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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03964-00

Acción de tutela por mora judicial

Fecha
30 de agosto de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03964-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Fabián Alberto Borja Garzón, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones. 9 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado: 11001-03- 15-000-2016-01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 7 Radicación: 11001-03-15-000-2024-03964-00 Demandante: Fabián Alberto Borja Pinzón Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Sentencia de tutela de primera instancia SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03964-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

30 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03964-00
Demandante: FABIÁN ALBERTO BORJA PINZÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL / LEGITIMACIÓN PARA EJERCER
ACCIÓN DE TUTELA – Abogados deben aportar poder especial que los faculte
para presentar una solicitud de amparo constitucional; el poder conferido para
promover el proceso ordinario no cumple con esa condición.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Fabián Alberto Borja
Pinzón contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 30 de julio de 20241, el señor Fabián Alberto Borja Pinzón interpuso acción de
tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad. Formuló las
siguientes pretensiones (transcripción textual):

(…)
SEGUNDA: Se ordene a la entidad accionada, continuar con el trámite del
proceso.

TERCERA: Se conmine a la entidad a no repetir esta conducta y tomar las
medidas necesarias, en apoyo con la secretaria del Consejo de Estado de la
sección segunda.

1 Se advierte que, el 13 de agosto de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03964-00
Demandante: Fabián Alberto Borja Pinzón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de primera instancia

1.2. Hechos y argumentos de la tutela

Los supuestos fácticos y jurídicos de la solicitud de amparo se resumen así:

Los señores Martha Leonor Meneses Rincón, José Pablo González Jiménez,
Claudia Helena Grazt Álvarez, Edwin Arley Herrera Cárdenas y Saúl Muñoz
Zabala, mediante apoderado judicial, presentaron demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Fiscalía General, con el fin de
obtener el reconocimiento del carácter salarial del factor denominado bonificación
judicial.

El 29 de junio de 2023 se profirió la sentencia de primera instancia, contra la cual
la Fiscalía General de la Nación interpuso el recurso de apelación, cuyo
conocimiento correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Santander,
despacho de la magistrada Martha Leonor Meneses Rincón, quien se declaró
impedida, junto con los demás funcionarios de la Corporación.

En consecuencia, el expediente se remitió al Consejo de Estado y fue asignado
por reparto al despacho del magistrado (e) Juan Enrique Bedoya Escobar2, el 24
de enero de 2024; sin embargo, a la fecha de radicación de la tutela no se había
resuelto el referido impedimento, circunstancia constitutiva de una mora judicial.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 1º de agosto de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó que se notificara al magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, a fin de que
rindiera el informe correspondiente, para lo cual se concedió el término de dos
días, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, se
requirió al abogado Borja Pinzón para que aportara el respectivo poder especial
que lo facultara para ejercer la acción de tutela en representación de las personas
mencionadas en el acápite anterior.

2.2. El abogado Fabián Alberto Borja Pinzón resaltó que la presente acción de
tutela fue ejercida en «nombre propio como abogado», dado que los señores
Claudia Helena Grazt Álvarez, Edwin Arley Herrera Cárdenas y otros le otorgaron

2 Encargado del despacho del exconsejero de Estado, César Palomino Cortés.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03964-00
Demandante: Fabián Alberto Borja Pinzón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de primera instancia

poder dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
68001-33-33-013-2020-00008-02.

Afirmó que la supuesta mora judicial en que incurrió la autoridad judicial accionada
también transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y «al trato desigual en [su] aspecto profesional y
laboral».

Reprochó que, en casos idénticos al que aquí se estudia, el Tribunal
Administrativo de Antioquia resolvió los impedimentos manifestados —aludió al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-020-
2021-00305-01—, en el término de un mes, mientras que en esta ocasión el
Consejo de Estado se ha tardado más de 6 meses para hacerlo.

2.3. El magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, en calidad de encargado de uno
de los despachos de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por activa, por
considerar que el poder otorgado en el proceso ordinario no faculta al abogado
Borja Pinzón para ejercer la acción de tutela en nombre de las personas que
conforman el extremo activo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 68001-33-33-013-2020-00008-02, «ni son sus derechos los que se
podrían ver afectados con la situación expuesta en el escrito de tutela».

Además, resaltó que (transcripción textual):

El 15 de julio de 2024 se convocó a Sala Extraordinaria de la Subsección
B, en la cual se registraron 170 proyectos de auto para efectos de resolver,
la manifestación de impedimento presentada en el asunto objeto de la
presente tutela y otros similares.

