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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04064-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04064-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el numeral primero del resuelve de la sentencia del 11 de octubre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que dispone: “Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio de la señora Ana María Tovar Motta, quien actúa en nombre propio.” SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo del resuelve de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia que en las siguientes cuarenta y ocho (48) horas emita una decisión de fondo sobre la solicitud de acreditación de la judicatura presentada por la señora Ana María Tovar Motta. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Ana María Tovar Motta Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-04064-01 TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04064-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

28 de noviembre de 2024

Demandante: Ana María Tovar Motta
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04064-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04064-01
Demandante: ANA MARÍA TOVAR MOTTA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Tutela por presunta vulneración a los derechos
fundamentales de petición, debido proceso, educación y
trabajo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
(en adelante URNA), contra la sentencia del 11 de octubre de 2024, en virtud de la
cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta, concedió el amparo solicitado en la
acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito radicado el 5 de agosto de 2024, la señora Ana María Tovar Motta,
actuando en nombre propio, promovió demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra la URNA, en la que pretende el amparo de sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso, educación y trabajo .

En criterio del accionante, la vulneración de las citadas garantías constitucionales
se materializó con la omisión la URNA de expedir acto administrativo acreditando
la realización de la judicatura al interior del juzgado accionado como opción de
grado para optar por el título de abogado.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la señora Tovar Motta solicitó que se ampararan los
derechos fundamentales invocados y, por tal razón, formuló la siguiente pretensión:

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Demandante: Ana María Tovar Motta
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04064-01

Como consecuencia de lo anterior, se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA – REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS emitir el respectivo
acto administrativo que reconozca el cumplimiento de la práctica de mi
judicatura AD HONOREM en el Juzgado 94 Penal Municipal antes Juzgado 13
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, cambio en virtud de la
resolución UDAER23-74 del 28 De Abril de 2023.1

Adicionalmente, a título de medida provisional, la actora solicitó que se
ordenara a la URNA emitir la decisión en comento con el fin de que pudiera
realizar su grado en el mes de octubre de 2024, fecha prevista por su
universidad para tal fin.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El 17 de julio de 2023, la actora fue nombrada auxiliar judicial ad honorem en el
Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá. Esto con
el objeto de surtir la judicatura no remunerada como opción de grado para optar por
el título de abogado.

El Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá se
transformó en el Juzgado Noventa y Cuatro Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá en atención a la Resolución No. UDAER23-74 de 28 de
abril de 2023 del Consejo Superior de la Judicatura.

Hasta el 17 de abril de 2024 se extendió la vinculación de la señora Tovar Motta al
despacho judicial, transcurriendo de esta manera 9 meses de prestación de
servicios en el marco de la práctica jurídica.

En vista de lo anterior, el 21 de mayo de 2024, la accionante inició el trámite de
acreditación de la judicatura presentando la documentación requerida para tal fin
ante el CSJ-SIRNA.

El 23 de julio de 2024, la URNA solicitó a la accionante allegar el certificado de
tiempo y funciones desarrolladas en el juzgado por considerar necesaria una
ampliación de funciones de contenido jurídico y la inclusión del horario de labores
para continuar con el trámite de acreditación.

El 30 de julio de 2024, la actora aportó a la URNA certificado emitido por el Juzgado
Noventa y Cuatro Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá que,
desde su punto de vista, suplía lo solicitado por la entidad accionada. En la misma
fecha, la entidad respondió reiterando el requerimiento de aporte de la
documentación exigida previamente y que se prevé en el literal f, artículo 2 del
Acuerdo PSAA 12-9338 de 2012.

1 Transcripción literal del texto original con posibles errores.

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Por lo anterior, el 1 de agosto de 2024 la accionante remitió nuevamente a la URNA
certificado emitido por el Juzgado Noventa y Cuatro Penal Municipal con Función
de Conocimiento de Bogotá y peticionó a la entidad que aceptara tal documentación
para acreditar el cumplimiento de la judicatura comoquiera que el juzgado no podía
certificar funciones diferentes a las que le fueron asignadas.

Ante este último aporte del certificado, la URNA contestó indicando que no tendría
en cuenta las funciones realizadas por la accionante al interior del despacho judicial
puesto que consideró que son “netamente asistenciales” en contravía de lo exigido
por el artículo 2 del Acuerdo PSAA19-7543 de 2010.

