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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04026-01

Fecha
25 de octubre de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04026-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2024 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso del accionante. SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS el auto proferido 30 de abril de 2024 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el grado jurisdiccional de consulta del incidente de desacato con número de radicado 47001- 23-31-000-2009-00170-03. TERCERO: En consecuencia, ORDÉNASE a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, profiera una providencia de reemplazo, en la que agote un juicio de responsabilidad subjetiva, conforme a lo expuesto en la parte motiva. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-04026-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

25 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04026-01
Accionante: Juan Felipe Harman Ortiz
Se revoca la sentencia de primera instancia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04026-01
Accionante: Juan Felipe Harman Ortiz
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Tutela contra providencia proferida
dentro del trámite incidental de desacato / Sanción por desacato / Se revoca la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se concede el amparo al debido proceso.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La sala resuelve la impugnación presentada por el accionante Juan Felipe Harman
Ortiz contra la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2024 por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 1º de agosto de 2024 Juan Felipe Harman Ortiz interpuso, en nombre propio,
una acción de tutela para el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, buen nombre y <<patrimonio económico>>. El accionante consideró
vulnerados sus derechos por los autos del 27 de febrero y 11 de marzo de 2024 del
Tribunal Administrativo de Magdalena y los autos del 30 de abril y 20 de junio de

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Accionante: Juan Felipe Harman Ortiz
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2024 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, proferidos
en el incidente de desacato con radicado 47001-23-31-000-2009-00170-03.

2.- En la acción de tutela se formularon las pretensiones que se transcriben a
continuación:

<<1.- TUTELAR mis derechos constitucionales fundamentales al debido proceso,
defensa y al buen nombre, vulnerados con las decisiones contenidas en el auto del 28
de febrero de 2024, el auto del 11 de marzo de 2024, el auto del 30 de abril de 2024 y
el auto del 20 de junio de 2024, proferidos por las autoridades judiciales accionadas al
interior del proceso constitucional de tutela 47-001-2331-000-2009-00170-00 (01).

2.- DEJAR sin valor y sin efectos jurídicos del auto del 28 de febrero de 2024, el auto
del 11 de marzo de 2024, el auto del 30 de abril de 2024 y el auto del 20 de junio de
2024, por medio de los cuales, respectivamente, se me sancionó por desacato, se
confirmó tal decisión en el grado jurisdiccional de consulta y se negó el incidente de
nulidad propuesto por la Agencia Nacional de Tierras. En consecuencia:

3.- SUSPENDER DE MANERA DEFINITIVA la orden de multa y arresto impuesta por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA y confirmada por el CONSEJO DE
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “A”, hasta tanto se resuelva de fondo la presente acción de tutela, por
encontrarse en inminente riesgo los derechos fundamentales.

4.- ORDENAR el reinicio de todo el trámite incidental de desacato al interior del proceso
de tutela 47-001-2331-000-2009-00170-00 (01), desde el requerimiento previo.

5.- ORDENAR la devolución de los dineros cancelados en la referencia de pago No.
1121845374 del 22 de mayo de 2024 por un valor de TRES MILLONES
NOVECIENTOS MIL ($3.900.000) M/CTE en la cuenta: Rama Judicial – Multas y
Rendimientos – Cuenta Única Nacional No. 3-0820-000640-8 del Banco Agrario de
Colombia, de conformidad con lo ordenado en el auto del 11 de marzo de 2024>>.

B. Hechos

3.- El 24 de junio de 2009 la Asociación Nacional de Desplazados de Guáimaro
instauró una acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -
Incoder para obtener el amparo a los derechos fundamentales de 453 familias que
ocupaban el predio Villa Denis en el municipio de Salamina (Magdalena). Como
fundamento fáctico, expuso que la Resolución 091 del 30 de marzo de 2006 del
Incoder adjudicó la propiedad del inmueble a 27 familias beneficiarias de un subsidio
integral de tierras, pese a que en el año 2000 se presentaron desplazamientos en el
sector y las comunidades desplazadas retornaron para asentarse en el predio.

