Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03963-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-03963-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03963-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03963-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
14 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros1
Demandada: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Temas: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance
Defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia, ii)
debido proceso, iii) igualdad y iv) reparación integral
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la sentencia de
tutela de 3 de octubre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, por medio de la cual resolvió negar la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Diofar Rangel Quintana2, Luis Alfredo Celis Ramírez y Noé Sánchez Gil, a
través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra la Subsección C de la
1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en medio digital.
2 Quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de 18 años de edad SYRC. Esta Sala
adopta como medida de protección a la intimidad de la menor de 18 años de edad relacionada en este proceso
2
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir el auto de 24
de abril de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de
radicación 250002341000201800821-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Manifestaron que, el 16 de agosto de 2018, en ejercicio del medio de control
de reparación de perjuicios causados a un grupo, presentaron demanda contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, Ejército Nacional y el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Dirección para la
Acción Integral contra Minas Antipersonal, para que se les declarara administrativa
y patrimonialmente responsables por los perjuicios causados a 116.010 afectados,
con ocasión de la explosión de minas antipersonales, ocurrida de manera continua
e ininterrumpida en todo el territorio colombiano, entre el 1.° de enero de 1985 y el
9 de julio de 2018.
4. Indicaron que, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 24 de septiembre de 2018,
inadmitió la demanda, con el fin de que la parte actora estableciera de manera clara
y puntual los criterios de identificación de los integrantes del grupo. Sin embargo,
los accionantes manifestaron que no era posible proporcionar el nombre de todos
los individuos que conforman el grupo, pues la Dirección para la Acción Integral
contra Minas Antipersonal negó esa información por estar sometida a reserva.
5. Señalaron que, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 30 de agosto de 2019, resolvió
rechazar la demanda, al considerar que i) la demanda no reunía el requisito según
el cual al menos 20 personas debían integrar el grupo y reunir condiciones
uniformes respecto de una misma causa; y ii) había operado la caducidad del medio
la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán reemplazados
por las siguientes iniciales SYRC.
3
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
de control frente a los hechos ocurridos entre el 1.° de enero de 1985 y el 15 de
mayo de 2017.
6. Afirmaron que, interpusieron recurso de apelación, frente al cual, el 24 de
abril de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió
lo siguiente:
“[…] PRIMERO: MODIFICAR el auto del 30 de agosto de 2019, proferido por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
el cual quedará así:
"PRIMERO: ADECUAR la demanda de la referencia al medio de control de
reparación directa por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, RECHAZAR la demanda de la referencia respecto
de las pretensiones formuladas por los señores Luis Alfredo Celis Ramírez y Noé
Sánchez Gil, al haber operado el fenómeno de la caducidad frente a las mismas.
TERCERO: REMITIR el presente asunto a Juzgados Administrativos del Circuito
de Cúcuta – Reparto, para lo de su competencia, respecto a las pretensiones
incoadas por los señores Diofar Rangel Quintana y […]”.
6.1 Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] A partir de lo expuesto y atendiendo la jurisprudencia atrás citada, el grupo
está debidamente constituido si el conjunto de personas que hacen parte del mismo
comparte condiciones uniformes respecto del hecho generador del daño, esto es,
frente a la activación de las minas antipersonales por la presunta omisión de la
administración. En esa medida, en el presente asunto la parte actora debió
identificar la existencia de condiciones comunes y específicas que pudieran llevar
a aglutinar un conjunto de al menos 20 personas con características uniformes
sobre esa misma causa generadora de los perjuicios que se reclaman.
No obstante lo anterior, los tres casos que fueron individualizados en la demanda,
develan que el hecho generador de los daños alegados en el sub lite, consistente
en la activación de minas antipersonales, ocurrió en diferentes circunstancias,
momentos y municipios […]”.
[…]
“[…] Sumado a lo anterior, el documento denominado "Reporte Nacional por
Víctimas Antipersonal y Munición sin Explosionar" suministrado por la Dirección
para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia de la
Presidencia de la República y el Oficio No. OFI18-67612 del 17 de julio de 2018
de la Dirección de Estudios Estratégicos para el Viceministerio para las Políticas
y Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa Nacional, aportados con la
demanda y su corrección, respectivamente, dan cuenta que el origen de los daños
alegados -muerte y lesiones-no es el mismo para todos los integrantes del grupo
actor, pues la activación de las minas antipersonales no comparte características
comunes de tiempo, modo y lugar, que permitan adoptar una decisión o solución
unitaria de la controversia y con efectos respecto de todos ellos […]”.
4
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
[…]
“[…] Así las cosas, como la pretensión de grupo no resulta procedente por ausencia
de causa común, la Sala, en lo relacionado con los demandantes Diofar Rangel
Quintana quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor
[…], Luis Alfredo Celis Ramírez y Noé Sánchez Gil adecuará, adecuará la demanda
al medio de control correspondiente y determinará si era susceptible o no de ser
rechazada […]”.
[…]
“[…] 6.4. Ahora, en punto de la caducidad, la parte actora alega que el a quo debió
inaplicar el término de caducidad porque se trataba de un delito de lesa humanidad
en el que las víctimas son población vulnerable que requiere especial protección
Sobre este particular, es importante tener en cuenta que ante la disparidad de
criterios existente entre las Subsecciones que integran la Sección Tercera, en
cuanto a la forma de abordar la exigibilidad del término para demandar por la vía
de la reparación directa cuando se invoca un delito de lesa humanidad o un crimen
de guerra, mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado 3 unificó su jurisprudencia en lo
concerniente al cómputo del término de caducidad, en tratándose de pretensiones
indemnizatorias cuando se persigue el resarcimiento de los daños provenientes
de delitos de lesa humanidad, entre ellos, el desplazamiento forzado, crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado. Así, frente al caso concreto, en aquella
oportunidad, se decidió declarar probada la excepción de caducidad de la
pretensión de reparación directa promovida el 23 de mayo de 2014, por hechos
ocurridos en abril del año 2007, con lo cual aplicó la regla de unificación
establecida de forma inmediata, sin consideración alguna respecto de la fecha de
presentación de la demanda […] De conformidad con lo expuesto, de manera
excepcional, el juez de lo contencioso administrativo deberá inaplicar el plazo de
los 2 años para el ejercicio oportuno del derecho de acción o iniciar su
contabilización desde un momento distinto a la ocurrencia del hecho dañoso,
cuando advierta que la no comparecencia ante la jurisdicción contenciosa
administrativa dentro del plazo previsto, es resultado de que el interesado: (i) no
sabía o no tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en
los hechos, o (ii) estaba impedido materialmente para el ejercicio del derecho de
acción […]”.
[…]
“[…] De conformidad con lo anterior y con base en lo acreditado en el proceso, es
a partir del 2 de junio de 1991 y 11 de agosto de 2002, día siguiente a aquel en el
que evidentemente los demandantes Luis Alfredo Celis Ramírez y Noé Sánchez
Gil debieron tener el conocimiento de las lesiones que sufrieron en su propia
integridad y de las omisiones alegadas, que inició el cómputo del término de 2
años previsto en el artículo 136 del CCA para acudir ante el juez contencioso. Ese
término feneció el 2 de junio de 1993 y 11 de agosto de 2004, respectivamente. De
manera que, atendiendo que la demanda se presentó el 16 de agosto de 2018, la
misma resulta notoriamente extemporánea frente a esas pretensiones […]”.
[…]
“[…] 6.7. Por último, en relación con las pretensiones elevadas por los
demandantes Diofar Rangel Quintana actuando en nombre propio y en
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
5
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
representación de su hija menor […], quienes reclaman los perjuicios causados con
ocasión de las lesiones sufridas por su hermano y tío, el civil Yamir Rangel
Quintana, en hechos ocurridos el 19 de mayo de 2018 en la vereda la Horqueta,
municipio de Hacarí, Norte de Santander, la demanda resulta oportuna al tenor
de lo dispuesto por el literal i) del artículo 164-2 del CPACA, pues se presentó el
16 de agosto de 2018, esto es, dentro del término bienal previsto por la disposición
normativa en mención.
