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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04028-01

Fecha
21 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04028-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- CONFIRMAR la sentencia del 13 de septiembre de 2024, proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.- NOTIFICAR la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04028-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

21 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04028-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04028-01
Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “C”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos. Requisito de subsidiariedad
cuando se encuentra el proceso está en curso

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
del 13 de septiembre de 2024, dictada por la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura de los expedientes de tutela y ordinario se tienen como relevantes los
siguientes:

El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón en calidad de fundador del colectivo
social sin personería jurídica Primera Línea- y la señora Irma Llanos Galindo
instauraron demanda en ejercicio del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos a un ambiente sano, al equilibrio ecológico, la
conservación de las especies animales – vegetales y la seguridad y salubridad
pública, a raíz de la desviación del curso natural del arroyo Bruno, contra la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA), Compañía
Carbones el Cerrejón Limited y la Corporación Autónoma Regional de la Guajira
(en adelante Corpoguajira).

El proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “C”, que en auto del 8 de agosto de 2022 admitió la
demanda contra la ANLA y vinculó a la Compañía Cerrejón y Corpoguajira. Así
mismo, corrió traslado de la medida cautelar solicitada y negó el amparo de
pobreza de los demandantes.

El 17 de julio de 2024, el demandante allegó memorial en el que pidió que se
integre en debida forma el contradictorio vinculando en calidad de demandadas a
la multinacional Glencore, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al
Ministerio de Minas y Energía.

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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

El 28 de julio de 2024, el actor solicitó la vinculación de la Gobernación de La
Guajira y a las alcaldías de Maicao y Albania, por considerar que deben participar
en el proceso de mediación con las comunidades afectadas.

El 30 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “C”, celebró la audiencia especial de pacto de cumplimiento,
dejando claro que si bien no asistió el representante o apoderado de la
Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira, ni el agente del
Ministerio Público, dicha circunstancia no impedía la celebración de la diligencia.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, supuestamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en la
audiencia especial de pacto de cumplimiento del 30 de julio de 2024, por no
acceder a las solicitudes de integración del contradictorio que presentó.

Explicó que es necesaria la vinculación de la multinacional Glencore, la
Gobernación de La Guajira, la Alcaldía de Barrancas, porque “tienen un rol crucial
en la implementación de políticas y regulaciones ambientales para asegurar la protección
y el manejo sostenible de los recursos naturales en La Guajira, cumpliendo con los
preceptos del Decreto 2811 de 1974”.

En ese orden, refirió que el Ministerio del Interior y la Dirección de Autoridad
Nacional de Consulta Previa en la participación de las comunidades
afrodescendientes y Wayuu afectadas por El Cerrejón y el arroyo Bruno en La
Guajira, “tienen un papel fundamental en garantizar la participación efectiva de las
comunidades afrodescendientes y Wayuu en los procesos que afectan sus territorios y
recursos naturales”.

Solicitó que se requiera al director del Servicio Geológico Colombiano, para que
“rinda testimonio exponga si las actividades de ampliación de la frontera minera que
permitió el desvió del arroyo Bruno se considera un proceso degradativo del suelo y del
subsuelo, como quiera que se afectó la llanura aluvial y acuífero aluvial del arroyo Bruno y
que el nuevo cause propuesto por carbones del Cerrejón y Glencore no puede sustituir
estas llanuras aluviales y acuíferos aluviales”. Asimismo, que “[s]e requiera al Ministerio
del Interior y la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa para que en virtud de
sus funciones faciliten la Participación de las Comunidades Afrodescendientes y Wayuu
Afectadas por El Cerrejón y el Arroyo Bruno en La Guajira y se reciba el testimonio de las
mismas”.

Mencionó que conforme con el artículo 151 del Código General del Proceso, se
debe conceder el amparo de pobreza que solicitó porque no cuenta con los
recursos suficientes para solventar las costas que requiera el proceso dado que es
desempleado y víctima del conflicto armado.

Por último, explicó que es importante la participación del Ministerio Público en la
audiencia de pacto de cumplimiento, porque garantiza la defensa de los intereses
colectivos, asegura la legalidad de los acuerdos, promueve la conciliación y
“ejerce un control permanente sobre la ejecución de los pactos de cumplimiento”,
asegurando que las medidas acordadas se cumplan en los términos establecidos.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes:

“A. Se TUTELE el derecho consagrado en los Artículos 13, 29, 229 y 270 de la
Constitución Política de Colombia.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

B. Ordenar la Nulidad de la audiencia especial de pacto de cumplimiento de fecha el
día 30 de julio de dos mil veinticuatro 2024 por medio virtual, para la acción popular
25000-23-41-000-2022-00696-00, por la vulneración de los Artículos constitucionales
13, 29, 229 y 270.

C. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCION C Magistrada Ponente: ANA MARGOTH CHAMORRO
BENAVIDES vincular a las siguientes partes en calidad de personas jurídicas
demandadas acorde artículo 14 de la Ley 472 de 1998:

• Multinacional Glencore “Motivación de la inclusión” quien es propietaria de Carbones
del Cerrejón.
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Minas y Energía
• Gobernación de La Guajira.
• Alcaldías de Maicao, Albania y Barrancas, en la Guajira.
• Contraloría General de la Republica “Motivación de la inclusión” Informe auditoría de
cumplimiento a las órdenes impartidas en la sentencia arroyo bruno 698/17 y cerrejón
T-614/19.
• Como tercer interviniente Ministerio del Interior y la Dirección de Autoridad Nacional
de Consulta Previa en la Participación de las Comunidades Afrodescendientes y
Wayuu Afectadas por El Cerrejón y el Arroyo Bruno en La Guajira.
• En calidad de testimonio la Participación de las Comunidades Afrodescendientes y
Wayuu Afectadas por El Cerrejón y el Arroyo Bruno en La Guajira.
• En calidad de testimonio Geólogo Julio Fierro, director del Servicio Geológico
Colombiano, para que rinda testimonio exponga si las actividades de ampliación de la
frontera minera que permitió el desvió del arroyo bruno se considera un proceso
degradativo del suelo y del subsuelo, como quiera que se afectó la llanura aluvial y
acuífero aluvial del arroyo Bruno y que el nuevo cause propuesto por carbones del
Cerrejón y Glencore no puede sustituir estas llanuras aluviales y acuíferos aluviales.
https://www.youtube.com/watch?v=4WdGvxlHM_c Datos de notificación:
notificacionesjudiciales@sgc.gov.co.
• En calidad de testimonio Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)
quienes han hecho parte activa en la defensa de los intereses de las comunidades que
se han visto afectada por el desvío del arroyo Bruno, en este aspecto este colectivo
forma parte activa en la representación jurídica de las comunidades afectadas, por eso
se requiere su vinculación INMEDIATA para que rindan testimonio de los atropellos de
la empresa multinacional GLENCORE propietaria de Carbones del Cerrejón.
• En calidad de testimonio la organización Censat Agua Viva la cual es una
organización ambientalista que propende por la construcción de la justicia ambiental, el
respeto a los pluriversos y el cuidado de la vida trabajando en defensa de los territorios
junto a comunidades, organizaciones y en espacios de articulación, entidad que ha
venido trabajando con las comunidades afectadas por la multinacional Glencore y su
empresa carbones del cerrejón.

D. Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCION C Magistrada Ponente: ANA MARGOTH CHAMORRO
BENAVIDES conceder amparo de pobreza a la parte accionante como quiera que no
demostró que el suscrito tuviera la capacidad económica para solventar los gastos en
los que se incurra en la presente demanda, cómo quiera que es inequitativo equiparar
el patrimonio de Carbones del cerrejón Vs los ingresos de los accionantes ya que es
desproporcionado.

E. Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCION C Magistrada Ponente: ANA MARGOTH CHAMORRO
BENAVIDES y su despacho demostrar que tienen la experiencia, experticia, idoneidad,
capacidad técnica, científica, infraestructura técnica y tecnológica así como formación
académica en ciencias ambientales y del derecho ambiental para dirimir conflictos
ambientales, por favor acreditar cada uno de los requerimientos y citar los procesos
que actualmente lleva en materia ambiental con numero de radicación y cuáles han
sido los que ha manejado durante el tiempo que lleva como magistrado, también
deberá presentar una relación de procesos en los que este mismo magistrado tenga
influencia en procesos relacionados con el suscrito de igual forma de no tener prueba
alguna si quiera sumaria de que tiene las características para llevar a buen curso este
litigio ambiental “ ABSTENERSE” de dar continuidad con el trámite por considerar que
falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, deberá correr traslado a la corte
constitucional para que dirima este conflicto, esta solicitud está respaldada bajo lo
dispuesto en los Art 13, 29, 229 de la Constitución política de Colombia.

F. Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCION C Magistrada Ponente: ANA MARGOTH CHAMORRO
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

BENAVIDES correr traslado de la demanda a las partes adicionadas al proceso y
posterior bajo un tiempo prudencial efectuar audiencia de pacto de cumplimento
exigiendo la asistencia de todas las partes que hacen parte de esta demanda de acción
popular”.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “C”

La magistrada ponente del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos rindió informe en el que sostuvo que la solicitud de amparo
carece de relevancia constitucional, toda vez que el actor acude a ella con el fin de
convertirla en una tercera instancia para controvertir la decisión adoptada en la
audiencia de pacto de cumplimiento del 30 de julio de 2024.

Realizó un recuento de las actuaciones realizadas en el precitado medio de control
y explicó que en la audiencia de pacto de cumplimiento recordó a los actores que
mediante auto del 8 de mayo de 2024 los exhortó a hacer buen uso del derecho,
toda vez que habían interpuesto múltiples recursos y memoriales para reabrir
debates ya cerrados, lo cual impide el impulso procesal eficiente de este asunto.

Así mismo, insistió en que las oportunidades para demandar y reformar la
demanda habían precluido y, por último, expuso que el contradictorio está
integrado por las entidades que, según la demanda, tienen relación con el objeto
del litigio y las pretensiones.

4.2. Respuesta de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-

El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda, por cuanto no se configuró la vulneración de los
derechos fundamentales alegados.

Así mismo, afirmó que no tuvo participación alguna en las actuaciones o en las
presuntas omisiones que motivaron la solicitud, por lo que, a su juicio, se configura
la falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.3. Respuesta de Carbones el Cerrejón Limited

Por intermedio de su representante legal, la compañía solicitó que se rechace por
improcedente el amparo solicitado, por cuanto la autoridad judicial demandada no
vulneró los derechos fundamentales del accionante. De manera subsidiaria, pidió
que se negaran las pretensiones de la tutela por carecer de sustento fáctico,
argumentativo y jurídico

Mencionó que el tribunal accionado ha sido respetuoso de las disposiciones
establecidas en la Ley 472 de 1998, en concordancia con los artículos 173 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, y agregó que no existe ninguna obligación
legal para que el “Magistrado de Conocimiento en acciones populares dilate o aplace la
diligencia de Pacto cuando las partes no comparezcan, salvo que exista una justificación
sumaria por parte de los sujetos procesales”.

Por último, destacó que el actor ha presentado 14 escritos con posterioridad a la
admisión de la demanda, lo que ha generado que el proceso se haya extendido
más de lo previsto, por lo que precisó que la acción de tutela es una manifestación
de una inconformidad con una decisión judicial que se encuentra en firme.

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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

4.4. Respuesta de la señora Irma Llanos Galindo

En calidad de tercero con interés, la señora Llanos Galindo sostuvo que a la
audiencia de pacto de cumplimiento del 30 de julio de 2024 no asistieron la ANLA,
Corpoguajira, ni el delegado de la Procuraduría General de la Nación, por lo que
señaló que se debe acceder a las pretensiones de la acción de tutela.

Precisó que en el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos es necesaria la asistencia de las autoridades ambientales, “ya que son
ellos tomadores de decisiones en materia de licencias, política, transición energética,
evaluación de daños ambientales, entre otros. Pese a su ausencia, la audiencia se dio
como efectiva”.

Por último, indicó que se están vulnerado los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia porque, como lo
mencionó el demandante, la asistencia del Ministerio Público “en la audiencia de
pacto de cumplimiento es esencial para garantizar la efectividad de este mecanismo de
protección de los derechos colectivos. La Procuraduría, en su calidad de defensor de los
intereses generales, juega un papel fundamental en la búsqueda de soluciones justas y
equitativas que satisfagan las necesidades de la comunidad”.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Tercera, Subsección “A del Consejo de Estado mediante sentencia del
13 de septiembre de 2024, declaró improcedente la acción de tutela, al estimar
que la parte actora pretende utilizar la solicitud como instancia adicional sobre
puntos que fueron planteados ante el juez natural y zanjados en las
correspondientes oportunidades procesales.

Explicó que el demandante insiste en la procedencia de la vinculación de sujetos
procesales, sin que plantee argumento alguno tendiente a demostrar la
arbitrariedad en el razonamiento que fundamentó la negativa de la autoridad
judicial demandada o la supuesta afectación de derechos fundamentales.

