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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03960-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03960-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión de primera instancia de 23 de septiembre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03960-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

30 de enero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03960-01
Demandante: José Armando López Acosta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03960-01
Demandante: JOSÉ ARMANDO LÓPEZ ACOSTA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Prima técnica por
evaluación de desempeño. Falta de cumplimiento de
requisitos generales.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 23 de septiembre de 2024, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de José Armando López
Acosta contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección
C.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 30 de julio de 2024, José Armando López Acosta interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló la
siguiente pretensión:

«(…) Se deje sin efectos la sentencia judicial de segunda instancia proferida el 30 de
noviembre de 2023 notificada el 11 de diciembre de idéntica anualidad (sic), proferida por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN “D” (sic)1.».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 1 de abril de 1996, el señor José Armando López Acosta fue vinculado como
Conductor Mecánico 5310 Grado 09 de carrera administrativa al Ministerio de
Educación Nacional; mediante la Resolución 3369 del 23 de diciembre de 1999 la

1
La sentencia de segunda instancia fue proferida el 26 de junio de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C.
1
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03960-01
Demandante: José Armando López Acosta

entidad reconoció el 40 % de la prima técnica de desempeño desde el 1 de marzo
de 1997 hasta el 28 de febrero de 1998 y desde el 1 de marzo de 1998 hasta el 28
de febrero de 1999. En los periodos del 1 de marzo de 2003 hasta el 30 de
septiembre de 2006 obtuvo resultados de las evaluaciones de desempeño
variables entre el 80 % y 90 %.

El 2 de junio de 2022, por medio de petición con radicado número 2022-ER-
316229, el accionante solicitó al Ministerio de Educación Nacional el
reconocimiento de la prima técnica de desempeño a partir del 1 de febrero de 2006
y periodos subsiguientes. El 31 de diciembre de 2022, en resolución 2022-EE-
315704, el Ministerio de Educación Nacional negó la solicitud.

El 18 de enero de 2023, el señor José Armando López Acosta interpuso demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad
del acto administrativo, lo anterior, con fundamento en que cumplía con el lleno de
los requisitos legales para el reconocimiento y pago de la prima técnica de
desempeño, pues, a su juicio, le era aplicable el régimen de transición del artículo
4 del Decreto 1724 de 1997, porque, su nombramiento fue en el año 1996 y el
hecho de haber obtenido calificación inferior al 90 % respecto de una anualidad no
generaba la pérdida absoluta del beneficio.

El 12 de marzo de 2024, el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá
profirió sentencia de primera instancia en la que resolvió negar las pretensiones de
la demanda, porque, aunque el demandante fue vinculado en vigencia del Decreto
1661 de 1991, el porcentaje de calificación alcanzado fue inferior al 90 % en el
periodo 2003 a 31 de enero de 2006 y, por ello, perdió el derecho a percibirla. Es
decir, no cumplió con los criterios del régimen de transición previstos en el artículo
4 del Decreto 1724 de 1997 y los requisitos previstos en la jurisprudencia del
Consejo de Estado para mantener el reconocimiento de la prima.

Además, explicó que, si bien para el año 2006 el demandante obtuvo porcentajes
de calificación superiores al 90 %, para ese momento la norma vigente restringió
la prima para los cargos de nivel directivo, jefes de oficina asesora y asesor, cuyo
empleo se encontrara vinculado con adscrito a los despachos del Ministro,
Viceministro, Director de Departamento Administrativo, Subdirector de
Departamento Administrativo, Superintendente, Director de Establecimiento
Público, Director de Agencia Estatal y Director de Unidad Administrativa Especial.
Sin embargo, el cargo ocupado por el actor, de grado asistencial, no estaba incluido
entre los mencionados.

La parte demandante presentó recurso de apelación, en el que alegó que los
certificados de evaluación iguales o superiores al 90 % eran prueba suficiente para
el reconocimiento de la prima técnica de desempeño de periodos posteriores y, a
pesar de que el resultado en diferentes anualidades fuese inferior al 90 %, dicha
situación no debía configurar la pérdida total del beneficio de acuerdo con el
artículo 4 del Decreto 1724 de 1997.