De este modo, en lo relacionado con las pretensiones formuladas por el hermano
y la sobrina del señor Yamir Rangel Quintana, la providencia impugnada será
modificada para que, de conformidad con las particularidades del medio de control
de reparación directa, en principio, sean los Juzgados Administrativos del Circuito
de Cúcuta -Reparto, los que tramiten el asunto, en el marco de lo cual establecerán
si en este preciso punto procede la admisión, el rechazo o la inadmisión, evento en
el cual podrá adoptar las decisiones que considere para determinar la competencia
según las reglas de competencia […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. Los actores solicitaron en su escrito de tutela4:
“[…] 1. Se AMPARE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO,
A LA IGUALDAD, A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, A LA REPARACIÓN
INTEGRAL, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EN CONEXIDAD
CON EL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL
PROCESAL, A LA SEGURIDAD JURÍDICA, A LA CONFIANZA LEGÍTIMA, A LA
BUENA FE Y LA ECONOMÍA PROCESAL, vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO
– SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C por incurrir la providencia de fecha 24 de
abril de 2024, proferida dentro del proceso de reparación de perjuicios causados a un
grupo radicado No. 25000-23-41-000-2018-00821-01 (69041) -segunda instancia-,
actor: Diofar Rangel Quintana y Otros, Demandado: Nación Colombiana – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional y otros, en una vía de hecho por desconocimiento del
precedente, defecto material o sustantivo, y violación directa de la constitución política
colombiana.
2. Se DEJE SIN EFECTOS la providencia de fecha 24 de abril de 2024, proferida
dentro del proceso de reparación de perjuicios causados a un grupo radicado No.
25000-23-41-000-2018-00821-01 (69041) -segunda instancia-, actor: Diofar Rangel
Quintana y Otros, Demandado: Nación Colombiana – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y otros, en los términos alegados en este escrito de tutela.
3. Se ORDENE AL CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
C, QUE DECIDA EL ASUNTO NUEVAMENTE EN RELACIÓN CON LO INVOCADO
EN ESTE ESCRITO […]”.
7.1. Los actores en su escrito de tutela indicaron lo siguiente5:
4 Transcripción literal del texto.
5 Transcripción literal del texto.
6
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
“[…] Inicialmente, tenemos que el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección
C al proferir la providencia de fecha 24 de abril de 2024, desconoció la aplicación de
la regla jurisprudencial vigente al momento de la presentación de la demanda,
consistente en que cuando se está en presencia de un delito de lesa humanidad y
crimen de guerra como lo es la activación de minas antipersonal lo cual genera
sufrimientos inhumanos y ponen intencionalmente en riesgo la vida de las personas,
no opera el fenómeno de la caducidad.
6. Respecto de la aplicación del criterio jurisprudencial vigente para la fecha de la
presentación de la demanda, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso
administrativo, Sección Tercera, en sentencia de fecha 4 de mayo de 2011, proferida
dentro del expediente Radicación número: 19001-23-31-000-1998-02300-01(19957),
Actor: MEDARDO TORRES BECERRA, Consejera ponente: RUTH STELLA
CORREA PALACIO, dijo […]”.
[…]
“[…] 8. Pues bien, para la fecha en la que se presentó la demanda, estaba vigente el
criterio jurisprudencial (posición dominante) consistente en que cuando el objeto del
medio de control pretenda reclamar la indemnización de unos perjuicios como
consecuencia de la comisión de un delito de lesa humanidad, se presenta ausencia
de caducidad en este tipo de casos, y de que la imprescriptibilidad de los crímenes
de lesa humanidad es una norma ius cogens, la cual resulta de obligatorio
cumplimiento para todos los Estados, especialmente para aquellos que hacen parte
del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, así como la
aplicación de dicho criterio con el fin de garantizar el acceso a la administración de
justicia y el derecho a una reparación integral.
9. Al respecto, me permito referenciar algunas de las providencias del Consejo de
Estado y Corte Constitucional en las que fue desarrollada dicha postura y que
evidencian la posición jurisprudencial dominante existente para la fecha de la
presentación de la demanda e incluso posterior, las cuales fueron inobservadas por
parte del acá tutelado:
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 17 de septiembre de
2013, Rad. 25000-3-26-000-2012-00537-01 (45092). CP. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
• Consejo de Estado, Sección Quinta, 12 de febrero de 2015, rad. 2014-00747-01.
C.P. Alberto Yepes Barreiro.
• Consejo de Estado, Sección Quinta, CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 12
de marzo de 2015.
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección MP. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa Sentencia de 7 de septiembre de 2015, expediente 47671.
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de fecha 5 de
septiembre de 2016, Radicación: 05001233300020160058701 (57625). C. P: Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.
• Consejo de Estado, Subsección B, Sección Tercera, 30 de marzo de 2017, radicado
2014-01449-01.
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 24 de noviembre
de 2017, rad. 05001-23-33-000-2016-02712-01 (58995) C.P: Danilo Rojas
Betancourth.
7
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 31 de julio de
2018, rad. 05001-23-33-000-2016-02264-01 (60726) C.P: Carlos Alberto Zambrano
Barrera.
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 30 de agosto de
2018, rad. 05001-23-33-000-2016-00428-01 (61709). C.P: Stella Conto Díaz del
Castillo.
• Consejo de Estado, Subsección B, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de
2018, expediente 61798.
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 28 de junio de
2019, rad. 05001-23-33-000-2018-00165-01 (61147), C.P: Ramiro Pazos Guerrero.
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 8 de julio de
2019, rad. 05001-23-33-000-2018-00150-01 (61087), C.P: Ramiro Pazos Guerrero.
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 22 de julio de
2019, rad. 05001-23-33-000-2018-00206-01 (61449), C.P: Ramiro Pazos Guerrero.
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 31 de julio de
2019, rad. 25000-23-36-000-2018-00109-01 (63119), C.P: Alberto Montaña Plata.
• Corte Constitucional, SU-659 de 2015, Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
• Corte Constitucional, T-352 de 2016, Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
10. En igual sentido, fue inobservada la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, caso Órdenes Guerra y otros vs Chile de fecha 29 de noviembre
de 2018, en la cual se encontró razonable que ante los hechos calificados como
crímenes contra la humanidad, las acciones de responsabilidad civil que garantizan
la responsabilidad de las víctimas, no son objeto de prescripción, y en la que se aclaró
que la imprescriptibilidad se justifica en que “la obligación del Estado de reparar es
por la naturaleza de los hechos y no depende del tipo de acción que busque hacerla
valer”.
11. Respecto de todo lo dicho, tenemos que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en providencia de fecha 7 de julio de 2022, proferida dentro del
radicado 11001031500020220210601, CP: Rafael Francisco Suárez Vargas accedió
al amparo de tutela invocado por la configuración del defecto <<desconocimiento del
precedente jurisprudencial>>, al determinar que no le era aplicable la sentencia de
unificación de fecha 29 de enero de 2020, toda vez que para la época de la
presentación de la demanda el criterio mayoritario de la sección tercera del Consejo
de Estado, apuntaba a que no era procedente aplicar el fenómeno jurídico de la
caducidad a las acciones con pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión
de crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los
derechos humanos, en atención a su naturaleza imprescriptible:
DEFECTO No. 2: DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO Y VIOLACIÓN DIRECTA
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
13. Con la providencia de fecha 24 de abril de 2024, se vulneró además los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, en
conexidad con el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, a
la seguridad jurídica, a la confianza legítima y a la buena, por incurrir la misma en los
defectos material o sustantivo, y violación directa de la constitución política
colombiana al no inaplicar el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, a pesar
8
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
de que en los hechos que rodean el medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo se cometieron delitos de lesa humanidad y de guerra, con la
explosión de minas antipersonal, de los cuales incluso fueron víctimas niños, niñas,
adolescentes, mujeres, ancianos, campesinos y demás población vulnerable
considerados sujetos de especial protección, por lo que se desconoce lo establecido
en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aplicable en
el ordenamiento jurídico interno en virtud del bloque de constitucionalidad […]”.
[…]
“[…] 26. Pues bien, en los argumentos esbozados al respecto, la Corporación incurrió
en defecto material o sustantivo al realizar una interpretación equivocada respecto de
lo dispuesto 46 de la ley 472 de 1998, al considerar que el grupo actor no reúne las
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó los perjuicios
individuales para dichas personas, lo cual sin duda pretenden desconocer la
sistematicidad, la generalidad y la gravedad de las conductas cometidas en relación
con la activación de minas antipersonal en el territorio colombiano, que ha generado
sufrimientos inhumanos y han puesto intencionalmente en riesgo la vida de las
personas […]”.
[…]
“[…] 34. Por lo anterior, el grupo actor posee un estatus jurídico semejante u
homogéneo, y hay uniformidad de la causa común, que es el presupuesto procesal
para la procedencia de esta acción constitucional […]”.
