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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03940-00

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03940-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Denegar el amparo que solicita la sociedad Dieciséis 9 Films SAS., conforme a la parte considerativa que antecede. 22 Radicado: 11001 03 15 000 2024 03940 00 Demandante: Dieciséis 9 Films SAS Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03940-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

12 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 03940 00
Demandante: Dieciséis 9 Films SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de controversias
contractuales. Rechazo de la demanda por falta del requisito de
procedibilidad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor Luis Alberto Garavito Beltrán actuando como representante legal de la
sociedad Dieciséis 9 Films SAS promueve acción de tutela contra la providencia del 6
de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, que confirmó el auto del 24 de enero de 2024, dictado por el
Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante el
cual rechazó la demanda por no haber agotado el requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial.

1.2. Pretensiones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001 03 15 000 2024 03940 00
Demandante: Dieciséis 9 Films SAS

La sociedad accionante formula las siguientes súplicas:

PRIMERA.- Se ampare en favor de la persona jurídica DIECISÉIS 9 FILMS S.A.S, sus
derechos fundamentales al debido proceso, su derecho al acceso a la
administración de justicia, contenidos en los artículo[s] 29 y 229 superior.

SEGUNDA.- Se declare sin efectos jurídicos la decisión emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C, el día 6
de junio de 2024, expedida con ocasión del trámite de [apelación auto rechaza
demanda] dentro del proceso ordinario, medio de control de CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES, identificado con el radicado 11001-33-43-063-2023-00353-01.

TERCERA.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal accionado,
emitir una nueva decisión que incluya dentro de su motivación la garantía efectiva
de aplicar para la demandante [en su integridad] el derecho fundamental al debido
proceso, y pronunciarse de fondo, respecto del problema jurídico planteado desde
la primera instancia, en el sentido de determinar si la medida cautelar de
suspensión […] de «(…) la ejecución contractual, pago y liquidación del contrato
estatal […] CTO 621-2023 celebrado entre TEVEANDINA S.A.S. y PRIME
PRODUCCIONES S.A., el pasado 21 de julio de 2023 (…)», era o no de aquellas de
contenido patrimonial, tomando en consideración lo previsto en los artículos 161
del C.P.A.C.A. y 613 del C.G.P., junto con lo analizado por el H. Consejo de [E]stado
en sentencia del 6 de octubre de 2017, dentro del radicado […] 25000-23-41-000-
2015-00554-01; Ponente Dr. [Roberto Augusto Serrato Valdés]

CUARTA: (sic) Se dé aplicación al precedente judicial fijado por el […] Consejo de
Estado en casos con supuestos de hecho y de derecho similares al reclamado por
la aquí accionante; y en caso de que el Tribunal se aparte de él, exponga en la
parte motiva de la sentencia la relación de motivos y razones que lo llevan a no
aplicar las decisiones judiciales ya tomadas con anterioridad por jueces de igual y
superior jerarquía.

QUINTA: (sic) Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera
– Subsección C, al momento de resolver nuevamente el recurso de apelación,
efectué adecuadamente la verificación objetiva de los argumentos expuestos, a la
luz de las normas constitucionales, principalmente el artículo 29, 229 superiores y
artículo 161 del C.P.A.C.A. y 613 del C.G.P., cuya motivación se suplica, quede
incluida en la providencia a modo tal que pueda ser identificado un estudio de lo
que constituye o no una medida cautelar de CONTENIDO PATRIMONIAL.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la accionante señala los siguientes:

i) El 27 de octubre de 2023, sin agotar el requisito de procedibilidad interpuso medio
de control de controversias contractuales con el propósito de obtener la nulidad de la
Resolución 17 del 19 de julio de 2023, mediante la cual se adjudicó el Contrato CTO

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Demandante: Dieciséis 9 Films SAS

621-2023 celebrado el 21 de julio de 2023 entre TEVEANDINA SAS (Canal Trece) y Prime
Producciones S. A. Con el libelo se presentó memorial con solicitud de medidas
cautelares

ii) Mediante providencia del 15 de noviembre de 2023, se inadmitió la demanda para
que se allegara certificado de existencia y representación legal de TEVEANDINA SAS, se
ajustaran los valores especificados en el acápite de pretensiones y se aportara prueba
del agotamiento del requisito de procedibilidad.

