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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03951-00

Fecha
4 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03951-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el Consejo Comunitario de Negritudes de Robles, representado legalmente por la señora Gina Elena Gutierrez Viveros en contra de la Agencia Nacional de Tierras- ANT y el señor Juan José Castro Zarzur, conforme a los motivos señalados en la parte considerativa. Segundo: Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República, la Contraloría General de la República, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, la Universidad del Valle. Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03951-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de septiembre de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03951-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03951-00
Accionante: Consejo Comunitario de Negritudes de Robles
Accionados: Agencia Nacional de Tierras y otros

Tema: Acción de tutela para que la Agencia Nacional de Tierras cancele el
valor de unos terrenos y los entregue al Concejo Comunitario de
Negritudes de Robles.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el Consejo Comunitario de
Negritudes de Robles, representado legalmente por la señora Gina Elena
Gutierrez Viveros en contra de la Agencia Nacional de Tierras- ANT, el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República, la Contraloría General de
la República, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, la Universidad del
Valle y el señor Juan José Castro Zarzur.

ANTECEDENTES

HECHOS

Narra la parte actora que se realizó proceso de compraventa por parte de la
Agencia Nacional de Tierras ofertando los predios, Las Piedras y El Teteral
identificados con matrículas inmobiliarias 370 – 123459 y 370 – 51374
respectivamente; para ser adjudicados a los Consejos Comunitarios de Robles y
del Alterón.

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La tierra no ha sido entregada a los Consejos Comunitarios de Robles ni pagadas
al propietario señor JUAN JOSE CASTRO ZARZUR a pesar de estar registradas
en la oficina de registro de Instrumentos Públicos ya a nombre de la Agencia
Nacional de Tierras.

Que la situación de orden público que acecha nuestro país y específicamente el
territorio de Jamundí Valle, no ha permitido que la comunidad referida se asiente
en los predios mencionados “para poder protegernos y resguardarnos, teniendo
un techo y un sustento mínimo”; sus vidas están en inminente peligro y amenazas
constantes de los grupos armados como las disidencias de las FARC.

Que la Agencia Nacional de Tierras se niega a pagar y entregar los predios al
Consejo Comunitario hasta que la Universidad del valle y el IGAC ratifiquen un
avaluó ya realizado aprobado y auditado por ellos mismos; para lo cual requirió
el 21 de junio de 2024 a dichas instituciones.

Que se trata de barreras administrativas, que la Universidad del Valle se ratificó
en el avalúo; que hacer un nuevo avalúo pone en peligro las vidas de los
integrantes de esa comunidad y que han presentado solicitudes a las accionadas
sin obtener solución alguna, pese a que ya existe escrituración, registro y orden
de pago con disponibilidad presupuestal.

Que las comunidades afrocolombianas son grupos culturalmente diferenciados
que cuentan con derechos grupales especiales de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1º del Convenio 169 de la OIT, como un "pueblo tribal".

PRETENSIONES

Solicita se tutele “nuestros derechos fundamentales a la vida”, ordenando a la
Agencia Nacional de Tierras, proceder de inmediato con la entrega de los
predios Las Piedras identificado con matrícula inmobiliaria 370 – 123459 y El
Teteral identificado con matrícula inmobiliaria 370 – 51374 y el pago al vendedor
“para así poder asentador (sic) y salvaguardar nuestras vidas.”

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TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue admitida por consejero ponente el 31 de julio de 2024,
mediante proveído en el que se ordenó la notificación a los accionados y se negó
la medida provisional y las pruebas solicitadas. Igualmente, se solicitó acreditar
la voluntad de la comunidad para ser representada en tutela por la representante
legal del Consejo.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

La Agencia Nacional de Tierras en respuesta a la acción de tutela manifiesta
que en el procedimiento administrativo de compra de los predios “Las Piedras”
y “El Teteral”, la Universidad del Valle, en el marco del Contrato
Interadministrativo ANT 20232686, celebrado por esa Entidad y la ANT, realizó
los avalúos, y que tras realizar las etapas administrativas correspondientes, se
celebró el negocio de compraventa entre la ANT como compradora y el señor
JUAN JOSE CASTRO SARZUR como vendedor, por medio de la Escritura
Pública No. 355 del 29 febrero 2024, otorgada en la Notaría 63 del Círculo
Registral de Bogotá D.C., la cual fue registrada en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali el 11 de marzo de 2024, tal como consta en los
certificados de tradición correspondientes.