Actuación
8. El Despacho de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto de
28 de agosto de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los
magistrados de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado; y
iii) vinculó como terceros con interés legítimo, a la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República – Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y a la Policía Nacional,
concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el
particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
9. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó
declarar la improcedencia de la solicitud de tutela o, en su defecto, negar la acción
de tutela, al considerar que:
“[…] La acción interpuesta no configura un tema de relevancia constitucional, frente a
lo cual debe preverse que el juez de tutela "no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”, ya que la exigencia de la
9
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia
judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia del juez natural
de la causa […] En este sentido, me permito advertir que los argumentos expuestos
por la parte actora no reúnen los requisitos de la relevancia constitucional arriba
señalados, y lo que se pretende es utilizar la acción de tutela como tercera instancia
al recurso de apelación, lo que a todas luces desborda la naturaleza y finalidad de la
acción de tutela […]”.
[…]
“[…] Al respecto, resulta evidente que lo que se pretende con el argumento en
mención, es abrir -en el marco de la acción de tutela- el debate sobre el alcance de
los artículos 136 del CCA y 164 del CPACA, dada la disparidad de criterios que otora
(sic) existió entre las Subsecciones que integran la Sección Tercera, en cuanto a la
forma de abordar la exigibilidad del término para demandar por la vía de la reparación
directa cuando se invoca un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, cuestión
que fue unificada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado6, en
sentencia del 29 de enero de 2020, que constituye el precedente jurisprudencial
vigente al momento de decidir este asunto en el proceso ordinario7.
En dicha decisión la Sala Plena de la Sección Tercera precisó que salvo para el caso
de desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, en virtud de la cual, la
caducidad se cuenta desde la fecha en que aparece la víctima o, en su defecto, desde
el momento en el que quedó ejecutoriado el fallo definitivo adoptado en el proceso
penal, el conteo del plazo para acceder a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo inicia desde el momento en que los afectados conocieron o debieron
conocer la participación por acción u omisión-del Estado y advirtieron la posibilidad
de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto que existan situaciones
objetivas que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción […]”.
[…]
“[…] Es dable mencionar que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 no
moduló sus efectos en punto de su aplicación, lo cual implicó que la interpretación de
las normas contenida en dicha providencia cobijaba a todos los casos pendientes por
fallar desde el mismo momento en que fue proferido el fallo de unificación […]”.
[…]
“[…] En efecto, contrario a lo alegado por el actor que señaló en el escrito mediante
el cual promueve la acción constitucional, que el examen efectuado por la Subsección
incurre en una vía de hecho por desconocer precedentes jurisprudenciales e incurre
en defecto material o sustantivo y violación directa de la Constitución Política, se
observa que la Sala llevó a cabo un minucioso estudio de las razones fácticas y
jurídicas que condujeron a modificar el auto que se pretende dejar sin efectos en sede
tutela, atendiendo las normas y criterios jurisprudenciales que regulan cada específica
materia que fue objeto de decisión […]”.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sara Plena de la Sección Tercera, sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
7 “Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su
competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera
uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las
decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del
Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas". Artículo declarado EXEQUIBLE por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-634 de 2011, en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta,
junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera
preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la
resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las
sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad.
10
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
10. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió informe en los siguientes términos:
“[…] Al respecto, se considera que la decisión adoptada el 30 de agosto de 2024 (sic),
se fundó en el análisis de las pruebas que obraban en el expediente y en el
precedente jurisprudencial fijado por el máximo órgano de lo contencioso
administrativo, ha sido respetuosa en todo momento de la normatividad que regula la
materia y de los derechos de las partes, sujetos e intervinientes, de forma tal que no
se ha quebrantado, ni desconocido derecho fundamental alguno que le asista a la
parte actora de la acción de tutela de la referencia.
6) Ahora bien, teniendo en cuenta que la tutela objeto de este informe, se dirige
directamente contra la providencia proferida el 24 de abril de 2024 por la Subsección
C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no es competencia del suscrito
realizar alguna manifestación respecto del análisis normativo y probatorio por ella
efectuado para adoptar su decisión […]”.
11. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó su
desvinculación al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, por
las siguientes razones:
“[…] Teniendo en cuenta la situación fáctica, la Presidencia de la República no tiene
competencia para revocar o contradecir las decisiones judiciales debido a la
estructura y administración de la Rama Ejecutiva del Poder Público. Según esta
estructura, se han creado entidades que apoyan la gestión del presidente, como los
ministerios, los departamentos administrativos, las entidades adscritas y vinculadas,
y las sociedades de economía mixta. Estas entidades tienen la responsabilidad de
brindar soporte y canalizar los temas relacionados con la gestión gubernamental
[…]”.
12. La Policía Nacional solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, al
considerar que:
“[…] Me opongo, en atención a que la decisión judicial proferida en Primera Instancia
por el Tribunal Administración de Cundinamarca y en Segunda Instancia por el
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta; se
enmarcan con total apego a las normas constitucionales, legales y jurisprudenciales
por lo que no están viciados de nulidad, no se encuentran con falta ni falsa motivación,
y no se ha demostrado, ningún tipo de vicios de nulidad, ni vías de hecho que
configuren algún tipo de desviación de poder, manteniéndose intacta la presunción
de legalidad de la manifestación de la voluntad de la administración de justicia
académica garantizando en todo momento que fueron expedidos por la autoridad y
los funcionarios competentes, lo que permite afirmar, que las actuaciones no fueron
desproporcionadas, ni trasgredieron derechos fundamentales, humanos o legales
comprendidos dentro del bloque de derechos humanos y el derecho internacional
humanitario, que pretende hacer ver el apoderado de unos presuntos afectados y el
accionante. Es claro que se observaron las garantías constitucionales, legales y
jurisprudenciales vigentes para el caso en litigio y por ende, gozan del principio de
legalidad; el cual fue garantizado en cada etapa procesal por parte de las dos
instancias judiciales administrativas tanto por el Tribunal de Cundinamarca como por
la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado […]”.
11
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
[…]
“[…] Como se expuso y sustentó en precedencia y se reitera, éste apoderado judicial
de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, se
opone a la totalidad de las pretensiones de la demanda, considerando que las mismas
no están llamadas a prosperar; toda vez que, atendiendo a las peticiones
mencionadas por el accionante y en especial a la admitida el día veintiocho (28) de
agosto de dos mil veinticuatro (2024), esta unidad policial debe indicar a su honorable
despacho que las decisiones proferidas tanto en primera como en segunda instancia
fueron estudiadas, analizadas y estructuradas en cumplimiento a los preceptos
constitucionales, legales y reglamentarios para dar respuesta a los accionado por el
apoderado de las presuntas víctimas relacionadas dentro de la presente Litis […]”.
13. La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, el Ministerio
de Defensa Nacional y el Ejército Nacional guardaron silencio en esta oportunidad
procesal.
La sentencia impugnada
14. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia en primera
instancia, el 3 de octubre de 2024, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
“[…] Primero.- DESVINCÚLASE de la presente acción de tutela al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, por falta de legitimación en la causa
por pasiva.
Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por los
señores Diofar Rangel Quintana, quien a su vez actúa en representación de su hija
SYRC, Luis Alfredo Celis Ramírez y Noé Sánchez Gil, quienes actúan mediante
apoderado judicial, contra la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado,
por las razones aquí expuestas […]”.
14.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Por lo anterior, la Sala accederá a la solicitud de desvinculación formulada por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en razón a que no
fue vinculada al trámite judicial ordinario, toda vez que no se logró trabar la litis porque
la demanda fue rechazada por caducidad del término para acudir al medio de control
[…]”.
[…]
“[…] 5.2.4. Descendiendo al asunto bajo examen, los demandantes consideran que
la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por desconocimiento del
precedente judicial y sustantivo, pues no aplicó el precedente judicial vigente al
momento de la presentación de la demanda y, en consecuencia, no inaplicó el artículo
164 de la Ley 1437 de 2011.
Al respecto, se observa que la autoridad judicial accionada, al analizar la caducidad
del medio de control de los accionantes, aplicó la regla jurisprudencial desarrollada
12
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, en la cual se estableció la
siguiente regla […]”.
