Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04043-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04043-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04043-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
19 de septiembre de 2024
Demandante: Jhon Erik López Guzmán
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda Subsección F, Sala Transitoria
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04043-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04043-00
Demandante: JHON ERIK LÓPEZ GUZMÁN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN F, SALA TRANSITORIA
TEMA: Tutela de fondo. Mora judicial. Ausencia de informe y
justificación. Ampara
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 2 de agosto de 2024, el señor Jhon Erick López Guzmán, actuando por intermedio
de apoderada, presentó acción de tutela, con el fin de que se le amparen sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso
y a la igualdad.
Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por la Sala Transitoria de la
Sección Segunda Subsección F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al no
resolver el recurso de apelación que presentó contra la decisión de 16 de agosto de
2022, con la que el Juzgado 30 Administrativo de Bogotá se negó a librar
mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo 11001-33-35-030-2022-00289-
00/01.
1.2. Petición de amparo constitucional
En la demanda de tutela se manifestó:
PRIMERO: Ordenar al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA- MAGISTRADO TRANSITORIO - SEC2-SUB F - LUIS
EDUARDO PINEDA PALOMINO, que dentro del término de 48 horas siguientes a
la notificación de la sentencia que ampare los derechos constitucionales de mi
mandante proceda a decidir la apelación en contra de la decisión del 16 de agosto
de 2022 del JUZGADO 30 ADMINISTRATIVO SEC SEGUNDA DE BOGOTA, bajo
radicado 11001 33 35 030 2022 00289 00.
1
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Demandante: Jhon Erik López Guzmán
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda Subsección F, Sala Transitoria
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SEGUNDO: Prevenir a la entidad accionada para que se abstenga de incumplir la
orden judicial que se emita y se abstenga de continuar con su conducta de no
decidir en forma pronta y oportuna los casos judiciales bajo su cargo. 1
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia 2:
El actor se ha desempeñado como funcionario en la Rama Judicial, en virtud de ello,
solicitó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Bogotá la extensión de los efectos
de la sentencia de unificación de 2 de septiembre de 2019, con la cual la Sala Plena
de Conjueces del Consejo de Estado declaró que la prima especial de servicios de
que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 es un incremento del salario básico.
La mencionada entidad resolvió favorablemente la solicitud y, mediante oficio
DESAJNOJRO19-11317 de 28 de noviembre de 2019, le informó que solicitó los
recursos necesarios para hacer el pago respectivo.
A pesar de lo anterior, el actor, al no ver concretado el reconocimiento económico a
su favor, interpuso una demanda ejecutiva que fue conocida por el Juzgado 30
Administrativo de Bogotá, autoridad que con auto de 16 de agosto de 2022 no libró
el mandamiento ejecutivo.
Por lo tanto, el demandante interpuso recurso de apelación que, según su dicho, no
ha sido resuelto por la Sala Transitoria de la Sección Segunda Subsección F del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante consideró vulneradas sus prerrogativas constitucionales,
puesto que el proceso fue asignado hace 1 año y dos meses para resolver la alzada
y aun no hay una decisión de fondo.
A su vez, resaltó que su salario es considerablemente más bajo que el de los jueces
a quienes sí se les ha efectivizado el reajuste que pretende ejecutar por la vía
judicial.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 6 de agosto de 2024, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, tuvo como autoridad accionada a la Sala Transitoria de
la Sección Segunda Subsección F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Por otra parte, se vinculó como tercero interesado al Juzgado 30 Administrativo del
1
Transcripción literal, incluyendo posibles errores.
2
En el escrito inicial el actor narra que solicitó el pago de la prima especial a través de una acción
de tutela que fue declarada improcedente por contar con el medio ejecutivo; no obstante, estos
hechos no resultan pertinentes para la controversia aquí traída y que se circunscribe a la presunta
mora judicial dentro del proceso ejecutivo.
2
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Circuito Judicial de Bogotá, por ser la autoridad que conoció el proceso en primera
instancia.
Con auto de 23 de agosto de 2024 se corrigió un error de digitación en el auto de 6
de agosto de 2024 y se dispuso que se realizara la notificación de la admisión a la
Sección Segunda Subsección F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y se
le otorgó el término de dos días para que rindiera el informe de que trata el artículo
19 del Decreto 2591 de 1991
De igual forma, se ordenó a la oficina de sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la corporación, con la información de
la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También,
se requirió a la autoridad judicial la remisión digital del expediente del proceso de
tutela objeto de estudio.
1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes, tanto la Sala Transitoria de la
Sección Segunda Subsección F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como
el Juzgado 30 Administrativo de Bogotá remitieron copia digital del proceso
ejecutivo.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Jhon Erik López Guzmán, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte actora por parte la Sala Transitoria de la
Sección Segunda Subsección F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con
ocasión a que no se ha resuelto el recurso de apelación que presentó contra el auto
que no libró mandamiento de pago, pese al tiempo que ha transcurrido desde que
el proceso ingresó al despacho para tal fin.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza
de la acción de tutela; (ii) las generalidades de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia; (iii) la mora judicial; y (iv) el caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
3
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de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable 3.
2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 2294 y 295 de la Constitución, y de los principios de la
Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la
administración de justicia6.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y
con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada,
ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías
constitucionales previstas en la Constitución y en la ley»7.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía
[…]no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad
formal de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura
judicial lista a atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia
reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los
procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia
probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca
de los hechos materia de su decisión8.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el
3
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
4
“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
5
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
6
Sentencia T-006 de 1992.
7
Sentencia T-476 de 1998.