Que previo a la realización del pago de los inmuebles por parte de la entidad, se
recibió el 19 de abril una denuncia dirigida al correo institucional del doctor Astolfo
Aramburo Vivas, Director de Asuntos Étnicos de la ANT, por presunta corrupción
en el avalúo realizado por la Universidad del Valle sobre el predio “Las Piedras”
con FMI 370-123459, en donde se solicitó: “(…) se indague sobre el predio de la
referencia, donde se están dando al parecer procedimientos irregulares e
inadecuados para la adquisición de este en relación con el valor, se rumora que
existe contubernio entre personas de la ANT y ciertas personas de afuera para
favorecer este tipo de negocios.”

Que por esta razón se suspendió el proceso de pago de los inmuebles, hasta
tener plena certeza de la validez de los avalúos realizados por la Universidad del
Valle y ante esto, el vendedor no ha realizado la entrega material a la Agencia

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Nacional de Tierras; por lo que cual resulta jurídica y materialmente imposible
acceder a las pretensiones de la parte accionante.

Afirmó que no puede examinarse la conducta de la ANT al suspender el pago
como si se tratase de un particular, en tanto que a la Entidad le asiste la obligación
de velar por el adecuado uso de los recursos públicos; por lo que debe verificar
la situación, pues una conducta contraria podría ser punible, disciplinaria y
penalmente

Que de acuerdo con lo anterior, resulta necesario e indispensable realizar la
verificaciones de las actuaciones desarrolladas en el proceso de compra de los
predios, por lo cual se realizó una verificación in situ por parte de un perito experto
avaluador de la Dirección de Asuntos Étnicos, en donde en visita realizada a
finales del mes de mayo de 2024 en la zona de los predios y realizó el estudio de
mercado.

Que adicionalmente, desde la Dirección de Asuntos Étnicos, y en el marco del
convenio IGAC ANT-20245759, se solicitó por medio de radicado
202450008753441 del 21 de junio de 2024, al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi – IGAC, como máxima autoridad Catastral y avaluadora y a la
Universidad del Valle, en el marco del contrato Interadministrativo ANT
20232686, que dentro del marco de sus responsabilidades y competencias,
rindan informe sobre la realidad respecto del valor de los inmuebles referidos.

Que al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, le reiteró dicha solicitud por
medio de radicado 202450009536001 del 05 de agosto de 2024, “para que en el
marco del convenio IGAC ANT-20245759, se programe la visita para realizar los
avalúos, y que los gastos que generen dichas gestiones sean cubiertos en el
marco del referido convenio, con lo cual desde la ANT se está a la espera de la
programación de las visitas, y del resultado que generen las gestiones del IGAC.”

Que la Universidad del Valle dio respuesta a la ANT mediante la comunicación
con radicado 202462005131072 del 16 de julio de 2024, ratificando su actuación
en la realización de los avalúos; sin embargo, resulta necesario que el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, como máxima autoridad catastral y

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avaluadora, practique nuevos avalúos para conocer la realidad respecto del valor
de los inmuebles referidos, para que la ANT pueda cumplir con la debida
diligencia que se requiere en el manejo de recursos públicos, y para verificar la
veracidad o no, de la denuncia presentada.

En este sentido, si tras el resultado de los avalúos que realice el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC sobre el valor de los predios “Las Piedras” y
“El Teteral”, se concluye que los avalúos realizados por la Universidad del Valle
son adecuados, se podrá desestimar la denuncia efectuada, realizar el pago de
los predios y a su entrega material por parte del vendedor, se podrá finalizar el
procedimiento administrativo de compra realizar la titulación colectiva a la
comunidad accionante.

