Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03995-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03995-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03995-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de noviembre de 2024
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 03995 01
Demandantes: AES Colombia & CIA., S. C. A., E. S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 03995 01
Demandantes: AES Colombia & CÍA., S. C. A., E. S.P.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Temas: Tutela contra providencia judicial. Acción popular. Defecto material
o sustantivo. Debido proceso. Relevancia constitucional.
Subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la empresa accionante contra la
sentencia del 12 de septiembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, que declaró la improcedencia del mecanismo constitucional de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la sociedad AES Colombia & CÍA, S. C. A., E. S. P., por conducto de apoderado judicial,
promovió demanda en orden a que se tutele su derecho fundamental al debido
proceso, que consideró conculcado con la sentencia del 17 de noviembre de 2023,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro de la acción popular
con radicado 15001 23 33 000 2016 00898 01.
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Como consecuencia de lo anterior, pidió modificar la providencia tutelada, con el fin de
que se adecúe a las disposiciones constitucionales y legales, para que su
cumplimiento sea posible y «se obtenga el fin constitucional de la acción popular».
1.1.2. Los hechos
La parte accionante narró, entre otros, los siguientes:
i) El señor Armando Sosa Pinto interpuso acción popular en contra de la sociedad
AES Colombia, entre otras, con el objeto de que se protegieran los derechos colectivos
del municipio de Santa María (Boyacá), en el sentido de ordenar a las autoridades y a
las personas jurídicas demandadas que adoptaran las medidas definitivas para
conjurar el riesgo de avalanchas provenientes de los sitios conocidos como Caño
Cangrejo y Caño Cangrejito.
Como sustento de lo anterior, el entonces accionante indicó que los túneles diseñados
para transportar el agua del embalse La Esmeralda (perteneciente al proyecto
hidroeléctrico de Chivor, ubicado en la zona del Valle de Tenza) a las turbinas de la
casa de máquinas generadoras de energía tienen filtraciones, por lo que en los años
2012, 2013 y 2014 ocasionaron fenómenos de remoción de masas (avalanchas), las
cuales llegaron hasta el centro del casco urbano del referido municipio de Santa María.
ii) El 28 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá profirió sentencia
de primera instancia, a través de la cual se ampararon los derechos colectivos
deprecados. No obstante, acogió el argumento de defensa aducido por AES, en el
entendido de que no se demostró que los fenómenos de remoción de masa estuvieran
vinculados a deficiencias en los túneles de conducción de agua; empero, el a quo
estimó que la aludida empresa debería colaborar con las obras de mitigación, en línea
con sus deberes de responsabilidad social.
iii) Inconforme con la decisión, el actor popular interpuso recurso de apelación.
iv) El 17 de noviembre de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado, con
ponencia del magistrado Hernando Sánchez Sánchez, profirió sentencia de segunda
instancia, en la que dispuso modificar los ordinales primero, cuarto y quinto del fallo de
primer grado.
1.1.3. Fundamentos de la acción de tutela
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En primer lugar, el apoderado de la sociedad demandante adujo que la acción de tutela
impetrada cumple con los requisitos generales de procedencia,1 ya que i) a AES
Colombia le asiste legitimación en la causal por activa, pues actuó en el litigio que dio
origen a la providencia cuestionada; ii) la demanda no se dirige contra una decisión de
amparo o control de constitucionalidad; iii) se presentó dentro de un plazo razonable;
iv) el libelo identifica en forma clara los hechos constitutivos del agravio y «aunque
fueron denunciados en la solicitud de aclaración, ellos no fueron tenidos en cuenta»;
v) contra la sentencia no procede recurso alguno; vi) la cuestión tiene plena relevancia
constitucional, en tanto se refiere a la protección de los derechos colectivos de los
habitantes del municipio de Santa María (Boyacá) y vii) no se están invocando
irregularidades procesales concretas.