Aunado a lo anterior, manifestó que el fallo apelado careció de justificación para
apartarse del precedente judicial proferido por el Consejo de Estado, en sentencia
de tutela del 27 de mayo de 20212, que citó fallos proferidos por esa corporación

2
Radicado 11001-03-15-000-2021-01758-00. M.P. Rocío Araujo Oñate.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03960-01
Demandante: José Armando López Acosta

(sentencias del 1 de marzo de 20123 y de 22 de marzo de 20124) y la sentencia C-
569 de 2003 de la Corte Constitucional, para concluir que el interesado tenía
derecho al reconocimiento de la prima técnica de desempeño en periodos
posteriores, pese a que en un o unos periodos anteriores sus resultados fueran
inferiores al 90 %, en razón a la periodicidad propia que caracteriza ese
reconocimiento.

El 26 de junio de 2024, la Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C confirmó la decisión del Juzgado Cincuenta y Dos
Administrativo de Bogotá.

En primer lugar, explicó que la norma vigente para la época de los hechos era el
Decreto 1336 del 27 de mayo de 2003, que fijó el régimen de transición para
aquellas personas a las que les fue reconocida la prima técnica de desempeño,
con fundamento en normas anteriores hasta su retiro de la entidad o hasta que se
configuraran las condiciones para su pérdida.

En segundo lugar, determinó que, debido a que el demandante obtuvo resultados
inferiores al 90 %, para los periodos 2003 a 30 de enero de 2006, se configuró la
situación regulada como causal para la pérdida definitiva del beneficio en ese
lapso. Además, precisó que a pesar de que dicho beneficio se originara
anualmente, solicitar de nuevo su reconocimiento, porque el señor José Armando
López Acosta alcanzó calificaciones iguales o superiores al 90 % de manera
posterior, fue inadecuado, toda vez que le era aplicable la nueva norma vigente
que condicionaba la prima técnica únicamente a los cargos de nivel directivo, jefe
de oficina asesora y asesor, cargos en los cuales no se encontraban las funciones
comedidas al actor.

Advirtió que no resultaba aplicable el fallo de tutela del 27 de mayo de 20215, ya
que tenía efectos inter partes y no era una sentencia de unificación.

Señaló que no desconoció la sentencia C-569 de 2003, porque, cuando obtuvo
nuevamente una calificación superior al 90 % y fue viable su revisión, su cargo no
pertenecía a los niveles Directivo, Jefes de Oficina Asesora y Asesor, como lo
exigía la nueva norma aplicable al caso en concreto.

Finalmente, concluyó que, era inviable aplicar las sentencias citadas en el recurso
de apelación, proferidas por el Consejo de Estado en el año 2012, debido a que,
posteriormente, esa misma Corporación modificó su criterio en sentencia del 28 de
octubre de 20156, en la cual señaló que los empleados que consolidaron el derecho
a devengar la prima antes de la expedición del Decreto 1724 de 1997 cuentan con
un derecho adquirido, siempre y cuando no se configure la causal de pérdida
prevista en el mismo régimen de transición, esto es, la calificación en un porcentaje
inferior al señalado en la norma.

3 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Radicado 25000-23-25-000-2008-00366-01. M.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
4 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Radicado 25000-23-25-000-2008-00276-01. M.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
5
Consejo de Estado. Radicado 11001-03-15-000-2021-01758-00.
6
Consejo de Estado. Radicado 54001-23-31-000-2008-00164-01. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
3
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03960-01
Demandante: José Armando López Acosta

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
sustantivo porque desconoció lo enunciado en la sentencia C-569 del 15 de julio
de 2003, que declaró exequible el artículo 8 del Decreto 1661 de 1991. Al efecto,
afirmó que en el mencionado artículo la expresión «en todo caso» hizo referencia a
que la pérdida del beneficio por la obtención de resultados inferiores al 90 % no era
definitiva y, por lo tanto, era viable su revisión.