[…]
“[…] Al respecto, se debe recordar que en el auto de 17 de mayo de 2018, mediante
el cual la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado asumió el
conocimiento del proceso con radicado No. 85001-33-33-002-2014-00144-01, en el
que posteriormente culminó con la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020,
se observa que los argumentos para asumir el asunto, además de la especial
relevancia del tema, fue el hecho de que “entre las Subsecciones no existe un criterio
uniforme en torno a la aplicación del término de caducidad respecto de los daños
derivados de las conductas constitutivas de lesa humanidad, se concluye que, en
efecto, la Sala se encuentra una situación que amerita que se dicte una sentencia de
unificación”.
Es decir, que la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió unificar lo relativo a
la caducidad en los eventos en los que se alegan delitos de lesa humanidad, porque
no existía una posición uniforme en la misma sección, aspecto que esta sección no
puede desconocer.
Por lo anterior, para la Sala ese argumento resulta suficiente para precisar a los
demandantes las razones por las cuales la autoridad judicial accionada optó por
aplicar la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, pues al momento en que
se radicó la demanda no existía un criterio unificado en el órgano de cierre.
Igualmente, la Sala considera importante resaltar que la Corte Constitucional en
sentencia T-044 de 2022, al analizar los efectos temporales de la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
manifestó que “para los efectos del presente caso, el fallo de unificación tiene efectos
retrospectivos, al menos, por cuatro razones. Primero, porque darle efectos
retroactivos a las sentencias de unificación es una práctica que está prima facie
proscrita; segundo, porque, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la regla
general es que los cambios en el precedente judicial tienen efectos generales e
inmediatos; tercero, debido a que, según la práctica jurisprudencial del Consejo de
Estado, los efectos prospectivos del cambio en el precedente judicial deben ser
declarados explícitamente en la respectiva providencia judicial; y, cuarto, porque, esa
fue la intención de la mayoría de los miembros de la Sala Plena de la Sección
Tercera”. Postura que fue reiterada en la sentencia T-210 de 2022 […]”.
[…]
“[…] De otro lado, se advierte que las providencias de las Secciones Tercera y Quinta
del Consejo de Estado, así como las de la Corte Constitucional invocadas por los
demandantes fueron proferidas con anterioridad a la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020, es decir, cuando no había un criterio uniforme sobre el asunto, por
lo que no resultan obligatorias para la autoridad judicial accionada […]”.
[…]
“[…] Para lo anterior, es necesario reiterar que la autoridad judicial accionada decidió
aplicar el criterio unificado del órgano de cierre, por lo que el fallo de tutela de 7 de
julio de 2022 de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado no
resulta vinculante al presente asunto.
Respecto a la sentencia de tutela de 30 de julio de 2022 de la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado, se advierte que no es un asunto con contornos
fácticos y jurídicos similares, pues en dicho asunto se accedió al amparo en un caso
en el que el Ejército Nacional adelantó una ejecución sumaria contra un menor de
13
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
edad y luego desapareció el cuerpo, por lo que los afectados tan solo conocieron del
daño cuando encontraron los restos. Por consiguiente, es evidente que no estamos
ante un escenario de igualdad que permita aplicar el precedente invocado por los
demandantes.
De otro lado, frente al cargo relacionado con la inaplicación del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011, se reitera que la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020,
señaló que solo (sic) en los casos de la desaparición forzosa es que no se aplicará el
término de los dos años establecidos en el mencionado artículo, solo (sic) hasta
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, situación que no ocurrió en el presente asunto.
Finalmente, respecto a la orden de remisión a los Juzgados Administrativos del
Circuito de Cúcuta de la demanda del señor Diofar Rangel Quintana y su hija SYRC,
se advierte que esa decisión de la autoridad judicial accionada no vulnera alguna
garantía iusfundamental. Por el contrario, lo que permite evidenciar es que tuvo por
sustento la garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, en tanto
respecto de ellos la demanda fue presentada oportunamente, razón por la cual no se
hizo extensiva la decisión de caducidad del término para interponer la demanda de
reparación directa […]”.
La impugnación
15. Los actores impugnaron la sentencia proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresaron lo siguiente8:
“[…] me permito IMPUGNAR la sentencia de fecha 3 de octubre de 2024 proferida
por su Despacho dentro del expediente de la referencia, la cual fue notificada por
correo electrónico el día 10 de octubre hogaño, y que sustento reiterando los
argumentos esgrimidos en el escrito de tutela, por cuando a nuestro juicio en la
providencia acá enjuiciada se incurre también que Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección C y de manera sistemática, en una violación a los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, a la
reparación integral, al acceso a la administración de justicia, en conexidad con el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, a la seguridad
jurídica, a la confianza legítima, a la buena fe y la economía procesal al desconocer
la postura mayoritaria respecto de la ausencia de caducidad frente a delitos de lesa
humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves de los derechos humanos
que imperaba al momento de la presentación de la demanda; asimismo, de que la
sentencia de fecha 29 de enero de 2020 resultaba inaplicable en el caso en concreto,
en el entendido de que ella no moduló sus efectos, por lo que se entiende que los
mismos operan a futuro, y lo más importante, que desconoce abiertamente el bloque
de constitucionalidad, los efectos vinculantes del mismo en el ordenamiento jurídico
colombiano y por ende, la inaplicabilidad en este asunto de lo dispuesto en el artículo
164 del CPACA [...]”.
16. Para tal efecto, los actores reiteraron los defectos alegados en el escrito de
tutela.
8 Transcripción literal del texto.
14
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19919, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
202110 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 11, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas Jurídicos
19. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir el auto de
24 de abril de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de
radicación 250002341000201800821-01, incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y en defecto sustantivo por interpretación
irrazonable de normas jurídicas, lo que trajo como consecuencia que, por un lado,
se rechazara la demanda que interpusieron los actores y, por otra parte, no se le
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
10 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
11 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
15
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
diera el trámite como medio de control de reparación de los perjuicios causados a un
grupo.
20. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los
requisitos de procedencia en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) el defecto sustantivo por interpretación
irrazonable de normas jurídicas; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; vii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia;
viii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad; ix) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental
a la reparación integral; x) análisis del caso concreto, y finalmente xi) las
conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
21. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello12, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
22. Esta Sección13 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
16
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
23. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
24. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedencia, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado
como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de
tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”14.
25. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”15 que encaje en dichos
parámetros.
14Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
17
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
27. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
28. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela en el caso concreto
29. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional.
30. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedencia, así:
30.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de
los actores al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la reparación integral.
30.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la
posible afectación de los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii)
los actores cumplieron con la carga argumentativa mínima en dar las razones
jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente y en un defecto sustantivo por
interpretación irrazonable de normas jurídicas.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
30.3. Para la Sala exigirle a los actores una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales17, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica de los actores, que realmente el operador judicial profirió
una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales18.
30.4. Cumplió con el requisito general de procedencia de inmediatez19.
30.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales los actores puedan lograr la protección de los derechos
invocados.
30.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;
30.7. Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alega;
y
30.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
31. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
17 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de julio de 2017,
C.P Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00725-00.
19 Puesto que el auto de 24 de abril de 202 proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado se notificó el 15 de mayo de 2024, mientras que la tutela se interpuso el 30 de julio de 2024, es decir,
se presentó antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia cuestionada.
19
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.
32. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189620 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121;
así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200122; C-816 de
201123; C-179 de 201624; y T-102 de 201425.
33. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”26 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.
34. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional27, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).
20 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
21 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
22 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
23 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
24 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
25 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
26 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
27 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
20
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
35. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria28, la regla del respeto del precedente no
es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente
a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a
resolver una situación concreta.
36. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala29, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser
tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta
errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que
se fundamenta el ordenamiento jurídico.
37. En efecto, la Sala30 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de
la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las
que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial31”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión
de apartarse.
38. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo
los órganos de cierre como lo son: i) la Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado
y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, fijan reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
28 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de
febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013,
C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
30 ibídem.
31 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
21
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.
Defecto sustantivo por interpretación irrazonable de una norma jurídica
39. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura una
vía de hecho por defecto sustantivo:
“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial
emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada,
o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica. 32
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente33 o porque ha sido derogada34, es inexistente35,
inexequible36 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador37.
b. No se hace una interpretación razonable de la norma38.
c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes39.
d. La disposición aplicada es regresiva40 o contraria a la Constitución41.
e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición42.
f. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma43.
g. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.
32 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de
24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero
de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra,
Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte
Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con ponencia
del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
33 Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
34 Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
35 Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
36 Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
37 Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
38 Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101
de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
39 Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de
9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera Carbonell.