En segundo lugar, la actora señaló que el proveído que se ataca, emitido por la Sección
Primera de esta colegiatura el 17 de noviembre de 2023, en la acción popular 15001
23 33 000 2016 00898 01, vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al
incurrir en el defecto material o sustantivo, por las siguientes razones:
a) En la orden contenida en el numeral primero del punto cuarto de la parte
resolutiva, se condenó a la ANLA a determinar los predios necesarios que constituyan
una amenaza para el proyecto hidroeléctrico; sin embargo, en la parte motiva, dicha
obligación se le impuso a AES, lo cual demuestra una contradicción, pues la decisión
no es clara acerca de quién debe fijar tales propiedades.
b) La providencia impone cargas que ni la Constitución o la ley contemplan, en
tanto que dispuso la compra de unos bienes inmuebles mediante unos parámetros que
no son claros. Al respecto, el abogado de la empresa demandante explicó que, de la
lectura de la sentencia, se entiende que existen dos tipos de terrenos que han de
adquirirse: unos, correspondientes a aquellos que pueden poner en peligro la
operación de generación de energía de la hidroeléctrica; y, otros, que afectan la cuenca
de los Caños Cangrejo y Cangrejito, por lo que se presentan los siguientes
inconvenientes:
1Dicha conclusión tuvo como sustento la Sentencia SU-215 del 2022, proferida por la Corte
Constitucional.
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• La sentencia le imparte órdenes para determinar la categoría de esos predios a
autoridades y entes diferentes (la ANLA, por un lado; el MUNICIPIO y
CORPOCHIVOR por el otro). Esto supone el muy probable riesgo de contradicción
entre unas y otras, posibilidad que la sentencia no previó.
• Con todo, la sentencia indica que las medidas de adquisición deberían ser
entonces “concertadas”, pero el germen (sic) del asunto (esto es, determinar los
predios sin equivocación alguna) queda de manera difusa, porque son dos partes
distintas las que deben determinar tal cosa.
• La sentencia, aún con esa posibilidad, no aborda el asunto y guarda silencio.
Queda la necesaria pregunta: ¿qué ocurre si los encargados de determinar los
predios se contradicen? La sentencia dice que deben concertarse las medidas,
pero eso implica que no hay lugar a la toma de decisiones sino a la adopción de
acuerdos que, como lo sugiere su propio nombre, requieren del asenso (sic) de
los intervinientes, asenso (sic) que no va a existir cuando haya contradicciones.2
c) En caso de que llegaren a definirse los referidos «predios necesarios», la orden
no puede ser cumplida por parte de AES, pues esta compañía, al ser una persona
jurídica de derecho privado, no cuenta con atribuciones para forzar la adquisición de
predios ni de ningún tipo de bien, dado que, obligar a la empresa a que celebre
contratos de compraventa desconoce de manera flagrante la naturaleza contractual de
ese negocio, que requiere la voluntad tanto del comprador como del vendedor.
1.2. Actuación procesal3
Mediante auto del 6 de agosto de 2024, la Sección Quinta de esta colegiatura admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar, como demandada, a la Sección
Primera del Consejo de Estado; y, como terceros con interés en las resultas del
proceso, al señor Armando Sosa Pinto, a los magistrados que integran la Sala de
Decisión núm. 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá; a los representantes de la
Nación, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales; a la Corporación Autónoma Regional de Chivor; al municipio
de Santa María (Boyacá); al departamento de Boyacá; a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres y a la señora Blanca Nidia Buitrago Montañez.
1.3. Contestación de la demanda
2 Página 13 del libelo introductorio.
3 Índice 4 del aplicativo SAMAI.
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1.3.1. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales,4 por conducto de
apoderado judicial, de manera previa, cuestionó que la decisión judicial tutelada le
impuso obligaciones que están fuera de sus atribuciones legales y constitucionales,
comoquiera que la exigencia de «acompañar y supervisar la negociación y adquisición
de predios por parte de la empresa AES Colombia» no guarda relación con la función
de seguimiento y control ambiental de la operación de la central hidroeléctrica, prevista
en el artículo 2.2.2.3.2.2 del Decreto 1076 de 2015.
A pesar de lo anterior, y sin mayor abundamiento, pidió su desvinculación del asunto,
ya que no es la entidad llamada a salvaguardar el derecho fundamental al debido
proceso que invocó la sociedad accionante o, en su defecto, negar las pretensiones
de la demanda en lo que ataña a la ANLA.