A la fecha de interposición de la acción de la referencia la URNA no había expedido
acto administrativo en el cual decidiera sobre la acreditación de la judicatura
solicitada por la señora Tovar Motta.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

Señaló que, pese a haber cumplido con los requisitos formales y haber presentado
la documentación requerida para la acreditación de su judicatura como opción de
grado desde el 21 de mayo de 2024, la entidad accionada no ha resuelto su
solicitud dentro del plazo establecido en el artículo 2 del Acuerdo PSAA10-7543
de 2010, excediendo el término de 10 días hábiles para emitir un acto
administrativo debidamente motivado. Lo anterior en desconocimiento de su
derecho fundamental de petición.

La accionante argumentó que las funciones asignadas y cumplidas en el despacho
judicial durante su judicatura, aunque consideradas por la URNA como
asistenciales, requerían conocimientos jurídicos y contribuyeron al funcionamiento
del juzgado. Además, manifestó que la URNA no cuenta con un manual o
lineamiento que determine de manera clara qué funciones se consideran jurídicas
o asistenciales en el contexto de la judicatura, por lo que la negativa de reconocer
las funciones certificadas por el juzgado es injustificada y arbitraria.

La actora advirtió que esta situación no solo vulnera sus derechos fundamentales
de petición y debido proceso, sino que también afecta su derecho a la educación,
pues su universidad ha establecido un plazo para graduarse que culmina en 2025.
Explicó que, por tal razón, de no obtener la certificación de su judicatura, no podría
graduarse viéndose frustrado su esfuerzo académico, económico y su incursión
como profesional del derecho en el mercado laboral.

Finalmente, refirió a la necesidad urgente de resolver su situación debido a las
condiciones económicas de su familia, expresando que su graduación le permitiría
contribuir al sustento de su núcleo familiar. Por estas razones, solicitó al juez
constitucional ordenar a la URNA emitir el acto administrativo correspondiente
para garantizar sus derechos fundamentales.

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1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 9 de agosto de 2024, la magistrada ponente de la decisión de primera
instancia admitió la acción de tutela; ordenó la notificación de la URNA; y negó la
medida provisional solicitada en el escrito introductorio por no encontrar un riesgo
inminente a las garantías constitucionales de la accionante.

Con auto del 18 de septiembre de 2024, la magistrada ponente dispuso la
vinculación en calidad de demandado del Juzgado Noventa y Cuatro Penal
Municipal con Función de Conocimiento por haber surtido la accionante sus
prácticas judiciales al interior de este despacho.

1.6. Intervenciones

La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el auto
admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos procesales
como consta en el expediente de SAMAI2 y en virtud de los cuales se recibió escrito
de la URNA en la cual se esbozaron los siguientes argumentos:

La entidad sostuvo que sus actuaciones se han ajustado a la normatividad vigente
y que no existe vulneración de derechos fundamentales considerados como
vulnerados por la actora. En respaldo de lo anterior, explicó que la accionante no
ha aportado la totalidad de los documentos requeridos para la acreditación de su
judicatura, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA10-7543 de 2010,
específicamente en relación con la certificación de funciones jurídicas y horario de
labores, motivo por el cual el trámite no ha podido finalizarse.

La URNA sustentó que, en observancia del artículo 17 del CPACA, realizó
requerimientos oportunos y reiterados a la accionante para subsanar las falencias
documentales para adelantar el trámite. Señaló que, sin embargo, los certificados
presentados no acreditan funciones jurídicas, pues las labores descritas en dichos
documentos son de carácter asistencial, lo que contraviene las disposiciones del
mencionado Acuerdo.

Asimismo, sostuvo que, en línea con el artículo referido del CPACA, no existe
vulneración del derecho de petición, puesto que en el caso de análisis la solicitud
elevada ante la entidad se encuentra incompleta al carecer del soporte documental
requerido.

Por otra parte, pese a que el Juzgado Noventa y Cuatro Penal Municipal con
Función de Conocimiento fue debidamente notificado de la acción de tutela, omitió
intervenir en el proceso.

2 Índice 00008 del expediente digital de primera instancia.

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1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, profirió sentencia el 11 de octubre de 2024
en la que accedió a la solicitud de amparo.

Para arribar a la anterior determinación, el a quo advirtió que la acción de tutela
presentada por la accionante era procedente al cumplir con el requisito de
subsidiariedad, dado que la negativa URNA no constituía un acto administrativo
definitivo susceptible de ser impugnado ante la jurisdicción contenciosa
administrativa, lo que justificaba la intervención del juez constitucional para
garantizar las garantías constitucionales de la accionante.

Tras analizar las pruebas obrantes en el expediente, concluyó que, con las
prácticas jurídicas surtidas por la accionante al interior del Juzgado Noventa y
Cuatro Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, se generó una
confianza legítima a la actora, asegurándole que el cumplimiento de las funciones
encomendadas permitiría acreditar la judicatura como requisito para optar por el
título de abogada.