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Accionante: Juan Felipe Harman Ortiz
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3.1.- Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2009, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó el amparo al debido proceso porque se
omitió convocar a la población desplazada al proceso administrativo de adjudicación.
En consecuencia, le ordenó al Incoder: (i) realizar una nueva convocatoria en el
marco de la Ley 160 de 1994 y la Ley 387 de 1997 para adjudicar el predio Villa
Denis, con el derecho preferencial a la población desplazada e incluyendo a las
familias que habían resultado beneficiarias para que se postularan a la adjudicación
nuevamente; (ii) realizar un estudio de la titularidad de los playones conocidos como
Laura y Castro a fin de ubicar sus antiguos poseedores y adelantar los procesos de
titulación a que hubiere lugar; (iii) realizar un estudio de la capacidad de ubicación
del predio Villa Denis con el propósito de garantizar el mayor aprovechamiento del
bien y considerando la posibilidad de ofrecer el predio para ubicar un mayor número
de familias, y (iv) realizar un estudio de los bienes objeto de reforma agraria para
comenzar con la política de reasentamiento de los ciudadanos desplazados .

3.2.- El 26 de febrero de 2024 el apoderado judicial de <<las familias desplazadas
por la violencia, relacionadas en la Resolución 091>> solicitó la apertura de un
incidente de desacato porque la Agencia Nacional de Tierras no había cumplido las
órdenes que se impartieron al Incoder en la sentencia del 9 de diciembre de 2009.

3.3.- Mediante auto del 27 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de
Magdalena corrió traslado de la solicitud al acá accionante, Juan Felipe Harman Ortiz
(director general de la Agencia Nacional de Tierras), a Daniel María Medina González
(director de Acceso a Tierras) y a Rosa Dory Chaparro Espinosa (subdirectora de
Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión) y los conminó a requerir a los
funcionarios encargados de cumplir la orden judicial, si aún no lo hubieren hecho.

3.4.- El 5 de marzo de 2024 la Agencia Nacional de Tierras rindió informe en el que
solicitó la desvinculación del director general porque no era el responsable del
acatamiento del fallo de tutela ni era el superior funcional inmediato del funcionario
encargado de adelantar y decidir los procedimientos y actuaciones administrativas
de acceso a tierras. Informó que la Dirección de Acceso a Tierras, la Subdirección
de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión y la Subdirección de Sistemas
de Información sí han adelantado gestiones tendientes al cumplimiento del fallo.
Afirmó que la orden era material y jurídicamente imposible de cumplir porque la Ley
160 de 1994 ya no está en vigencia, el dominio del predio Villa Denis fue adjudicado
en su totalidad por el Incoder y no se han adquirido otros inmuebles en el municipio.

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Accionante: Juan Felipe Harman Ortiz
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3.5.- Mediante auto del 11 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de
Magdalena declaró en desacato a Juan Felipe Harman Ortiz, Daniel María Medina
González y Rosa Dory Chaparro Espinosa por incumplir las órdenes proferidas en la
sentencia del 9 de diciembre de 2009 y los sancionó con una multa de tres (3) salarios
mínimos legales mensuales vigentes conmutables con arresto domiciliario de cinco
(5) días.

3.6.- El 18 de marzo de 2024 la Agencia Nacional de Tierras solicitó la nulidad
procesal de todo lo actuado en el incidente de desacato por indebida integración del
contradictorio. Argumentó que la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras
no debió ser vinculada al trámite incidental porque no es la encargada de acatar el
fallo, que no se individualizaron correctamente las personas vinculadas y que la
notificación del auto que dio apertura al incidente fue irregular.

3.7.- Mediante auto del 2 de abril de 2024 el Tribunal Administrativo de Magdalena
negó la solicitud de nulidad procesal.

3.8.- En auto del 30 de abril de 2024, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado confirmó la sanción en el grado jurisdiccional de consulta. Expuso
que la Agencia Nacional de Tierras no acreditó que hubiese realizado los estudios
sobre el mayor aprovechamiento del predio Villa Denis ni sobre la titularidad de los
playones Laura y Castro. Al contrario, consideró que la autoridad accionada
retrocedió en el cumplimiento del fallo de tutela, pues indicó que no posee
información sobre el número de familias que ocupan el predio y que no cuenta con
inmuebles para lograr la ubicación de quienes resultaran beneficiarios con la nueva
convocatoria. Agregó que han transcurrido más de 14 años desde que se profirió la
orden judicial y los funcionarios aún no la han acatado ni han demostrado una
intención de cumplir, lo cual lesiona gravemente la vigencia de las instituciones
jurídicas y promueve la resolución de conflictos a través de vías de hecho.