iii) En auto del 24 de enero de 2024, el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Bogotá dispuso el rechazo del medio de control. Inconforme
con esa decisión se formuló oportunamente recurso de reposición y en subsidio de
apelación que fue concedido a través de proveído del 15 de febrero de 2024 ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera.

iv) Por medio de providencia del 6 de junio de 2024, notificada el 22 de julio de 2024,
el Tribunal confirmó el auto recurrido bajo el argumento de que entre las características
principales de la suspensión provisional de los efectos de los actos están su naturaleza
cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que sean contrarios al ordenamiento
jurídico y puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo sobre su
constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida.

v) En ese sentido se incurrió en vía de hecho en la referida decisión por la ausencia
de motivación o incongruencia del superior al momento de desatar la alzada, porque
precisamente el problema jurídico a debatir era estudiar si la medida cautelar de
suspensión de «la ejecución contractual, pago y liquidación del contrato estatal […]
tenía o no un contenido patrimonial para obviar el requisito de la conciliación
prejudicial».

1.4. Fundamentos jurídicos

La accionante alega que con la providencia objeto de censura se vulneraron sus
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo, al

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Demandante: Dieciséis 9 Films SAS

mínimo vital y a la igualdad y se incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución, por las siguientes razones:

i) El Tribunal omitió que el objeto y finalidad de la apelación establecida en el artículo
320 del Código General del Proceso no es otro que el superior examine los reparos
concretos formulados por el recurrente, para que la decisión sea revocada o
reformada, lo que habría dado lugar a que resolviera de manera completamente
diferente, esto es, estudiara si la medida cautelar de suspensión de la ejecución
contractual, pago y liquidación del Contrato CTO 621-2023 celebrado entre TEVEANDINA
SAS y Prime Producciones S. A. el 21 de julio de 2023, era de aquellas de contenido

patrimonial, así mismo, desconoció los supuestos normativos contenidos en los
artículos 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) y 613 de la Ley 1564 de 2012.

ii) A pesar de que existe jurisprudencia, específicamente la providencia emitida por el
Consejo de Estado el 6 de octubre de 2017 dentro del radicado 25000 23 41 000 2015
00554 01, ponente doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, que avala la rectificación
en relación con la determinación de los efectos patrimoniales de la medida pedida, la
autoridad accionada se abstuvo de aplicarla, lo que cobra mayor relevancia, si se tiene
en cuenta que de ello dependía el estudio de un delito de falsedad documental
acaecido durante el proceso de selección, que también debe ser conocido por el juez
natural.

iii) Igualmente, se desacataron los preceptos 29 y 229 de la Constitución Política, en
tanto no hubo un pronunciamiento acorde a los hechos y fundamentos recurridos, de
modo que se quebrantó el derecho al acceso a la administración de justicia.

1.5. Actuación procesal

1.5.1. La acción de tutela se inadmitió por auto del 1.º de agosto de 2024, en el que se
requirió al señor Luis Alberto Garavito Beltrán para que allegara certificado de
existencia y representación reciente de la sociedad Dieciséis 9 Films SAS, en la que se
acreditara que es su representante legal. El 8 de agosto de 2024 se radicó memorial

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Demandante: Dieciséis 9 Films SAS

de subsanación.

1.5.2. Mediante proveído del 20 de agosto de 2024, se admitió la solicitud de amparo
y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, como demandados. Así mismo, se dispuso la
notificación a TEVEANDINA SAS y a Canal Trece, al haber actuado dentro del medio de
controversias contractuales con radicación 11001 33 43 063 2023 00353 00 [01], como
terceros interesados en las resultas de este proceso, para que dentro del término de
tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C. El magistrado Fernando Iregui Camelo solicita se declare
improcedente la acción interpuesta o, en su defecto, se nieguen las pretensiones, por
lo siguiente:

i) La presente solicitud no cumple con los requisitos para su procedencia, pues la
accionante busca reabrir un debate ya concluido en la instancia ordinaria, en la que no
se advierte una actuación arbitraria o ilegítima por parte de esa corporación.

ii) De las diligencias surtidas dentro del medio de control se concluye que el asunto fue
resuelto conforme con los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación y
atendiendo las razones por las cuales el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del
Circuito de Bogotá rechazó la demanda.

iii) Los alegatos expuestos en la acción de tutela corresponden al tema ya debatido
dentro del juicio ordinario, ya que se dirimió el cuestionamiento sobre si las medidas
cautelares solicitadas correspondían a pedimentos de carácter patrimonial o no, con
lo que la accionante buscaba evitar la obligación de agotar el requisito de conciliación
prejudicial ante el Ministerio Público previo a acudir a la jurisdicción contencioso-
administrativa.

