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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03998-00

Fecha
6 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03998-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Alcira Montero Forero en contra del Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Empresa de Transporte de Mensajería Inter Rapidísimo, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO. ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03998-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

6 de septiembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03998-00
Accionante: Alcira Montero Forero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-03998-00
Accionante: Alcira Montero Forero
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y Empresa de Transporte de
Mensajería Inter Rapidísimo.
Referencia: Acción de tutela

Tema: acción de tutela
Subtema 1: requisitos de procedibilidad
Subtema 2: presupuesto lógico-jurídico

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por Alcira Montero
Forero en contra del Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Empresa de Transporte de Mensajería Inter Rapidísimo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Alcira Montero Forero1 presentó solicitud de amparo de sus derechos fundamentales
al acceso a la administración de justicia y a presentar denuncias, que consideró
vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Empresa de Transporte de Mensajería Inter Rapidísimo,
en adelante Inter Rapidísimo, toda vez que, afirmó, no le han permitido radicar una
“denuncia” en contra de funcionarios del Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Público-DADEP.

1.2. Hechos

1.2.1. La señora Alcira Montero forero afirmó que ingresó en varias oportunidades a la
plataforma del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de poner en conocimiento
una “denuncia” disciplinaria (en adelante queja) que pretende presentar en contra de
algunos funcionarios del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público, sin embargo, no fue posible radicarla por este medio.

1.2.2. La accionante indicó, sin especificar fecha, que acudió personalmente al
Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial “en
la calle 72 No. 7-96 en la ciudad de Bogotá”, para radicar la queja disciplinaria en
contra de los funcionarios del DADEP, pero no se la recibieron porque debía enviarla

1 Archivo electrónico que contiene el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital del aplicativo

SAMAI, identificado con certificado 0A77561963FDEB3B BA3D66DB488C7B3F 9E0CA9343BD460A4
10E6D9D07D96A882.

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vía virtual, a pesar de que le insistió a la persona que la atendió, que los archivos no
cargaban cuando intentaba adjuntarlos en la plataforma digital.

1.2.3. La señora Montero Forero, expuso que, ante tal situación, nuevamente intentó
presentar la queja por la plataforma virtual, pero no tuvo éxito.

1.2.4. Sostuvo que, ante los obstáculos presentados, solicitó personalmente que se le
permitiera presentar su queja de manera verbal, pero esto no fue posible, en la medida
en que, según su dicho, le negaron el ingreso a las instalaciones del Consejo Superior
de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

1.2.5. Por lo anterior, la accionante, el 17 de abril de 2024, envió por correo certificado
la queja al Consejo Superior de la Judicatura, dirección carrera 7 #7-96, a través de la
empresa Inter Rapidísimo. Sin embargo, el paquete fue devuelto a la remitente por el
motivo de “NO RESIDE / CAMBIO DE DOMICILIO”.

1.2.6. La solicitante de amparo manifestó que intentó enviar nuevamente la queja por
medio de la empresa Inter Rapidísimo y ocurrió lo mismo.

1.3. Pretensiones y argumentos de la tutela

Alcira Montero forero solicitó al juez de tutela que ampare sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia y a presentar denuncias. En consecuencia,
que (i) se ordene al Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial se sirva recibir su queja y además darle trámite urgente, (ii)
ordenar a la empresa de correos Inter Rapidísimo la devolución del dinero que la
accionante pagó por las dos encomiendas y sancionarla debido a que no están
entregando lo encomendado, y, (iii) compulsar copia a la Superintendencia de Industria
y Comercio para que sancionen a la empresa Inter Rapidísimo.

Sostuvo que se presentaron barreras institucionales debido a ciertos comportamientos
sistemáticos o condiciones de quienes ejercen las funciones de administración de
justicia.

Indicó que la negación por parte de la oficina de correspondencia y la ineficiencia de
la plataforma que no permite cargar los archivos pesados además “del amanguala
miento de los funcionarios de la empresa INTERRAPIDÌSIMO” hicieron que a la fecha
de hoy su denuncia pueda prescribir y se perjudique a la comunidad que represento.