40 Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
41Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
42Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
43Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
22
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente […]”.
40. Como se puede evidenciar uno de los defectos sustantivos en que puede
incurrir un juez es la interpretación irrazonable de la norma jurídica aplicable al caso
concreto que se realiza de manera arbitraria vulnerando los postulados
constitucionales y por consiguiente los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia.
41. Frente al alcance de la interpretación irrazonable de las normas jurídicas la
Corte Constitucional ha dicho:
“[…] Sobre la última hipótesis, relativa a la interpretación irrazonable de las
disposiciones jurídicas, la Corte ha dicho que se trata de la causal de procedencia
de la tutela por defecto sustantivo más restringida. Esto tiene que ver con que la
interpretación de la ley sea un campo en el que se manifiestan con especial
intensidad los principios de independencia y autonomía judicial que, en el marco
del Estado Constitucional de Derecho, protegen a los jueces de injerencias
indebidas en su labor de resolver las controversias jurídicas que se sometan a su
conocimiento a partir de la interpretación que estimen más ajustada al
ordenamiento jurídico y a los criterios auxiliares de la actividad judicial: la equidad,
la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho.44
La preeminencia de esos principios de autonomía e independencia judicial cobra
sentido ante la complejidad propia del proceso de aplicación del derecho. Dado que
tal actividad exige la participación activa de la autoridad judicial en la interpretación
del ordenamiento jurídico, es lógico que existan diversas posiciones sobre la norma
jurídica aplicable a determinada situación de hecho y sobre las consecuencias que
se derivan de ella.45
La independencia y la autonomía que se reconoce a los jueces a la hora de
interpretar la legalidad infraconstitucional no son, sin embargo, absolutas46. El
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar eficacia
a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía de los derechos
humanos (artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.) y la garantía de acceso a la
administración de justicia (artículo 228 C.P.) exigen que todos los poderes y
autoridades públicas adopten decisiones acordes a los cánones superiores47 y
justifican, además, la intervención del juez constitucional, cuando los preceptos de
la norma superior sean amenazados o menoscabados por cuenta de una
interpretación judicial abiertamente irrazonable.
44 Constitución Política, Artículo 230.
45 La Corte ha distinguido entre las disposiciones jurídicas (texto legal o enunciado normativo) y el producto de
su interpretación (norma jurídica o contenido normativo) y, sobre la base de esa distinción, ha entendido que
una misma disposición puede contener diversas normas jurídicas y que una misma norma jurídica puede estar
contenida, a su vez, en diversas disposiciones. (Corte Constitucional, Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
46 Corte Constitucional, Sentencias T-1031 de 27 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y
T-1001 de 18 de septiembre de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
47 Cfr. Además, ha sostenido este Tribunal que entender la Constitución como un cuerpo armónico, supone
concebir la estructura del Estado (parte orgánica), en función de la eficacia de los derechos constitucionales,
los principios y los fines del estado (parte dogmática).
23
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
17. El hecho de que las autoridades judiciales estén sometidas a las restricciones
derivadas del diseño constitucional adoptado por la Carta de 1991 supone,
entonces, que su labor interpretativa encuentre como límite infranqueable el
principio de legalidad, entendido en su acepción amplia, es decir, como un precepto
que alude a la totalidad de las fuentes del derecho, en cuya cúspide se encuentra
la Constitución como norma superior que aspira a otorgarle unidad y coherencia al
ordenamiento jurídico.48
Bajo tales supuestos, esta Corporación ha señalado que una autoridad judicial
puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable en al menos dos
circunstancias: i) cuando le otorga a una disposición jurídica un sentido y alcance
que no tiene, es decir, que la interpreta de forma contraevidente, o ii) cuando le
confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en
realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados.
18. La interpretación contraevidente como causa generadora del defecto sustantivo
por interpretación irrazonable se presenta cuando el juez deriva interpretativamente
una norma jurídica que no se desprende del marco normativo que ofrece la
disposición aplicable al caso, en contravía del principio de legalidad. Sin embargo,
el defecto sustantivo no se presenta ante cualquier discrepancia dogmática
respecto de la opción interpretativa acogida por la autoridad judicial, sino,
solamente, cuando la misma es manifiestamente irracional, sin sentido,
consecuencia de una desviación notoria del derecho. En palabras de la Corte, las
fallas originadas en el proceso hermenéutico “han de ser protuberantes para que
sea factible predicar que a la ley se le ha otorgado un sentido
contraevidente”.49[…]”50
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
42. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
48 Al respecto, esta Corporación en sentencia C-1026 de 26 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre
Lynett indicó que “Si los jueces, por una parte, son los encargados de hacer efectivos los derechos y libertades
individuales, y por otra, son los que realizan la labor de aplicación del derecho positivo a la realidad social,
entonces puede afirmarse que, respecto de ellos, el principio de legalidad cobra una dimensión hermenéutica
de gran importancia, en la medida en que durante el desarrollo cabal de sus funciones deben realizar varios
ejercicios interpretativos, tanto de la ley, como de las circunstancias fácticas sobre las cuales habrán de decidir.
Ahora, es claro que a partir del tránsito constitucional de 1991, con el reconocimiento (en el artículo 4 Superior)
del valor normativo intrínseco de la Carta, esa labor de interpretación se debe conducir según los cauces que
ha trazado la doctrina constitucional, especialmente en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales;
en efecto, sólo en la medida en que la labor hermenéutica del juez se ajuste a los dictados constitucionales,
puede afirmarse que respeta el principio de legalidad”.
49 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1045 de 24 de octubre de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
50 Corte Constitucional, Sentencia T-629 de 2 de octubre de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
43. Atendiendo a que, la Corte Constitucional51 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
44. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
45. Atendiendo a que, la Corte Constitucional52 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
51 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
52 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
25
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
46. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
47. Atendiendo a que la Corte Constitucional53 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
reparación integral
48. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
53 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
26
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.
49. Atendiendo a que la Corte Constitucional54 ha entendido que el derecho a la
reparación integral “[…] se trata de un derecho fundamental en atención a que “1)
busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus
derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se
interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas
de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no repetición
[…]”.
Análisis del caso en concreto
50. Diofar Rangel Quintana55, Luis Alfredo Celis Ramírez y Noé Sánchez Gil, a
través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir el auto de 24
de abril de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de
radicación 250002341000201800821-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
51. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
52. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
54 Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 13 de febrero de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
55 Quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de 18 años de edad SYRC. Esta Sala
adopta como medida de protección a la intimidad de la menor de 18 años de edad relacionada en este proceso
la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán reemplazados
por las siguientes iniciales SYRC.
27
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
Acervo y análisis probatorios
53. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
53.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el
número único de radicación 250002341000201800821-01.
Solución del caso concreto
Análisis de los defectos que propusieron los actores relacionados con la
caducidad de pretensiones indemnizatorias
54. La Sala advierte que, los actores en su escrito de tutela, frente al cómputo
del término de caducidad del medio de control de reparación directa, señalaron que
la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y en un “[…] DEFECTO MATERIAL O
SUSTANTIVO Y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA […]”,
toda vez que su decisión, por un lado, “[…] desconoció la aplicación de la regla
jurisprudencial vigente al momento de la presentación de la demanda, consistente
en que cuando se está en presencia de un delito de lesa humanidad y crimen de
guerra como lo es la activación de minas antipersonal lo cual genera sufrimientos
inhumanos y ponen intencionalmente en riesgo la vida de las personas, no opera el
fenómeno de la caducidad […]” y, por otra parte, vulneró sus derechos
fundamentales “[…] al no inaplicar el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-
, a pesar de que en los hechos que rodean el medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo se cometieron delitos de lesa humanidad y de
guerra, con la explosión de minas antipersonal […]”.
55. Al respecto, los actores señalaron que en el auto cuestionado hubo una
aplicación indebida del precedente establecido en la sentencia de unificación de 29
de enero de 2020 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y, en consecuencia, se desconocieron los 18 “[…] precedentes […]” que
aparecen referenciados en el numeral 7.1. de esta sentencia, con los que, a su
juicio, el caso sub examine guarda similitud fáctica y jurídica.
28
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
56. Atendiendo a que los defectos mencionados supra se relacionan entre sí, esta
Sala, al igual que lo realizó el A quo, abordará de manera conjunta su análisis.
57. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que para la aplicación del
precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los
siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre
una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un
problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente56.