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iv) No se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al trabajo, al mínimo vital, y a la igualdad, comoquiera que
el auto del 6 de junio de 2024 no incurrió en vía de hecho como lo aduce la parte
actora; por el contrario, se analizaron los puntos expuestos en el recurso de apelación
y se confirmó que las medidas cautelares no son de carácter patrimonial, por lo que
no resultaba plausible incoar el medio de control sin las exigencias previstas en los
artículos 35, 36 y 37 de la Ley 640 de 2001 en concordancia con el artículo 161 de la
Ley 1437 de 2011.

1.6.2. Del Canal Regional de Televisión (TEVEANDINA SAS, CANAL TRECE). El señor
Jhon Alejandro Linares Camberos, gerente y representante legal, pide desestimar las
pretensiones invocadas por la parte actora y rinde informe en los siguientes términos:

i) Es preciso señalar que el Canal Regional de Televisión TEVEANDINA SAS y Canal
Trece es la misma entidad, como consta en el certificado expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá que se allega, ello porque en auto del 20 de agosto de 2024, se
relaciona como si fueran entes diferentes, razón por la cual se aclara que es una sola
persona jurídica.

ii) Las decisiones de los despachos judiciales intervinientes en el proceso 11001 33 43
063 2023 00353 00 [01] se encuentran ajustadas a derecho, al exigir el cumplimiento
del requisito de procedibilidad contemplado en los artículos 161, 162 y 166 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) que llevó
a que se confirmara el rechazo de la demanda como lo establecen los artículos 169 y
170 ibidem y demás normas concordantes.

iii) Además, se advierte que el Contrato 621 de 2023 fue producto de la adjudicación
de la Convocatoria Pública 5 de 2023 a través de la Resolución 107 de 2023 a Prime
Producciones SAS para la realización del documental Así Suena El Río, el que ya se
encuentra ejecutado y recibido a entera satisfacción por la entidad, habiéndose surtido
el proceso de liquidación respectivo.

2. Consideraciones de la Sala

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Demandante: Dieciséis 9 Films SAS

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada» y conforme al
inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 que dispone que «las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la parte
actora contra el auto del 6 de junio de 2024, que profirió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, dentro del medio de controversias
contractuales con radicación 11001 33 43 063 2023 00353 01.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos

1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante, lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 20053, donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los

2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567

de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.3.2 De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos
interlocutorios

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional6 el concepto de providencia judicial
comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades
judiciales.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,

expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6 Ver sentencias T-125 de 2010 y SU-817 de 2010, entre otras.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03940 00
Demandante: Dieciséis 9 Films SAS

En materia de decisiones adoptadas en autos interlocutorios, la Corte Constitucional
ha señalado que estos, por regla general, deben ser discutidos por medio de los
recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto, a excepción de que
en el caso objeto de estudio: (i) se evidencie una vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada mediante otros
medios de defensa judicial. En este evento, la acción constitucional no será procedente
cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte
afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; (ii)
a pesar de que existen otros medios, no resultan idóneos para proteger los derechos
afectados o amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es urgente para
evitar un perjuicio irremediable7

En todo caso, para que proceda, deberán reunirse los «requisitos generales de
procedencia» de la acción de tutela y al menos uno de los «requisitos especiales de
procedibilidad» de la tutela fijados por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 24 de enero de 2024, el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá vencido el término concedido en el auto del 15 de noviembre de
2023, mediante el que se inadmitió la demanda y en virtud de que la sociedad Dieciséis
9 Films SAS presentó escrito de subsanación con el que allegó el certificado de
existencia y representación legal de TEVEANDINA SAS, corrigió el número del acto de
adjudicación del proceso de selección y contratación objeto de la litis y señaló que no
efectuó el agotamiento de la conciliación prejudicial porque se pidieron medidas
cautelares de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 590
del Código General de Proceso, dispuso lo siguiente:8

7 Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
8 Índice 2, del expediente electrónico.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03940 00
Demandante: Dieciséis 9 Films SAS

PRIMERO: RECHAZAR la demanda promovida por la sociedad Dieciséis 9 Film (sic)
S.A.S., a través de apoderado judicial, en contra de Teveandina S.A.S. – Canal
Trece, conforme a las razones mencionadas en la parte motiva del presente
proveído.