En el mismo sentido, señaló que resultaba injustificada la posición del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al apartarse del precedente jurisprudencial,
proferido por el Consejo de Estado en sentencia del 16 de marzo de 20067 en la
que explicó que el reconocimiento de la prima técnica debía causarse anualmente
y no podía perderse de manera definitiva por una calificación inferior al 90 % exigida
en la norma.

Además, mencionó que el a quo vulneró su derecho a la igualdad, al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia por incurrir en desconocimiento del
precedente judicial, pues inaplicó casos con identidad fáctica y jurídica proferidos
el 23 de febrero de 20218 y el 30 de septiembre de 20209, donde se reconoció
favorablemente la prima técnica de desempeño, a pesar de que los allí
demandantes hubiesen obtenido un porcentaje inferior al requerido en algunos
periodos debido a su causación anual e independiente.

4. Trámite previo

El 5 de agosto de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
ordenó notificar la actuación al demandante, a la parte accionada y vinculó como
tercero con interés al Ministerio de Educación Nacional.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C solicitó que se estudie la sentencia proferida por la autoridad judicial para que se
evidencie la no vulneración de los derechos fundamentales del accionante y así dar
por terminada la discusión del caso en concreto.

6. Terceros con interés

El Ministerio de Educación Nacional pidió que se declare improcedente la acción
de tutela porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional y, de forma
subsidiaria, negar las pretensiones del accionante porque no se acreditó la
vulneración de derechos fundamentales.

Al respecto, explicó que el debate planteado es de naturaleza netamente
económica con intereses privados, que extralimitan la competencia del juez de
tutela. Además, dijo que no se demostró la transgresión de garantías procesales y
derechos fundamentales que arriesguen la supervivencia del actor.

7
Radicado 2881-04. M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado.
8
Juzgado Veintitrés Administrativo de Bogotá. Sección Segunda. Radicado 2019-00-529.
9
Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá, Sección Segunda. Radicado 2018-00-408.
4
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03960-01
Demandante: José Armando López Acosta

7. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en sentencia de 23
de septiembre de 2024, declaró improcedente la acción de tutela porque no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, expresó que el accionante pretendía
reabrir debates probatorios y jurídicos resueltos en las instancias ordinarias, por lo
que se desvirtuaba el carácter subsidiario de la solicitud de amparo.

Subrayó que la inconformidad del accionante reflejaba desacuerdo con la manera
en que el juez natural resolvió la controversia, lo cual no habilita el uso de la acción
de tutela, especialmente, cuando no se evidenció arbitrariedad alguna en la
providencia cuestionada.

Además, destacó que el reproche de la parte actora carecía de carga argumentativa
para demostrar la afectación constitucional alegada, porque pretendía invalidar un
hecho probado mediante la interpretación razonable del marco legal y
jurisprudencial adecuado para el asunto, como de las diferentes pruebas aportadas
al expediente.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia con fundamento en que la
presente solicitud de amparo no fue valorada de manera pertinente, porque no
existió un análisis particular de los derechos fundamentales vulnerados y bastaba
con su enunciación para demostrar el requisito de relevancia constitucional.

Insistió en que la sentencia C-569 del 15 de julio de 2003, por su carácter
vinculante, no debía ser desconocida por el alto tribunal para acceder a las
peticiones del tutelante.

Alegó que, fue sujeto de discriminación por parte de la autoridad judicial, porque en
la sentencia de tutela del 27 de mayo de 202110 surtieron circunstancias afines a
las debatidas en el caso en concreto y en esa oportunidad falló de manera favorable
para el demandante, mientras que, en el presente caso, el a quo injustificadamente
declaró improcedente la tutela incoada por falta de relevancia constitucional.

Explicó que, el escrito de tutela cumplió con el requisito de inmediatez y
subsidiariedad, porque no contaba con otro medio expedito para la protección de
sus derechos.