3.9.- El 17 de mayo de 2024 la Agencia Nacional de Tierras solicitó la nulidad de todo
lo actuado en el incidente de desacato por vulneración al debido proceso. Argumentó
que la Dirección General no es responsable de cumplir el fallo de tutela, que no se
individualizaron correctamente los funcionarios vinculados porque el tribunal se refirió
a él como <<Juan Felipe Herman Ortiz>> y que no se estudió el elemento subjetivo
de la responsabilidad para imponer la sanción.

3.10.- Mediante auto del 20 de junio de 2024, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó la solicitud de nulidad procesal.

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Accionante: Juan Felipe Harman Ortiz
Se revoca la sentencia de primera instancia

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante alega que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los
defectos fáctico, sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente.

4.1.- Sostiene que no valoraron íntegramente las pruebas que se allegaron al trámite
incidental, particularmente: (i) la copia de la cédula de ciudadanía del accionante, en
la que consta que su apellido es <<Harman>> y no << Herman>>; (ii) el documento
con el organigrama de la Agencia Nacional de Tierras y el Decreto 2363 de 2015; (iii)
los informes que rindió la Agencia Nacional de Tierras en el trámite incidental, que
dan cuenta de las actuaciones tendientes al cumplimiento del fallo y (iv) el memorial
que radicó el apoderado de los incidentantes el 19 de abril de 2024, por el cual le
solicitó al tribunal otorgar un plazo para culminar un proceso de adjudicación sobre
el predio La Esperanza.

4.2.- Indica que se configuró un defecto sustantivo porque se transgredió lo dispuesto
en el artículo 29 de la Constitución Política. Argumenta que los principios de
culpabilidad y responsabilidad subjetiva exigen que se acredite una relación causal
entre una conducta culposa o dolosa del funcionario y el resultado. Agrega que las
autoridades judiciales accionadas no individualizaron correctamente a los
funcionarios, toda vez que el director general de la Agencia Nacional de Tierras no
es competente para dar cumplimiento a la orden judicial ni es el superior jerárquico
inmediato de Rosa Dory Chaparro Espinosa (subdirectora de Acceso a Tierras por
Demanda y Descongestión), quien sí es la funcionaria responsable.

4.3.- Sobre el defecto procedimental, señala que se pretermitieron etapas procesales
porque el Tribunal Administrativo de Magdalena no requirió al funcionario
responsable antes de abrir el incidente ni agotó una etapa probatoria. En su lugar,
dio apertura al trámite incidental de manera inmediata, sin antes demostrar la culpa
o dolo de los vinculados y en contravía de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto
2591 de 1991. Además, asegura que los autos del 27 de febrero y 11 de marzo de
2024 se notificaron al buzón institucional <<dirección.general@ant.gov.co>> y no a
su correo electrónico personal.

4.4.- Alega que se desconoció el precedente sentado en la sentencia SU-034 de
2018 de la Corte Constitucional y la sentencia del 4 de mayo de 2017 de la Sección
Quinta del Consejo de Estado sobre la responsabilidad subjetiva en procedimientos
de naturaleza sancionatoria, así como las sentencias T-014 de 2009, T-171 de 2009,

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T-123 de 2010, C-243 de 1996 y C-424 de 2015 de la Corte Constitucional sobre las
garantías del derecho fundamental al debido proceso en trámites incidentales.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo de Magdalena (accionado) afirmó que las decisiones
reprochadas no vulneraron los derechos fundamentales del actor y se fundaron en
un análisis riguroso de los elementos probatorios y las normas aplicables. Indicó que
la Agencia Nacional de Tierras no demostró el cumplimiento de la sentencia del 9 de
diciembre de 2009, lo que da lugar a la imposición de sanciones por desacato.
Expuso que, si bien se refirió al accionante por el apellido <<Herman>> y no
<<Harman>>, tal circunstancia se debió a un mero error de transcripción que no tuvo
incidencia alguna en la debida individualización y notificación de las actuaciones.

