Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04067-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04067-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04067-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de agosto de 2024
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 06 7- 0 0
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04067-00
Accionante: Katherine Paola Durán Ariza
Accionados: Presidente de la República y otros
Temas: Acción de tutela para que se adopten medidas en relación con los docentes
nombrados en provisionalidad.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la señora Katherine Paola
Durán Ariza en contra del presidente de la República, del Ministerio de Educación
Nacional y de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
ANTECEDENTES
La accionante promovió acción de tutela para que se protejan sus derechos
fundamentales a una vida en condiciones dignas y justas, a la salud, al mínimo vital,
al trabajo y a la estabilidad en el empleo, los cuales considera vulnerados por las
autoridades accionadas.
HECHOS
La parte actora narró que tiene 39 años, es licenciada en educación con énfasis en
educación física, recreación y deporte, con especialización en didácticas de las tics,
y se desempeñó como docente provisional en vacancia definitiva en el Distrito de
Barranquilla desde el 14 de febrero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2023,
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cuando fue retirada del servicio, debido a un concurso público, en el que, a criterio
de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y sin que ello se le haya demostrado
objetivamente, no obtuvo el puntaje mínimo requerido.
Considera que el Estado no ha sido lo suficiente y necesariamente diligente para
suplir las vacancias definitivas que se generan en la planta de personal que atiende
el servicio público educativo y ha abusado de la provisión de aquellas mediante los
nombramientos provisionales, con lo que ha explotado la fuerza de trabajo
profesional y desfigurado el carácter transitorio que debería revestir esa clase de
nombramientos, a pesar de lo previsto en los artículos 125 de la Constitución y 13
del Decreto Ley 1278 de 2002 y la Circular 024 del 21 de julio de 2023.
Que, si bien en el artículo 125 constitucional se establece que los funcionarios serán
nombrados por concurso público, no es posible desconocer, en perjuicio de las
personas en provisionalidad, los derechos derivados de la Constitución, su
preámbulo y sus artículos 1, 2, 5, 13, 25 y 53, por lo que se requiere una
interpretación armónica y sistemática del texto superior.
Que no resulta de recibo justificar la carencia de idoneidad de los educadores por
los resultados de un concurso público de méritos, en el que, además, se han
presentado fallas, ya que dicha cualidad se acredita con el título, el ejercicio eficiente
de la profesión y el cumplimiento de la ley, conforme el artículo 119 de la Ley 115
de 1994.
Que es necesario poner en el centro de la discusión temas como el de la financiación
y el modelo de la educación pública para que se garantice la vigencia del orden,
económico y social previsto en la Constitución, y se requiere que el presidente de la
República ejecute y concrete iniciativas como la reversión de la reforma
constitucional de los artículos 356 y 357 superiores, con la cual sustrajo más de 200
billones de pesos al sector educativo.
Que la situación de los docentes provisionales exige el establecimiento de
procedimientos garantistas del debido proceso dentro de los concursos adelantados
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la adopción de nuevas fórmulas de
financiación de la educación como servicio público y como derecho social, el
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incremento de la actual oferta de infraestructura escolar instalada y la ampliación de
la oferta docente.
PRETENSIONES
La parte accionante solicitó declarar que de la vulneración sistemática del Estado
de disposiciones constitucionales emerge una violación grave, masiva y recurrente
de derechos fundamentales ligada a la falta de cumplimiento de ciertas autoridades
de sus obligaciones constitucionales y legales, lo que hace procedente la
intervención de los jueces de tutela para la adopción de medidas urgentes y
vinculantes con efectos erga omnes y la imposición de límites a las acciones
estatales que transgreden el marco constitucional.
Pidió, además, exhortar al Estado para que evite repetir dicha transgresión de los
derechos fundamentales reclamados en esta acción, adopte medidas urgentes
tendientes a resarcir daños y afectaciones, y restituya el imperio de la Constitución.
ACTUACIÓN PROCESAL
El 8 de agosto de 2024 la acción de tutela de la referencia fue admitida, mediante
proveído, en el que se ordenó notificar al presidente de la República, al Ministerio
de Educación Nacional y a la Comisión Nacional del Servicio Civil, como
accionados.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El presidente de la República, a través de su apoderada, afirmó que las
pretensiones de la accionante están orientadas a la aplicabilidad de un concurso
regulado por la Comisión Nacional del Servicio Civil al cargo que ocupaba, entidad
que cuenta con una autonomía que no puede ser quebrantada, lo que implica que
no puede intervenir en ese procedimiento, máxime cuando no ha cometido ninguna
omisión que permita a la actora reclamarle la tutela de sus derechos fundamentales,
por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva.
