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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03952-00

Fecha
5 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03952-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada tanto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como por la Alcaldía Distrital de Bogotá, conforme a las consideraciones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Edilsa Arias Escamilla, y en consecuencia; se ORDENA a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha de notificación del presente fallo, emita una respuesta de fondo, clara y precisa, frente a la solicitud elevada por la accionante bajo el radicado 1002151473, la cual deberá ser notificada al actor, conforme a la ley. ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, envíe a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., copia de la queja formulada por la accionante ante dicha entidad el día 8 de julio de la presente anualidad. TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental a la vivienda digna, en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas, de la señora Edilsa Arias Escamilla, y en consecuencia; se ORDENA a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, y dentro del límite de sus competencias, adelante todas las acciones pertinentes que permitan eliminar la afectación generada al lugar de habitación de la accionante, debido a las filtraciones de agua provenientes de sus redes de acueducto. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03952-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

5 de septiembre de 2024

Demandante: Edilsa Arias Escamilla
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03952-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03952-00
Demandante: EDILSA ARIAS ESCAMILLA
Demandado: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE BOGOTÁ

Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales
a la vivienda digna, en conexidad con la salud, vida e integridad
personal.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por la señora
Edilsa Arias Escamilla contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Edilsa Arias Escamilla, actuando en nombre propio, promovió acción
de tutela1 contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en la que
pretende el amparo de sus derechos fundamentales a la vivienda digna y la
propiedad privada, en conexidad con la salud, vida e integridad personal.

Lo anterior, porque a la fecha la entidad accionada no ha realizado las
reparaciones a las redes de acueducto y alcantarillado que se encuentran
afectando su lugar de habitación.

1 Radicada el 30 de julio de 202 – índice 01 de Samai.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edilsa Arias Escamilla
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03952-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

SEGUNDO: Ordenar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA y/o quien corresponda, que realice de
forma inmediata las reparaciones a las redes de acueducto y alcantarillado
que se encuentran afectando mi predio. Id
Documento:11001031500020240395200005025220002.

TERCERO: Ordenar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA, realizar las reparaciones de los daños
causados a mi predio en relación a pisos, paredes y demás arreglos
requeridos causados por el daño proveniente de la filtración de agua.2

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que,
a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

De acuerdo con lo señalado por la parte actora, el día 22 de junio del presente
año, comenzó a notar que salía agua por las paredes del primer piso de su casa,
luego de verificar, logró identificar que provenía directamente de las Redes de
alcantarillado de su barrio.

Adujo que, con el fin de obtener una respuesta rápida, y oportuna, intentó
comunicarse en varias oportunidades con la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá; sin que ello hubiere sido posible, razón por la cual
radicó ante la entidad una solicitud bajo el radicado 1002151473, sin que para la
fecha de presentación de la presente acción se hubiese emitido pronunciamiento
de fondo al respecto.

Refirió que, con posterioridad radicó queja ante la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios bajo el No. 20248002909862, sin que la misma hubiese
sido resuelta.

1.4. Sustento de la vulneración

La accionante consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales a la
vivienda digna y la propiedad privada, en conexidad con la salud, vida e integridad
personal, por cuanto a la fecha de presentación de la tutela la entidad accionada

2 Transcripción literal, por lo que puede contener errores. Índice 2 del aplicativo SAMAI.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Edilsa Arias Escamilla
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03952-00

no había realizado las reparaciones a las redes de acueducto y alcantarillado que
se encuentran afectando su lugar de habitación.

Aseveró que la filtración de agua al ser tan constante y abundante empezó a
producir daños en su vivienda, afectando de manera directa toda su estructura,
circunstancia que los ha obligado a buscar albergue en las casas de sus
familiares, con el fin de proteger el estado de salud de su familia y cuidar su
integridad. Adujo además que en la actualidad, en la referida vivienda habita su
hija y su esposo, quien es un adulto mayor de 60 años de edad.

Por último, refirió que ante la situación presentada se ha visto en la obligación de
realizar diferentes obras sin lograr corregir el daño que origina el flujo de agua
que ingresa de manera directa a su vivienda.