6.- Rosa Dory Chaparro Espinosa (tercero con interés) manifestó que la Subdirección
de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión de la Agencia Nacional de Tierras
no es competente para cumplir la sentencia de tutela del 9 de diciembre de 2009.
Señaló que la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la Agencia
Nacional de Tierras es la dependencia encargada de adelantar los trámites de
asignación de derechos y que la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas es la entidad encargada de guardar el registro de las tierras despojadas
y abandonadas forzosamente. Agregó que la subdirección cumplió la orden de <<la
convocatoria de caracterización de las 27 familias>>, pero le es imposible cumplir la
orden relacionada con la adjudicación.

7.- Domiciano Cantillo García (tercero con interés) aseguró que el responsable del
cumplimiento de la sentencia de tutela del 9 de diciembre de 2009 es el actual director
general de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz, pues los
funcionarios Daniel María Medina González y Rosa Dory Chaparro Espinosa no son
competentes. Expuso que si bien se han adelantado gestiones para la compra del
predio La Esperanza, también se han presentado <<molestias y oposiciones por
parte del vendedor para el ingreso>> y que <<en la actualidad no se ha podido
custodiar el predio encontrándose solo con riesgos de invasión>>.

8.- Germán Cantillo, Alfredo Martínez, Wilson Rafael Ahumada, Marciano de la Rosa,
Rafael Pasión Orozco, Julio Crespo, Milton Montenegro, Alcides Solano, William
Mercado, Adalberto Charris, Eliceo Gutiérrez, Luis Magín Cantillo, Frelida Pacheco
Orozco, Miguel Ángel Pertuz y Arnulfo Macías (terceros con interés) solicitaron
declarar la improcedencia de la acción. Indicaron que el responsable del

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cumplimiento de la sentencia de tutela del 9 de diciembre de 2009 es el actual director
general de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz.

E. Fallo impugnado

9.- Mediante sentencia del 13 de septiembre de 2024, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

9.1.- En primer lugar, expuso que el accionante no agotó una carga argumentativa
mínima que revele la relevancia constitucional del asunto, pues (i) no justificó de qué
manera los errores de digitación de las autoridades judiciales vulneraron sus
derechos; (ii) no identificó los supuestos fácticos ni la ratio decidendi de las
sentencias que invocó como desconocidas, y (iii) no explicó por qué era pertinente
agotar una etapa probatoria antes de proferir la decisión. Además, precisó que la
errata en solo una letra del apellido no configura una nulidad procesal.

9.2.- Consideró que los cargos por la ausencia de un juicio de responsabilidad
subjetiva, la falta de competencia de la Dirección General de la Agencia Nacional de
Tierras y las pruebas que evidencian las actuaciones tendientes al cumplimiento del
fallo son una reiteración de los argumentos que formuló en el trámite incidental, lo
que pone en evidencia que su intención es convertir la solicitud de amparo en una
tercera instancia judicial. Puso de presente que el actor sí es responsable de acatar
el fallo de tutela, por cuanto fue debidamente vinculado al incidente, la Agencia
Nacional de Tierras asumió las funciones del extinto Incoder y el director general de
la entidad tiene a su cargo la vigilancia, coordinación y cumplimiento de los objetivos
de acceso a tierras. Agregó que las autoridades judiciales accionadas valoraron
racionalmente las pruebas.

9.3.- Indicó que el reproche por la supuesta indebida notificación personal también
fue estudiado y resuelto de manera razonable en el trámite incidental. Puntualmente,
en el auto del 2 de abril de 2024 el Tribunal Administrativo de Magdalena explicó que
las providencias se notificaron al buzón <<dirección.general@ant.gov.co>> porque
corresponde al correo electrónico institucional del accionante. Estimó que los
reproches del actor constituyen <<formalismos intrascendentes>> que <<no se
compadecen con la responsabilidad institucional y personal que se espera de altos
funcionarios en trámites de orden constitucional>>.

