Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04020-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04020-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04020-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04020-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
4 de septiembre de 2024
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04020-00
.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04020-00
Accionante: Reinalda Ardila Mora
Accionado: Seguros del Estado S.A.
Temas: Acción de tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y
mínimo vital.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Reinalda Ardila Mora,
en nombre propio, en contra de Seguros del Estado S.A.
ANTECEDENTES
La señora Reinalda Ardila Mora instauró acción de tutela, en aras de que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social y al mínimo vital, los cuales considera vulnerados por la entidad
antes mencionada.
HECHOS
Manifestó que el 22 de noviembre de 2022 sufrió un accidente de tránsito, que le
ocasionó lesiones de fractura de los huesos de los dedos del pie y contusión de
los dedos del pie sin daño de la uña.
Que el vehículo con placas VGX 38F, en el cual iba el día del accidente está
amparado por la póliza de seguro obligatorio “de daños corporales causados a
las personas en Accidentes de Tránsito – SOAT – expedida por SEGUROS DEL
ESTADO S.A. 1329 15680200000090”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04020-00
.
Adujo que para poder acceder a la indemnización por incapacidad permanente
es necesario aportar el original del dictamen; que de acuerdo con los decretos
056 de 2015 y 780 de 2016, las aseguradoras que asumen el riesgo de invalidez
deben valorar a las víctimas en primera instancia y, en caso de inconformidad de
ésta con los resultados, cancelar los honorarios de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez para que lo haga en segunda instancia.
Expuso que el 23 de mayo de 2024 presentó petición ante la aseguradora para
que “fuera valorada mi pérdida de capacidad laboral por la aseguradora o remitido
directamente ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena,
con los honorarios a cargo de la compañía aseguradora, como lo estipulan las
normas y la sentencia T-076-19 y en la sentencia T-400 de 2017”.
Que el 5 de junio de 2024 la aseguradora le contestó “[q]ue se debe aportar el
dictamen de pérdida de capacidad laboral y que no hacen parte de las entidades
aseguradoras encargadas de dar indemnización sobre este tipo de
contingencias”.
Afirma que en la actualidad no cuenta con un empleo estable y se encuentra a
cargo de dos menores, a los cuales debe proveerles alimentación, bienestar y
educación, entre otros; por lo que no puede asumir los honorarios de la valoración
de la pérdida de la capacidad laboral y tampoco es su obligación, tal y como lo
consagra el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del
Decreto Ley 19 de 2012 y las sentencias T 400 de 2017 y T 076 de 2019 donde
se establece que, los gastos de honorarios de las juntas regionales deben ser
asumidos por las aseguradoras que expidieron el SOAT.
Aunado a lo anterior, indicó que “no ha podido ser valorada mi pérdida de
capacidad laboral, toda vez que la aseguradora se niega argumentando
falsamente que no le corresponde y evidenciando el abuso y la violación al debido
proceso, la igualdad, seguridad social y mínimo vital, por tal razón me permito
formular acción de tutela como mecanismo transitorio contra la compañía
aseguradora”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04020-00
.
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos invocados ordenando a Seguros del Estado
S.A. asumir los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Magdalena y cancelar “UN (1) SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE a la fecha
de solicitud de la calificación, a la cuanta (sic) de ahorros No. 9701-0030710
Banco GNB SUDAMERIS”.
Además, que “la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. asuma el riesgo de
invalidez y muerte por accidente de tránsito, en virtud de un contrato SOAT, tal
como lo dispone el artículo 41 de la ley (sic) 100, modificado por el artículo 142
del Decreto Lay (sic) 19 de 2012”.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 2 de agosto de 2024 se dispuso su admisión y se ordenó la notificación
de la aseguradora accionada.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
Seguros del Estado S.A, a través de su representante legal para asuntos
jurídicos, allegó informe donde señaló que ya se afectó el amparo de gastos
médicos de la Póliza SOAT núm. 36073341, dado que la institución que le prestó
atención médica a la señora Reinalda Ardila Mora el día del accidente, reclamó
el pago de los servicios de salud suministrados.