Destacó que actualmente no cuenta con recursos económicos para generar más
reparaciones a su lugar de habitación la cual está totalmente inhabitable por los
daños aducidos.

1.5. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante providencia del 9 de agosto de 2024, la magistrada ponente de esta
decisión admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora3, a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá4, al Distrito Capital de Bogotá5,
y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios6 en calidad de
accionados y terceros interesados.

Así mismo, en la citada providencia, se ordenó requerir a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios para que remitiera con destino al proceso de la
referencia, el expediente correspondiente a la queja formulada por la señora Arias
Escamilla, bajo el radicado 20248002909862; o el que repose en la base de datos
de dicha entidad, y a su vez se requirió a la accionante para que allegara copia
del derecho de petición formulado ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá, al igual que la copia de su cédula de ciudanía, y la de las personas
respecto de quien aduce ser su cónyuge e hija.

3 Notificación efectuada al correo electrónico: yunani24@hotmail.com; índice 9 del aplicativo
Samai
4 Notificación efectuada a los correos electrónicos:
notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co;
notificaciones.electronicas@acueducto.com.co; índice 9 del aplicativo Samai.
5 Notificación efectuada a los correos electrónicos:
notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co;
notificacionesarticulo197secgeneral@alcaldiabogota.gov.co; índice 9 de Samai.
6 Notificación efectuada a los correos electrónicos:
notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co; notificacionestutela@superservicios.gov.co
notificacionestutelas@superservicios.gov.co índices 9 y 11 de Samai.

3

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Demandante: Edilsa Arias Escamilla
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03952-00

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes:

1.6.1. Alcaldía Distrital de Bogotá7

La Alcaldía Distrital de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat,
allegó escrito en el que manifestó que dicha entidad no se encuentra legitimada
en la causa por pasiva para comparecer al presente asunto, por cuanto las
pretensiones de la tutela se encuentran dirigidas a la Empresa de Acueducto
Alcantarillado de Bogotá, entidad que cuenta con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa.

Así mismo, refirió que si bien dicha dependencia se encuentra vinculada a la
mencionada empresa de servicios públicos, no tiene dentro de sus competencias
atender los daños en la red de alcantarillado de agua, ni ordenar la suspensión
y/o restablecimiento de los servicios públicos que se encuentran a su cargo.

Por último, resaltó que la autonomía de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá, impiden configurar el nexo causal entre lo establecido por la
accionante y las competencias de dicha entidad, motivo por el cual solicitó
declarar su falta de legitimación.

1.6.2. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios8

Manifestó que, dicha entidad recibió una queja presentada por la señora Edilsa
Arias Escamilla en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá (EAAB), a través de la plataforma «TE RESUELVO», la cual fue
registrada el día 08 de julio de 2024 bajo el No. 20248002909862, donde se
solicitó la reparación inmediata de un daño en la prestación del servicio y se
advirtió sobre los riesgos materiales, de salud y económicos que podría
enfrentar de no ser atendido dicho problema de manera oportuna.

Adujo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 154 de la Ley 142 de
1994, dicha entidad actúa como instancia de revisión en los reclamos
presentados por los usuarios, una vez agotada la primera instancia ante la
empresa prestadora del servicio. Por lo tanto, una vez recibida la queja, el
mismo día de su recepción, procedió a trasladarla por competencia a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), conforme a lo
previsto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, a través de la dirección de

7 Índices 12 y 13 del aplicativo Samai.
8 Índice 11 del aplicativo SAMAI.

4

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Demandante: Edilsa Arias Escamilla
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03952-00

correo electrónico registrada por la empresa para estos efectos.

Refirió que, la situación anterior fue puesta en conocimiento de la accionante
el 8 de julio de la presente anualidad, mediante correo electrónico, en el que
se le explicó que la superintendencia no puede intervenir hasta que la empresa
no agote su competencia y el usuario recurra a dicha entidad en segunda
instancia mediante la interposición de recursos.