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9.4.- Por último, expuso que el argumento sobre la pretermisión de etapas procesales
no supera el requisito de subsidiariedad porque el accionante no lo alegó en la
oportunidad correspondiente. En todo caso, determinó que la objeción tampoco
resulta relevante desde la óptica constitucional, pues esa presunta deficiencia se
supera teniendo en cuenta que el accionante es un responsable directo del
cumplimiento del fallo y la orden se le impartió a la entidad.

F. Impugnación

10.- Mediante escrito radicado el 25 de septiembre de 2024, el accionante impugna
la sentencia del 13 de septiembre de 2024 de la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado. Sostiene que la acción de tutela sí tiene relevancia
constitucional porque las autoridades judiciales vulneraron su derecho fundamental
al debido proceso. Asegura que no es el funcionario competente para cumplir la
orden judicial porque las normas que regulan la estructura y funcionamiento de la
Agencia Nacional de Tierras no contemplan que deba dar cumplimiento a fallos de
tutela. Reitera que no fue debidamente individualizado en el trámite incidental, que
no se valoró el elemento subjetivo de la responsabilidad y que las decisiones
reprochadas no se le notificaron personalmente.

II. CONSIDERACIONES

11.- La sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia
de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. En su lugar, concederá
el amparo al derecho fundamental al debido proceso del actor.

11.1.- La acción de tutela sí es relevante constitucionalmente, como quiera que se
discute una vulneración a derechos fundamentales (debido proceso y buen nombre)
por defectos en una decisión proferida por una autoridad judicial. Si bien el actor
persistió en el argumento que formuló la Agencia Nacional de Tierras en el trámite
incidental, el asunto es de evidente relevancia constitucional porque: (i) ello no
descarta que el juez ordinario hubiese incurrido en alguna de las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales y (ii) los
reclamos se sustentaron en reglas y principios constitucionales, no en razones de
simple legalidad. Más aún, el accionante expresó los hechos que motivaron la
solicitud e invocó en términos precisos los defectos en los que habrían incurrido las
providencias acusadas. Por lo tanto, merecen una evaluación de fondo por la sala.

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11.2.- De antemano se advierte que, si bien el accionante también enjuició los autos
del 27 de febrero y 11 de marzo de 2024 del Tribunal Administrativo de Magdalena y
el auto del 20 de junio de 2024 de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, el análisis de la sala se centrará en el auto del 30 de abril de
2024 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que resolvió
el grado jurisdiccional de consulta, por ser el que confirmó la sanción y puso fin a la
controversia que se planteó en el trámite incidental.

G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

12.- Los requisitos generales de procedencia se cumplen, toda vez que (i) el
accionante indicó de manera clara los hechos y las razones en que se fundamenta
la acción; (ii) se cumple el requisito de la relevancia constitucional por las razones
expuestas anteriormente; (iii) se cumple el requisito de subsidiariedad porque el actor
utilizó todos los mecanismos judiciales a su alcance y contra la providencia atacada
no proceden recursos; (iv) la solicitud se presentó en un término prudencial
(inmediatez), puesto que la decisión se notificó el 22 de mayo de 2024 y la tutela se
presentó el 1º de agosto de 2024; es decir, dentro del término de seis meses
precisado por esta corporación y por la Corte Constitucional1; y (v) no se trata de una
decisión proferida en sede de tutela, sino del trámite incidental de desacato.

H. La imposición de sanciones por desacato sin la valoración del elemento
subjetivo de la responsabilidad infringe las garantías constitucionales del
debido proceso

13.- La sala concederá el amparo al derecho fundamental al debido proceso porque
la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y por
desconocimiento del precedente constitucional al omitir un análisis sobre el elemento
subjetivo de la responsabilidad para la imposición de la sanción.

13.1.- En primer lugar, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
autoridad responsable del agravio deberá cumplir sin demora el fallo que concede la
tutela y que el juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta
que cumplan su sentencia. Por su parte, el artículo 52 ibidem dispone que la persona
que incumpliere una orden proferida en sede de tutela incurrirá en desacato

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014 (C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez), radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01, y Corte Constitucional, sentencia T-031
de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de veinte salarios
mínimos mensuales, sin perjuicio de las sanciones penales.