Frente al amparo de indemnización por incapacidad permanente expuso que la
accionante no ha formalizado la reclamación ante la aseguradora; además, que
la solicitud de valoración ante la junta regional de calificación de pérdida de
capacidad se presentó por fuera del término que establece el artículo 2.6.1.4.2.9
del Decreto 780 de 2016.
Asimismo, argumentó que la aseguradora no es la entidad competente para emitir
dictamen de pérdida de capacidad laboral, ya que no cuenta con un grupo
interdisciplinario de médicos facultados para ello, ni está autorizado legalmente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04020-00
.
para conformar, inscribir y poner en funcionamiento un equipo interdisciplinario
de medicina laboral.
Por otro lado, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por
temeridad y mala fe de la accionante, ya que ésta ya presentó una tutela por los
mismos hechos y pretensiones, la cual conoció el Juzgado Once Penal Municipal
con función de conocimiento de Santa Marta con radicado 2024-00299.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas:
I) generalidades de la acción de tutela; II) la temeridad y la cosa juzgada de la
acción de tutela y III) caso concreto.
I) Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
II) La temeridad y la cosa juzgada de la acción de tutela
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece lo siguiente frente a la
temeridad en la acción de tutela:
“(…) ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la
misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente
todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar (…)”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04020-00
.
Esta disposición normativa pretende proteger el principio de buena fe
contemplado en la Constitución, que se ve perjudicado en el evento en que se
presentan varias acciones de amparo idénticas, sin motivo justo expresamente
probado y sin que medie un hecho nuevo que justifique acudir nuevamente a la
administración de justicia.
En este contexto, la actuación temeraria dentro de la acción de tutela se concreta
en la indebida utilización de este mecanismo de protección, y la jurisprudencia
constitucional ha determinado que, para que se configure una actuación de este
tipo deben concurrir los siguientes elementos: i) identidad fáctica en relación con
otra acción de tutela; ii) identidad de demandante, en cuanto la otra acción de
tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; iii) identidad
del sujeto demandado; y iv) falta de justificación para interponer la nueva acción.
Por otro lado, ha dicho la Corte Constitucional que la presentación sucesiva o
múltiple de acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y,
además, comprometer el principio de cosa juzgada constitucional y que
constituye un ejercicio desleal y deshonesto de la acción, que compromete la
capacidad judicial del Estado como también los principios de economía procesal,
eficiencia y eficacia1.
De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de la cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta
identidad jurídica de partes, objeto y causa2. Al efecto, un fallo de tutela queda
1 Ver, entre otras, las sentencias T-529 de 2014 y T-380 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez)
2 Mediante sentencia T-380 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) que citó la sentencia C-774 de
2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) la Corte recordó los elementos a tener en cuenta para analizar la cosa
juzgada constitucional, los cuales coinciden con aquéllos que deben identificarse para estudiar la temeridad,
estos son:
Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre
la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica
identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente.
Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a
cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos
hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos,
caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar
sobre la nueva causa.
Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron
vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se
presente la identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad jurídica
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04020-00
.
amparado por la figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los
que la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es
seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que
expida este Tribunal.
Ahora, de acuerdo con el Alto Tribunal, la presentación simultánea o sucesiva de
acciones de tutela sobre un mismo asunto, puede tener las siguientes
situaciones:
“(…) i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias en
que se interpone una acción de tutela sobre una causa decidida previamente en
otro proceso de la (sic) igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la
nueva solicitud;
ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico,
cuando de buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicción
fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada,
acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la existencia previa
de un recurso de amparo; y
iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de ello
acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de
tutela que presentan la tripe (sic) identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna
haya hecho tránsito a cosa juzgada (…)”3
III) Caso concreto
La aseguradora accionada en el informe que rindió adujo que la accionante ya
había presentado otra acción de tutela en contra de ésta, la cual fue tramitada
con el radicado 47001-40-09-011-2024-00299-00 por el Juzgado 11 Penal
Municipal de Conocimiento de Santa Marta4.
