Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03942-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03942-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03942-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
30 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03942-00
Accionante: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA
NACIONAL
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA
DE ACCIÓN DE TUTELA POR NO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – la acción de tutela no constituye una instancia adicional para reabrir
el debate jurídico frente a una providencia que le resulte desfavorable.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instauradas por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de
conformidad con el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 29 de julio de 2024 la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a
través de apoderado, presentó acción de tutela en contra de la Subsección A, de la
Sección Tercera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la
expedición del auto del 23 de mayo de 2024, que confirmó el auto del 22 de
noviembre de 2023, dictado por el Juzgado 37 Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bogotá, en el proceso de repetición identificado con el radicado 11001-
33-36-037-2023-00330-00, al considerar que con esa decisión se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
Hechos relevantes
2. El 13 de octubre de 2023, la Policía Nacional presentó una demanda en ejercicio
del medio de control de repetición en contra del intendente Andrés Fabián Salguero
1 Que ingresó para fallo el 16 de agosto de 2024.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03942-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Rodríguez, quien se desempeñaba como el comandante de la patrulla de vigilancia
de la Metropolitana del Valle de Aburrá, con la finalidad de que se estableciera su
responsabilidad frente a los hechos que dieron lugar a la acción de reparación
directa identificada con el radicado No. 11001-33-36-036-2013-00157-00, en el que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, mediante
sentencia del 1° de febrero de 2018, declaró la responsabilidad agravada de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por el uso excesivo de la fuerza
pública.
3. El fundamento de la demanda de repetición fue el pago de la condena impuesta
a la entidad, el cual se efectuó el 13 de junio de 2022 y se formalizó a través de la
resolución No. 01647 de la misma fecha.
4. Mediante auto del 22 de noviembre de 2023, el Juzgado 37 Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda de repetición, al considerar que
había operado la caducidad de la acción, en tanto que la sentencia de reparación
directa quedó ejecutoriada el 19 de febrero de 2018, por lo que a partir del día
siguiente comenzó a transcurrir el plazo de los 10 meses que prevé el inciso 2 del
artículo 192 del CPACA para que la entidad cumpliera con el pago, pero este solo
se efectuó hasta el 13 de junio de 2022. La autoridad judicial contabilizó el término
de caducidad desde la fecha límite tenía la entidad tenía para cumplir con la
condena -20 de diciembre de 2018-, por lo que el término de dos años que establece
la ley para presentar oportunamente la demanda se venció el 20 de diciembre de
2020 y está solo se interpuso hasta el 13 de octubre de 2023, es decir, de forma
extemporánea.
5. Esta decisión fue objeto del recurso de apelación por parte de la entidad
demandante, la cual consideró que el término de caducidad debió contarse a partir
del pago de la condena; sin embargo, a través de auto del 23 de mayo de 2023, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, confirmó
la declaratoria de caducidad, con argumentos similares a los expuestos en la
primera instancia.
Pretensiones
6. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicita lo siguiente:
“PRIMERO: Que se tutelen los derechos fundamentales al Debido Proceso y al
acceso a la administración de justicia vulnerados en la providencia del 23 de
Mayo de 2024 notificado en Estado a los 27 días del mismo mes y año, proferido
por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Subsección A, con Ponencia de la Doctora Beatriz Teresa Galvis Bustos y Auto
del 22 de noviembre de 2023 notificado en la misma data del Juzgado 37
Administrativo de Bogotá, dentro del medio de control de repetición No
11001333603720230033000.
SEGUNDO: Dejar sin efectos la providencia del 23 de Mayo de 2024 notificado
en Estado a los 27 días del mismo mes y año, proferido por la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Subsección A, con Ponencia de
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03942-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
la Doctora BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOS y Auto del 22 de noviembre de
2023 notificado en la misma data del Juzgado 37 Administrativo de Bogotá,
dentro del medio de control de repetición No 11001333603720230033000 y en
consecuencia, se ordene a esa Autoridad judicial que en el término de un (1)
mes siguiente a la notificación de esta providencia, dicte un nuevo Auto que
tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas”.