Afirmó que la modificación en el extremo pasivo involucra una reforma de la
demanda, por lo que no es factible acceder a dicha petición máxime cuando se le
otorgó un término para subsanar la demanda.

Por otra parte, indicó que el amparo de pobreza también fue solicitado en el medio
de control de protección de los derechos e intereses colectivos, el cual fue negado
en el auto admisorio del 8 de agosto de 2022, a lo que agregó que pese a que el
actor interpuso recurso de apelación el mismo fue rechazado por improcedente,
por lo que concluyó que lo que se evidencia es una reiteración de argumentos que
tiene como fin que se acceda a lo que le fue negado, utilizando la acción de tutela
como una tercera instancia.

Respecto de la realización de la audiencia especial de pacto de cumplimiento,
evidenció que la misma fue de conformidad con la ley y no excede la órbita
razonable, toda vez que en el acta se dejó constancia que la inasistencia de los
representantes de la ANLA y de Corpoguajira, así como del Ministerio Público, no
impedía la celebración de la diligencia conforme al artículo 27 de la Ley 472 de
1998, que estipula que si bien “[l]a intervención del Ministerio Público y de la entidad
responsable de velar por el derecho o interés colectivo será obligatoria, lo cierto es que la
consecuencia de tal inasistencia no implica que no se pueda llevar a cabo, sino que el
funcionario competente incurra “en causal de mala conducta, sancionable con destitución
del cargo”.

Finalmente, manifestó que no se desplegó una argumentación encaminada a
demostrar defecto alguno, razón por la cual no es procedente acudir al amparo
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constitucional por la simple inconformidad con las decisiones adoptadas en la
audiencia de pacto de cumplimiento.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la decisión de primera instancia y reiteró los argumentos del
escrito de tutela relacionados con: i) la importancia de la vinculación de la
empresa Glencore, las Alcaldías de Maicao y Albania, como demandados en el
medio de de control de protección de los derechos e intereses colectivos; ii) en
relación con el amparo de pobreza sostuvo que el tribunal demandado vulneró el
derecho de acceso a administración la justicia en igualdad de condiciones, al no
considerar las circunstancias particulares de su caso y iii) la inasistencia de la
ANLA y Corpoguajira, así como la del Ministerio Público, en la audiencia de pacto
de cumplimiento.

Señaló que “es urgente que se revise con rigor la actuación de la magistrada y su
equipo, así como la necesidad de garantizar la participación de todos los actores
relevantes en el proceso, asegurando así el respeto y la protección de los derechos
colectivos involucrados”.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico y solución

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia del 13 de septiembre de 2024, dictada por la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado que declaró improcedente la
acción de tutela, al considerar que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional y, en su lugar, acceder al amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia,
supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “C”, con las determinaciones dictadas en la
audiencia especial de pacto de cumplimiento relacionadas con i) la celebración de
la diligencia sin la comparecencia de los representantes de la ANLA, Corpoguajira
y del Ministerio Público, ii) la negativa de acceder a la pretensión tendiente a
integrar el contradictorio y iii) al no acceder al amparo de pobreza solicitado.

La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la solicitud de amparo constitucional, pero por carecer del requisito
de subsidiariedad teniendo en cuenta que el proceso judicial se encuentra en
curso y no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la
intervención del juez constitucional.

3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se
cuestionan providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
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acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros
mecanismos jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del
actor.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de
1
2022 , la Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado
de manera alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o
especiales, por cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para
solicitar la protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial, “pues
el ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la rama
judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir de la
utilización de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la corrección de
2
las providencias judiciales” .

Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha
precisado tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse
al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional
para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en
3
el ordenamiento jurídico .

En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo
alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al interior del trámite
ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza
de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el amparo de dichas garantías dentro
4
del proceso .

1 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
2 Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
3 A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P

Carlos Bernal Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
4 Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.

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Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de acudir
de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para ello. Esta
exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia adicional en el
trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por
5
el Legislador” .

Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.

En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más
exigente, cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que
“asegura que el recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más dentro del
trámite jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás diseñados por el
legislador o, como un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes en los
6
procesos ordinarios” .