Finalmente, puso de presente que no era cierto lo afirmado por Inter Rapidísimo, que
el Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se
había trasladado de la calle 72 #7-96, porque la demandante había estado allí en dos
ocasiones, por lo tanto, afirmó que existía mala intención de la empresa o tenía
“órdenes para no entregar esta clase de paquetes ya que abusivamente los abren y
los revisan para no entregarlos”.

1.4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho del magistrado ponente, con auto del 2 de agosto de 2024, admitió la
acción, vinculó al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público,
ordenó notificar a los sujetos procesales, requirió a la parte actora para que aporte las
pruebas mencionadas en la solicitud de amparo, y el escrito de “denuncia” que,
sostuvo, pretende formular, y, suspendió los términos del trámite constitucional.

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1.4.1. La demandante, en cumplimiento del auto del 2 de agosto de 2024, allegó
escrito en el que informó que aportaba lo siguiente:

“1. Un CD que contiene una grabación telefónica sostenida entre una trabajadora de la
empresa INTERRAPIDISIMO y yo en dónde en esta se escucha claramente que me
están informando de la devolución de la encomienda que por que los destinatarios ya no
residen allí.
2. En el mismo CD copia de los pantallazos en dónde me informan que el paquete va a
ser entregado, dónde no fue posible la entrega entre otros mensajes más.
3. Entrego el total de la denuncia que he querido entregar al Consejo superior de la
Judicatura Dirección ejecutiva de Administración Judicial
4. 5 fotocopias 2 guías en dónde consta que la empresa Interrapidísimo era la
responsable de la entrega de esta denuncia (paquete)”.

En cuanto al video que demostraba que el paquete había sido abierto por el personal
de Inter Rapidísimo, indicó que: “está ubicado en las fotos (nube) desafortunadamente
solo lo puedo mostrar desde mi celular ya que no he podido descargarlo y tampoco se
deja descargar”. Por otra parte, en relación con su visita al lugar en donde se encuentra
el Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
adujo que solo ellos tienen el registro de su ingreso ya que ese día le pidieron su
documento de identidad e hicieron el respectivo registro.

1.4.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial allegó el respectivo
informe y deprecó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva y en
consecuencia se le desvincule del trámite constitucional.

Sostuvo que el objeto de censura de la presente acción constitucional está dirigido a
cuestionar las supuestas irregularidades presentadas en el trámite de entrega de una
encomienda a cargo de la empresa de transporte mensajería “Inter Rapidísimo”,
circunstancia que a priori demuestra que la Dirección ejecutiva de Administración
Judicial no es la entidad legitimada para soportar las pretensiones de la demanda de
tutela, máxime cuando de las pruebas relacionadas en la presente acción
constitucional no se encuentra siquiera probada la radicación de alguna petición por
parte de la actora en la DEAJ, lo que desvirtúa la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

Por otra parte, con el propósito de verificar la trazabilidad de alguna petición radicada
a esta entidad por parte de la actora, se solicitó a la mesa de entrada de la DEAJ
información si reposaba alguna petición de la señora Alcira Montero Forero, para lo
cual, a través de correo electrónico de 6 de agosto de 2024, indicó que:

“(…) Buenas tardes dra. Stacy:
En atención a su correo, me permito manifestarle que la información suministrada en su
correo se realizó una búsqueda inicial en la base de datos del aplicativo SIGOBius de la
correspondencia recibida para la Dirección Ejecutiva durante la vigencia del 2024 y no
se encontró ningún documento presentado por la señora Alcira Montero Forero. Sin
embargo y con el fin de lograr realizar una mejor búsqueda es necesario que por favor
nos indiquen algunos datos tales como la fecha en que fue presentada la solicitud a la
entidad, la persona que firmó el documento y la descripción del asunto, si lo tiene el
documento.
Por último y luego de leído el escrito de tutela, es importante aclarar que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial no es la competente para tramitar esta solicitud y
que desde el pasado 28 de abril de 2023 las dependencias de la misma se encuentran
ubicadas en la carrera 7 No. 27-18 y en el Centro de Documentación, adicional a la
correspondencia remitida por correo electrónico, también recibe de manera física las
solicitudes o comunicaciones dirigidas a la misma. Igualmente, en la calle 72 No. 7- 96
de Bogotá y desde hace algún tiempo funcionan las dependencias de la Comisión