1.3.2. El departamento de Boyacá,5 por medio de abogado, se opuso a la
prosperidad de la acción, con base en que dicho ente territorial no ha incurrido en
alguna acción u omisión que hubiese dado lugar a la presunta vulneración de las
prerrogativas constitucionales de la parte actora. Por lo tanto, pidió su desvinculación
del sub lite, en la medida en que carece de legitimación en la causa por pasiva.
1.3.3. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,6 a través de
apoderada judicial, precisó que esa no es la entidad llamada a responder por las
circunstancias fácticas alegadas en la demanda de tutela. En otras palabras, no le
asiste legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó su desvinculación.
1.3.4. El Ministerio de Ambiente y Desarrollos Sostenible,7 mediante abogada,
deprecó su desvinculación, puesto que dicha cartera no ha vulnerado ni puesto en
riesgo la prerrogativa invocada por la parte actora.
1.3.5. La Sección Primera del Consejo de Estado,8 por conducto del magistrado
Hernando Sánchez Sánchez, pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela al
no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad, o, en su
4 Índice 9, ibidem. En adelante ANLA.
5 Índices 10 y 12, ibidem.
6 Índices 11, 13 y 17, ibidem. En adelante UNGRD.
7 Índice 14, ibidem.
8 Índice 24, ibidem.
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defecto, denegar las pretensiones de la acción de tutela. Al respecto, manifestó lo
siguiente:
i) La demanda se fundamenta en argumentos de mera legalidad, los cuales fueron
planteados y resueltos en el fallo del 17 de noviembre de 2023, por lo que se está
usando el aludido mecanismo judicial como si fuera una tercera instancia.
ii) No se agotó el medio judicial previsto en el artículo 285 del Código General del
Proceso, en cuanto a los fundamentos de falta de claridad y concordancia entre las
partes motiva y resolutiva de la decisión cuestionada.
Así mismo, que si bien la ANLA formuló solicitud de aclaración de sentencia, la cual se
resolvió mediante auto del 1.º de febrero de 2024, lo cierto es que el sustento allí
plasmado fue diferente a la finalidad de la presente acción de tutela.
iii) En la providencia discutida no se materializa el defecto material o sustantivo, ya
que no se incurrió en una interpretación indebida de alguna de las normas invocadas
como sustento de las consideraciones. Además, que en la decisión acusada no se
ordenó, como lo interpreta el actor, que la adquisición de los predios necesarios debía
tener lugar a través de mecanismos forzosos, sino que esta se derivaba en virtud del
marco de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y del componente «predios» de
dicho programa, el cual es objeto de seguimiento, vigilancia y control por parte de la
ANLA.
Aunado a ello, explicó que en el proveído atacado se dispuso que el municipio de
Santa María (Boyacá) y la Corporación Autónoma Regional de Chivor, de manera
conjunta, debían realizar las gestiones necesarias para lograr la compra de los
terrenos que hagan parte del área de importancia estratégica para la conservación de
la cuenca del Caño Cangrejo, y en caso de ser mandatorio, lo hiciera por negociación
directa o en uso de las facultades de expropiación.
1.4. Sentencia impugnada
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El Consejo de Estado, Sección Quinta, con ponencia del magistrado Omar Joaquín
Barreto Suárez, profirió la sentencia el 12 de septiembre de 2024, a través de la cual
declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia. Al respecto, la Sala
adujo los siguientes motivos:
i) En cuanto a los cuestionamientos encaminados a evidenciar la existencia de
contradicción entre las partes motiva y resolutiva del fallo cuestionado, y en lo referente
a demostrar la falta de claridad de las obligaciones impuestas a cada entidad, en
particular, acerca de la determinación y compra de predios, el juez constitucional de
primer grado estimó que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que la
parte actora no hizo uso de la petición de aclaración de la sentencia, señalado en el
artículo 225 del CGP, correspondiente al mecanismo procesal idóneo para lograr el
cometido expuesto en el sub lite.
ii) Ahora, en consideración al yerro de ausencia de facultades legales de la
empresa tutelante y de competencia de la ANLA para llevar a cabo las acciones
determinadas por el juez de la acción popular, en especial, lo concerniente a la
adquisición forzosa de los terrenos necesarios, el a quo evidenció que la intención del
accionante es que se estudie nuevamente todo el régimen jurídico de la sociedad, del
contrato y del alcance de sus deberes como operador de un proyecto de gran impacto
social y ambiental, lo que desborda sus capacidades.
iii) Así mismo, arribó a la conclusión de que las órdenes dictadas por la autoridad
judicial fueron producto del estudio de los mandatos legales y contractuales que recaen
sobre la accionante y los principios que rigen la actividad que esta desarrolla.