Al respecto, observa la Sala que la presente acción y la tutela 47001-40-09-011-
2024-00299-00 tienen identidad de partes, objeto y causa, tal y como se puede
apreciar a continuación:
47001-40-09-011-2024-00299-00 11001-03-15-000-2024-04020-00
Partes: Partes:
Accionante: Reinalda Ardila Mora Accionante: Reinalda Ardila Mora
Accionado: Seguros del Estado S.A Accionado: Seguros del Estado S.A
Causa: Señaló que el 22 de noviembre de Causa: Señaló que el 22 de noviembre de
2022 sufrió un accidente de tránsito, en 2022 sufrió un accidente de tránsito, en
calidad de ocupante de la moto de placas VGX calidad de ocupante de la moto de placas VGX
3 Ibidem
4 Mediante auto del 14 de agosto de 2024 se solicitó copia del expediente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04020-00
.
47001-40-09-011-2024-00299-00 11001-03-15-000-2024-04020-00
38F, la cual tiene seguro SOAT en Seguros 38F, la cual tiene seguro SOAT en Seguros
del Estado. del Estado.
Expuso que el 23 de mayo de 2024 radicó Expuso que el 23 de mayo de 2024 radicó
petición ante la aseguradora, donde pidió que petición ante la aseguradora, donde pidió que
se valore su pérdida de la capacidad laboral y se valore su pérdida de la capacidad laboral y
que dichos gastos los asuma la accionada, tal que dichos gastos los asuma la accionada, tal
y como lo contempla el artículo 41 de la Ley y como lo contempla el artículo 41 de la Ley
100 de 1993, el artículo 142 del Decreto Ley 100 de 1993, el artículo 142 del Decreto Ley
19 de 2012 y las sentencias T 400 de 2017 y 19 de 2012 y las sentencias T 400 de 2017 y
T 076 de 2019 de la Corte Constitucional. La T 076 de 2019 de la Corte Constitucional. La
aseguradora dio respuesta a la petición aseguradora dio respuesta a la petición
alegando que dicha carga no le corresponde alegando que dicha carga no le corresponde
a ésta, sino a la accionante. a ésta, sino a la accionante
Objeto: solicitó el amparo de los derechos Objeto: solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad social y al mínimo igualdad, a la seguridad social y al mínimo
vital y, en consecuencia, se ordene a Seguros vital y, en consecuencia, se ordene a Seguros
del Estado S.A sufragar los honorarios de la del Estado S.A sufragar los honorarios de la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Magdalena, para que valoren su pérdida de la Magdalena, para que valoren su pérdida de la
capacidad laboral. capacidad laboral.
De lo expuesto es claro que, el escrito de la presente acción de tutela es idéntico
a la acción con radicado 47001-40-09-011-2024-00299-00, la cual ya fue decidida
por el Juzgado 11 Penal Municipal de Conocimiento de Santa Marta mediante la
sentencia de 15 de agosto de 20245, la cual amparó los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital,
ordenando:
“(…) calificar directamente la pérdida de capacidad laboral de la accionante
REINALDA ARDILA MORA, o en su defecto, (…) remita al actor de manera directa
ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena, para ser
calificado en primera instancia. Seguros del Estado S.A., deberá asumir el pago de
los honorarios a que haya lugar, sin dilaciones de ningún tipo (…)”.
En este orden, no se observa la existencia de cosa juzgada, porque no se
encuentra acreditado que la Corte Constitucional haya excluido de revisión o
haya revisado el fallo de tutela y tampoco logra establecerse la temeridad en la
acción por la duplicidad de tutelas, pues no está acreditado que la accionante
radicara dos veces la demanda de manera intencional, sino que el hecho pudo
obedecer a un error de su parte; pues se observa que la doble radicación la
efectuó en el mismo momento.
5 Ese mismo día se notificó el fallo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04020-00
.
No obstante, encuentra la Sala que resulta improcedente un pronunciamiento
sobre el asunto, pues como ya se expresó se trata de una duplicidad en relación
con un asunto que fue decidido en primera instancia en un escenario
constitucional de la misma naturaleza que el sub examine. En consecuencia, se
declarará improcedente la presente acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la
señora Reinalda Ardila Mora, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04020-00
.
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.