Señaló que la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado se apartó del
precedente jurisprudencial, porque existe un criterio constitucional unificado sobre
el debate propuesto, al efecto se refirió a la sentencia del 28 de agosto de 202411,
que citó la sentencia del 2 de marzo de 202312 en relación con el requisito general
de relevancia constitucional de los procesos relacionados con el reconocimiento de
la prima técnica por evaluación de desempeño para acceder a las pretensiones de
la demanda.

10
Radicado 11001-0315-000-2015-01758-00. M.P. Rocío Araujo Oñate.
11
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. Radicado 11001-33-35-029-2022-00331-01.
M.P. Alberto Espinosa Bolaños.
12
Radicado 11001-03-15-000-2022-5645-01.
5
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03960-01
Demandante: José Armando López Acosta

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional13, para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales14 y específicas15
de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

De acuerdo con la impugnación presentada por la parte actora, corresponde a la
Sala determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedencia de acción de tutela contra providencia judicial, específicamente, el
requisito de relevancia constitucional. Además, el accionante insiste en que la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, por desconocer el
régimen de transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997, así como
el alcance del artículo 8 del Decreto 1661 de 1991. Además, afirmó que incurrió en
13
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
14
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
15
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en
alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un
derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
6
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03960-01
Demandante: José Armando López Acosta

desconocimiento del precedente judicial al inaplicar las sentencias que reconocen
la periodicidad y la causación anual de este beneficio, tal como lo establecieron la
Corte Constitucional en la sentencia C-569 de 2003 y la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

De igual forma, indicó que la autoridad judicial accionada no valoró adecuadamente
los periodos posteriores en los que el demandante alcanzó calificaciones superiores
al 90 %, lo que demostraba el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento
de la prima técnica en dichos periodos.

Así las cosas, en los términos de impugnación corresponde a la Sala determinar si
le asistió o no razones a quo al concluir que la solicitud de amparo de la referencia
carece del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, solo en
caso contrario, abordará el estudio de fondo de los defectos invocados.

En ese orden, la Sala analizará si le asistieron o no razones al a quo al concluir que
la solicitud de amparo de la referencia carece del cumplimiento del requisito general
de relevancia constitucional. En caso de cumplir con dicho requisito, determinará si
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
incurrió en defecto sustantivo al interpretar de manera restrictiva el régimen de
transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 y el alcance del artículo
8 del Decreto 1661 de 1991. Asimismo, se analizará si la autoridad judicial
demandada desconoció el precedente establecido en la sentencia C-569 de 2003
de la Corte Constitucional y en la jurisprudencia proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional1 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia
de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar
que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii)
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 201416, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para

16
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000
2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03960-01
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plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 17.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala advierte que, en el presente caso, la acción de tutela no satisface el
requisito general de relevancia constitucional porque se emplea para abrir una
instancia adicional al proceso ordinario.

Como se anticipó, la acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales. Según la jurisprudencia constitucional, «la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios»18.

En el presente caso, la parte actora sustentó su acción de tutela en que la autoridad
judicial demandada incurrió en defecto sustantivo al desconocer que la expresión
«en todo caso» contenida en el artículo 8 del Decreto 1661 de 1991 reconocía que
la pérdida del beneficio de prima técnica no era definitiva si el solicitante obtenía
resultados inferiores al 90 % en determinados periodos, lo que conllevaba a su
eventual revisión. Así mismo, alegó que el Tribunal no justificó su postura al
apartarse del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional en la que se confirmó el reconocimiento de la prima técnica
ininterrumpidamente en aquellos casos en los cuales el solicitante obtuviera un
resultado inferior al 90 %, siendo beneficiario del régimen de transición del artículo
4 del Decreto 1724 de 1997.