SEGUNDO: En firme la providencia, archívese la actuación.

TERCERO: Se EXHORTA a las partes del proceso que todos los memoriales y
actuaciones que realicen, deberán ser enviados a todos [los] sujetos procesales y
al Ministerio Público […] dentro del horario judicial correspondiente, suministrando
los veintitrés (23) dígitos del proceso, en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 186 del CPACA, en concordancia con el numeral 14 del artículo 78 del CGP,
so pena de imponer las sanciones que en derecho corresponda.

CUARTO: Se advierte a las partes que el expediente digital, las actuaciones y
memoriales del presente proceso, se encuentran registrados en el aplicativo Samai
para su consulta con el número del expediente.

2.4.2. El 14 de febrero de 2024, el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito
de Bogotá, dictó auto dentro del proceso con radicación 11001 33 43 063 2023 00353
00, en el que resolvió lo siguiente:9

PRIMERO: NO REPONER el auto proferido el 24 de enero de 2024, por el cual se
rechazó la demanda promovida por Dieciséis 9 Film (sic) S.A.S., contra Teveandina
S.A.S. – Canal Trece, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONCEDER en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto
por el apoderado de la parte demandante, contra el auto proferido el 24 de enero
de 2024, por el cual se rechazó la demanda promovida por Dieciséis 9 Film (sic)
S.A.S., contra Teveandina S.A.S. – Canal Trece.

Por secretaría, remítase las diligencias al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
–Sección Tercera– reparto, para el trámite del recurso de apelación.

[…]

2.4.3. El 6 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, al desatar el recurso de apelación incoado por la parte actora
contra el auto del 24 de enero de 2024, decidió lo siguiente:10

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 24 de enero de 2024 proferido por el Juzgado 63
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que rechazó la demanda, de
conformidad con lo expuesto.

9 Índice 2, del expediente electrónico.
10 Índice 17 y 18, del expediente electrónico.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03940 00
Demandante: Dieciséis 9 Films SAS

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devuélvase el expediente al Juzgado de
origen para lo de su competencia.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.5.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia

2.5.1.1. El asunto en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez
que el debate planteado por la accionante gira en torno a la presunta vulneración de
sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo, al
mínimo vital y a la igualdad.

2.5.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en cuanto
se censura la providencia que resolvió el recurso de apelación que se interpuso contra
el auto que rechazó el medio de control de controversias contractuales con radicación
11001 33 43 063 2023 00353 01.

2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», por cuanto la decisión objeto de
reproche constitucional data del 6 de junio de 2024, se notificó por estado el 22 de julio
de 2024,11 y la presente acción de tutela se radicó en la Ventanilla Virtual de esta
corporación el 29 de julio de 2024,12 es decir, dentro del término de los seis meses que
señaló esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra
providencia judicial.

2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».

2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos frente a los que se alega vulneración».

2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la providencia
que se cuestiona es aquella que rechazó el medio de control de controversias
contractuales.

11 Índice 7, del expediente electrónico 11001 33 43 063 2023 00353 01.
12 Índice 1, del expediente electrónico.

13

Radicado: 11001 03 15 000 2024 03940 00
Demandante: Dieciséis 9 Films SAS

Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que
habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir el proveído del 6 de junio de 2024,
que emitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C.

2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.13

2.5.2.2. Del desconocimiento del precedente judicial

13 Corte Constitucional.
Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.

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Demandante: Dieciséis 9 Films SAS

La Corte ha sostenido que se configura un defecto sustantivo en la modalidad de
desconocimiento de precedente judicial cuando se desacata aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de 1) patrones fácticos y 2) problemas jurídicos, y en las que en
su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.

En la providencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para
identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: 1) la ratio
decidendi del fallo que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente; 2) se trata de un problema jurídico
similar o de una cuestión constitucional semejante y 3) los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia son análogos o plantean un punto de derecho
idéntico al que se debe resolver posteriormente.14

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes, en los que se tiene en cuenta la autoridad que profiere la providencia
previa, a saber, el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias
fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial y el
precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o
en el marco constitucional.15

Para la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los
funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción, 16 y en los casos
en los que no son susceptibles de revisión por las autoridades mencionadas, son los
tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores
judiciales inferiores.17

14 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
15 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
16 Corte Constitucional. Sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
17 Corte Constitucional. Sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03940 00
Demandante: Dieciséis 9 Films SAS

Así las cosas, para los jueces es de obligatorio cumplimiento acoger las decisiones
que profieren los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas
constituyan precedentes y/o sus propias sentencias en casos idénticos; regla que solo
permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con
anterioridad en otros fallos judiciales.