Finalmente, informa que mediante la comunicación con radicado
202450008992751 del 04 de julio de 2024, se le presentó un informe actualizado
a la señora GINA ELENA GUTIERREZ, representante Legal Consejo
Comunitario de Robles, sobre las gestiones adelantadas en cuanto al
procedimiento de compra de los predios solicitados en titulación colectiva y
Concluye que la súplica de salvaguarda a los derechos fundamentales, que se
han visto vulnerados por los actores del conflicto armado, debería ser resuelta
por las fuerzas militares del Estado Colombiano, que son la autoridad competente
de velar por la seguridad de los ciudadanos.

La Universidad del Valle manifestó que ha prestado los servicios de avalúo a
la Agencia Nacional de Tierras, actuando conforme a los términos establecidos
y con los estándares de calidad propios de la institución y que, frente al caso en
particular, mediante comunicado N° 202462005131072 del 16 de julio de 2024
se ratificó en los avalúos dentro del procedimiento de compra de predios.

Manifestó que tuvo conocimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado
Cuarto Promiscuo de Familia de Palmira Valle del Cauca, el 26 de Julio de 2024
con identidad de pretensiones y adjuntó copia de este.

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En relación con la pretensión de la tutela indicó que la universidad del Valle
carece de capacidad jurídica para influir o determinar lo solicitado por la
accionante; por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva y en
consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite tutelar.

La Presidencia de la República, mediante apoderada propuso falta de
legitimación por pasiva, al observar que los reclamos y solicitudes del accionante
van dirigidos a requerir actuaciones de otras entidades sobre las no tiene
competencia funcional. Específicamente expresó que no tiene competencia para
intervenir en los asuntos propios de la Agencia Nacional de Tierras.

Precisó que la Agencia Nacional de Tierra (ANT) cuenta con autonomía
administrativa y financiera y está adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural. Es responsable de administrar las tierras como recurso para el desarrollo
rural, gestionar la política de acceso a tierras y garantizar la seguridad jurídica en
lo relacionado con la propiedad de tierras. Su función principal es consolidar y
proteger los derechos de propiedad en el ámbito rural, contribuyendo al
ordenamiento territorial y al acceso equitativo a la tierra en el país.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración del derecho
fundamental del accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela II) Temeridad y III) caso concreto.

I) Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

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II)Temeridad en la acción de tutela

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, define una actuación temeraria cuando,
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

La disposición normativa pretende salvaguardar el principio de buena fe
contemplado en la Constitución Política de 1991, que se ve menoscabado en el
evento en que se presentan varias acciones de amparo idénticas, sin motivo justo
expresamente probado y sin que medie un hecho nuevo que justifique acudir
nuevamente a la administración de justicia.

La figura de la temeridad encuentra también su fundamento en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, previamente citado, el cual dispone que al momento en
que una persona pretenda interponer una demanda de tutela, esta “deberá
manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto
de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las
consecuencias penales del falso testimonio”, lo cual responde al interés superior
de garantizar la eficacia y el funcionamiento del Estado, al entender la actuación
temeraria como una utilización impropia de la acción de tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional señaló la actuación temeraria es aquella que
vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para satisfacer
un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho cuando
deliberadamente y sin razón, se instaura nuevamente una acción de tutela.
Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en todas las actuaciones de los
particulares ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que
debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones
injustas.

En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente
acreditada y no ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando
circunstancias meramente formales.