En virtud de lo anterior, destacó que en su rol de vigilante y en cumplimiento
del marco normativo, no está facultada para intervenir directamente en la
resolución de problemas técnicos o en la ejecución de obras de reparación que
son de competencia exclusiva de la empresa prestadora del servicio, pues su
intervención se limita a la revisión de las decisiones tomadas por la empresa
en el contexto del recurso de apelación interpuesto por el usuario.

En razón a lo anterior, consideró que no ha incurrido en ninguna acción u
omisión que pueda ser considerada como vulneradora de derechos
fundamentales, al haber cumplido con su obligación de trasladar la queja a la
empresa prestadora, por lo que solicitó declarar la improcedencia de la
presente acción o su desvinculación del trámite.

1.6.3. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, pese a estar
debidamente notificada,9 guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Si se atiende a lo indicado en la demanda, al Consejo de Estado no le
correspondería conocer de la solicitud de amparo, comoquiera que, la tutela se
dirige contra una autoridad pública del orden Distrital por ello el reparto del
mecanismo de protección constitucional debería hacerse en primera instancia, a
los Jueces Municipales.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y al numeral 2º del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

9 Pues de acuerdo con lo consignado en el índice 9 del aplicativo Samai, la notificación se efectuó

a la entidad al correo electrónico Notificación efectuada al correo electrónico:
notificaciones.electronicas@acueducto.com.co; el cual coincide con el señalado en la página web
de la entidad para efectos de notificaciones, esto es,
https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/atencion-al-
usuario/servicio_al_cliente#:~:text=La%20Empresa%2C%20de%20acueducto%20y,y%20en%2
0la%20l%C3%ADnea%20116.&text=correo%20electr%C3%B3nico%3A%20notificacionesycom
unicaciones%40acueducto.com.co.

5

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Demandante: Edilsa Arias Escamilla
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03952-00

3. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las
disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los
despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de
tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado
por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta
forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la
administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este
conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del
asunto en sede de instancia10. (Negrita y subrayado fuera del texto).

Igualmente, las consideraciones del máximo Tribunal Constitucional coinciden
con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se advirtió:

PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por
ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de
competencia.

En cumplimiento de las directrices jurisprudenciales y normativas expuestas, el
Consejo de Estado asume la competencia para conocer de la demanda
presentada por la señora Arias Escamilla.

2.2. Cuestión previa

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó la desvinculación
del presente proceso, petición a la que no se accederá comoquiera que ante esta
entidad se formuló queja con fundamento en los hechos que dieron lugar a la
interposición de la presente acción, razón por la cual resulta necesario verificar
si incurrió en algún quebrantamiento a las garantías constitucionales invocadas.

En igual sentido, no se accederá a la solicitud de desvinculación elevada por la
Alcaldía Distrital de Bogotá, puesto que su vinculación al proceso se dio en
calidad de tercero con interés.

2.3. Problema jurídico

Tomando en consideración la situación fáctica expuesta, el material probatorio
recaudado y los informes y argumentos esgrimidos, corresponde a esta sala
resolver los siguientes problemas jurídicos:

10 Auto 462 de 2019, Corte Constitucional.

6

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Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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• ¿La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, vulneró el derecho
fundamental de petición de la accionante, por la falta de respuesta a la
solicitud radicada por ésta bajo el No? 1002151473?

• ¿La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (accionado), el
Distrito Capital de Bogotá, y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (vinculados) trasgredieron los derechos fundamentales a la
vivienda digna y la propiedad privada, en conexidad con la salud, vida e
integridad personal de la señora Edilsa Arias Escamilla? Lo anterior, al no
haber realizado las reparaciones a las redes de acueducto y alcantarillado
que se encuentran afectando el lugar de habitación de la accionante.

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes aspectos:
(i) naturaleza de la acción de tutela, (ii) del derecho de petición, (iii), contexto
normativo y jurisprudencial del derecho a la vivienda digna y, (iv) el análisis del
caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable11.

2.5. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior
precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.