Argumentó que esta confianza fue defraudada cuando la URNA rechazó la
certificación expedida por el juzgado bajo el argumento de que las funciones
realizadas eran asistenciales y no jurídicas. En este sentido, consideró que la
negativa de la URNA a reconocer la práctica jurídica de la accionante le impuso una
barrera desproporcionada que frustró sus expectativas legítimas y afectó sus
derechos fundamentales a la educación, la libre escogencia de profesión u oficio,
el debido proceso y el derecho de petición .

En consecuencia, la Sección Cuarta concluyó que entidad accionada transgredió
los derechos fundamentales de la señora Tovar Motta al adoptar una interpretación
restrictiva de los requisitos para acreditar la judicatura y ordenó a esta entidad
aceptar como válida la certificación emitida por el juzgado, garantizando así el
reconocimiento de la judicatura de la accionante y su derecho a optar por el título
de abogada.

Frente a esta decisión Salvo voto la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello,
quien consideró que en el caso concreto no se vulneraba el derecho fundamental
de petición de la actora puesto que la solicitud elevada por la accionante ante la
URNA se encontraba incompleta al carecer de la documentación para resolverse
de fondo.

Asimismo, la magistrada precisó que la URNA se limitó a cumplir con su deber de
determinar que las funciones desempeñadas por la actora en la práctica jurídica no
cumplían con los requisitos exigidos por la normativa aplicable a la realización de
la judicatura.

El fallo se notificó a través de correo electrónico remitido el 18 de octubre de 2024.

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1.8. Impugnación

Con escrito radicado en la Secretaría General de la Corporación el 22 de octubre
de 2024, la URNA presentó impugnación a la decisión de primera instancia
solicitando su revocatoria para, en su lugar, negar las pretensiones de la acción de
tutela.

Manifestó que, contrario a lo establecido por el fallador de primera instancia, su
actuación no fue desproporcionada ya que se basó estrictamente en la
normatividad vigente que exige que las funciones cumplidas por los judicantes ad
honorem sean de carácter jurídico.

Según la URNA, los requisitos establecidos para la acreditación de la judicatura son
claros y no admiten interpretaciones extensivas ni la resolución de trámites
mediante la aplicación parcial o conveniente de las normas. En ese sentido,
consideró desacertado que se ordene aceptar como válida la certificación
presentada por la accionante, pues ello implicaría desconocer requisitos esenciales
que garantizan la idoneidad de los futuros abogados, quienes deben desempeñar
funciones jurídicas que reflejen la naturaleza profesional de la carrera y contribuyan
al cumplimiento de los fines de la administración de justicia.

Asimismo, citó sentencia T-230 de 2022 proferida por la Corte Constitucional, que
destaca la importancia de la judicatura como un mecanismo que combina la
prestación de un servicio a la comunidad y la preparación práctica de los
estudiantes de derecho, reforzando su idoneidad profesional. De igual manera, citó
lo preceptuado en dicha oportunidad por el Tribunal Constitucional sobre la
obligatoriedad de realizar funciones jurídicas durante la judicatura, al considerarlas
fundamentales para la formación profesional y el interés general.

Finalmente, la URNA rechazó que su actuación vulnere derechos fundamentales,
sosteniendo que su interpretación de los requisitos para la acreditación de la
judicatura se encuentra acorde con las exigencias legales y jurisprudenciales que
buscan garantizar que los judicantes estén adecuadamente preparados para
ejercer como abogados.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación al fallo de tutela proferido
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019 del Consejo
de Estado.

En suma, no se advierte irregularidad alguna que impida a esta sala proferir una
decisión de fondo, de cara a la pretensión constitucional de la parte accionante.

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2.2. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante y el material probatorio recaudado, corresponde a la Sala resolver el
siguiente problema jurídico:

¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados
por la señora Tovar Motta al omitir acreditar las prácticas jurídicas desempeñadas
por la accionante como opción para optar por el título de abogado?

Para resolver la interrogante planteada, se analizarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) sobre el derecho de petición; y (iii) el caso
concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable 3.

2.4. Derecho de petición

De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, el derecho
de petición se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de presentar
solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una pronta respuesta.

Cabe resaltar que la autoridad requerida, en la contestación no está obligada a
acceder a las pretensiones del peticionario, por lo que en el evento en que se
deniegue la solicitud, le corresponde, únicamente, dar a conocer las razones
técnicas y jurídicas que fundamentan aquella postura negativa. Así, este derecho
que se concreta en la formulación de una petición, se hace efectivo a través de la
respuesta otorgada por la autoridad requerida, cuya materialización resulta
independiente del carácter favorable o desfavorable de la misma.

