronológico.
Por consiguiente, reiteramos que esta Entidad procederá a liquidar y pagar la obligación de
conformidad a la apropiación presupuestal que asigne el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público al rubro de sentencias judiciales, en la vigencia fiscal que corresponda».
Segundo correo
«Es de informar que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en esta fecha está
liquidando y pagando todas las cuentas de cobro que fueron radicadas en el mes de diciembre
de 2019, por lo que no es posible suministrar el valor total de la liquidación de la sentencia
judicial a su favor, toda vez, que este procedimiento se realiza únicamente al momento de que
llegue el turno correspondiente para dicho trámite. La Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, no puede liquidar actualmente la obligación, ello por cuanto: a) Si se hiciera, se
tendría que solicitar e informar inmediatamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
solicitando PAC y enturnarla para el pago y solicitando lo ateniente al proceso de
compensación tributaria, oficiando a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
para solicitar certificación de que trata el inciso 2 del Artículo 29 de la Ley 344 de 1996 y
modificado por la Ley 1819 de 2016, sobre la existencia de obligaciones tributarias a cargo de
los beneficiarios, actuación que se realiza indicando el valor de la liquidación que se va a
pagar, situación que no es posible, toda vez que a la solicitud de cuenta del peticionario le
anteceden otras radicadas con anterioridad; b) Igualmente No es posible liquidar la obligación
antes mencionada, toda vez que dicho valor no correspondería al que se le va a terminar
pagando al continuar generándose los intereses moratorios que ahora mismo corren como
compensación de la mora en el pago».
De lo expuesto hasta el momento, la Sala considera que el Grupo de
Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial dio respuesta de fondo a la petición de 24 de mayo de
2024 interpuesta por el accionante, puesto que se pronunció de forma
congruente respecto de cada una de las preguntas formuladas.
Como se explicó previamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
reiterado que la respuesta negativa en ningún caso significa vulneración del
derecho fundamental de petición, ya que «existe una diferencia entre el derecho de
petición y el derecho a obtener lo pedido». En consecuencia, aunque no se informó
un turno numérico de pago, fecha y valor probable de pago, la autoridad
explicó las razones por las cuales no era posible brindar tal información.
De manera que no podría decirse que existió vulneración al derecho de
petición del tutelante por falta de respuesta de fondo de la petición o por brindar
una respuesta incongruente, pues la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial argumentó los motivos que sustentaron cada una de las respuestas a
las preguntas formuladas, independientemente del sentido de estas.
Por otra parte, la Sala advierte que el actor fue notificado de las dos respuestas
emitidas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante
correos electrónicos de 28 de mayo de 2024, tal como se corrobora con las
siguientes imágenes:
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03933-00
Demandante: Juan Carlos Gallego Jaramillo
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03933-00
Demandante: Juan Carlos Gallego Jaramillo
4.2. Por último, se llama la atención que las respuestas dadas por el Grupo de
Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial se emitieron y notificaron el 28 de mayo de 2024, es
decir aproximadamente dos meses antes de la fecha en la cual se interpuso la
acción de tutela (29 de julio de 2024). Por consiguiente, no se advierte
transgresión alguna de derechos previo a la interposición de la acción.
5. Conclusión
En consecuencia, se negarán las pretensiones formuladas por el accionante, pues
no se encontró vulneración alguna a su derecho fundamental de petición.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones formuladas por el señor Juan Carlos Gallego Jaramillo,
por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada esta decisión, enviar a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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