11 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 201512, que señala 15 días para resolver la misma,
de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la petición.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

La respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este
deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad
suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario,
pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta
dada.

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios

12 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755

de 2015, que señala:
ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las
siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.

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disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante».

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

[E]s un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre
la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta
comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido
sea positivo o negativo.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en el requerimiento y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional
ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del
derecho subjetivo.

2.6. Contexto normativo y jurisprudencial del derecho a la vivienda digna

El artículo 51 de la Constitución Política señala que el derecho a la vivienda digna
es una prerrogativa de la que gozan todas las personas y el Estado tiene la
obligación de establecer las condiciones necesarias para hacerla efectiva.

Por su parte, el Órgano Límite de Interpretación Constitucional ha señalado que
el derecho a la vivienda digna le representa al Estado la obligación de disponer
a favor de sus ciudadanos de un espacio adecuado, seguro y accesible, donde
puedan protegerse y vivir con dignidad, por lo que es deber del Estado
colombiano, propiciar y asegurarles a todos sus asociados una vivienda en

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condiciones adecuadas, y dar prioridad al sector poblacional que se encuentra
en estado de debilidad manifiesta.

Así mismo, la referida Corporación en sentencia T-427 de 2021, estableció como
elementos que delimitan el concepto de vivienda adecuada: (i) la seguridad
jurídica de la tenencia; (ii) la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e
infraestructura; (iii) los gastos soportables; (iv) la asequibilidad; (v) el lugar; (vi) la
adecuación cultural; y vii) la habitabilidad, aspecto este último frente al cual ha
señalado que son dos los elementos que conforman dicho concepto, como son,
la prevención de riesgos estructurales, y la garantía de la seguridad física de los
ocupantes.13

Bajo ese entendido, cuando las personas están bajo los riesgos de un espacio
no habitable, por vía de tutela el juez constitucional puede proteger sus derechos,
más aún, cuando las autoridades competentes para atender la cuestión no
demuestran diligencia en solucionar el asunto14

2.7. Caso concreto

La señora Edilsa Arias Escamilla, actuando en nombre propio, promovió acción
de tutela contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, aduciendo
que, para la fecha de formulación de la presente acción, no se había realizado
por parte de dicha entidad las reparaciones a las redes de acueducto y
alcantarillado que se encuentran afectando su lugar de habitación.

Así mismo, y según lo narrado en el escrito de amparo, la accionante radicó ante
la referida entidad, solicitud en la que expuso la situación anterior, la cual quedó
radicada bajo el No. 1002151473; circunstancia frente a la cual advierte la Sala
que revisado el expediente no se observa constancia de su radicación, como
tampoco fue allegada por la accionante copia de la respectiva petición, pese al
requerimiento que le fue efectuado mediante el auto admisorio.

Ahora, revisadas las actuaciones surtidas al interior del presente trámite, se
observa que pese a estar debidamente notificada15, la Empresa de Acueducto y

13 Corte Constitucional. Sentencia T-952 de 2010.
14 Ver Sentencias T-496 de 2008, M.P Jaime Córdoba Triviño; T-728 de 2010, M.P Luis Ernesto

Vargas Silva; T-780 de 2011, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-223 de 2015, M.P Gloria Stella
Ortiz Delgado; T-707 de 2015, M.P María Victoria Calle Correa y T-149 de 2017, M.P María
Victoria Calle Correa).
15
Pues de acuerdo con lo consignado en el índice 9 del aplicativo Samai, la notificación se efectuó
a la entidad al correo electrónico Notificación efectuada al correo electrónico:
notificaciones.electronicas@acueducto.com.co; el cual coincide con el señalado en la página web
de la entidad para efectos de notificaciones, esto es,
https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/atencion-al-
usuario/servicio_al_cliente#:~:text=La%20Empresa%2C%20de%20acueducto%20y,y%20en%2

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edilsa Arias Escamilla
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03952-00

Alcantarillado de Bogotá guardó silencio, por lo que en criterio de la Sala se debe
aplicar la presunción de veracidad establecida en el artículo 20 del Decreto 2591
de 1991 que a la letra establece:

Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por
ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime
necesaria otra averiguación previa.