Adujo que, acorde con la Corte Constitucional, a la parte accionante le corresponde
demostrar que la presunta afectación de derechos se presenta como consecuencia
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de una actuación u omisión específica de la entidad accionada o vinculada al
proceso, por lo que en caso de que ello no se pruebe, la consecuencia jurídica
deberá ser la de desvinculársele o declarar improcedente la acción, por no ser
responsable de la vulneración invocada.
Agregó que la peticionaria del amparo no acreditó haber agotado los mecanismos
dispuestos en la vía ordinaria para buscar la protección de sus derechos
fundamentales ni demostró la probable configuración de un perjuicio irremediable,
por lo que se viola el principio de subsidiariedad de la tutela.
Solicitó, en consecuencia, desvincularlo de la acción por falta de legitimación en la
causa por pasiva, declarar improcedente la acción y negar las pretensiones respecto
a él.
La Comisión Nacional del Servicio Civil, por medio del jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, sostuvo que no existe evidencia de alguna vulneración por su parte de los
derechos de la actora, pues carece de competencia para administrar la planta de
personal docente, atribución exclusiva de la autoridad nominadora, por lo que no
tiene legitimación en la causa por pasiva.
Refirió que las acciones que adelantó están ajustadas a derecho y que lo pretendido
por la actora es revivir términos, dado que ya venció el plazo de 4 meses para
instaurar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Manifestó que los cargos en nombramiento provisional son transitorios y la prioridad
del nombramiento se encuentra en la lista de elegibles vigente, las cuales son
ofertadas mediante el proceso de selección, y precisó que, conforme a la Circular
24 del 21 de julio de 2023 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, son las
entidades territoriales certificadas en educación, las que tienen la competencia para
adelantar las acciones afirmativas para los docentes vinculados en calidad de
provisionales, en la medida de lo posible, tras el nombramiento en período de
prueba de los docentes que están en dicha lista.
Comunicó que para el Proceso de Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de
2022 la lista de elegibles que compone la oferta pública de empleo de carrera es
mayor al número de vacantes y los aspirantes merecen que sea respetada su
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posición en aquella, por lo cual, si bien existen prerrogativas legales para el retén
social, no es posible una vinculación si la lista de elegibles es superior a los cargos
a proveer.
Mencionó que se desconocen los derechos de los docentes vinculados en calidad
de provisionales, pero que la estabilidad transitoria que se le ha reconocido a
quienes están vinculados bajo esa modalidad cede frente al derecho que tienen las
personas que superaron todas las etapas del concurso y hacen parte de la lista de
elegibles.
Informó que la actora se inscribió en el Proceso de Selección previamente
identificado al empleo con el código OPEC 185284 denominado «DOCENTE DE
AREA (sic) EDUCACION FISICA (sic), RECREACIÓN Y DEPORTE» ofertado por
la Secretaría de Educación de Barranquilla (quien es competente para atender esta
acción), pero no superó las Pruebas de Conocimientos Específicos y Pedagógicos,
debido a que obtuvo 50.15 puntos de 60 aprobatorios, por lo que fue eliminada del
proceso de selección.
Que lo anterior denota la mala fe de la actora porque en su momento se inscribió a
ese proceso y ahora que no pasó las pruebas escritas y fue excluida de este, decidió
solicitar la exclusión de esa vacante para perjudicar a todos los aspirantes que sí
aprobaron las pruebas escritas y se encuentran en lista de elegibles o nombrados
en período de prueba.
Pidió, por lo tanto, declarar la improcedencia de la acción por falta de legitimación
en la causa por pasiva y desvincularla de esta o, en su defecto, negar la tutela.
El Ministerio de Educación Nacional, por conducto del jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, señaló que las pretensiones de esta acción no son procedentes, ya que no
cuenta con la potestad para servir de instancia jurídica consultiva que implique o le
permita coadministrar las relaciones laborales y situaciones administrativas que se
presenten al interior de las entidades territoriales certificadas en educación, pues
las decisiones a adoptar son de exclusiva competencia del nominador, esto es, la
Secretaría de Educación.
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Indicó que los nombramientos en provisionalidad son temporales, por lo que están
condicionados al proceso de elección, en virtud del cual las plazas deben ser
provistas por las listas de elegibles, conforme al artículo 13 del Decreto Ley 1278
de 2002 y la jurisprudencia constitucional.
Resaltó que la Corte Constitucional ha expuesto que la desvinculación de los
servidores que se encuentran en provisionalidad porque la plaza respectiva debe
ser provista con una persona que ganó el concurso no desconoce los derechos de
esta clase de educadores, quienes deben ceder frente al mejor derecho de los
participantes que superaron un proceso de selección.