17
Ibidem.
18
Corte Constitucional, Sentencia T-102 de 2006, Humberto Sierra Porto.
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03960-01
Demandante: José Armando López Acosta

Al respecto, la Sala advierte que los argumentos presentados por el accionante en
la presente acción de tutela constituyen una reiteración de lo expuesto durante el
proceso ordinario, como se procede a explicar.

El señor José Armando López Acosta fundamentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en que se encontraba vinculado en carrera
administrativa al Ministerio de Educación Nacional desde 1996, como Conductor
Mecánico y obtuvo la prima técnica por evaluación de desempeño para los periodos
1997-1999. Y, si bien, perdió este beneficio entre 2003 y 2006, por no alcanzar la
calificación mínima de 90 %, desde el año 2006 hasta 2022, cumplió con los
requisitos al superar dicha calificación, pero el Ministerio no reconoció dicho
emolumento, porque los requisitos para el reconocimiento de la prestación
cambiaron y no los acreditó.

Al respecto, consideró que la entidad demandada incurrió en una indebida
interpretación de lo dispuesto Decreto 2164 de 1991 y en desconocimiento de lo
previsto por la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional en la sentencia C-569 de 2003, que establecen que el derecho
a la prima técnica no se pierde de forma definitiva si se cumplen los requisitos en
años posteriores.

El Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá, en sentencia de 12 de marzo
de 2024, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que, aunque el
demandante fue vinculado bajo el Decreto 1661 de 1991, el porcentaje de
calificación obtenido entre 2003 y 2006 fue inferior al 90 %. Además, en ese
momento, la norma vigente excluía del beneficio de la prima técnica de desempeño
al nivel asistencial al que pertenecía el actor. Se transcribe lo pertinente:

«b) Lo cierto es que se configuraron las condiciones para su perdida en los años 2003 a
2006 pues obtuvo un porcentaje de calificación inferior al 90% por lo cual perdió su derecho
a percibirla y

c) Si bien a partir del año 2006 obtuvo porcentajes superiores al 90%, lo cierto es que para
dichos periodos de tiempo ya existía una normativa vigente que restringió a los cargos del
nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y de Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito
a los Despachos de los siguientes funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de
Departamento Administrativo, Subdirector de Departamento Administrativo,
Superintendente, Director de Establecimiento Público, Director de Agencia Estatal y
Director de Unidad Administrativa Especial.

d) No obstante, al verificar el manual de funciones el cargo de Conductor Mecánico, código
4103, grado 13, se encuentra en el nivel asistencial (consec. 32), por lo cual no cumple los
requisitos para acceder a la prima técnica pues no se encuentra dentro de los cargos
enlistados para percibir dicho emolumento, así como tampoco se ajusta al régimen de
transición pues se configuraron las causales para la perdida de la precitada prima.»

En el recurso de apelación, el demandante expresó que cumple con los requisitos
para el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño, conforme
al Decreto 1661 de 1991 y el régimen de transición del Decreto 1724 de 1997.

Señaló que las calificaciones inferiores al 90% obtenidas entre 2003 y 2006 no
implican la pérdida definitiva de la prima técnica, según lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-569 de 2003 y la jurisprudencia de la Subsección

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Demandante: José Armando López Acosta

C, de la Sección Segunda del Consejo de Estado (de 1 de marzo de 2012, con
radicado 0371-10, de 22 de marzo de 2012, con radicado 2259-10 y de 21 enero
de 2016, con radicado 7254-05 21), en las que se expresó que la pérdida de la
prima técnica por calificación insuficiente no es definitiva y que esta puede revisarse
si se cumplen los requisitos en periodos posteriores y puede reactivarse si se
obtienen calificaciones superiores al 90 % en anualidades siguientes, incluso tras
calificaciones insuficientes en algunos periodos. Se transcribe lo pertinente:

«Sumado a lo anterior es de resaltar que la Resolución 3369 del 23 de diciembre de 1999,
por la cual se le reconoce a mi mandante esta prima técnica por evaluación de desempeño;
fue expedida con fundamento en el Decreto 1661 de 1991, esto porque mi representado
estaba vinculado como empleado público al Ministerio de Educación Nacional en carrera
Administrativa desde ese mismo año.