Sentencia de 29 de enero de 202057
58. La Sección Tercera del Consejo de Estado, a petición del Tribunal
Administrativo del Casanare, avocó en segunda instancia el conocimiento de un
proceso de reparación directa, con el fin de proferir sentencia de unificación
jurisprudencial, en relación con la caducidad de las pretensiones de reparación
directa frente a los delitos de lesa humanidad, en ese caso particular, se abordó el
supuesto fáctico de una presunta ejecución extrajudicial por miembros del Ejército
Nacional.
59. El problema jurídico que resolvió el Consejo de Estado fue el siguiente:
“[…] El Juzgado 2° Administrativo del Circuito de Yopal consideró que, en este asunto,
tal como se indicó en la demanda, no resultaba exigible el término de caducidad de la
pretensión de reparación directa, porque el litigio versaba sobre el daño derivado de
un delito de lesa humanidad.
Por tratarse de un presupuesto procesal del derecho de acción, la Sección Tercera
determinará si la demanda de la referencia se presentó o no en oportunidad y
si la circunstancia invocada por el a quo resulta suficiente para inaplicar las
normas que regulan el término de caducidad […]”. (Resaltado por la Sala)
60. La Sección Tercera del Consejo de Estado advirtió que “[…] Entre las
Subsecciones que integran esta Sala, según se explicó en auto del 17 de mayo de
2018, mediante el cual se avocó el conocimiento del presente asunto para efectos
de unificación de jurisprudencia, no existe un criterio uniforme en cuanto a la
56 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de
29 de enero de 2020, núm. único de radicación 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
29
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
exigibilidad del término para demandar cuando se invoca un delito de lesa
humanidad o un crimen de guerra, razón por la cual en esta oportunidad se fijará un
criterio uniforme para tales eventos. […]”.
61. Una vez analizó el caso, la Sección Tercera estableció las siguientes reglas
de unificación en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado:
i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el
legislador;
ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal
expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial, y
iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley.
62. De conformidad con lo expuesto, en primera medida, la Sala advierte que, en
efecto como lo señalaron los actores, la sentencia de unificación de 29 de enero de
2020 fue proferida con posterioridad a la fecha en la que ellos radicaron la demanda
en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo.
Sin embargo, la Sala precisa que, por un lado, frente a dicha sentencia de
unificación no se modularon sus efectos y, por otra parte, como ya lo ha advertido
esta Sección58, el precedente judicial aplicable a los diferentes casos puestos en
conocimiento de las autoridades judiciales es aquel que se encuentre vigente al
momento en el que el juez o Corporación profiere su decisión, independientemente
de que cuando se haya presentado la demanda existiera otro precedente.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de mayo de
2022, número único de radicación 110010315000202200056-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
30
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
63. En ese orden de ideas, la Sala observa que para la fecha en que se profirió
la sentencia cuestionada, esto es, 24 de abril de 2024, se encontraba vigente el
precedente establecido en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020.
64. Ahora bien, en cuanto a la aplicación de dicho precedente judicial al caso sub
examine, para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto
sustantivo por indebida aplicación del precedente judicial, toda vez que, conforme a
dichas reglas de unificación establecidas por el órgano de cierre en relación con la
caducidad de las pretensiones de reparación directa frente a los crímenes de lesa
humanidad, era razonable que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado advirtiera que, en atención a la valoración probatoria obrante en el
expediente, el “[…] 2 de junio de 1991 y 11 de agosto de 2002, día siguiente a
aquel en el que evidentemente los demandantes Luis Alfredo Celis Ramírez y Noé
Sánchez Gil debieron tener el conocimiento de las lesiones que sufrieron en su
propia integridad y de las omisiones alegadas, que inició el cómputo del término
de 2 años previsto en el artículo 136 del CCA para acudir ante el juez contencioso.
Ese término feneció el 2 de junio de 1993 y 11 de agosto de 2004,
respectivamente. De manera que, atendiendo que la demanda se presentó el 16
de agosto de 2018, la misma resulta notoriamente extemporánea frente a esas
pretensiones […]”; conclusión que se halla en armonía con las reglas
jurisprudenciales expuestas supra.
65. En efecto, como lo ha indicado esta Sección en otras oportunidades59, “[…]
conforme con la jurisprudencia de unificación anteriormente citada, en los casos que
se pretenda la reparación de un daño antijurídico imputable al Estado con ocasión
de la comisión de un delito de lesa humanidad, la demanda deberá presentarse en
los términos establecidos en el literal i) del numeral 2, del artículo 164 del CPACA,
contándose el término para presentar la demanda desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, salvo que se
presenten situaciones que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción,
circunstancia en la que el plazo empezará a correr una vez sean estas superadas
[…]”.
59 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de marzo
de 2024, número único de radicación 110010315000-2023-06802-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
31
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
66. Al respecto y atendiendo a que los actores señalaron que “[…] En igual
sentido, fue inobservada la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, caso Órdenes Guerra y otros vs Chile de fecha 29 de noviembre de 2018
[…]”, la Sala precisa que en la misma sentencia de unificación de 29 de enero de
2020, la Sección Tercera de esta Corporación sostuvo que lo resuelto en dicha
sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no era
vinculante en el caso colombiano por los siguientes motivos:
“[…] 3.2.3. Sentencia de la CIDH en el caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile como
fundamento para no aplicar las reglas que rigen la regla de caducidad de la reparación
directa
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 29 de noviembre
de 2018, caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, concluyó que el Estado, previa
aceptación de su responsabilidad, vulneró el derecho de acceso a administración de
justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección
judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en
relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma normativa.
La Corte precisó que el recurso judicial disponible en la jurisdicción chilena para recibir
una indemnización por violaciones a los derechos humanos por parte del Estado era
la acción civil de indemnización y que las demandas presentadas para tal fin fueron
rechazadas en aplicación del instituto de la prescripción consagrado en los artículos
2.514 y 2.515 del Código Civil Chileno, según el cual el término pertinente es de 5
años.
La CIDH compartió el argumento de la Comisión, según el cual no existen razones
que justifiquen que en el derecho chileno la acción penal sea imprescriptible y la civil
no; además, aclaró que compartía la jurisprudencia de los últimos años de la Corte
Suprema de Justicia de Chile, a través de la cual se declaró en numerosos casos la
imprescriptibilidad de la acción civil indemnizatoria por daños derivados de delitos de
lesa humanidad.
La decisión de la Corte se fundamentó en la aceptación de responsabilidad por
parte de Chile, Estado que indicó que, en efecto, en los casos en los que se
pretendía la reparación de los perjuicios causados por un delito de lesa
humanidad la acción civil no debía prescribir. Este allanamiento no se confrontó
con las normas internas y las de la Convención, cuyo alcance tampoco fue
delimitado.
Pues bien, las sentencias de la CIDH resultan vinculantes en tanto interpreten
las normas de la Convención. El fallo analizado no contiene una interpretación
del artículo 25 de la CADH –acceso a la administración de justicia–, pues, se
insiste, avala la aceptación de responsabilidad de Chile, en cuanto a los efectos
de sus normas de prescripción de las acciones civiles frente a los delitos de
lesa humanidad.
Adicionalmente, esta Sala precisa que el ordenamiento jurídico chileno contiene
preceptos distintos a las establecidos en el derecho colombiano, en cuanto no prevén
la posibilidad de contar el plazo pertinente a partir del conocimiento de la participación
del Estado, lo cual, como antes se explicó, es una regla que tiene los mismos efectos
que la imprescriptibilidad en materia penal.