En esa medida, las autoridades judiciales se pueden apartar de los precedentes
judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se cumplan
las siguientes reglas: «(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que
significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una
carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada
los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».18

De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin
debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación
de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios al debido proceso, a la
igualdad y a la buena fe.19

2.5.2.3. De la violación directa de la Constitución Política

La Corte Constitucional ha precisado que el defecto por la violación directa de la
Constitución se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales
de velar por el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 4.º de la
Constitución Política: «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».

18 Corte Constitucional.Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
19 Corte Constitucional.Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.

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Demandante: Dieciséis 9 Films SAS

La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación
directa a la Constitución, en principio fue concebida como un defecto sustantivo.

Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-1722 de 2000,20 en la que se estudiaron acciones
de tutela interpuestas contra providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales se les agravó la pena a los apelantes únicos argumentando que
concurrían el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelación, la Corte
Constitucional señaló que desconocer la disposición constitucional que expresamente
prohíbe al superior funcional «agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único», suponía la materialización del defecto sustantivo.21 Al respecto la
Corte manifestó:

[…] En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo,
en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no
reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidente inaplicable.
En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades
demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional
consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución […].

Con posterioridad, en la Sentencia T-949 de 2003, la Corte incluyó la violación directa
de la Constitución como una causal de procedibilidad de la acción de tutela de carácter
independiente y autónomo. En esa oportunidad se pronunció así:

«[…] todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales)
es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de
manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir,
una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico
o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación,
(v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución […].

Finalmente, la anterior interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en
la que la Corte al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad contra la
disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la
acción de tutela contra fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte

20 Sentencia de 12 de diciembre de 2000.
21 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicación 2014 00861 00

magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03940 00
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Suprema de Justicia, incluyó definitivamente a la violación directa de la Constitución
como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

« […] la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i),
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos
(ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución […].

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional22 ha estimado que procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando: (i) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

En conclusión, es factible que una providencia judicial sea susceptible de cuestionarse
por medio de la acción de tutela cuando desconozca o aplique indebida e
irrazonablemente los postulados previstos por la Constitución, pues a las autoridades
judiciales no les es dable en su labor apartarse de las disposiciones previstas en ella,
dado que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce un valor normativo
superior a los preceptos contenidos en la Carta Política.23

2.5.3. Los defectos alegados

La sociedad Dieciséis 9 Films SAS alega la vulneración de sus derechos al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo, al mínimo vital y a la
igualdad con la providencia proferida el 6 de junio de 2024, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en cuanto confirmó
el rechazo de la demanda que interpuso contra Canal Regional de Televisión
(TEVEANDINA SAS, Canal Trece). Así mismo, señala que se incurrió en los defectos

22 Sentencias T-809 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-747 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo

Mendoza Martelo, T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, entre otras.
23 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de l 31 de julio de 2014, radicado 2014 00861 00

magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso

18

Radicado: 11001 03 15 000 2024 03940 00
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sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución.

Pues bien, en la decisión objeto de censura, la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca estimó que la accionante incumplió los
requisitos para acudir a la jurisdicción, esto es, lo previsto en los artículos 161, 162 y
166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) e igualmente que como lo advirtió el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo
del Circuito de Bogotá la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto de
adjudicación así como de la ejecución, pago y liquidación del Contrato CTO 621 del 21
de julio de 2023, en sí mismas no tenían un contenido patrimonial; en consecuencia,
no era aplicable la excepción contemplada en el parágrafo primero del artículo 590 del
Código General del Proceso.