Sin embargo, por circunstancias propias de la labor judicial, como lo son
los debates que se suscitan en torno a la resolución de los impedimentos,
se debe manifestar que hasta el momento no ha sido posible alcanzar el
Quorum para obtener una decisión en estos asuntos, por lo que se
registrarán nuevamente tan pronto como la Sala de la Sección Segunda
defina su criterio con los procesos que se llevarán a la próxima Sala de
Sección.

Como se puede evidenciar con el equipo del despacho estamos adoptando
las medidas necesarias para evacuar lo más pronto posible todos los
asuntos relacionados con las manifestaciones de impedimento de los
magistrados de los tribunales administrativos, para así mantener el flujo
eficiente de estos procesos.

2.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03964-00
Demandante: Fabián Alberto Borja Pinzón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de primera instancia

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

Corresponde a esta Subsección, en primer lugar, determinar si el abogado Fabián
Alberto Borja Pinzón está legitimado para promover la solicitud de amparo en
nombre de los señores Martha Leonor Meneses Rincón, José Pablo González
Jiménez, Claudia Helena Grazt Álvarez, Edwin Arley Herrera Cárdenas y Saúl
Muñoz Zabala, dado que fue puesto en tela de juicio por la autoridad judicial
demandada y, sobre todo, porque se trata de un requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuyo análisis,
de hecho, debe efectuarse oficiosamente3.

De encontrase acreditada la legitimación en la causa, así como los demás
requisitos generales, la Sala definirá si la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales del señor Fabián Alberto
Borja Pinzón, por la tardanza en tramitar y resolver el impedimento manifestado
por los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-33-013-2020-
00008-02.

2. Análisis de la Sala

2.1. De la legitimación en la causa por activa

El abogado Fabián Alberto Borja Pinzón interpuso acción de tutela, por la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, con ocasión de la tardanza
del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en tramitar y decidir el
impedimento manifestado por los magistrados del Tribunal Administrativo de
Santander.

En auto admisorio del 1° de agosto de 2024, la magistrada sustanciadora requirió
al referido profesional del derecho para que aportara el poder especial otorgado
por los señores Claudia Helena Grazt Álvarez, Edwin Arley Herrera Cárdenas,
José Pablo González Jiménez, Martha Leonor Meneses y Saúl Muñoz Zabala.

3 En este sentido, se puede consultar la sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03964-00
Demandante: Fabián Alberto Borja Pinzón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de primera instancia

En memorial del 12 de agosto siguiente, el abogado requerido mencionó que está
legitimado para ejercer la presente acción de tutela, «en nombre propio como
abogado», dado que aquellas personas le otorgaron poder para que los
representara judicialmente en el referido proceso ordinario, lo que significa lo
ocurrido allí también sus derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, al debido proceso y al «trato desigual en [su] aspecto profesional y
laboral».

En materia de acción de tutela el interesado puede acudir ante el juez por medio
de apoderado judicial, pero, en ese caso, el profesional del derecho debe aportar
el poder especial que lo faculta para actuar, pues, de lo contrario, se configurará
un auténtico caso de falta de legitimación en la causa por activa. Este poder debe
ser especial, tal como lo sostuvo la Corte Constitucional:

La Corte, en reiterados fallos, ha señalado los elementos del apoderamiento
en materia de tutela, así: (i) acto jurídico formal que se concreta en un escrito,
llamado poder, el cual se presume auténtico; (ii) tratándose de un poder
especial, debe ser específico, de modo que aquel conferido para la promoción
o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende
otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den
fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; (iii) el destinatario del
acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado
con tarjeta profesional. Es decir, la legitimación por activa se configura si
quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa
el respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender hacer valer
un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo
constitucional4.

Entonces, la existencia del poder para intervenir en otros asuntos no habilita al
apoderado para ejercer la acción de tutela, que tiene como objeto específico la
protección de los derechos fundamentales, dado que «este mecanismo de
defensa judicial no admite que se pueda asumir de manera indeterminada o
ilimitada la representación de otro y demandar protección constitucional a su
nombre, ni la informalidad que caracteriza a la acción de tutela se opone a que su
ejercicio esté sometido a requisitos mínimos de procedibilidad, entre los cuales
está la legitimidad por activa»5.