32
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
En las condiciones analizadas, la Sala concluye que, como en el caso Órdenes
Guerra y otros vs. Chile no se interpretó la Convención Americana de Derechos
Humanos a la luz de reglas con contenido material similar a las que prevé nuestro
Código Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de 2011, tal pronunciamiento no
resulta vinculante para resolver el presente asunto […]”. (Resaltado por la Sala)
67. Ahora bien, pese a que los actores hicieron referencia a trece precedentes
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en los que, a su juicio, se advirtió que
“[…] cuando el objeto del medio de control pretenda reclamar la indemnización de
unos perjuicios como consecuencia de la comisión de un delito de lesa humanidad,
se presenta ausencia de caducidad en este tipo de casos […]”, lo cierto es que la
aplicación de estos precedentes no tienen la incidencia que pretenden los actores
respecto de la decisión censurada, toda vez que, precisamente, lo que hizo la
sentencia de 29 de enero de 2020 fue unificar la diversidad de criterios que existían
al respecto y establecer, como órgano de cierre especializado en la materia, una
regla respecto al conteo de la caducidad en esos casos; regla de derecho que cabe
mencionar es de carácter vinculante en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
68. Por otra parte, respecto a las sentencias SU-659 de 201560 y T-352 de
201661, la Sala advierte que, además de no compartir identidad fáctica y jurídica con
el caso objeto de estudio, fueron proferidas con anterioridad a la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020. Al respecto, cabe precisar que la Corte
Constitucional, en la sentencia SU-312 de 13 de agosto de 202062, también unificó
su posición sobre el tema objeto de la presente solicitud y realizó el siguiente análisis
de convencionalidad:
“[…] 6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia, esta Corporación
estima que dicho entendimiento del término de caducidad del medio de control
de reparación directa es razonable y proporcional desde una perspectiva
constitucional y convencional, incluso en casos en los que el daño que se pretenda
reparar sea causado por un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o
genocidio.
6.28. En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es razonable para que
las víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la oportunidad de
acceder a la administración de justicia con el fin de obtener la declaración de
responsabilidad de la administración y gestionar el resarcimiento de los menoscabos
padecidos, porque el término respectivo sólo empieza a contabilizarse cuando
exista claridad en torno a lo sucedido, incluso sin han trascurrido lustros o
décadas desde el instante en el que ocurrió el delito de lesa humanidad, el
60 Corte Constitucional. Sentencia SU-659 de 22 de octubre de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos.
61 Corte Constitucional. Sentencia T-352 de 6 de julio de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
62 Corte Constitucional. Sentencia SU-312 de 13 de agosto de 2020, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
33
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
crimen de guerra o el genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior, comoquiera
que no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino la posibilidad del
interesado de identificar la participación en la misma de sujetos vinculados a una
autoridad pública y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación
respectiva.
6.29. De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia del término legal de
caducidad del medio de control de reparación directa en tratándose de daños
originados en delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra permite, en
la mayor medida de lo posible, la optimización de los intereses constitucionales en
tensión en asuntos como el estudiado en la presente oportunidad. Específicamente,
por una parte, protege la seguridad jurídica y, por otra, no implica una afectación grave
al acceso a la administración de justicia de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos a efectos de obtener la reparación patrimonial de los daños causados por
las mismas […]”.
[…]
“[…] 6.33. Por otro lado, esta Corte toma nota de que la reparación patrimonial de los
daños causados por el Estado es una obligación contemplada en el artículo 90 de la
Carta Política, la cual, cuando tiene su origen en una violación a los derechos
humanos, se ve reforzada por disposiciones de instrumentos internacionales
incluidas en el bloque de constitucionalidad, como los artículos 8° y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2.3 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que le imponen al Estado colombiano el deber de
garantizar el acceso a la administración de justicia para proteger de forma efectiva
dichas prerrogativas.
6.34. Al respecto, este Tribunal evidencia que el establecimiento del término de
caducidad para pretender por vía judicial la reparación de los menoscabos
patrimoniales causados por el Estado con ocasión de un delito de lesa
humanidad, un crimen de guerra o genocidio, no representa una afectación del
derecho al acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos con el fin de obtener una compensación por el daño padecido, porque:
(i) Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable de
dos años para acudir al aparato jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones, el cual no
se cuenta necesariamente desde el momento del daño que origina el perjuicio, sino
que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado tenga conocimiento de que el
menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre en la capacidad material de
imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional;
(ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser analizada por el juez
contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada
asunto en concreto; y
(iii) La desestimación del medio de control de reparación directa por caducidad, no le
impide al perjudicado obtener la compensación económica del daño causado por
otras vías, como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que
se adelante en contra del responsable material del delito de lesa humanidad o el
trámite de indemnización administrativa […]”.
[…]
“[…] 6.41. En este orden de ideas, como lo puso de presente el Pleno de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en su condición de órgano de cierre de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, en la Sentencia del 29 de enero de 2020, la Corte
considera que no es necesario extender la figura de imprescriptibilidad que se predica
de acción penal frente a los delitos de lesa humanidad al estudio de la caducidad del
34
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
medio de control de reparación directa para asegurar los derechos de las víctimas,
puesto que, además de tratarse de instituciones jurídicas con características y lógicas
diferentes, el término legal establecido para acudir a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo integra un criterio asimilable al que lleva inmerso
dicha figura aplicable a la persecución penal, el cual busca ponderar los
principios en tensión, estos son, la seguridad jurídica y el mandato de justicia.
6.42. Efectivamente, en clave con lo dispuesto por el legislador, los perjudicados por
un menoscabo originado en un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o un
genocidio imputable a una autoridad pública, tienen un término de dos años para
acudir al aparato jurisdiccional y velar por sus intereses en el entendido de que
dicho plazo únicamente empezará a contarse, bajo la misma lógica de la
imprescriptibilidad penal que se predica de las mencionadas conductas
delictivas, una vez la persona tenga conocimiento real de la participación, por
acción u omisión, del Estado y se encuentre en la posibilidad material de
imputarle el daño causado […]”.
[…]
“[…] 6.55. Así las cosas, con base en las consideraciones expuestas, la Sala Plena
de la Corte estima que la aplicación del término legal de caducidad del medio de
control de reparación directa en tratándose de daños originados en delitos de lesa
humanidad, genocidio y crímenes de guerra es acorde a los mandatos
constitucionales y, por ello, decide unificar su jurisprudencia en tal sentido con el fin
de superar los criterios divergentes existentes dentro de la Jurisdicción Constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala)
69. En ese sentido, la Sala advierte que la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado aplicó el criterio vigente para el momento en el que debió
resolver el recurso de apelación propuesto contra la decisión proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
sin que se advierta un actuar caprichoso, arbitrario o irrazonable, sino por el
contrario, el estricto cumplimiento del precedente vigente y unificado que para tal
efecto estableció la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
70. En ese sentido, la Sala considera que no hubo una indebida aplicación de la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, en la medida en que, se respetaron
las reglas jurisprudenciales vigentes y las particularidades propias del caso de los
actores.
71. Finalmente, la Sala precisa que: i) respecto de la referencia que hicieron los
actores a “[…] Consejo de Estado, Sección Quinta, CP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, 12 de marzo de 2015 […]”, no se advierte que hayan identificado la
providencia y tampoco el número único de radicación del proceso; y ii) frente a la
referencia a “[…] Consejo de Estado, Sección Quinta, 12 de febrero de 2015, rad.
2014-00747-01. C.P. Alberto Yepes Barreiro […]” y a “[…] Consejo de Estado,
35
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
Sección Segunda, Subsección A, en providencia de fecha 7 de julio de 2022,
proferida dentro del radicado 11001031500020220210601, CP: Rafael Francisco
Suárez Vargas […]”, se advierte que no constituyen precedente judicial, toda vez
que sus efectos son inter partes, tal como lo prevé el artículo 48 de la Ley 270 de 7
de marzo de 199634, que prevé que “[...] las decisiones judiciales adoptadas en
ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las
partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces
[...]”.
Análisis del defecto sustantivo por interpretación irrazonable del artículo 46
de la Ley 472 de 5 de agosto de 199863
72. Los actores en su escrito de tutela, expresaron que:
“[…] 26. Pues bien, en los argumentos esbozados al respecto, la Corporación incurrió
en defecto material o sustantivo al realizar una interpretación equivocada respecto de
lo dispuesto 46 de la ley 472 de 1998, al considerar que el grupo actor no reúne las
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó los perjuicios
individuales para dichas personas, lo cual sin duda pretenden desconocer la
sistematicidad, la generalidad y la gravedad de las conductas cometidas en relación
con la activación de minas antipersonal en el territorio colombiano, que ha generado
sufrimientos inhumanos y han puesto intencionalmente en riesgo la vida de las
personas […]”.
[…]
“[…] 34. Por lo anterior, el grupo actor posee un estatus jurídico semejante u
homogéneo, y hay uniformidad de la causa común, que es el presupuesto procesal
para la procedencia de esta acción constitucional […]”.
73. El artículo 46 de la Ley 472 de 1998 establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 46. PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES DE GRUPO. <Aparte
tachado INEXEQUIBLE> Las acciones de grupo son aquellas acciones
interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios
individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también
lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad.
