RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-03988-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03988-00

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03988-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación elevada por la Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad de Ibagué. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la sociedad New Energy & Transport S.A.S contra el Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección A, por no superar el requisito de la relevancia constitucional. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-03988-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

29 de agosto de 2024

Demandante: New Energy & Transport S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera -Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03988-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03988-00
Demandante: NEW ENERGY & TRANSPORT S.A.S.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en
la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de
1991, en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

La sociedad New Energy & Transport S.A.S., por intermedio de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera - Subsección A, con la finalidad de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Consideró vulneradas dichas garantías por cuanto el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, mediante providencia de 5 de febrero de
2024, revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima de 3 de septiembre de 2020, dentro del proceso de
reparación directa radicado 73001-23-33-000-2017-00515-01 contra la
Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad de Ibagué y la Nación,
Ministerio de Transporte y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de
control.

1.2 Pretensiones

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: New Energy & Transport S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera -Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03988-00

1.Que se tutelen los derechos fundamentales en cabeza de la sociedad New Energy
& Transport S.A.S, identificada con Nit. 900 822 519-2, por violación del Debido
Proceso (Art. 29 C.N), desconocimiento del precedente jurisprudencial horizontal, en
conexidad con el acceso a la administración de justicia (Art. 31 C.N) en conexidad
con la seguridad jurídica, y cualquier otro que resulte probado dentro de la presente
acción.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se deje sin efecto jurídico la
sentencia proferida Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección A (Sentencia
del 05 de febrero de 2024, consejero ponente Dr. José Roberto Sáchica Méndez,
notificada por correo electrónico el 21 de febrero de 2024) dentro del medio de
control de reparación directa de la sociedad New Energy S.A.S contra el Municipio
de Ibagué y la Nación - Ministerio del Transporte (Rad. 73001-23-33-000-2017-
00515-01 – R.I. 66.415), por medio de la cual se declaró la caducidad de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, por vulnerar los derechos fundamentales
del debido proceso, al acceso a la administración de justicia, desconocimiento del
precedente jurisprudencial y a la seguridad jurídica.

3. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al Consejo de
Estado, Sección Tercera - Subsección A o al despacho judicial que corresponda, que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de
tutela, profiera una nueva sentencia por medio de la cual resuelva de fondo las
pretensiones de la demanda.

1.3. Hechos

La solicitud se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La Sociedad New Energy & Transport S.A.S radicó el 21 de agosto de 2015
oficio ante la Secretaría de Tránsito y Transporte de Ibagué, en el cual se
solicitó tránsito libre para motos eléctricas, por medio de oficio 056019
fechado 8 de septiembre de 2015 la Secretaría contestó que, «[…] a la fecha
no había ningún procedimiento establecido, por lo tanto, elevarían la consulta
y petición ante el Ministerio de Transporte, para que se pronunciara al
respecto»

Seguidamente se requirió al Ministerio de Transporte para que informara
sobre el trámite de matrícula para motos eléctricas; la entidad por medio de
oficio 201600044291 de 9 de febrero de 2016 respondió, «las motocicletas,
cualquiera que fuera su tipo de motor, debían ser objeto de registro y que, de
conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito, tal registro
estaba a cargo de los organismos de tránsito, a lo cual agregó que en el
RUNT –Registro Único Nacional de Tránsito existían espacios para identificar
el vehículo como eléctrico, lo que no impedía que fuera objeto de registro»

Se indicó que por medio de oficio 018161 de 4 de mayo de 2016 la
Secretaría accedió al registro de las motocicletas, relató que para dicha
fecha ya había desencadenado el detrimento de la sociedad por la no venta
de las motocicletas importadas.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: New Energy & Transport S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera -Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03988-00

El representante legal de la sociedad interpuso medio de control de
reparación directa contra La Nación, Ministerio de Transporte y la Secretaría
de Tránsito, Transporte y Movilidad de Ibagué, por considerar que las
entidades vulneraron sus derechos constitucionales por falla en la prestación
del servicio y daño especial por defraudación al principio de confianza
legítima, como consecuencia de negar el registro y matricula de las
motocicletas eléctricas que ya se habían vendido.

El Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia de 3 de septiembre de
2020 negó las pretensiones de la demanda bajo el argumento que el daño
ocasionado no es imputable a las entidades demandadas, ya que estas no lo
produjeron ni intervinieron en su producción y condenó en costas a la parte
demandante.