Es por lo anterior que mi mandante se encuentra cobijado por el decreto 1661 de 1991 y
aunque el Decreto 1724 de 1997, modifica el régimen para el otorgamiento de la prima
técnica a los empleados públicos, lo cierto es que también trajo consigo un régimen de
transición en su artículo 4°, el cual reza así:

“Artículo 4o.-Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que
desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente Decreto,
continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que cumplan
las condiciones para su pérdida, consagradas en las normas vigentes al momento
de su otorgamiento.”

Con fundamento en lo anterior y como ya se había mencionado, mi representado está
cobijado por el Decreto 1661 de 1991, esto por haber ingresado en carrera administrativa
en el año 1996 al Ministerio de Educación Nacional y haber obtenido un puntaje superior
al 90% o 900 puntos, desde el año 1996; sin embargo y a pesar que mi mandante en los
periodos entre el 1 de marzo de 2003 al 28 de febrero de 2004, 1 de marzo de 2004 al 28
de febrero de 2005 y 1 de febrero de 2005 al 31 de marzo de 2006, haya obtenido un
puntaje inferior al requerido, no se traduce en perder definitivamente este emolumento
salarial por evaluación de desempeño, ya que como se dijo el señor JOSE ARMANDO
LOPEZ ACOSTA está cobijado por el Decreto 1161 de 1991 y su artículo 1° y 8° que
establecen:

“Articulo 1o. La Prima Técnica es un reconocimiento económico para atraer o mantener
en el servicio del Estado a funcionarios o empleados altamente calificados que se
requieran para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de
conocimientos técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección
o de especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada
organismo. Así mismo será un reconocimiento al desempeño en el cargo, en los
términos que se establecen en este Decreto. (El subrayado es nuestro).

(...)

Articulo 8o. Temporalidad. El retiro del funcionario o empleado de la entidad en la cual
presta sus servicios implica la pérdida de la Prima Técnica asignada. Igualmente se
perderá cuando se imponga sanción disciplinaria de suspensión.

Paragrafo. la prima técnica en todo caso podrá ser revisada, previa evaluación de
los criterios con base en los cuales fue otorgada. Cuando se asigne con base en la
evaluación del desempeño se perderá si cesan los motivos por los cuales se
asignó.” (El subrayado es nuestro).»

Ahora bien, respecto de todo lo anteriormente mencionado, encuentra la suscrita que no
resulta justificado o legal el apartamiento poco sustentado que hace el despacho respecto
a la línea jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado reflejado y explicado con
claridad en sentencia de tutela contra providencial judicial rad 11001-03-15-000-2021-
01758-00 de fecha 27 de mayo de 2021 MP Dra. Roció Araujo Oñate; que en un caso de

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Demandante: José Armando López Acosta

similitud fáctica como el que nos ocupa en el presente litigio, en un análisis acucioso de la
línea jurisprudencial claro, unificado, pacifico, uniforme y reiterada de la Corte
constitucional y el mismo Honorable Consejo de Estado, dictó lo siguiente (…)

(…)
De lo anteriormente citado se puede llegar a varias conclusiones sobre el caso en
concreto, que omite el fallador y que constituyen su decisión de apartamiento del
precedente unificado, en una vía de hecho o inocuidad censurable a la luz de la ley:

• La prima Técnica por evaluación de desempeño es de causación anual de
esencia periódica.
• Mi mandante está amparado por el régimen de transición del artículo 4° del
Decreto 1724 de 1997.
• La prima técnica por evaluación de desempeño de mi representado se rige por
lo contemplado en el Decreto 1661 de 1991 y las causales para su perdida son
las contempladas en el artículo 8°.
• La expresión “en todo caso”, del artículo 8° del Decreto 1661 de 1991 indica que
de manera general y sin excepciones, la prima técnica puede ser revisada de
forma que concuerde con los criterios que concurren a su asignación; este artículo
8° y la interpretación inequívoca de la sentencia C-569 de 2003 de la Corte
Constitucional impone entender que la pérdida de la prima por calificación
insatisfactoria de desempeño no es definitiva, sino que es viable su revisión.
• La prima técnica por evaluación de desempeño no se pierde definitivamente, si
se obtiene una calificación inferior a la requerida en una de las anualidades; dado
que en todo caso es viable su revisión; revisión que no es otra que la otorga el
certificado de evaluación de desempeño de la respectiva anualidad superior a 90%
o 900; es este mismo artículo 8° del Decreto 1661 de 1991 el que permite realizar
el nexo entre la titularidad del derecho y las condiciones fácticas que promueven
su reconocimiento, lo que impide considerar que la pérdida a que hace referencia
la providencia que niega las pretensiones del actor, sea en forma definitiva, dada
la generalidad con que está redactado el parágrafo que comprende la revisión de
la prima en cualquier circunstancia.

Conforme a las directrices establecidas por la Honorable Corte Constitucional, y la
jurisprudencia referidos del Honorable Consejo de Estado en concordancia con una
interpretación garantista y reiterada de las normas antes referidas, puede establecerse
que el derecho a la Prima Técnica solicitada por este servidor público, está llamada a
prosperar, en la medida que el condicionamiento referido por el fallador en la sentencia
que se impugna, nace de una interpretación restrictiva y contra operaria, no indicada en la
norma y producto de una extensión interpretativa ajena al espíritu del legislador.»

En sentencia de 26 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C confirmó la decisión de primera
instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

• Explicó que la norma vigente en el momento de los hechos se encontraba en el Decreto
1336 del 27 de mayo de 2003, el cual estableció un régimen de transición para aquellas
personas a quienes se les había reconocido la prima técnica de desempeño bajo
normativas anteriores, hasta el retiro de la entidad o hasta que se cumplieran las
condiciones para su pérdida definitiva.

• A partir de lo anterior, indicó que, dado que el demandante obtuvo calificaciones
inferiores al 90%, se configuró la causal prevista para la pérdida definitiva del beneficio.
Subrayó que, aunque la prima técnica se otorgaba anualmente, solicitar su
reconocimiento nuevamente debido a que el señor José Armando López Acosta había
alcanzado calificaciones superiores al 90% en periodos posteriores era improcedente.
Esto se debía a que la nueva normativa aplicable condicionaba el beneficio
exclusivamente a los cargos de nivel directivo, jefe de oficina asesora y asesor, cargos
en los cuales el actor no se encontraba.

Se transcribe lo pertinente:
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03960-01
Demandante: José Armando López Acosta

«(…) sin embargo, las calificaciones precedentes a dicha fecha, es decir, las realizadas
entre el 1º de marzo de 2003 al 31 de enero de 2006 fueron de 891.12, 857.08 y 887.28
puntos lo que, a la luz de la normatividad aplicable para ese momento implicó la pérdida
definitiva del derecho. Veamos:

Para la época, regulaba la materia el decreto 1336 de 27 de mayo de 2003 que, pese
a que estableció la prima técnica solo para quienes estuvieran nombrados con carácter
permanente en los cargos del nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y Asesor,
contempló un régimen de transición para casos como el del actor, en que habiéndose
reconocido la prima técnica con fundamento en las normas anteriores sería viable la
continuidad de su disfrute hasta su retiro de la entidad o hasta que se cumplieran las
condiciones para su pérdida, “consagradas en las normas vigentes al momento de su
otorgamiento”.

A esta conclusión llega la corporación, entre otras cosas porque la normativa anterior
ya no es aplicable al caso, y, en todo caso, está sujeta a una nueva evaluación
conforme a la reglamentación vigente. Interpretar lo contrario implicaría generar una
normativa distinta y ajena al régimen de transición. La nueva regulación solo contempla
el reconocimiento de la prima técnica para los niveles establecidos, los cuales no
incluyen el nivel en el que se desempeña el actor.