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Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha fijado los lineamientos tendientes
a identificar en qué situaciones se configura una actuación temeraria, al ser
entonces necesario que concurran los siguientes elementos: “(i) identidad fáctica
en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la
otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su
representante; (iii) identidad del sujeto accionado; y (iv) falta de justificación para
interponer la nueva acción”. 1

En consecuencia, es deber del juez de tutela analizar de forma exhaustiva los
hechos, las pretensiones y los fundamentos del caso en concreto, para así
poder declarar la improcedencia de la acción de amparo por existencia de la
figura de temeridad y de manera concomitante, impondrá la correspondiente
sanción, una vez verifique la identidad de partes, de hechos, de pretensión y
adicionalmente, de que no existe una causa razonable para hacer uso
nuevamente de la acción, en el caso de que efectivamente se presente la
identidad.2

III) Caso concreto

Mediante la acción de tutela instaurada por el Consejo Comunitario de Negritudes
de Robles del municipio de Jamundí se pretende que le sean entregados a esa
comunidad los predios denominados Las Piedras, identificado con matrícula
inmobiliaria 370–123459 y El Teteral identificado con matrículas inmobiliaria
370–51374, por parte de la Agencia Nacional de Tierras; teniendo en cuenta que
se realizó la compraventa de dichos terrenos, la inscripción en la Oficina de
Registro de instrumentos públicos y se encuentra pendiente el pago para el recibo
material de los inmuebles.

Ante la información allegada con la respuesta de la universidad de Valle, acerca
de que ya en el Juzgado Cuarto Promiscuo de Familia de Palmira Valle del Cauca
resolvió tutela el 26 de Julio de 2024 con identidad de pretensiones, resulta
necesario verificar esa situación y se observa:

1 Corte Constitucional. Sentencia T 897 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
2 Ibídem

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76-520-31-84-004-2024-00198-00 11001-03-15-000-2024-03951-00

Demandante: Consejo Comunitario de Demandante: Consejo Comunitario de
Negritudes de Robles El Ateron, representado Negritudes de Robles El Ateron, representado
por MARLY BARONA CHARA por GINA ELENA GUTIERREZ VIVEROS

Accionados: Agencia Nacional de Tierras, Accionados: Agencia Nacional de Tierras-
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Ministerio de Agricultura-Procuraduría-
Universidad del Valle Defensoría del Pueblo-Presidencia de la República
– Juan José Castro Zarzur-Universidad del Valle
Contraloría Gral de la República

Derechos: Vida mínimo vital, vivienda. Derecho a la vida

Los hechos se resumen en que la ANT no les ha
Los hechos se resumen en que la ANT no les ha
entregado los predios “Las Piedras y El Teteral,
entregado los predios “Las Piedras y El Teteral,
sobre los cuales ya se suscribió el contrato de
sobre los cuales ya se suscribió el contrato de
compraventa y se registró, pero no han sido
compraventa y se registró, pero no han sido
entregado por el comprador porque tampoco se
entregado por el comprador porque tampoco se ha
ha pagado el precio por parte de la compradora.
pagado el precio por parte de la compradora.

La tutela se fundamenta en que la comunidad
La tutela se fundamenta en que la comunidad necesita esos pues teniendo la propiedad pueden
necesita esos pues teniendo la propiedad pueden resguardarse de los ataques de las farc y sin ellos
resguardarse de los ataques de las farc y sin ellos corre peligro la vida.
corre peligro la vida.

Pretensiones:
Pretensiones:
Que se tutelen los derechos fundamentales afro
1. Se tutelen nuestros derechos fundamentales a ocupar los territorios y asentarnos, vida, vida
a la vida digna y vivienda
2. Ordenar a la agencia nacional de tierras a
proceder de inmediato con la entrega de los B. Que se ordene a las accionadas a respeta y
predios Las Piedras identificado con aplicar r el bloque de constitucionalidad-
matrícula inmobiliaria 370 – 123459 y El Convenio 169 de la OIT
Teteral identificado con matrícula C. Se ordene a las accionadas no dilatar más ni
inmobiliaria 370 – 51374 y el pago al imponer barrares administrativas para la entrega
vendedor para así poder asentador y de las tierras ya escrituradas registradas y con
salvaguardar nuestras vidas. disponibilidad presupuestal número 8/47 2024-
01/10
D. Se ordene emitir los conceptos necesarios
para la entrega inmediata de las tierras.