8
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
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[…]ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre
una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y
garantías9, y de otro lado, la obligación correlativa de las autoridades judiciales
de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el
acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual
se deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se
entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad
de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las
personas10.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996,
Estatuaria de la Administración de Justicia11 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de
las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que
ha dejado de ser el frío funcionario judicial que aplica irreflexivamente la ley,
convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se proyecta más allá de las
formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su
responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial
y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal
de la justicia material […]12.
2.5. La mora judicial
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes. 13
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
9
Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
10
Ibídem.
11
Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional.
12
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
13
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
5
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procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales» 14.
En esa línea esa corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial 15, según la cual sólo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un
proceso.
2.6. Caso concreto
En esta oportunidad la parte actora consideró que sus derechos fundamentales
están siendo vulnerados por la Sala Transitoria de la Sección Segunda Subsección
F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por cuanto desde el 2022 interpuso
un recurso de apelación contra el auto que negó mandamiento de pago y, a la fecha,
no ha sido resuelto.
Sobre este punto, se tiene que, de acuerdo con lo evidenciado en el sistema de
consulta Samai, el proceso ejecutivo 11001-33-35-030-2022-00289-01 ha tenido el
siguiente trámite desde que llegó a la corporación accionada:
Fecha Actuación Responsable
25 de octubre de 2022 Reparto y radicación Secretaría
26 de octubre de 2022 Ingreso al despacho Magistrado Luis Eduardo
Pineda Palomino
1 de diciembre de 2022 Retorno del expediente a Secretaría
Secretaría por
14
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
15
Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
6
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04043-00
finalización de la medida
de descongestión
9 de febrero de 2023 Ingreso al despacho Magistrado Luis Eduardo
Pineda Palomino
15 de diciembre de 2023 Retorno del expediente a Secretaría
Secretaría por
finalización de la medida
de descongestión
8 de febrero de 2024 Ingreso al despacho Magistrado Luis Eduardo
Pineda Palomino
Cómo puede observarse, el proceso en discusión ha estado a la espera de que se
resuelva la alzada desde el 26 de octubre de 2022, lo que implica a la fecha que se
profiere esta decisión han transcurrido más de 1 año y 10 meses sin que se profiera
la decisión que en derecho corresponde. A su vez, es claro que, aunque el caso
hace parte de aquellos que son resueltos por los despachos que se crean en
descongestión, donde en ocasiones cambian los titulares, el expediente siempre ha
estado a cargo del mismo funcionario.
Sobre el fenómeno de la mora judicial, la Corte Constitucional ha señalado que
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos, en los que, la dilación en el trámite de una actuación es
originada, no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los
mismos16.
En el presente caso, la Sala Transitoria de la Sección Segunda Subsección F del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca no rindió informe en la presente acción
constitucional, en el cual acreditara el impulso dado al proceso ejecutivo de la
referencia, o desvirtuara el cargo que la aquí accionante aduce le vulnera sus
garantías constitucionales, donde a la postre debía argumentar que, si bien existe
una mora judicial, ésta se justificaría de conformidad con alguna de las causales ya
descritas en esta providencia17. Empero, la autoridad judicial accionada no lo hizo.
Por lo anterior, se deja al descubierto la falta de diligencia y la omisión en el
cumplimiento del deber de atender a los requerimientos de los ciudadanos, por lo
que bajo estos términos, se ha impedido a la parte actora el goce efectivo de sus
derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, por el cual,
“(…) se pretende garantizar la prestación jurisdiccional a todos los individuos, a través
del uso de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. De esta
forma, el derecho de acceso a la administración de justicia constituye un
presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos
fundamentales, ya que, como ha señalado esta Corporación “no es posible el
cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas
por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”18.”
16
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
17
Ver sentencia del 24 de junio de 2021, dentro del radicado 25000-23-15-000-2021-00404-01.
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
18
Corte Constitucional Sentencia T-268 de 1996.
7
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En consecuencia, este derecho se posiciona como uno de los pilares del modelo de
Estado Social de Derecho, al permitir que los individuos puedan acceder ante las
autoridades judiciales a dirimir sus conflictos, de suerte que protegen y efectivizan
sus derechos. Conforme a ello, esta Sala encuentra palpable la dilación injustificada
la Sala Transitoria de la Sección Segunda Subsección F del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, por los motivos expuestos y, ese sentido procederá a proteger
los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Así las cosas, y conforme con lo expuesto, esta Sala de Decisión considera que el
Tribunal Administrativo de Santander incurrió en una mora judicial injustificada, con
lo cual vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia
y debido proceso de la parte actora, por lo cual, se ordenará a dicha autoridad dar
trámite al proceso ejecutivo identificado con el radicado 11001-33-35-030-2022-
00289-01, para lo cual deberá pronunciarse sobre el recurso de apelación que se
encuentra pendiente, para esto, se le concederá un término de 10 días siguientes a
la notificación de esta providencia.
Por otra parte, respecto del derecho fundamental a la igualdad, no se evidencia
alguna actuación u omisión que justifique su amparo, esto por cuanto el accionante
no presentó algún caso en el que, estando en las mismas circunstancias, se haya
adoptado un trámite distinto del suyo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del señor Jhon Erick López Guzmán.
SEGUNDO: ORDENAR a la Sala Transitoria de la Sección Segunda Subsección F
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dentro de los 10 días siguientes
a la notificación de esta providencia, profiera la decisión que en derecho
corresponda dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado 11001-33-35-
030-2022-00289-01, en relación con el recurso de apelación que se encuentra
pendiente.
TERCERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental a la igualdad.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Ausente con permiso)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
9
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