Al respecto, advirtió que la medida cautelar pretendida por la parte actora se
encaminaba a lograr lo siguiente:

Suspender provisionalmente los efectos jurídicos de los actos definitivos
demandados, como lo señala el inciso final del artículo 173 del C.P.A.C.A. y que se
detallan a continuación: 1. La [Resolución 107 de 19 de julio de 2023], emitida por
la parte demandada, mediante la cual se adjudicó el proceso de selección por
invitación abierta cuyo objeto consistía en: [realizar bajo la modalidad de
producción por encargo el desarrollo, preproducción, producción y posproducción
de la serie documental Así Suena El Río (o como llegue a denominarse) / Historias
que Abrazan (o como llegue a denominarse)] por el proyecto «ASÍ SUENA EL RÍO» a
la persona jurídica PRIME PRODUCCIONES S. A. […] y 2. Sea suspendida la ejecución
contractual, pago y liquidación del contrato estatal […] CTO 621-2023 celebrado
entre TEVEANDINA S.A.S. y PRIME PRODUCCIONES S. A., el pasado 21 de julio de 2023.

El Tribunal explicó que entre las características principales de la suspensión
provisional están su naturaleza cautelar, temporal y accesoria con el fin de evitar que
en caso de que los actos sean contrarios al ordenamiento jurídico continúen surtiendo
efectos mientras se decide de fondo sobre su constitucionalidad o legalidad e
igualmente evitar, transitoriamente, que produzcan consecuencias, por razón de un
juzgamiento preliminar que proteja intereses generales y el Estado de derecho.

Lo anterior, excluye el carácter patrimonial, pues su propósito no es afectar el capital
de las personas jurídicas o naturales, sino despojar de sus efectos a un acto

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03940 00
Demandante: Dieciséis 9 Films SAS

administrativo temporalmente, distinto es que indirectamente las beneficie. Al respecto
trajo a colación lo señalado por la Sección Tercera, Subsección A, de esta corporación
en auto del 18 de mayo de 2017,24 así:

[…] se observa que tanto la solicitud de suspensión del proceso administrativo
iniciado por la entidad demandada el 21 de julio de 2016, como la de declaratoria
de pérdida de competencia de la entidad para liquidar unilateralmente el contrato,
no tienen ningún contenido patrimonial, sino que su finalidad es suspender y
prevenir actuaciones administrativas por parte del IDU.

En cuanto a la solicitud de suspensión provisional de los actos
administrativos demandados, observa el Despacho que si bien éstos tienen
un contenido patrimonial al indicar que el monto de la cláusula penal es de
$ 164’267.881, esto no implica que la medida cautelar solicitada posea dicho
carácter, comoquiera que al analizar los efectos de decretarla no se evidencia
una consecuencia económica inmediata para la parte actora, puesto que solo
al momento de proferir sentencia el juez determinara si la sociedad
Construcciones AR&S S.A.S. debía, o no, pagar dicha suma y, si los dineros
que alega le fueron retenidos deben ser reintegrados. En un caso similar la
Jurisprudencia de esta Corporación señaló:

“La medida cautelar solicitada en la demanda corresponde a la de SUSPENSIÓN
PROVISIONAL DE LOS EFECTOS de la Resolución 3049 del 29 de julio de 2014 y de
su confirmatoria 3347 del 20 de octubre de 2014 del Consejo Nacional Electoral.

Se trata de [un] acto administrativo sancionatorio de naturaleza pecuniaria.

Pero en cambio, la medida cautelar que se depreca: que se suspendan sus
efectos, en sí misma no tiene un contenido patrimonial. No concierne a que
el juez produzca una orden provisional de protección al objeto del proceso y
para la efectividad de la sentencia, que materialmente y de manera directa se
refiere a que el demandado para cumplir tal orden deba hacer erogaciones
económicas.

Así, una cosa es que los actos demandados tengan un carácter patrimonial
porque imponen una sanción pecuniaria (multa), y otra diferente es que la
medida cautelar también posea este carácter, cosa que para el presente caso
no ocurre así, si se parte de que la solicitud concierne a que el juez
provisionalmente dicte una orden cuya ejecución o cumplimiento no conlleva
en forma directa e inmediata para el demandado efectuar gastos o
inversiones de carácter económico” (Resaltado fuera del texto).