Por lo tanto, se estimó que el libelo carece de una argumentación suficiente y sólida
que pueda poner en cuestionamiento todo el análisis técnico y jurídico realizado en la
providencia que se ataca por esta vía. Además, si bien se aduce la violación del
derecho fundamental al debido proceso, no se aportaron elementos a partir de los
cuales se extraiga su vulneración desproporcionada y arbitraria.
1.5. Impugnación
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El apoderado de la empresa tutelante solicitó revocar el fallo de primer grado y, en su
lugar, acceder al amparo deprecado, en atención a los siguientes fundamentos:
i) El juez de primera instancia equiparó los mecanismos de aclaración de las
providencias con los medios de impugnación, por lo que no se puede aducir que el
hecho de no haber ejercido tal procedimiento le impida acudir a la acción de tutela, a
sabiendas de que esta era definitiva y no cabía ningún recurso ordinario y/o
extraordinario.
Además, advirtió que una de las partes sí pidió la aclaración, la cual se denegó porque,
a criterio del fallador del medio de control colectivo, con ella se cuestionaban puntos
del fondo de la providencia acusada y no avizoraba situaciones oscuras que
permitieran su clarificación.
ii) La demanda sí cuenta con una argumentación sólida y concreta sobre la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, así como de los requisitos
para la procedencia del presente mecanismo, tal como lo ha reseñado la
jurisprudencia.
iii) La decisión impugnada menospreció los derechos colectivos protegidos, ya que
la única intención de lo que hoy se pretende es que se garantice el cabal cumplimiento
de las medidas judiciales impartidas en la acción popular que dio origen a la sentencia
cuestionada. Es más, dicha circunstancia demuestra la indiscutible relevancia
constitucional necesaria para el estudio de fondo del asunto sub judice.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20199, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
9Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
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serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección
Quinta de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 17 de noviembre de 2023,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro de la acción popular
con radicado 15001 23 33 000 2016 00898 01.
En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
decisión se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la empresa AES
Colombia & CÍA, S. C. A., E. S. P.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional10 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,11 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
10 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
11Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto
Como se expuso en precedencia (numeral 1.5., ut supra), la finalidad de la
impugnación presentada por el apoderado de la empresa AES Colombia & CÍA, S. C.
A., E. S. P., contra la sentencia de tutela de primer grado, del 12 de septiembre de
2024, emitida por la Sección Quinta de esta colegiatura, es demostrar que la demanda
de la referencia sí reúne los requisitos generales de procedencia, en especial, el de
subsidiariedad y de relevancia constitucional, para que, una vez verificados, se estudie
de fondo el defecto material o sustantivo invocado en el que presuntamente incurrió la
Sección Primera del Consejo de Estado en el fallo del 17 de noviembre de 2023,
proferido dentro de la acción popular 15001 23 33 000 2016 00898 01.
En consecuencia, la Sala estudiará si el libelo introductorio cumple con las
mencionadas exigencias, y, de encontrarse satisfechas, procederá a la resolución del
defecto sustantivo deprecado.
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2.4.1. Del requisito de subsidiariedad
El artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la
acción de tutela, entre otras, cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales que no hayan sido ejercidos por el accionante. No obstante, dicha norma
señala que tal circunstancia deberá apreciarse en concreto, en cuanto a su eficacia, y
podrá ser inaplicada tal exigencia en el evento de que se utilice el amparo como un
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
A su turno, la Corte Constitucional ha definido el requisito de subsidiariedad de la
siguiente manera:
4.4.1 La jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que la
subsidiariedad es un requisito básico de procedencia de la acción de tutela, pues
ésta exige, como mecanismo judicial excepcional y residual que es, que solo se
podrá recurrir a ella cuando los medios ordinarios de defensa no sean lo
suficientemente expeditos, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio
mientras se da una solución definitiva por vía de los referidos mecanismos
ordinarios. Pero también procederá, cuando los medios ordinarios de defensa no
sean aptos para resolver de manera definitiva el problema, situación frente a la
cual se podrá acudir directamente a la acción de la tutela para proteger los
derechos fundamentales.