Interpuso recurso de apelación contra el fallo del a quo el cual fue resuelto en
providencia del 5 de febrero de 2024 por la sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado el cual declaro la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y revoco la sentencia proferida el 3 de
septiembre de 2020.

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante manifestó que el fallo proferido por la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado, presenta un defecto sustantivo y
fáctico, en conexidad con el desconocimiento del precedente jurisprudencial
y a la seguridad jurídica, ya que no se aplicó en debida forma la norma y se
obvió el estudio de las pruebas allegadas; como consecuencia de lo anterior,
la decisión vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad.

Argumentó que, la Sección encausó el trámite judicial en virtud del oficio
056019 de 8 de septiembre de 2015 para sustentar la caducidad, y que la
tesis adoptada fue una interpretación acomodada para sustentar el discurso
jurídico.

Advirtió que, a diferencia del Consejo de Estado, el Tribunal administrativo
del Tolima si encontró idóneo el medio de control elegido, y que por ende al
haberse saneado el proceso por parte del a quo la sentencia de segunda
instancia proferida por el Consejo de Estado es incorrecta y extemporánea.

Se refirió a los oficios expedidos por la Secretaría de Tránsito, Transporte y
Movilidad de Ibagué, e indicó que para la sentencia de 5 de febrero de 2024
estos son actos administrativos demandables y los que originaron los
prejuicios ocasionados.

Adujo que lo anterior es contrario a la verdad ya que «estos por ser
expedidos por la Secretaría de Tránsito, transporte y Movilidad de la Alcaldía
de Ibagué NO son actos administrativos demandables, toda vez que la
respuesta de la Alcaldía no crea, ni modifica ni extingue derechos al
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: New Energy & Transport S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera -Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03988-00

peticionario, sino que los mismos se limitan a señalar que no puede resolver
la petición y se inhibe».

Concluyó que el origen del daño no son los oficios expedidos por la
Secretaría, si no la omisión en el cumplimiento de la ley por parte de los
funcionarios y de la Secretaría que «omitió la realización de un acto
administrativo que limitó el ejercicio de la libre empresa, sin razón jurídica o
fáctica válida, lo que a la postre ocasionó el fracaso de la iniciativa privada».

Aclaró que la vulneración de los derechos fundamentales se debió a que la
sentencia obvió flagrantemente la exigencia normativa requerida para el
control de legalidad respecto al medio de control utilizado y que esto llevó a
una decisión contraria a la realidad normativa.

Añadió que se vulnero el derecho a la igualdad, en cuanto, no se dio
aplicación a los referentes jurisprudenciales en materia de control de
legalidad y adecuación de la demanda dado que, se le negó al actor una
respuesta en las mismas condiciones en las que se ha fallado anteriormente
conflictos similares.

1.5. Trámite

Por auto del 6 de agosto de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a los magistrados que integran el Consejo de
Estado, Sección Tercera - Subsección A, para que, si lo consideraba del
caso, interviniera en el presente proceso en calidad de accionado.

Asimismo, notificar la iniciación del presente trámite al Tribunal Administrativo
del Tolima, la Nación, Ministerio de Educación Nacional, la Nación, Ministerio
de Transporte y Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad de Ibagué,
para que efectúen las manifestaciones que consideren pertinentes, en
atención al interés que les asiste en las resultas de este proceso.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado.

El magistrado ponente solicitó declarar la improcedencia del amparo
solicitado por carecer de relevancia constitucional, toda vez que, la decisión
tomada es el resultado de un estudio acucioso de la demanda.

Aclaró que cuando se trata de los medios de control previstos en el CPACA,
«es el juzgador quien tiene la potestad-deber de adecuar el medio invocado
a las pretensiones elevadas en la demanda» y que esta parte de la fuente del
perjuicio alegado y el fin de la pretensión.

Para la Subsección las pretensiones se debieron dirigir a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho por cuanto el menoscabo
patrimonial alegado tuvo su origen en una manifestación expresa por parte
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: New Energy & Transport S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera -Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03988-00

de la entidad demandada.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Tolima

El tribunal con oficio de 12 de agosto de 2024 se limitó a remitir el proceso
físico.