En ese sentido, la legitimación para el ejercicio de la acción de tutela únicamente
radica en las personas realmente afectadas con la supuesta mora judicial incurrida
por la autoridad judicial accionada, estos son, los señores Claudia Helena Grazt

4
Corte Constitucional. Sentencia T-194 de 2012.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2013.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03964-00
Demandante: Fabián Alberto Borja Pinzón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de primera instancia

Álvarez, Edwin Arley Herrera Cárdenas, José Pablo González Jiménez, Martha
Leonor Meneses y Saúl Muñoz Zabala, quienes pueden ejercerla directamente o a
través de apoderado judicial, caso en el cual el referido profesional del derecho
deberá aportar el respectivo poder especial, lo que no se hizo en este caso, a
pesar de que se le requirió con ese propósito en el auto admisorio.

En este punto, es importante resaltar que, aunque el aquí actor fue el apoderado
judicial de la parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, la personería adjetiva que allí se le reconoció no la faculta para promover
también la presente solicitud de amparo, toda vez que, se insiste, para ello
requiere un poder especial conferido en debida forma por el titular del derecho, a
fin de ejercer la representación judicial en la acción de tutela6.

De hecho, teniendo en cuenta que las referidas personas no promovieron
directamente la presente acción de tutela, el abogado Borja Pinzón sólo podía
incoarla en calidad de apoderado o de agente oficioso7, sin embargo, no acreditó
ninguna de las dos condiciones.

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha dicho que8:

[N]adie puede alegar como violados sus propios derechos con base en la
supuesta vulneración de los derechos de otro u otros, pues de una parte el
interés en la defensa corresponde a ellos, y de otra la relación de
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, que constituye
objeto de la tutela, debe ser directa y no transitiva ni por consecuencia.

El hecho de que el mencionado profesional del derecho hubiera presentado
diferentes memoriales de impulso en el proceso ordinario, en representación de
sus prohijados, y que aún no exista pronunciamiento frente al impedimento de
marras, no necesariamente se traduce en una afectación directa de sus derechos
fundamentales, ni que por ese solo hecho ya esté legitimado para ejercer la
presente acción de tutela, como erradamente parece entenderlo, pues, se insiste,

6 Corte Constitucional, sentencia T-1025 de 2006, T-493 de 2007, entre otras, Consejo de Estado,

Sección Cuarta, Sentencia de 28 de marzo de 2019, rad. 20001233300020180030101.
7 Cabe recordar que la jurisprudencia constitucional -sentencia T-111 de 2013, entre otras- ha
establecido ciertos requisitos mínimos necesarios para actuar como agente oficioso, entre los que
se encuentran: (i) manifestación expresa en el escrito de tutela de que se actúa en tal calidad, (ii)
que se encuentre plenamente demostrado que el titular de los derechos que se agencian se
encuentra imposibilitado para promover su propia defensa y (iii) que el sujeto o los sujetos
agenciados se encuentran plenamente identificados.
8 Ver, entre otras, las sentencias T 674 y 575 de 1997, así como la sentencia de unificación 217 de

2019, todas proferidas por la Corte Constitucional.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03964-00
Demandante: Fabián Alberto Borja Pinzón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de primera instancia

tales actuaciones las realizó en virtud del poder que le confirió las referidas
personas.

En esos términos, la Sala declarará improcedente la acción de tutela ante la falta
de legitimación en la causa por activa del abogado Fabián Alberto Borja Pinzón.

En gracia de discusión, y de conformidad con la información que obra en el
expediente, la Sala advierte que el proceso en cuestión entró al Despacho del
magistrado (e) Juan Enrique Bedoya Escobar el pasado 23 de enero de 2024,
quien, en su contestación, explicó que, si bien el pasado 15 de julio se convocó a
Sala Extraordinaria de la Subsección, con el objeto de discutir sobre 170 proyectos
de autos, incluida la plurimencionada manifestación de impedimento y otros
asuntos similares, lo cierto es que el caso en cuestión no alcanzó el cuórum
necesario, razón por la cual se «registrarán nuevamente tan pronto como la Sala
de la Sección Segunda defina su criterio con los procesos que se llevarán a la
próxima Sala de Sección».

Lo anterior, en clave igualmente ilustrativa, permitiría descartar cualquier atisbo de
negligencia de la autoridad judicial demandada, en el trámite del impedimento
manifestado por el pleno del Tribunal Administrativo de Santander, circunstancia
que debe presentarse para entender vulneradas prerrogativas como el debido
proceso o el acceso a la administración de justicia, por cuenta de la tardanza en
dictar alguna providencia, pues, como lo ha sostenido esta Corporación, «no toda
dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada mora judicial, ni vulnera
derechos fundamentales»9.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Fabián Alberto Borja Garzón, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones.

9 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado: 11001-03-

15-000-2016-01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-03964-00
Demandante: Fabián Alberto Borja Pinzón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Sentencia de tutela de primera instancia

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, envíese el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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