Con base en lo anterior, y ante la falta de respuesta por parte de la entidad frente
a la petición que le fue elevada, resulta evidente que la parte accionada
transgredió el derecho fundamental de petición de la señora Arias Escamilla, por
lo que se torna necesario ordenar el amparo de dicha garantía.

De otro lado, y de acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, se observa
que mediante Oficio 20248002909862 del 8 de julio de 2024, la señora Arias
Escamilla formuló ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
queja contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P, en la
que solicitó «Que de manera inmediata sea reparado ese daño y en dado caso de
verme afectada material, de la salud o económicamente, ellos se hagan responsables,
por no evitar a tiempo este riesgo inminente que llevo informando desde el primer día de
la falla en el servicio y no han querido dar la solución correspondiente»16.

Así mismo, y según lo indicado por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD) en su escrito de contestación, el 14 de agosto de la
presente anualidad, procedió a remitir a la entidad accionada la queja formulada
por la señora Edilsa al considerar que, de acuerdo con las inquietudes y
fundamentos en ella planteados, dicha entidad era la competente para resolver
el asunto17.

Dicha información fue puesta en conocimiento de la accionante mediante Oficio
20244263163921 del 14 de agosto de 2024, en el que se le indicó que, en
consideración a que la situación por ella expuesta se asocia directamente con la
prestación del servicio público de acueducto, se ordenó requerir a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con el propósito que se pronuncie frente a
la denuncia por ella presentada; habida cuenta que la función de la
Superintendencia se circunscribe a inspeccionar, vigilar y controlar a las
personas prestadoras de dicho servicio.18

0la%20l%C3%ADnea%20116.&text=correo%20electr%C3%B3nico%3A%20notificacionesycom
unicaciones%40acueducto.com.co
16 Páginas 19 a 20 - Índice 14 del aplicativo Samai.
17 Páginas 12 a 15 - Índice 14 del aplicativo Samai.
18 Remitido al correo electrónico indicado por la accionante para efectos de notificaciones, esto

es, yunani24@hotmail.com; Páginas 16 a 18 - Índice 14 del aplicativo Samai.

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Demandante: Edilsa Arias Escamilla
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03952-00

No obstante, y teniendo en cuenta que en el plenario no obra prueba de la
remisión del oficio dirigido a la entidad accionada, se amparará el derecho
fundamental de petición de la accionante; y en consecuencia, se ordenará a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, envíe a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., copia de la queja formulada por la
accionante ante dicha entidad, el día 8 de julio de 2024.

La parte actora pretende que la autoridad accionada realice las reparaciones a
las redes de acueducto y alcantarillado que afectan su lugar de habitación, debido
a la filtración de agua proveniente de éstas, lo cual ha generado daños de manera
directa en los pisos, cocina integral, baños, y demás áreas internas de su casa
de habitación.

Para demostrar lo anterior, la parte actora allegó varios registros fotográficos, que
se replican en las imágenes que se ilustran a continuación19:

19 Índice 2 de Samai.

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Demandante: Edilsa Arias Escamilla
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03952-00

De la prueba anterior, se logran evidenciar las fallas estructurales que presenta
el inmueble en el que actualmente habita la accionante junto con su núcleo
familiar, conformado por una persona de especial protección constitucional, en
razón a la edad, esto es, 67 años20, circunstancia que torna imperiosa la
intervención del juez de tutela, con el fin de adoptar medidas encaminadas a
salvaguardar sus derechos fundamentales, pues a la luz de la jurisprudencia
Constitucional, en aquellos asuntos en los que se encuentren involucrados
adultos mayores o personas de la tercera edad, se hace necesario dar
prevalencia a sus prerrogativas, en tanto integran un grupo vulnerable de la
sociedad dadas las condiciones físicas, económicas o sociológicas que los
diferencian de los demás sujetos.