13.2.- De conformidad con lo anterior, se advierte que las sanciones por desacato
constituyen un poder correccional del juez, y persiguen lograr la eficacia de la
protección al derecho fundamental. No es, por tanto, un castigo por la transgresión a
un bien jurídico, sino una medida conminatoria para el cumplimiento coercitivo de
una orden de amparo constitucional.

13.3.- En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha trazado una línea
jurisprudencial sobre la vigencia de los principios del derecho sancionador al trámite
incidental de desacato. Así las cosas, para imponer una sanción por el desacato de
una sentencia de tutela, se deben observar los siguientes criterios: (i) que se haya
proferido fallo que concede la tutela; (ii) que la autoridad responsable del agravio
incumpla el fallo (elemento objetivo)2 y (iii) que el incumplimiento se explique por una
conducta negligente o dolosa del disciplinado3 y no exista una imposibilidad fáctica o
jurídica de acatar la orden4 (elemento subjetivo).

14.- La sala advierte que le asiste razón al accionante cuando reprocha una ausencia
de valoración de su conducta en el trámite incidental, pues se evidencia que la
autoridad judicial accionada no agotó un juicio de responsabilidad subjetiva, en el
que determinara que el desacato se produjo con ocasión de una actuación negligente
o dolosa atribuible al accionante.

14.1.- En concreto, la decisión de confirmar la sanción se fundamentó en que los
incidentados no lograron demostrar que llevaron a cabo los estudios de inventario,
titulación y mayor aprovechamiento y los procedimientos de adjudicación sobre el
predio Villa Denis que ordenó el Consejo de Estado en la sentencia de tutela del 9
de diciembre de 2009. No obstante, no se detuvo a definir que la razón por la cual no
se ejecutaron aquellos estudios y procedimientos fuese por negligencia del
accionante, que –como se expuso– es un requisito para predicar la responsabilidad
de los sujetos disciplinables por el juez de tutela. Tampoco determinó que las órdenes
fuesen fáctica y jurídicamente posibles de cumplir por los roles de la entidad y la
creación de otras entidades que están a cargo de la adjudicación de tierras.

2 Corte Constitucional, sentencia T-1113 de 2005. Reiterado en sentencias T-512 de 2011 y SU-050 de 2022.
3 Corte Constitucional, sentencias T-763 de 1997, T-553 de 2002, T-459 de 2009, T-939 de 2005, SU-034 de

2018, SU-050 de 2022, entre otras.
4 Corte Constitucional, sentencia SU-043 de 2018.

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Adicionalmente, no se identificó si los incidentantes habían sido reconocidos en el
proceso de tutela y podían exigir el cumplimiento de la sentencia.

14.2.- Por consiguiente, la autoridad judicial accionada desconoció el precedente
constitucional sobre los criterios para la imposición de sanciones por desacato, omitió
valorar el informe de cumplimiento que rindió la Agencia Nacional de Tierras en el
trámite incidental, desatendió la naturaleza jurídica del incidente de desacato y
prescindió del debido proceso sancionatorio.

15.- En virtud de lo anterior, se concederá el amparo al derecho fundamental al
debido proceso, se dejará sin efectos el auto proferido el 30 de abril de 2024 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y se le ordenará a la
autoridad judicial accionada proferir una providencia de reemplazo en la que, con
arreglo a la ley y las pruebas aportadas, determine si el accionante es subjetivamente
responsable por el desacato.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2024 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela. En su lugar, AMPÁRASE el derecho fundamental
al debido proceso del accionante.

SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS el auto proferido 30 de abril de 2024 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el grado
jurisdiccional de consulta del incidente de desacato con número de radicado 47001-
23-31-000-2009-00170-03.

TERCERO: En consecuencia, ORDÉNASE a la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación, profiera una providencia de reemplazo, en la que agote un juicio de
responsabilidad subjetiva, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión por el medio más expedito y eficaz.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04026-01
Accionante: Juan Felipe Harman Ortiz
Se revoca la sentencia de primera instancia

QUINTO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de esta
corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto

12

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