(…)
Arguyó que no daría aplicación a las sentencias proferidas por el Consejo de Estado
del año 2012, toda vez que, la Corporación posteriormente adoptó una posición
diferente frente al asunto en cuestión, para lo cual citó la sentencia del 28 de octubre
de 201519 en la que determinó que aquellos a los cuales se les hubiese reconocido el
beneficio de la prima técnica antes de la expedición del Decreto 1724 de 1997 podrían
reclamar efectivamente ante la administración el posterior reconocimiento del beneficio
solo si no cumplían con las causales de pérdida consolidadas en el régimen de
transición como el obtener porcentajes inferiores a los establecidos en la ley, que de
acuerdo con lo expuesto, es el caso del actor.

Finalmente, indicó que no desconoció los presupuestos encontrados en la sentencia
C-569 de 2003 dado que, la expresión «“Este “en todo caso” que utiliza el artículo 8º
impone entender que la pérdida de la prima por calificación insatisfactoria de
desempeño no es definitiva, sino que en todo caso es viable su revisión” ». Sin
embargo, en el caso del demandante, cuando obtuvo calificaciones superiores al 90 %
y fue posible su revisión en el año 2006, su cargo ya no era susceptible de
reconocimiento para la prima técnica. La nueva normativa vigente, que exigía que el
interesado desempeñara funciones en un cargo de los niveles Directivo, Jefe de Oficina
Asesora o Asesor, no le era aplicable, pues el demandante no pertenecía a ninguno de
estos niveles, tal como se indicó previamente».

En este contexto, resulta evidente que los argumentos presentados en la acción de
tutela, constituyen alegaciones que ya fueron debatidas en el marco del proceso
ordinario y lo que se busca con esta acción constitucional es reabrir dicho debate
para que se conceda lo solicitado en primera instancia.

De la revisión de la demanda y del recurso de apelación presentado por el
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se advierte
que los argumentos planteados en el escrito de tutela son idénticos a los
presentados en el recurso de apelación, específicamente: (i) el defecto sustantivo
y (ii) el desconocimiento del precedente judicial. Sin embargo, dichos argumentos
ya fueron resueltos por la autoridad judicial demandada, que concluyó que la norma
aplicable al caso concreto impedía el reconocimiento de la prima técnica, dado que
el cargo desempeñado por el accionante no se encontraba dentro de los niveles

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Consejo de Estado. Radicado No. 54001233100020080016401. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03960-01
Demandante: José Armando López Acosta

que la legislación vigente establecía como beneficiarios del emolumento. Asimismo,
determinó que la pérdida del beneficio, ocurrida en los años 2003 a 2006, se ajustó
a la reglamentación que establecía como requisito esencial obtener una calificación
igual o superior al 90%.

Por lo tanto, en el presente caso no se cumple con el requisito general de relevancia
constitucional, ya que se emplea el mecanismo de tutela para provocar un nuevo
pronunciamiento sobre un aspecto que ya fue definido en ambas instancias por los
jueces naturales de conocimiento. En consecuencia, se impone declarar
improcedente la acción de tutela.

La competencia del juez de tutela se restringe «a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a
problemas de carácter legal20». En ese orden de ideas, la tutela en contra de un
auto o una sentencia exige valorar si la decisión se fundamentó en una actuación
ostensiblemente arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial.

Por lo que se ha señalado, resulta indispensable que el supuesto de hecho
expuesto demuestre situaciones en las que se vean realmente comprometidos
derechos fundamentales; de lo contrario, la protección solicitada no podrá ser
concedida.

En este contexto, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, porque los argumentos planteados en este escenario
constitucional fueron propuestos con igual fundamentación fáctica y jurídica en el
marco del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José Armando López
Acosta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la decisión de primera instancia de 23 de septiembre de 2024, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

20
Sentencia T-264 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03960-01
Demandante: José Armando López Acosta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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