Fundamentos de la demanda de tutela
7. La parte tutelante alega que con el auto del 23 de mayo de 2023 se le vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, en tanto que con la decisión adoptada el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en una violación directa de
la Constitución, al desconocer que la Policía Nacional interpuso la demanda de
repetición dentro del término legal y al declarar la caducidad de la acción.
8. La accionante considera que en el caso objeto de estudio no debió declararse la
caducidad de la acción, en razón a que en el CPACA se establecen dos premisas
para la contabilización del término de dos años para presentar la demanda; la
primera que se cuenta “a partir del día siguiente que se haya hecho el pago total por
parte de la entidad”, y la segunda, “o una vez concluyan los plazos establecidos
para dicho pago, es decir, al cabo de los dieciocho (18) meses de la ejecutoria y
para el efecto el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente
a la entidad obligada ”, por lo que, a su juicio, el cómputo para la interposición de la
acción de repetición podrá regirse por cualquiera de las dos posibilidades que prevé
la ley, siendo en este caso procedente que se inicie el conteo a partir del pago,
ocurrido el 13 de junio de 2022.
9. De igual forma, citó las normas que regulaban el tema del cobro de las sentencias
judiciales como son los Decretos 768 de 1993, 818 de 1994, Decreto 359 de 1995,
Decreto 2126 de 1997 y Decreto 4689 de 2005, para concluir que el retraso en el
pago de la obligación, en los términos exactos que establece el CPACA, obedeció
a factores externos a la institución, debido a que para sufragar ese pago se requería
de la asignación de recursos de parte del gobierno nacional, por lo que, según
indicó, esta realidad no podía ser desconocida por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo en pro de la protección de los recursos públicos, por lo que se le
debería permitir a la entidad recuperar las sumas de dinero canceladas por el actuar
doloso del demandado en el proceso de repetición.
10. También señaló que uno de los presupuestos para la interposición de la
demanda de repetición, según el artículo 142, así como el numeral 5 del artículo
161 del CPACA, es que se hubiese realizado el pago de la condena, lo que implica
que para la Policía Nacional no era posible acudir ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo en ejercicio de la acción de repetición sino solo hasta
que se produjera el pago de la obligación, lo cual fue desconocido por la autoridad
judicial accionada.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03942-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
11. Finalmente, expuso que el CPACA no derogó la Ley 678 de 2001, que, en su
artículo 11 dispuso que la acción de repetición caducaría al vencimiento del plazo
de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado
por la entidad pública, norma que, a su parecer, resulta aplicable al asunto objeto
de discusión, por lo que concluye que bajo este supuesto la demanda de repetición
que presentó no se encuentra caducada.
Trámite procesal.
12. Mediante auto del 1° de agosto de 2024, este despacho admitió la tutela de la
referencia, ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado; también vinculó al Juzgado 37 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y a los señores Andrés Fabián Salguero Rodríguez y
Jorge Luis Velásquez Franco como terceros interesados en las resultas del proceso.
Intervenciones
13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, al considerar que con el rechazo de la demanda
de repetición no se le vulneraron los derechos fundamentales de la accionante, en
tanto que se aplicó lo previsto en el artículo 164, numeral 2, literal l del CPACA, que
se refiere al conteo del término de la caducidad del medio de control de repetición,
toda vez que si bien la norma prevé dos supuestos, la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha precisado que debe tenerse en cuenta el primero que se configure por
lo que en este caso se contaron los dos años a partir del vencimiento del plazo de
los 10 meses con los que contaba la entidad para realizar el pago de la condena,
por lo que claramente se evidenció que el derecho de acción fue ejercido de forma
extemporánea.