Por lo anterior, es claro que la acción de tutela es un mecanismo extraordinario,
creado exclusivamente para la protección constitucional de los derechos
fundamentales, razón por la cual no puede ser tenida como una vía judicial
adicional o paralela a las ordinarias, y mucho menos puede ser entendida por
quienes recurren a ella, como una herramienta judicial para corregir sus yerros, o
para revivir términos ya fenecidos como consecuencia de su incuria procesal.
Así, queda definida la posición de esta Corporación, en cuanto a la imperiosa
necesidad de agotar los recursos y mecanismos ordinarios de defensa judicial
antes de acudir a la acción de tutela, pues solo así se garantiza la viabilidad de
este mecanismo sin desvirtuar su natural finalidad como mecanismo excepcional
de protección de derechos fundamentales.12
Bajo este contexto, es claro que el requisito de subsidiariedad es un elemento
intrínseco de la acción de tutela como mecanismo excepcional y extraordinario para la
salvaguarda de los derechos fundamentales, principalmente, en los casos en que se
utiliza este medio constitucional para controvertir providencias judiciales, pues se
12Corte Constitucional. Sentencia T-119 de 2010, con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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requiere del agotamiento no solo de los recursos ordinarios y extraordinarios, sino
de los medios de defensa que sean eficaces para lograr la finalidad perseguida
a través del amparo deprecado.
Dicho de otro modo, la precitada exigencia no recae solamente en haber interpuesto
todos los mecanismos de impugnación procedentes, sino el uso de las diferentes
herramientas procesales que dispone la ley, siempre y cuando estas sean pertinentes
para conseguir el fin último perseguido.
Dicho esto, en el caso sub examine, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
la improcedencia de la acción de tutela presentada por AES Colombia & CÍA, S. C. A.,
E. S. P., por incumplir el pluricitado requisito de subsidiariedad en cuanto a los reparos
de i) la existencia de una supuesta contradicción entre las partes motiva y resolutiva
del fallo cuestionado y ii) la falta de claridad sobre las obligaciones impuestas a cada
entidad y particular en relación con la determinación y adquisición de predios.
Al respecto, el a quo precisó que la empresa demandante no ejerció el mecanismo
judicial de solicitud de aclaración previsto en el artículo 285 del Código General del
Proceso, en tanto que dichos fundamentos atañen a la presunta falta de claridad en
las órdenes judiciales imputadas a través de la sentencia del 17 de noviembre de 2023,
por la Sección Primera del Consejo de Estado en la acción popular con radicado 15001
23 33 000 2016 00898 01.
Por su parte, el apoderado de la accionante adujo que el fallador de primera instancia
equiparó los mecanismos de aclaración de las providencias con los medios de
impugnación, por lo que no se puede alegar que el hecho de no haberlos ejercido le
impida acudir a la acción de tutela, a sabiendas de que esta era definitiva y no cabía
ningún recurso ordinario y/o extraordinario.
Además, indicó que la ANLA sí pidió la aclaración de la providencia controvertida, la
cual se denegó porque, a criterio del juez del medio de control colectivo, con ella se
cuestionaban puntos del fondo de la sentencia de segunda instancia y no avizoraba
situaciones oscuras que permitieran su clarificación.
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Pues bien, el referido artículo 285 del CGP dispone que «[l]a sentencia no es revocable
ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio
o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan
verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva
de la sentencia o influyan en ella». (Se destaca)
Ahora, los fundamentos de la acción de tutela de la referencia están dirigidos, por una
parte, a establecer que en la sentencia del 17 de noviembre de 2023 existió
contradicción entre las partes considerativa y resolutiva, ya que la decisión no es clara
en especificar si es la ANLA o AES Colombia quien debe determinar los «predios
necesarios» que se deben adquirir por representar un riesgo para el proyecto
hidroeléctrico de Chivor.
De acuerdo con lo anterior, es prudente concluir, tal como lo hizo el fallador de tutela
de primer grado, que la parte actora, al advertir la falta de claridad en la orden judicial
dada en el marco de la acción popular, esta debió agotar el mecanismo idóneo que
establece el ordenamiento jurídico para tal fin, como lo es la solicitud de aclaración que
prevé el mencionado artículo 285 del CGP, pues era el medio judicial eficaz para
pedirle al juez natural que modulara o diera luz a las condenas impuestas, .