La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y
pago de la indemnización de los perjuicios.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> El grupo estará integrado al menos por
veinte (20) personas […]”.
63 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.”
36
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
74. La autoridad judicial accionada al resolver el caso concreto, indicó que:
“[…] A partir de lo expuesto y atendiendo la jurisprudencia atrás citada, el grupo
está debidamente constituido si el conjunto de personas que hacen parte del mismo
comparte condiciones uniformes respecto del hecho generador del daño, esto es,
frente a la activación de las minas antipersonales por la presunta omisión de la
administración. En esa medida, en el presente asunto la parte actora debió
identificar la existencia de condiciones comunes y específicas que pudieran llevar
a aglutinar un conjunto de al menos 20 personas con características uniformes
sobre esa misma causa generadora de los perjuicios que se reclaman.
No obstante lo anterior, los tres casos que fueron individualizados en la demanda,
develan que el hecho generador de los daños alegados en el sub lite, consistente
en la activación de minas antipersonales, ocurrió en diferentes circunstancias,
momentos y municipios […]”.
[…]
“[…] Sumado a lo anterior, el documento denominado "Reporte Nacional por
Víctimas Antipersonal y Munición sin Explosionar" suministrado por la Dirección
para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia de la
Presidencia de la República y el Oficio No. OFI18-67612 del 17 de julio de 2018
de la Dirección de Estudios Estratégicos para el Viceministerio para las Políticas
y Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa Nacional, aportados con la
demanda y su corrección, respectivamente, dan cuenta que el origen de los daños
alegados -muerte y lesiones-no es el mismo para todos los integrantes del grupo
actor, pues la activación de las minas antipersonales no comparte caracterís ticas
comunes de tiempo, modo y lugar, que permitan adoptar una decisión o solución
unitaria de la controversia y con efectos respecto de todos ellos […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, como la pretensión de grupo no resulta procedente por ausencia
de causa común, la Sala, en lo relacionado con los demandantes Diofar Rangel
Quintana quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor
[…], Luis Alfredo Celis Ramírez y Noé Sánchez Gil adecuará, adecuará la demanda
al medio de control correspondiente y determinará si era susceptible o no de ser
rechazada […]”.
75. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que la autoridad
judicial accionada tuvo en cuenta el contenido de los artículos 3, 46 y 52 de la Ley
472 de 1998 y aquellos precedentes en los que se ha definido el alcance de dichas
disposiciones, como, por ejemplo, la sentencia C-569 de 2004, la sentencia de 16
de abril de 2007 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado64, el auto
de 12 de julio de 2019 proferido por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado65, entre otros.
64 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 2007, número único de
radicación 25000232500020020025-02.
65 Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera, auto de 12 de julio de 2019,
número único de radicación 660012331000201700654-01.
37
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
76. Así mismo, la Sala observa que, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado analizó los supuestos fácticos de los casos de los actores
conforme lo previsto en las normas y precedentes señalados supra, concluyendo
de manera razonable y justificada que:
“[…] Del examen del expediente se advierte que el extremo activo señaló en el
libelo introductorio y en el escrito de subsanación, cuáles eran, a su juicio, los
criterios para identificar el grupo afectado y determinar la causa común que
generaba condiciones uniformes respecto del mismo, con lo que consideró haber
atendido la carga procesal dispuesta por la Ley 472 de 1998, para la procedencia
del medio de control.
En esa medida para la parte demandante, el conjunto de personas que conforman
el grupo actor lo constituyen las víctimas y familiares de los militares y civiles que
resultaron lesionados o fallecidos en todo el territorio nacional, en el período
comprendido entre el 1 de enero de 1985 y el 9 de julio de 2018, con ocasión de
la activación de minas antipersonales […]”.
[…]
“[…] A partir de lo expuesto y atendiendo la jurisprudencia atrás citada, el grupo
está debidamente constituido si el conjunto de personas que hacen parte del mismo
comparte condiciones uniformes respecto del hecho generador del daño, esto es,
frente a la activación de las minas antipersonales por la presunta omisión de la
administración. En esa medida, en el presente asunto la parte actora debió
identificar la existencia de condiciones comunes y específicas que pudi eran llevar
a aglutinar un conjunto de al menos 20 personas con características uniformes
sobre esa misma causa generadora de los perjuicios que se reclaman.
No obstante lo anterior, los tres casos que fueron individualizados en la demanda,
develan que el hecho generador de los daños alegados en el sub lite, consistente
en la activación de minas antipersonales, ocurrió en diferentes circunstancias,
momentos y municipios. En tal sentido la Sala encuentra acreditado que:
i) El civil Yamir Rangel Quintana fue víctima de una mina antipersonal y perdió una
de sus piernas el 19 de mayo de 2018, en la vereda la Horqueta, municipio de
Hacarí, Norte de Santander.
ii) El soldado voluntario Luis Alfredo Celis Ramírez, resultó lesionado “en combate
por acción directa del enemigo”, con ocasión de la activación de una mina
antipersonal el 1º de junio de 1991, en la región de Mico Ahumado, jurisdicción del
municipio de Morales, al sur del departamento de Bolívar.
iii) El soldado regular Noé Sánchez Gil, resultó lesionado “en servicio por acción
directa del enemigo” como consecuencia de la explosión de una mina antipersonal
el 10 de agosto de 2002, en el desplazamiento hacia la vereda Carrizales,
jurisdicción del municipio de Convención, departamento Norte de Santander.
Sumado a lo anterior, el documento denominado "Reporte Nacional por Víctimas
Antipersonal y Munición sin Explosionar" suministrado por la Dirección para la
Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia de la
Presidencia de la República y el Oficio No. OFI18-67612 del 17 de julio de 2018
de la Dirección de Estudios Estratégicos para el Viceministerio para las Políticas
y Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa Nacional, aportados con la
demanda y su corrección, respectivamente, dan cuenta que el origen de los daños
38
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
alegados -muerte y lesiones-no es el mismo para todos los integrantes del grupo
actor, pues la activación de las minas antipersonales no comparte características
comunes de tiempo, modo y lugar, que permitan adoptar una decisión o solución
unitaria de la controversia y con efectos respecto de todos ellos […]”.
[…]
“[…] Se resalta que la activación de minas antipersonales en el territorio nacional
no puede ser considerada suficientemente como causa común para el ejercicio
acción de grupo, pues se trata de una delimitación que resulta general y abstracta
y, que, en todo caso, no proporciona criterios objetivos, específicos y concretos,
que lleven a establecer de manera clara, cierta e inequívoca la existencia de al
menos 20 personas que compartan aspectos uniformes frente al hecho generador
del daño para que pueda predicarse la procedencia del medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo, tal y como lo ha señalado la
jurisprudencia de esta Corporación en casos similares.
Por el contrario, los tres eventos que fueron individualizados en la demanda y la
relación de 11.601 víctimas que obra en el plenario, dan cuenta que las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la activación de las
minas antipersonales resultan disimiles (sic) y no comparten semejanzas que
hagan viable acudir al medio de control deprecado para obtener la reparación de
los daños aducidos […]”.
77. En ese orden de ideas, la Sala observa que dicha interpretación no es ajena
o contraria a lo previsto por la Ley y la jurisprudencia, sino que, la autoridad judicial
accionada realizó una interpretación conjunta de cara a las particularidades del
caso puesto a su consideración por los actores.
78. Se debe recordar que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, para efectos de que se configure el defecto en cuestión, se debe
acreditar en el caso concreto que la interpretación que se hace de una norma
jurídica sea grosera y arbitraria que traiga como consecuencia la vulneración de
los derechos fundamentales, situación que no aconteció en el presente caso, toda
vez que el ejercicio hermenéutico respecto del artículo 46 de la Ley 472 de 1998,
se realizó de manera razonable.
79. Además, la Corte ha dicho que se trata de una de las causales más
restringidas, dado que la interpretación de la ley es un escenario en el que se
evidencian con especial intensidad los principios de independencia y autonomía
judicial que dentro del marco del Estado Social de Derecho se busca proteger al
operador judicial de injerencias indebidas en su rol de resolver las controversias
jurídicas que se sometan a su conocimiento a partir de la interpretación que
estimen más ajustada al ordenamiento jurídico.
39
Núm. único de radicación: 110010315000202403963-01
Actores: Diofar Rangel Quintana y otros
Conclusiones de la Sala
80. En suma, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 3 de octubre de 2024
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual
resolvió negar la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 3 de octubre de 2024 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.