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón, quien actúa en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “C”, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, con las decisiones adoptadas en la audiencia especial de pacto de
cumplimiento del 30 de julio de 2024, al celebrar la diligencia sin que estuvieran
presentes los representantes de la ANLA, Corpoguajira y el Ministerio Público, al
no acceder a la pretensión tendiente a integrar el contradictorio y al negar el
amparo de pobreza solicitado.

La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado en sentencia del 13 de
septiembre de 2024, declaró la improcedencia de la solicitud por no cumplir con el
requisito de la relevancia constitucional, al considerar que el actor propuso la
solicitud de amparo como una instancia adicional.

En el escrito de impugnación, la parte actora insistió en los argumentos expuestos
en la demanda de tutela.

4.2. La Sala procederá a realizar una breve reseña de las actuaciones relevantes
de la demanda promovida en ejercicio del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos que promovió el accionante, así:

El 14 de junio de 2022, los señores Ericsson Ernesto Mena Garzón e Irma Llanos
Galindo, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA), Carbones, el Cerrejón Limited y la Corporación Autónoma Regional de La
Guajira (Corpoguajira), solicitaron la protección de los derechos colectivos a un
ambiente sano, al equilibrio ecológico, la conservación de las especies animales,
vegetales y la seguridad y salubridad pública, a raíz de la desviación del curso
natural del arroyo Bruno

5 Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
6 Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04028-01
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá en auto del 15 de junio de
2022, remitió el asunto por competencia y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en providencia del 8 de agosto
de 2022, admitió la demanda teniendo como demandados a la ANLA y vinculó a la
Compañía el Cerrejón y a Corpoguajira. Así mismo, negó el amparo de pobreza
solicitado por los demandantes por considerar que no cumplen con los requisitos
previstos en los artículos 151 y 152 del Código General del Proceso, y corrió
traslado de la medida cautelar solicitada.

El 10 de agosto de 2022, la parte actora interpuso recurso de reposición contra la
decisión de negar el amparo de pobreza, la cual fue negada por la autoridad
judicial demandada en proveído del 29 de marzo de 2023,

Los actores mediante escritos del 25 de noviembre de 2022, 19 de enero de 2023,
14 de febrero, 4 de julio, 28 de julio y 7 de agosto de 2023, expusieron hechos que
consideraban nuevos, solicitaron vincular a otros sujetos y adoptar medidas
cautelares. Por medio de memoriales del 3 de junio de 2023 y del 26 de enero de
2024, insistieron en la solicitud de amparo de pobreza.

Mediante auto del 6 de febrero de 2024, el tribunal demandado explicó que los
demandantes mediante seis escritos pretenden reformar la demanda con el fin de
que se vincule al proceso a las comunidades indígenas Wayúu de La Horqueta, La
Gran Parada y Paradero por medio del Ministerio del Interior, y a las empresas
Glencore, Anglo American, BHP Billiton y demás accionistas de la mina de El
Cerrejón, sin embargo, advirtió que la petición no cumple con los requisitos de ley.

El 8 de febrero de 2024, la parte actora insistió en el amparo de pobreza y
presentó escrito de subsanación de la reforma de la demanda y mediante
providencia del 8 de mayo de 2024, la autoridad judicial demandada dispuso: i) no
reponer el auto que negó el amparo de pobreza, ii) rechazó la reforma de la
demanda por cuanto no se no se cumplió con lo dispuesto en el literal d) del
artículo 18 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el numeral 1 del artículo
162 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, que impone a la parte actora el deber de
identificar de manera clara las personas naturales o jurídicas de las cuales
pretende su vinculación. De igual forma, iii) exhortó al señor Ericcson Ernesto
Mena Garzón a favorecer el impuso procesal del asunto teniendo en cuenta que
interpuso “múltiples recursos y memoriales para reabrir el debate sobre temas que ya
fueron decididos, lo cual impide el impulso procesal eficiente de este proceso”.

El 29 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “C”, en audiencia especial de pacto de cumplimiento, en
primera medida dejó constancia que no comparecieron el representante de la
ANLA y “el representante o apoderado de la Corporación Autónoma Regional de la
Guajira – Corpoguajira, ni tampoco el señor agente del Ministerio Público”, sin
embargo, advirtió que dicha situación no impedía que se realizara la diligencia.