En este orden de ideas, conforme a las previsiones normativas y
jurisprudenciales citadas, el derecho a la vivienda digna ha sido catalogado como
un derecho fundamental autónomo que otorga a su titular la garantía de vivir en
seguridad, paz y dignidad, en un lugar que sea adecuado para satisfacer sus
necesidades humanas básicas, lo cual no se vislumbra en el presente asunto.

Aunado a que, en términos de la jurisprudencia constitucional, la vivienda no es
una comodidad, sino «un espacio indispensable para el desarrollo de la vida de
las personas»21, el cual constituye la base para el disfrute de todos los derechos
económicos, sociales y culturales; por lo que en criterio de la Sala, dada las
condiciones estructurales en las que se encuentra la casa de la accionante, el
amparo deprecado respecto al derecho a la vivienda digna resulta procedente.

20 Índice 10 de Samai
21 Corte Constitucional, sentencia T-497 de 2017 y T-414 de 2019.

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Demandante: Edilsa Arias Escamilla
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03952-00

Lo anterior adquiere mayor relevancia, si se tiene en cuenta que conforme a la
jurisprudencia analizada, el derecho a la vivienda digna debe ser interpretado
conforme al principio pro homine, ya que éste no se agota únicamente con la
posibilidad de adquirir un inmueble de habitación, sino que el mismo debe cumplir
con los requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio, elementos requeridos
para que una persona y su familia puedan ocuparla sin que se constituyan en un
peligro para su integridad física y su salud22.

En este orden de ideas, y ante la falta de pruebas que permitan demostrar las
gestiones realizadas por la entidad accionada a efectos de mitigar el riesgo en el
que se encuentra la accionante, y las afectaciones que la misma pueda llegar a
padecer junto con su núcleo familiar, debido a las condiciones inadecuadas en
las que actualmente se encuentra su vivienda, lo cual hace de ella un espacio no
habitable, que le impide además desarrollar su vida en unas condiciones mínimas
de dignidad, considera la Sala que lo procedente en el presente asunto es
conceder el amparo de los derechos fundamentales deprecados.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que conforme a lo analizado en precedencia, el
Estado tiene la obligación de promover que los ciudadanos tengan un lugar
seguro para vivir acorde con sus necesidades humanas, y proteger de manera
especial a los grupos poblacionales que se encuentran en alguna desventaja o
en condición de debilidad manifiesta, como lo son las personas de la tercera
edad, característica que ostenta uno de los integrantes del grupo familiar de la
accionante.

Acorde con lo expuesto, se amparará el derecho fundamental a la vivienda digna
de la señora Edilma Arias Escamilla, el cual a su vez implica la salvaguarda del
derecho a la vida en condiciones dignas, y en consecuencia; se ordenará a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, y dentro
del límite de sus competencias, adelante las acciones pertinentes que permitan
eliminar de manera eficiente la afectación generada al lugar de habitación de la
accionante, debido a las filtraciones de agua provenientes de sus redes de
acueducto.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

22 Sentencia T-473 de 2008.

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Demandante: Edilsa Arias Escamilla
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03952-00

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada tanto por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como por la Alcaldía
Distrital de Bogotá, conforme a las consideraciones expuestas en la parte
considerativa.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Edilsa
Arias Escamilla, y en consecuencia; se ORDENA a la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la fecha de notificación del presente fallo, emita una respuesta de
fondo, clara y precisa, frente a la solicitud elevada por la accionante bajo el
radicado 1002151473, la cual deberá ser notificada al actor, conforme a la ley.

ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que
en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, envíe a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., copia de la queja formulada por la
accionante ante dicha entidad el día 8 de julio de la presente anualidad.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental a la vivienda digna, en
conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas, de la señora Edilsa
Arias Escamilla, y en consecuencia; se ORDENA a la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del presente fallo, y dentro del límite de sus
competencias, adelante todas las acciones pertinentes que permitan eliminar la
afectación generada al lugar de habitación de la accionante, debido a las
filtraciones de agua provenientes de sus redes de acueducto.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salvamento Parcial de Voto

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Demandante: Edilsa Arias Escamilla
Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03952-00

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclaración de Voto

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

16

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