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Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, quienes si solicitan que las solicitudes (sic)
sean remitidas a través de los correos electrónicos
quejasdisciplinariasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co y
ventanillavirtualdisciplinariabta@cendoj.ramajducial.gov.co y también existen
dependencias del Consejo Seccional de Administración Judicial de Bogotá D.C.
Cordialmente

MESA DE ENTRADA DIRECCION EJECUTIVA
GMM
(…)”.

1.4.3. El Consejo Superior de la Judicatura contestó la demanda y pidió declarar la
improcedencia en su contra por configurarse una falta de legitimación en la causa por
pasiva.

Al margen de lo anterior, indicó que, si la radicación fue efectuada a través del
aplicativo web “demanda en línea”, el cual fue creado como consecuencia del proceso
de transformación digital, el mismo es administrado por cada Dirección Seccional de
Administración Judicial a través de las reseñadas dependencias, por lo que tampoco
es dable endilgar reproche a esta Corporación.

Por lo tanto, explicó que como el funcionamiento del aplicativo “demanda en línea”
corresponde a la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial; de ahí que dicha página web de manera visible enuncia, que ante cualquier
«duda o problema» se pueden comunicar con el equipo de soporte a través del correo
electrónico soportetutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co, mismo que pertenece al
dominio de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Para el efecto aportó el
siguiente pantallazo:

1.4.4. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público allegó
su respectivo informe en el que solicitó se desvinculara del trámite constitucional en la
medida en que las pretensiones de la demanda no guardan relación con sus
competencias asignadas.

No obstante, consideró que se observa una ausencia de pruebas que acrediten los
hechos narrados por la accionante, pues ni siquiera allegó constancia en la que se
acredite que: i) no pudo efectuar la radicación de la queja o denuncia en la página del
Consejo Superior de la Judicatura y/o en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
ii) no acreditó haber agotado el procedimiento previsto en el Artículo 32 de la Ley 1369
de 2009 y iii) no presentó una queja ante el Ministerio de Tecnologías de la Información

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y las Comunicaciones por la presuntas infracciones en la prestación del servicio de
mensajería por parte de Inter Rapidísimo.

Así mismo, advirtió que la demandante no probó la supuesta deficiencia en la
prestación del servicio por parte de Inter Rapidísimo. Por el contrario, con los
documentos aportados, sólo demuestran que la empresa le informó de manera
detallada y constante los envíos que la accionante realizó.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala tiene competencia para decidir la presente acción de tutela, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991,
y lo previsto en el reglamento interno de la Corporación.

2.2. Procedibilidad de la acción de tutela

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los
casos que establece la ley2.

2.3. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, Alcira Montero Forero presentó solicitud de amparo de sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a presentar
denuncias, que consideró vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Empresa de Transporte de
Mensajería Inter Rapidísimo, toda vez que, afirmó, no le han permitido radicar una
“denuncia” en contra de funcionarios del Departamento Administrativo de la Defensoría
del Espacio Público-DADEP.

Como pretensiones solicitó: (i) ordenar al Consejo Superior de la Judicatura-Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial se sirva recibir su queja y además darle trámite
urgente, (ii) ordenar a la empresa de correos Inter Rapidísimo la devolución del dinero
que la accionante pagó por las dos encomiendas y sancionarla debido a que no están
entregando lo encomendado, y, (iii) compulsar copia a la Superintendencia de Industria
y Comercio para que sancionen a la empresa Inter Rapidísimo.