Por otro lado, el abogado de la parte demandante precisó que sus interrogantes fueron
planteados en la solicitud de aclaración presentada frente a la referida providencia, la
cual fue resuelta de manera negativa mediante auto del 1.º de febrero de 2024; con
todo, dicha actuación no puede tenerse como agotada por la accionante, comoquiera
que en dicha oportunidad, no fue esta, sino la ANLA la que solicitó tal aclaración,
únicamente elevada contra las decisiones que atañen a tal entidad, y no sobre lo
decidido en cuanto a AES Colombia.
Por consiguiente, no es aceptable pretender que se tenga como agotado el requisito
de subsidiariedad por las actuaciones realizadas por otra autoridad, a sabiendas de
que, al haber sido parte en el trámite de la acción popular, también tenía a su alcance
el tantas veces citado mecanismo judicial señalado en el artículo 285 del CGP, que,
por descuido o voluntad propia no interpuso en el momento correspondiente.
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Por lo tanto, no es dable acudir directamente a la acción de tutela para pedir la
aclaración de los conceptos o frases contenidos en una decisión judicial, cuando, en
efecto, dentro del proceso ordinario existe un medio procesal idóneo para lograr dicha
finalidad.
Así las cosas, el argumento de impugnación sobre el requisito de subsidiariedad no
tiene vocación de prosperidad.
2.4.2. Del requisito de relevancia constitucional
La Sección Quinta de este máximo tribunal declaró la improcedencia, por falta de
relevancia constitucional, de la acción de tutela de la referencia, comoquiera que el
libelo introductorio carece de argumentación sólida que permita establecer que la
providencia cuestionada produjo la violación de las garantías fundamentales de la
empresa accionante, frente al reparo de que la sentencia discutida es de imposible
cumplimiento, porque la calidad de persona jurídica de derecho privado no le da la
facultad para comprar predios si los propietarios no quieren venderlos y, además, en
razón a que la ANLA no tiene competencia para negociarlos o adquirirlos.
Sin embargo, sobre este punto, esta Subsección estima que se debe revocar tal
decisión y, en su lugar, estudiar a fondo el aludido argumento, en la medida en que, si
prosperan los fundamentos de la acción de amparo, ello pondría en riesgo el
acatamiento de las órdenes dictadas en garantía de los derechos colectivos de los
habitantes del municipio de Santa María (Boyacá).
Asimismo, revisados los demás requisitos generales de procedencia, se advierte que
estos se cumplen a cabalidad, puesto que la acción de tutela se interpuso dentro del
plazo de inmediatez, no se cuestiona un fallo de igual naturaleza y la demanda
contiene argumentos sólidos con los que se pretenden demostrar la vulneración del
debido proceso.
2.4.3. El defecto material o sustantivo invocado
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En primera medida, AES Colombia & CÍA aduce que la sentencia del 17 de noviembre
de 2023, de la Sección Primera del Consejo de Estado, incurrió en un defecto material
o sustantivo por violación tanto directa como indirecta de la ley, ya que la orden
impartida de adquirir unos predios de manera forzada desconoce que no hay una
norma o regla que permite a una persona de derecho privado obligar a otra a que le
venda unas propiedades que no quiere enajenar, lo cual, a su turno, no tiene en cuenta
los criterios que engloban el contrato de compraventa y le impide cumplir la condena
impuesta en la referida providencia.