14. De igual manera, señaló que el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 debe
armonizarse con lo previsto en el artículo 192 del CPACA, para concluir que el
término para demandar debe empezar a correr una vez se efectúe el pago en plazo
legal o una vez vencido este, lo que ocurra primero.
15. Finalmente, en cuanto al argumento frente a la situación financiera de las
entidades públicas para efectuar el pago de las condenas, la autoridad judicial
accionada señaló que no era admisible esa excusa, dado que el término de
caducidad no puede dejarse al arbitrio de las partes y permitir que las entidades
públicas lo suspendan indefinidamente hasta que realicen el pago de la obligación,
atentaría contra el derecho de defensa de los agentes estatales en contra de los
que se repite.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03942-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
II. C O N S I D E R A C I O N E S
16. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
17. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces2.
18. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber3.
19. i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para
proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial.
20. Revisada la demanda de tutela, se evidencia que la accionante cuestiona el
estudio de caducidad efectuado tanto por el Juzgado 37 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A respecto de la acción de repetición, en el sentido de
manifestar que debió considerarse para tales efectos la fecha en la que
efectivamente la entidad cumplió con el pago de la condena.
21. En el auto del 23 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A confirmó la providencia del 22 de noviembre de
2023, proferida por el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al
rechazar la demanda de repetición presentada por la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional, esto en los siguientes términos:
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E),
expediente 11001-03-15-000-2019-04646-00; Sentencia de tutela del 16 de enero de 2019,
expediente 11001-03-15-000-2018-04124-00, M.P. César Palomino Cortés; entre otros. 8 sentencia
T–422 de 2018.
3 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. consejero
ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03942-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
“La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
modificó la condena impuesta contra la Nación -Ministerio de Defensa-Policía
Nacional por las lesiones del señor Jorge Luis Velásquez Franco, quedó
ejecutoriada el 19 de febrero de 2018 y, el plazo que tenía la demandante para
pagar la condena venció el 19 de diciembre de 2018, es decir, transcurridos diez
meses de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, por lo que, el término para
formular la demanda de repetición empezó a correr a partir del día siguiente.
El plazo para acudir al medio de control de repetición, según el artículo 164.2
CPACA, sin modificar la Ley 2195 de 2022, es de 2 años contados desde el día
siguiente a la fecha del pago de la condena, o, a más tardar desde el
vencimiento del plazo de la Administración para el pago.
Como la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional pagó la condena el 13
de junio de 2022, lo hizo por fuera del plazo de 10 meses establecido en el
artículo 192 CPACA, pues este venció el 19 de diciembre de 2018. De modo
que el término de 2 años comenzó a correr el 20 de diciembre de 2018, y venció
el 20 de diciembre de 2020. Como la demanda se radicó el 13 de octubre de
2023, operó el fenómeno de la caducidad” (resaltado del original).
22. De conformidad con lo anterior, la Subsección considera que para llegar a la
conclusión de declarar la caducidad de la acción de repetición y, con fundamento
en ello, rechazar la demanda, se aplicaron las normas procedentes que regulan la
materia, es decir, los artículo 164 y 192 del CPACA, que prevén que el término de
caducidad en este caso se debía contar desde el vencimiento del plazo de los 10
meses con los que contaba la entidad para realizar el pago de la condena impuesta
en el proceso de reparación directa, sin que resulte admisible el criterio expuesto
por la accionante, no solo con fundamento en ley, sino también en la jurisprudencia
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
23. Al respecto, la entidad accionante manifiesta que el conteo del término de
caducidad para presentar la demanda de repetición debió iniciar teniendo en cuenta
la fecha efectiva de pago, en tanto que así estaba dispuesto en el artículo 11 de la
Ley 678 de 2001; sin embargo, resulta necesario advertir que, mediante sentencia
C-394 de 2002, la Corte Constitucional se pronunció sobre varios artículos de esa
ley. Frente al tema en concreto precisó lo siguiente:
“Cabe recordar que esta Corporación en la Sentencia C-832 de 2001, hizo un
análisis específico de la fecha a partir de la cual debe contarse el término de
caducidad de la acción de repetición, al estudiar la constitucionalidad de
algunas expresiones del numeral 9 del artículo 134 del Código Contencioso
Administrativo y que en la referida sentencia condicionó la constitucionalidad
de las mismas a que se entendiera que el término de caducidad empieza a
correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más
tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177
inciso 4 del Código Contencioso Administrativo.”