Del material probatorio allegado por la accionante, la sala encuentra acreditado que i)
Alcira Montero Forero remitió un paquete con destino a la sede del Consejo Superior
de la Judicatura Dirección Ejecutiva (dirección calle 72 #7-96 Bogotá), con guía de
envío número 700124649533; ii) el Centro de Devoluciones y Confirmación
Direcciones Bogotá de Inter Rapidísimo remitió a la accionante la devolución del
paquete que remitió; iii) Inter Rapidísimo a través de mensajes de texto le informó a la
accionante que la entrega no fue posible y que harían un nuevo intento. Así mismo, la
invitó a realizar el seguimiento en la página de la empresa; y, que la solicitante de
2 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete

autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el
Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada, además
de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados
por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos
de hecho contemplados en la ley”.

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amparo sostuvo una llamada telefónica con una trabajadora del centro de atención de
Inter Rapidísimo en la que se le indicó el estado de su envío y cuál era la causa de su
devolución.

En este punto, la Sala pone de presente que, de una interpretación sistemática de los
artículos 5 y 6 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional instituyó como
presupuesto “de orden lógico-jurídico” para la procedencia del amparo, la existencia
de una acción u omisión amenazante o vulneradora de derechos fundamentales, que
haya sido cometida por particulares o por la autoridad pública.

La Alta Corporación Constitucional ha desarrollado este requisito como la imposibilidad
de acudir al amparo de tutela bajo una conjetura, de simples especulaciones o de
hipótesis en torno a una eventual afectación para las garantías iusfundamentales, sin
haberle otorgado a la administración “la oportunidad de pronunciarse en ese o en otro
sentido. No se puede llegar al absurdo de acudir a la acción de tutela sobre la base
de actos que no se han proferido, esto no solo viola el debido proceso de las entidades
públicas, que, valga repetirlo, también lo tienen, sino que, atentaría contra uno de los
fines esenciales del Estado, cual es el de asegurar la vigencia de un orden justo”3.

Este requisito, para la Sala, guarda correspondencia con otra causal que torna en
improcedente el amparo, el acudir a la acción de tutela a partir de hechos futuros e
inciertos, que exige la existencia de “hechos ciertos y reconocidos de cuya ocurrencia
se puede inferir la violación o vulneración de derechos fundamentales”4. De este modo,
la interposición de un amparo cuyo propósito sea suponer una violación de derechos
fundamentales por hechos o actos futuros, esto es, aquellos inexistentes o imaginarios,
que, por su naturaleza, no están soportados en razones fundadas y objetivadas, no
tiene vocación de procedencia.

2.3.1. Así las cosas, conforme al expuesto, de cara al análisis de los elementos
probatorios aportados, en el asunto bajo estudio, esta judicatura denota que la parte
accionante no acreditó haber radicado alguna denuncia o queja ante el Consejo
Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pues, más
allá de sus afirmaciones no existe prueba que demuestre tal afirmación, por lo tanto,
no es posible que acuda al mecanismo de la acción constitucional para que se decida
sobre actos que no se han proferido ni acciones que no se han ejecutado, máxime
cuando no se comprueba negligencia alguna.

Al margen de lo anterior, es menester traer a colación lo informado en su contestación
por el Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial:

“Por último y luego de leído el escrito de tutela, es importante aclarar que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial no es la competente para tramitar esta solicitud y
que desde el pasado 28 de abril de 2023 las dependencias de la misma se encuentran
ubicadas en la carrera 7 No. 27-18 y en el Centro de Documentación, adicional a la
correspondencia remitida por correo electrónico, también recibe de manera física las
solicitudes o comunicaciones dirigidas a la misma. Igualmente, en la calle 72 No. 7- 96
de Bogotá y desde hace algún tiempo funcionan las dependencias de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, quienes si solicitan que las solicitudes sean
remitidas a través de los correos electrónicos
quejasdisciplinariasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co y

3 Corte Constitucional. Sentencia T-883 de 2008. Citó el contenido de la sentencia T-066 de 2002 de la misma

Corporación.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 2012. Citó el contenido de las sentencias T-279 de 1997 y T-647 de

2003.