Sobre este punto, conviene indicar que el juez de la acción popular, en segunda
instancia, resolvió lo siguiente:13
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
de 28 de marzo de 2019, proferida por la Sala de Decisión núm. 6 del Tribunal
Administrativo de Boyacá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el cual quedará así:
“CUARTO. - Como consecuencia de lo anterior, se ordena lo siguiente:
(i) La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales deberá determinar, dentro de
los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en especial, de
su obligación de seguimiento, vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental
otorgado para la operación de la Central Hidroeléctrica de Chivor y en caso de que
no lo hubiere hecho: cuáles son los “Predios Necesarios” en Caño Cangrejo y
Cangrejito, que constituyen amenaza para el proyecto hidroeléctrico y
consecuencialmente por la operación del proyecto, en el marco de los principios
que oriental la gestión ambiental, del riesgo y del cambio climático, para la
comunidad de Santa María, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
En caso de ser necesario, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
deberá realizar el seguimiento, evaluación y control de cumplimiento del
trámite de negociación y adquisición de los predios necesarios por AES
Colombia & CÍA S.C.A E.S.P. como operador de la Central Hidroeléctrica de
Chivor, en el marco del seguimiento, vigilancia y control al Plan de Manejo
Ambiental, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, una vez adquiridos por AES
Colombia & CÍA S.C.A E.S.P. los predios necesarios en Caño Cangrejo y
Cangrejito, y en el evento de que no se hubiere hecho, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en especial, de su
obligación de seguimiento, vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental
otorgado a la Central Hidroeléctrica de Chivor, deberá ordenar a AES Colombia
& CÍA S.C.A E.S.P. como operador de la Central Hidroeléctrica de Chivor, la
realización de las obras definitivas de mitigación del riesgo, derivadas de la
13 Parte resolutiva de la sentencia tutelada.
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inestabilidad de los suelos de Caño Cangrejo y Cangrejito, de los fenómenos de
remoción de masa y de avenidas torrenciales u otros que se identifique por el
operador o por las autoridades ambientales, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
[…]
Para arribar a esta conclusión, en la sentencia cuestionada se indicó lo siguiente:
172. En ese orden de ideas, la Sala considera que se debe modificar el ordinal
cuarto de la sentencia apelada, en el sentido de ordenar a la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales que, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, en especial, de su obligación de seguimiento, vigilancia
y control al Plan de Manejo Ambiental otorgado para la operación de la Central
Hidroeléctrica de Chivor; y de los conceptos técnicos de seguimiento, en especial,
de la consideración contenida en el núm. 6093 de 11 de noviembre de 2015, en la
que se explicó que el fenómeno de estabilidad de la cuenca de Caño Cangrejo y
Cangrejito representan una amenaza tanto para la comunidad como para el mismo
proyecto hidroeléctrico, proceda, en caso de que no se hubiere hecho, en primera
medida, a requerir a AES Colombia & CÍA S.C.A E.S.P., como operador de la
Central Hidroeléctrica de Chivor, que determine cuáles son los “Predios
Necesarios” en Caño Cangrejo y Cangrejito, que constituyen amenaza para el
proyecto hidroeléctrico y consecuencialmente por la operación del proyecto, en el
marco de los principios que oriental la gestión ambiental, del riesgo y del cambio
climático, para la comunidad de Santa María.
Posteriormente, en caso de ser necesario, se proceda por parte del operador
a su negociación y adquisición, lo cual deberá ser objeto de seguimiento,
evaluación y control por parte de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales en el marco del componente “PREDIOS” del Plan de Manejo
Ambiental.
173. Asimismo, se ordenará a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
que, una vez adquiridos los predios necesarios en Caño Cangrejo y Cangrejito y
en el evento de que no se hubiere hecho, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial, de su obligación de
seguimiento, vigilancia y control al Plan de Manejo Ambiental otorgado a la Central
Hidroeléctrica de Chivor, se proceda a ordenar a AES Colombia & CÍA S.C.A
E.S.P. como operador de la Central Hidroeléctrica de Chivor, la realización de las
obras definitivas de mitigación del riesgo, derivadas de la inestabilidad de los
suelos de Caño Cangrejo y Cangrejito, de los fenómenos de remoción de masa y
de avenidas torrenciales u otros que se identifique por el operador o por las
autoridades ambientales, conforme con los estudios técnicos más actuales que,
para el efecto, se hayan realizado en este caso concreto y sin perjuicio de que, a
consideración de la precitada autoridad ambiental, sea necesaria la realización de
nuevos estudios ambientales y de riesgo en la zona de Caño Cangrejo y
Cangrejito.
174. Por último, se ordenará a AES Colombia & CÍA S.C.A E.S.P.136 que, en caso
de que no lo hubiere hecho, elabore o actualice el respectivo plan de gestión del
riesgo de desastre de entidad pública y privada - PGRDEPP, de conformidad con
el Decreto núm. 2157 de 20 de diciembre de 2017, el cual deberá prever la gestión
del riesgo derivada del fenómeno de estabilidad de la cuenca de caño Cangrejo y
Caño Cangrejito, para lo cual se deberá tener en especial consideración, las
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consecuencias derivadas de los fenómenos meteorológicos e hidroclimáticos en
la zona y el cambio climático.