Las solicitudes de tutela son idénticas, con pequeñas variaciones, como la

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redacción de las pretensiones, los derechos invocados y las entidades que se
incluyen en la presente como accionadas; en relación con las cuales ni siquiera
se tienen pretensiones. Ambas acciones son promovidas por el Consejo
Comunitario de Negritudes de Robles, representado por personas diferentes, en
relación con las cuales se aportó documento de la alcaldía certificando dicha
representación.

No obstante, la Sala no establecerse la temeridad en la acción, pues no se
observa mala fe en quien acciona en segundo lugar en nombre del Consejo
Comunitario, en un intento por la protección de los derechos que invoca.

Tampoco se establece la cosa juzgada, pues en el expediente 76-520-31-84-004-
2024-00198-00 se observa que el fallo del Juzgado cuarto Promiscuo de Familia
de Palmira valle del cauca fue impugnado y remitido al Tribunal Superior de Buga
Sala Civil Familia; el cual decidió anular lo actuado y remitir el expediente a otro
despacho para su conocimiento.

Con las anteriores aclaraciones, se procede entonces al estudio del problema
planteado.

Asegura la representante del Consejo Comunitario que la Agencia Nacional de
Tierras opone barreras administrativas para la entrega de los terrenos a la
comunidad, al no pagar al vendedor el valor de los terrenos “Las Piedras” y “El
Teteral” para entregarlos a la comunidad. Afirma también que la no entrega de
esos predios pone en peligro la vida de los líderes e integrantes del Consejo
Comunitario, pues la propiedad colectiva que reclaman les permitiría
resguardarse de los ataques de las disidencias de las FARC que actúan esos
territorios.

No obstante, el escrito no ofrece claridad sobre la manera como la titulación de
los terrenos puede hacer la diferencia en el peligro que señalan, pues también se
refiere a que las comunidades negras tienen derecho a la propiedad colectiva de
sobre las tierras que habitan, dando a entender que ya esa comunidad ocupa los
mencionados predios.

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Es así, que la Sala no encuentra la relación entre los hechos aducidos y la
vulneración del derecho fundamental a la vida aquí invocado; además de que,
tratándose de un riesgo o amenaza para la vida e integridad de las personas, lo
procedente es solicitar la protección a las autoridades encargadas, valga decir,
las fuerzas armadas del estado y/o la Unida Nacional de protección, gestiones
que no aparecen acreditadas en el caso a estudio; de manera que no resulta
procedente emitir una orden de amparo que, en todo caso, no podría ser la
pretendida por la actora, conforme a lo expresado anteriormente.

Adicionalmente, el juez de tutela no está llamado a intervenir en los
procedimientos administrativos de adquisición y adjudicación de los predios por
parte de la Agencia Nacional de Tierras; cuando esta ha indicado que debe
realizar las averiguaciones previas relacionadas con una posible colusión en la
expedición del avalúo, siendo su obligación en aras del adecuado uso de los
recursos y, teniendo en cuenta como ya se expresó, que no aparece acreditado
el peligro para el derecho fundamental que se invoca, ni la debida gestión de los
titulares ante las autoridades encargadas de protegerlo en primer lugar.

Aparte, como se señaló también como accionado al señor Juan José Castro
Zarzur, vendedor de los predios que ante la falta de pago se niega a entregarlos,
debe decir esta Subsección que, los conflictos surgidos de la relación contractual
entre este señor y la Agencia Nacional de Tierras no es asunto que corresponda
dirimir al juez de tutela.

Conforme a las consideraciones expuestas, se declarará la improcedencia de la
tutela en contra de la Agencia Nacional de Tierras- ANT y el señor Juan José
Castro Zarzur y se declarará la falta de legitimación en la causa de las demás
entidades accionadas, por no encontrarse dentro de sus funciones la satisfacción
de lo pretendido mediante este mecanismo constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA:

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el Consejo
Comunitario de Negritudes de Robles, representado legalmente por la señora
Gina Elena Gutierrez Viveros en contra de la Agencia Nacional de Tierras- ANT
y el señor Juan José Castro Zarzur, conforme a los motivos señalados en la parte
considerativa.

Segundo: Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República, la Contraloría General de
la República, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, la Universidad del
Valle.

Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase
el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC

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