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ventanillavirtualdisciplinariabta@cendoj.ramajducial.gov.co y también existen
dependencias del Consejo Seccional de Administración Judicial de Bogotá D.C”.

Lo anterior, sumado a lo explicado en el informe allegado por el Consejo Superior de
la judicatura, en el que se le indicó que ante cualquier «duda o problema» los
solicitantes se pueden comunicar con el equipo de soporte a través del correo
electrónico soportetutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co, para informar sobre
problemas que se tengan con el aplicativo virtual.

2.3.2. Por otra parte, esta subsección, conforme al acervo probatorio obrante en el
plenario denota que la accionante ii) no acreditó haber agotado el procedimiento
previsto en el artículo 32 de la Ley 1369 de 20095 y iii) no presentó una queja ante el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por las presuntas
infracciones en la prestación del servicio de mensajería por parte de Inter Rapidísimo.

Conforme a lo expuesto, la Sala observa que está insatisfecho el presupuesto lógico-
jurídico de existencia de una acción u omisión que, realizada por el Consejo Superior
de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Empresa de
Transporte de Mensajería Inter rapidísimo, amenace con vulnerar o haya lesionado los
derechos fundamentales del accionante, en consecuencia declarará improcedente la
acción, pues, de la lectura de sus contestaciones6, soportada en la falta de pruebas
que demuestren lo contrario, es posible colegir que la tutelante no acudió a solicitar a
las entidades que le fuera concedido el pedimento de este amparo.

Por último, respecto a la pretensión de compulsar copias ante la Superintendencia de
Industria y Comercio para que sancionen a la empresa Inter Rapidísimo, en todo caso,
es preciso indicar que el medio de control constitucional de tutela no es el mecanismo
idóneo para solicitar el inicio de un proceso sancionatorio, y que la señora Montero
Forero tampoco acreditó haberlo requerido ante las autoridades correspondientes y
que se lo hayan negado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

5 ARTÍCULO 32. PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS (PQR), Y

SOLICITUDES DE INDEMNIZACIONES. <Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 1480 de 2011. Rige a
partir del 12 de abril de 2012 (Ver en Legislación Anterior el texto vigente hasta esta fecha). El nuevo texto es el
siguiente: >Los operadores postales deberán recibir y tramitar las peticiones, quejas y recursos (PQR) relacionadas
con la prestación del servicio así como las solicitudes de indemnización y resolverlas de fondo dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a su recibo por parte del operador postal. Contra estas decisiones proceden los recursos
de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de apelación será atendido por la autoridad encargada de la
protección de los usuarios y consumidores. El recurso de reposición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a su interposición. Este término podrá ampliarse por uno igual para la práctica de pruebas,
de ser necesarias, previa motivación. Una vez resuelto el recurso de reposición, el operador tendrá un máximo de
cinco (5) días hábiles para remitir el expediente a la autoridad competente para que resuelva el recurso de
apelación, de ser procedente.
Transcurrido el término para resolver la petición, queja, recurso de reposición (PQR) o solicitud de indemnización
sin que se hubiere resuelto de fondo y notificado dicha decisión, operará de pleno derecho el silencio administrativo
positivo y se entenderá que la PQR o solicitud de indemnización ha sido resuelta en forma favorable al usuario, sin
perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
Siempre que el usuario presente ante el operador postal un recurso de reposición, este último deberá informarle en
forma expresa y verificable el derecho que tiene a interponer el recurso de apelación en subsidio del de reposición,
para que, en caso de que la respuesta al recurso de reposición sea desfavorable a sus pretensiones, la autoridad
competente decida de fondo.
6 Es factible que este juez se valga del contenido de los informes que rindieron los demandados y vinculados, para

solucionar el caso, pues estos fueron rendido bajo juramento. (Inciso 3, artículo 19 del Decreto 2591 de 1991).

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FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Alcira
Montero Forero en contra del Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y la Empresa de Transporte de Mensajería Inter Rapidísimo,
por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO. ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y cúmplase,

NICOLAS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

SABF

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