175. Finalmente, se modificará el ordinal cuarto de la sentencia proferida por el
Tribunal, con el objeto de precisar que las medidas de adquisición de predios en
la zona de Caño Cangrejo y Cangrejito, en caso de ser necesarias, deberán ser
concertadas, por un lado, entre el Municipio de Santa María y la Corporación
Autónoma Regional de Chivor; y, por el otro, entre AES Colombia & CÍA S.C.A
E.S.P. y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con la claridad de que
aquellos predios que no sean adquiridos por AES Colombia & CÍA S.C.A
E.S.P., en el marco de sus obligaciones derivadas del Plan de Manejo
Ambiental y en los términos anteriormente indicados, por ser necesarios para
la mitigación de la amenaza para el proyecto hidroeléctrico y consecuencialmente
por la operación del proyecto, en el marco de los principios que oriental la gestión
ambiental, del riesgo y del cambio climático, para la comunidad de Santa María,
deberán ser adquiridos por el ente territorial municipal, siguiendo para ello
los procedimientos establecidos en la ley sobre mecanismos de adquisición
directa o por expropiación, ordenados en la sentencia proferida, en primera
instancia, y que no fueron objeto de recurso de apelación por ninguna de las
partes.
(Negritas fuera del texto original)
De acuerdo con lo expuesto, al contrario de lo manifestado por la accionante, la
sentencia cuestionada en ningún momento estableció que AES Colombia debía
adquirir de manera forzosa los predios necesarios que pusieran en peligro tanto al
proyecto hidroeléctrico de Chivor como a la población de Santa María (Boyacá); sino
que, en el marco de sus obligaciones como operador de la Central Hidroeléctrica de
Chivor, «en caso de ser necesario» debe proceder a la negociación y/o adquisición de
tales propiedades.
Así mismo, la tutelante aduce que por ser una persona jurídica de derecho privado no
tiene la potestad de obligar a otros a venderle sus terrenos, por lo que la orden judicial
de la acción popular no puede cumplirse. No obstante, leídas las consideraciones de
la providencia acusada, se advierte que el juez natural de segundo grado fue claro en
señalar, en la parte motiva y en la resolutiva, que en el evento de que AES Colombia
no hubiese adquirido los denominados terrenos necesarios, le correspondería al
municipio de Santa María (Boyacá) llevar a cabo los procedimientos legales y
constitucionales sobre mecanismos de compra directa o por expropiación.
Por lo anterior, es diáfano concluir que la decisión judicial tutelada no dictaminó
órdenes imposibles de cumplir ni le atribuyó funciones a la empresa demandante que
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no estuvieran acordes con su naturaleza jurídica, que impidan el cumplimiento efectivo
de la providencia emitida en la acción popular varias veces mencionada.
En consecuencia, no se evidencia la ocurrencia de un defecto material o sustantivo ni,
por tanto, la vulneración del debido proceso endilgado.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos, la Subsección estima que en el caso sub judice, por
un lado, no se cumplió con el requisito de subsidiariedad frente a los sustentos
encaminados a señalar la falta de claridad de las órdenes impartidas en la sentencia
del 17 de noviembre de 2023, por lo que se confirmará parcialmente el fallo de tutela
de primer grado.
Por otro lado, se revocará la referida providencia en cuanto a la declaratoria de
improcedencia por falta de relevancia constitucional, y, en su lugar, se denegará la
solicitud de amparo, ya que no se configura la existencia del defecto material o
sustantivo alegado por AES Colombia & CÍA, S. C. A., E. S. P.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia del 12 de septiembre de 2024, emitida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en lo relativo al incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.
Segundo. Revocar parcialmente la mencionada providencia, en cuanto a la
declaratoria de falta de relevancia constitucional, y, en su lugar:
Tercero. Denegar el amparo deprecado por AES Colombia & CÍA, S. C. A., E. S. P.,
por las razones indicadas en la parte motiva de esta decisión.
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Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
DLAR
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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