En el acápite de cuestión previa, negó las solicitudes del actor tendientes a
vincular a otros sujetos procesales, por las siguientes razones:
“El despacho procede a resolver la solicitud, previas las siguientes consideraciones: En
primer lugar, recuerda a los actores populares lo resuelto en el auto del 8 de mayo de
2024, en el cual se los exhorto a favorecer el impulso procesal y hacer buen uso del
derecho de acceso a la administración de justicia pues han interpuesto múltiples
recursos y memoriales para reabrir debates cerrados, lo que impide el impuso
procesal eficiente de este asunto. En segundo lugar, anotó que las oportunidades
procesales para demandar y reformar la demanda ya finalizaron, y que el
contradictorio está integrado por las entidades que, según la demanda, tienen
relación con el objeto del litigio y las pretensiones. En esa medida, el Despacho
emite Auto sustanciación No. 76 RESUELVE: PRIMERO: Estar a lo resuelto en el
auto del 8 de mayo de 2024. SEGUNDO: Negar la solicitud de vinculación o

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integración al proceso de la gobernación de la Guajira y de las alcaldías de
Maicao y Albania. TERCERO. Negar la solicitud de aplazamiento de la audiencia”.
(negrillas propias de la Sala).

Contra esa decisión, el actor interpuso recurso de reposición y el tribunal
demandado en la diligencia dispuso no reponer.

4.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala precisa que si bien en primera
instancia el juez de tutela declaró la improcedencia de la solicitud de amparo
constitucional por incumplir con el requisito de relevancia constitucional, lo cierto
es que en el presente asunto se trata de un proceso judicial que se encuentra en
curso, circunstancia que inhibe la intervención del juez constitucional, salvo que se
demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, lo cual no ocurre en esta
ocasión.

Sobre este particular, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que
la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en trámite,
toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa judicial
previstos en el ordenamiento. En la sentencia T-103 de 2014, dicha corporación
sostuvo que el requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales
se puede presentar en dos escenarios i) cuando el proceso ha concluido, o ii)
cuando se encuentra en curso, escenario en el que “la intervención del juez
constitucional está vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser
7
resueltos al interior del trámite ordinario” . Este criterio ha sido acogido por la Sala 8.

Precisado lo anterior, se evidencia la falta del requisito de la subsidiariedad, en
tanto la acción de tutela se presentó cuando existe otro mecanismo en trámite,
esto es, el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
iniciado por el demandante. No sobra recordar que esta acción constitucional tiene
una naturaleza residual, por lo que no puede erigirse de manera simultánea a los
medios previstos en el ordenamiento jurídico, es decir, por regla general, no se
puede acudir a ella cuando se encuentre en curso otro medio de defensa.
9
No obstante lo anterior, conforme con la jurisprudencia constitucional , “si bien por
regla general la tutela es improcedente para cuestionar decisiones judiciales cuando el
trámite procesal se encuentra en curso o cuando no se han agotado todos los medios de
defensa judicial definidos por el legislador, lo cierto es que en aquellos casos en los
cuales el actor logre demostrar que el amparo lo intenta para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable o que tales medios de defensa no son idóneos ni eficaces para
superar la amenaza a los derechos fundamentales, es posible habilitar excepcionalmente
la procedencia de la acción de tutela, realizando el juez constitucional una evaluación
fáctica del asunto puesto a su consideración”.

Sin embargo, la Sala observa que el demandante no allegó prueba alguna que
demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, esto es, que sea urgente,
inminente, impostergable y grave, que habilite su estudio como mecanismo
transitorio, por lo que no se evidencia la necesidad de que el juez de tutela
intervenga con apremio.

En cualquier caso, la Sala advierte que los argumentos expuestos en el escrito de
tutela y en la impugnación relacionados con las decisiones tomadas en la
audiencia de pacto de cumplimiento, son una continuación de lo que ya se ha

7 Sentencia del 2 de marzo de 2023, exp. 2023-00138-00, M.P. Wilson Ramos Girón.
8 Sentencias del 8 de agosto de 2024 y del 18 de julio de 2024, exp. 2024-02549-00 M.P. Stella Jeannette

Carvajal Basto, del 31 de octubre de 2024 exp. 2024 01763-01 y del 7 de noviembre de 2024, exp. 2024-
02836-01 M.P. Wilson Ramos Girón, entre otras.
9 Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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resuelto dentro del medio el medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia impugnada en la que se declaró la
improcedencia de la acción de tutela, pero por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- CONFIRMAR la sentencia del 13 de septiembre de 2024, proferida por
la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- NOTIFICAR la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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