24. Cabe aclarar que el primer inciso del artículo 11 de la Ley 678 de 2001 reproduce
de manera idéntica la norma del Código Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que se refiere a la caducidad de la acción de repetición, por lo que la
Corte consideró que se configuró el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, en
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03942-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
tanto que en la sentencia C–832 de 2001 ya se había pronunciado sobre el mismo
asunto. En esa oportunidad se indicó lo siguiente:
“De acuerdo a lo señalado en el punto 4.1, si la entidad condenada,
incumpliendo la normatividad anotada, desborda los límites de tiempo señalado
para el pago de las citadas condenas, ello no puede afectar el derecho al
debido proceso del servidor presuntamente responsable, razón por la cual, la
norma será declarada exequible bajo el entendido de que el término de
caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que
efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo
de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso
Administrativo.”
25. Así las cosas, en el CPACA se contempló el alcance dado por la Corte
Constitucional frente a este tema, por lo que en el literal l, del numeral 2, del artículo
164, norma aplicable al caso en concreto4, se estableció lo siguiente:
“l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de
una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término
será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago,
o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración
para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código”.
26. De conformidad con lo expuesto, resulta claro que la norma en cita prevé dos
supuestos para determinar el conteo del término de caducidad de la acción de
repetición, pero estos no son aplicables a conveniencia de las partes, sino que
responden a criterios objetivos sin que sea posible entender que la entidad pública,
por situaciones financieras u otras consideraciones, tenga a su arbitrio la posibilidad
de suspender este término, como consecuencia de la mora en el pago de sus
obligaciones, en tanto que ello iría en contravía de los derechos de los servidores
públicos presuntamente responsables, pero también de la seguridad jurídica, con lo
que se afectaría la protección del interés general.
27. En este caso la Sala considera que la providencia cuestionada se encuentra
plenamente sustentada y sigue los parámetros determinados por la jurisprudencia
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional para determinar el conteo del
término de caducidad de la acción de repetición, por lo que se concluye que los
cuestionamientos planteados por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional a través de la acción de tutela carecen de relevancia constitucional y por
el hecho de que la decisión adoptada no resultara favorable a la ahora accionante,
no se puede predicar que el auto del 13 de mayo de 2024 sea violatorio de la
constitución o la ley.
28. Para la Subsección es claro que el propósito de la accionante es reabrir el
debate que ya terminó, en forma válida, en sede del juez natural de la causa,
desconociendo que, como lo ha señalado la Corte Constitucional, “la acción de
4 Aunado a esto, en el artículo 192 del mismo estatuto procesal se modificó el plazo máximo para el
pago de las condenas a 10 meses.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03942-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
tutela contra providencias judiciales es concebida como un ‘juicio de validez’ y no
como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado5 , lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la
controversia, más aun cuando las partes cuentan con los recursos judiciales, tanto
ordinarios como extraordinarios para combatir las decisiones que estiman arbitrarias
o que son incompatibles con la Carta Política”6 .
29. Así las cosas, al no ser este el escenario idóneo para estudiar cuestiones que
son de resorte de los jueces naturales, se declarará la improcedencia de la acción
de tutela en este caso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por las razones expuestas en la
parte motiva de la esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
5 Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) indicó:
‘(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado en la
supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una labor
de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la tutela
se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia judicial
resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos fundamentales’.
Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018 (MP Cristina Pardo
Schlesinger).”
6 Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-03942-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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