[…] Esta Sala, entonces, como órgano de cierre en los asuntos de su
competencia, establece, a manera de jurisprudencia anunciada25, la posición

24 Radicación 25000 23 36 000 2016 01452 01 (58018).
25 «La Sala quiere significar que el caso que ocupó su atención, no fue juzgado con fundamento en este

nuevo criterio que se expone y, por tal virtud, tendrá aplicación sólo a futuro. Sobre el uso de esta figura
ver: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Consejero Ponente:
Alberto Yepes Barreiro. Sentencia del siete (07) de junio de dos mil dieciséis (2016). Radicación: 11001-
03-28-000-2015-00051- 00. Actor: Emiliano Arrieta Monterroza. Demandada: Oneida Rayeth Pinto
Pérez – Gobernadora de la Guajira».

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03940 00
Demandante: Dieciséis 9 Films SAS

consistente en que la suspensión provisional de los efectos de los actos
administrativos no está incluida dentro de las medidas cautelares que permiten, al
tenor del artículo 613 del CGP, en procesos diferentes a los ejecutivos, acudir
directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa sin agotar el requisito de
procedibilidad de la conciliación extrajudicial (numeral 1 del artículo 161 del
CPACA), en la medida en que el precitado artículo del CGP hace referencia a las
medidas de carácter patrimonial, naturaleza que no se encuentra presente en la
precitada medida cautelar, conforme se explicó líneas atrás[…].” (Negrilla de la
Sala)

Con base en esas motivaciones concluyó el Tribunal que los actos cuya suspensión
pidió la accionante no contenían un carácter patrimonial que la excusara de cumplir
con la obligación de agotar el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 161,
numeral 1 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, como no subsanó la demanda,
pues no cumplió con la obligación de agotar conciliación ante la Procuraduría General
de la Nación, había lugar a rechazarla, según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo
169 ibidem, tal y como lo decidió la primera instancia.

Así las cosas, la Sala estima que la actuación del Tribunal no está incursa en una vía
de hecho que vulnere los derechos fundamentales de la accionante, pues resolvió la
cuestión que se sometió a su examen con fundamento en jurisprudencia de esta
corporación y en la normativa que rige lo relacionado con la conciliación extrajudicial
como requisito de procedibilidad, esto es, los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 640 de
2001 y 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), que prevén que cuando se trata de materias conciliables se
debe agotar el referido trámite, los cuales aplicó en ejercicio de las facultades de
autonomía e independencia judicial de las que está investido el juez de la causa, para
decidir los asuntos que se someten a su arbitrio.

La accionante en el escrito de tutela señaló que en la providencia atacada se desacató
lo señalado en la sentencia del 6 de octubre de 2017, emitida por la Sección Primera
dentro del radicado 25000 23 41 000 2015 00554 01, sin aportar copia de ese proveído;
no obstante, si bien el mencionado criterio constituye un antecedente jurisprudencial
no puede considerarse como una sentencia de unificación en la que haya establecido
un precedente judicial que obligara a la autoridad accionada a resolver el asunto
atendiendo a lo allí dispuesto.

21

Radicado: 11001 03 15 000 2024 03940 00
Demandante: Dieciséis 9 Films SAS

Igualmente, la Sala encuentra que en el auto enjuiciado no se incurrió en violación
directa de la Constitución como lo alega la parte actora, ya que precisamente en
obedecimiento a las normas que establecen el requisito de procedibilidad para
interponer el medio de control de controversias contractuales y las consecuencias de
la no subsanación, así como en atención a los parámetros fijados por la jurisprudencia
de esta corporación, rechazó la demanda, lo que por ningún motivo desconoce los
artículos 29 y 229 de la Constitución; además, la providencia se profirió por el juez
competente, el trámite se surtió mediante el procedimiento instituido en el
ordenamiento jurídico y en el que pudo hacer uso del recurso de apelación para discutir
lo resuelto por el a quo.

3. Conclusión

La Sala concluye, entonces, que en la providencia del 6 de junio de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
mediante la cual confirmó el auto del 24 de enero de 2024 dictado por el Juzgado
Sesenta y Tres Administrativo Judicial de Bogotá, que rechazó el medio de control de
controversias contractuales por incumplimiento del requisito de procedibilidad de
conciliación extrajudicial, no se incurrió en los defectos alegados por la accionante.

En tal sentido, la Sala procederá a denegar el amparo deprecado por la sociedad
Dieciséis 9 Films SAS.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Denegar el amparo que solicita la sociedad Dieciséis 9 Films SAS., conforme
a la parte considerativa que antecede.

22

Radicado: 11001 03 15 000 2024 03940 00
Demandante: Dieciséis 9 Films SAS

Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIERREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO VARGAS SUÁREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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