1.6.3. Secretaría de Movilidad de Ibagué.

El director de asuntos jurídicos solicitó cesar el procedimiento en contra de la
entidad exonerándolo de todo tipo de responsabilidad y declarar falta de
legitimación en la causa por pasiva, fundamentado en lo siguiente:

«[…] la acción de tutela formulada por el señor NEW ENERGY &
TRANSPORT S.A.S en lo que respecta a la determinación de la posible
vulneración al DEBIDO PROCESO, no supera el análisis general de
procedencia por inexistencia de un hecho generador de la presunta
afectación, y por ende, se solicita su señoría declarar improcedente la acción
de tutela para la protección de sus derechos constitucionales, máxime que
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE IBAGUÉ no ha incurrido en una conducta
concreta, activa u omisiva, que permita concluir la supuesta afectación
irremediable o urgente de los derechos fundamentales alegados por el
tutelante, tal y como se demuestra en lo expuesto en el presente
pronunciamiento, por lo cual, la situación de hecho que originó la supuesta
vulneración del derecho, no se encuentra probada o no existe, y como
consecuencia la acción de tutela pierde su razón de ser»

1.6.4. Ministerio de Transporte

La apoderada del Ministerio de Transporte consideró que lo pretendido por el
demandante persigue reabrir el debate ya zanjado, utilizando la acción de
tutela como una tercera instancia, manifestó que el Ministerio se opone a las
pretensiones de la acción ya que no se ve la vulneración de los derechos
fundamentales alegados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
2.2.3.1.2.1 numeral 5° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el numeral
1° del Decreto 333 de 2021 y 25 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

La Secretaría de Movilidad de Ibagué solicitó su desvinculación, sin
embargo, la Sala negará dicha petición, por cuanto su vinculación se efectuó
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: New Energy & Transport S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera -Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03988-00

en calidad de tercero interesado en las resultas del presente trámite
constitucional, por haber conformado el extremo demandado del proceso
ordinario cuya providencia se cuestiona por esta vía.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, deberá
verificar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, al configurarse los defectos
sustantivo, fáctico y por desconocimiento del derecho, al proferir sentencia
en la cual revoco el fallo de primera instancia de 3 de septiembre de 2020 y
declaró la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se analizará, iii) el
fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20121, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.»2 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la

1 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
2 Ibídem.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: New Energy & Transport S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera -Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03988-00

decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es
un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no
puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 reiteró que este
presupuesto “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: New Energy & Transport S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera -Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03988-00

«(...) (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.» (Destacado por la Sala)

En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573
de 27 de noviembre de 2019 que “la controversia debe versar sobre un
asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según
la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las
relativas a un derecho de índole económico3 deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite4, comoquiera que “le
está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario”5, so pena de involucrarse
en cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones.

Cabe señalar que la Corte Constitucional precisó que la acreditación del
requisito de la relevancia constitucional “supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel” y que la
relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber:

«(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional6 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad7; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales8 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces9». (Destacado por la Sala)

En el caso bajo examen, se encuentra que las inconformidades planteadas
por la parte actora en el escrito de tutela esta encaminadas a cuestionar la
interpretación dada por la Subsección respecto a los defectos jurídicos de los
oficios proferidos por la Secretaría de Movilidad de Ibagué, esto es, se
pretende por vía de tutela cuestionar la valoración probatoria otorgada por la
autoridad judicial accionada a dichas pruebas sin un debido contraste de
índole constitucional.

3 No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso

a la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante
constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de
una pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia”
4 Sentencia T-606 de 2000.
5 Ibidem
6 Sentencia C-590 de 2005.
7 Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008.
8 Sentencia C-590 de 2005.
9 Sentencia T-102 de 2006.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: New Energy & Transport S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera -Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03988-00

Por ende, más allá de plantearse un debate que trascienda de la esfera
netamente legal y probatoria, con miras a determinar el alcance de un
derecho fundamental presuntamente vulnerado, lo que se busca es reabrir el
debate desarrollado ante el juez natural en la providencia objeto de tutela.

En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela
toda vez que el reclamo de la sociedad carece de relevancia constitucional,
en atención a que lo pretendido es convertir este mecanismo de amparo en
una instancia adicional al proceso ordinario para que se resuelva una
controversia que se reduce a un debate estrictamente legal y probatorio.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación elevada por la
Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad de Ibagué.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la
sociedad New Energy & Transport S.A.S contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera - Subsección A, por no superar el requisito de la relevancia
constitucional.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: New Energy & Transport S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera -Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03988-00

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.