En tal sentido, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de
petición, la contestación debe: i) versar sobre lo preguntado, sin evasivas y

3 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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precisando lo que el peticionario desea saber; ii) ser clara a fin de que el solicitante
entienda el porqué de los argumentos de la autoridad aun cuando no los comparta;
iii) mantener coherencia con lo solicitado; iv) ser proferida dentro de la oportunidad
fijada por la ley para ello; y, finalmente v) notificarse de manera eficaz para su
debida materialización.

2.5. Caso concreto

Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la Sala colige que, si bien la
solicitud de amparo debe ser concedida, el fallo proferido por la Sección Cuarta
debe ser revocado en punto de las órdenes impartidas a la URNA.

Desde la perspectiva de la parte actora, la URNA ha transgredido sus garantías
constitucionales al negarse a emitir decisión de acreditación de su judicatura bajo
el argumento de que las funciones certificadas por el Juzgado Noventa y Cuatro
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá no correspondían a
labores jurídicas.

En la sentencia de primera instancia, la Sección Cuarta consideró que la negativa
de la URNA vulneró el derecho fundamental de petición de la accionante, al omitir
una decisión de fondo sobre la solicitud de acreditación de su práctica jurídica. En
consecuencia, ordenó a la entidad tener por válido el certificado emitido por el
juzgado, reconociendo la práctica desarrollada por la señora Tovar Motta como
cumplidora de los requisitos exigidos para la judicatura y expedir la resolución
correspondiente.

Atendiendo a los argumentos elevados por la entidad accionada, esta Sala precisa
que no es de recibo el argumento de la URNA según el cual no se vulneró el
derecho de petición debido a que la solicitud de la accionante era incompleta,
conforme al artículo 17 del CPACA, al no haberse aportado todos los documentos
requeridos.

Como se desprende de las pruebas obrantes en el expediente, la señora Tovar
Motta presentó, según lo requerido por la URNA, el certificado expedido por el
juzgado en el que se desempeñó como auxiliar judicial ad honorem, el cual detalla
el tiempo y las funciones realizadas durante su práctica jurídica. Este documento
constituye el soporte necesario para que la URNA tramite la solicitud y adopte una
decisión de fondo. Así las cosas, los reparos que plantea la entidad respecto a la
naturaleza de las funciones desarrolladas deben resolverse dentro del análisis de
fondo, pero no pueden justificar la omisión de una respuesta a la petición.

Por lo anterior, la Sala coincide con el a quo en encontrar acreditada una
vulneración al derecho fundamental de petición de la señora Tovar Motta por parte
de la entidad accionada. Sin embargo, se difiere de la decisión adoptada por la
Sección Cuarta dentro de la cual se ordenó a la URNA tener por válido el certificado

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de funciones expedido por el Juzgado Noventa y Cuatro Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bogotá.

Es necesario aclarar que el juez constitucional no puede sustituir la competencia
de la URNA en la valoración de la documentación ni en la adopción de decisiones
sobre la acreditación de la judicatura. En este sentido, el ámbito del amparo
otorgado debe limitarse a proteger el derecho fundamental de petición, ordenando
a la URNA que se pronuncie de fondo sobre la solicitud de la accionante, valorando
la documentación aportada según sus competencias legales, y resolviendo si
procede o no la acreditación.

Adicionalmente, se precisa que la accionante cuenta con los recursos legales
ordinarios para controvertir una eventual decisión desfavorable de la URNA. En
particular, puede acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, dentro del cual podrá solicitar medidas cautelares para evitar perjuicios
irreparables mientras se resuelve de manera definitiva su situación jurídica.

En conclusión, aunque se dispone el amparo al derecho fundamental de petición
de la accionante, se revocará la orden impartida por el juez de primera instancia
dirigida a la URNA de tener por válido el certificado de funciones. En su lugar, se
ordenará a la entidad adoptar una decisión de fondo sobre la solicitud de
acreditación de la judicatura, respetando su libertad para valorar la documentación
allegada conforme a la normatividad vigente.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el numeral primero del resuelve de la sentencia del 11
de octubre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que
dispone:

“Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales de petición, al debido
proceso, a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio de la
señora Ana María Tovar Motta, quien actúa en nombre propio.”

SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo del resuelve de la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia que en las
siguientes cuarenta y ocho (48) horas emita una decisión de fondo sobre la solicitud
de acreditación de la judicatura presentada por la señora Ana María Tovar Motta.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Ana María Tovar Motta
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04064-01

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Con Salvamento parcial de voto

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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