Agregó que, de acuerdo con el artículo 125 constitucional, el proceso de selección
de personal mediante concurso de méritos es el único mecanismo para acceder con
vocación de permanencia y de manera definitiva a un empleo de carrera
administrativa, por lo que ninguna estabilidad puede predicarse de quienes
ingresaron en calidad de provisionales.
Expresó que las vacantes ofertadas en el Proceso de Selección 2150 a 2237 de
2021, 2316 y 2469 de 2022 actualmente están ocupadas por docentes
provisionales, cuyos nombramientos se pueden dar por terminados como se prevé
en el artículo 2.4.6.3.12 del Decreto 1075 de 2015, por lo que está cumpliendo con
el mandato de la Constitución de proveer las plazas a través de convocatorias
basadas en el mérito.
Añadió que en el artículo 2.4.6.3.9 del Decreto 1075 de 2015 se estableció la
prioridad en la provisión de vacantes definitivas que deben seguir las entidades
territoriales certificadas en educación, siendo el último criterio el nombramiento en
provisionalidad, lo que implica que solo se puede realizar ese tipo de nombramiento
cuando no exista lista de elegibles vigente o mientras se realice el nuevo proceso
de selección.
Mencionó que, si bien los empleados provisionales que están en situaciones
especiales no tienen derecho a permanecer de manera indefinida en el cargo, pues
este debe proveerse por medio de un concurso de méritos, a ellos sí debe
otorgárseles un trato preferencial, antes de efectuar el nombramiento de quienes
ocuparon los primeros puestos de la lista de elegibles.
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Afirmó que no se vulneraron los derechos fundamentales indicados por la actora y
esta no aportó prueba de que ello sí hubiera ocurrido, por lo que solicitó
desvincularlo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) finalidad de la acción de tutela y efectos de sus fallos y II) caso
concreto.
I. Finalidad de la acción de tutela y efectos de sus fallos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos sean
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública
o de un particular, esto último en los casos previstos en la ley.
Lo anterior significa que la concesión del amparo solicitada está supeditada a que
los derechos fundamentales de la parte accionante se encuentren efectivamente
vulnerados o en peligro, sin que resulte factible verificar la afectación de derechos
o garantías de forma general o abstracta, pues ello escapa a la finalidad de este
mecanismo.
La Corte Constitucional ha señalado, al respecto, que el examen que realiza el juez
de tutela debe dirigirse a establecer si la actuación u omisión de la accionada fue la
causante de la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante,
sin perjuicio de que en eventos específicos y excepcionales los efectos de la
decisión adoptada se puedan extender a terceros, mediante las figuras inter pares
o inter comunis, pero nunca erga omnes1.
1 Ver, entre otras sentencias de la Corte Constitucional: SU-349/19 y T-583/06.
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II. Caso concreto
Del impreciso escrito de tutela esta Subsección entiende que la accionante busca
que, a través de esta acción, se ordene a las autoridades accionadas,
especialmente, al presidente de la República, la adopción de medidas urgentes y
vinculantes con efectos erga omnes en favor de los docentes nombrados en
provisionalidad, pues, a su juicio, con su desvinculación del servicio con ocasión de
los concursos públicos de méritos se desconoce su idoneidad para ejercer las
funciones que desempeñan y sus derechos fundamentales, los cuales deben ser
protegidos, con mayor razón cuando ese tipo de vinculación (provisional) ha sido
utilizado abusivamente y desconociendo su carácter transitorio.
Sobre el particular, se denota que, si bien la actora alega la transgresión de sus
derechos fundamentales a una vida en condiciones dignas y justas, a la salud, al
mínimo vital y al trabajo como fundamento de su petición de amparo, lo cierto es
que los argumentos que expuso en esta sede están dirigidos a controvertir de
manera general y abstracta la forma de provisión definitiva de los cargos de
docentes y directivos docentes porque, a su juicio, con ello se desconocen los
derechos de quienes se encuentran nombrados en provisionalidad en esos
empleos.
Sumado a lo expuesto, la accionante no identificó una actuación u omisión concreta
de la parte accionada de la cuál pueda entreverse alguna afectación o menoscabo
a sus derechos o garantías constitucionales particulares. En efecto, las únicas
situaciones específicas atinentes a su caso concreto a las que hizo mención se
refieren a su exclusión del Proceso de Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406
de 2022, frente al cual únicamente afirmó someramente que no se demostró
objetivamente el puntaje que obtuvo en las pruebas, y a su desvinculación del
servicio con ocasión de este.
Sin embargo, las pretensiones que elevó en esta acción no están relacionadas con
esos dos supuestos, sino de forma general en lo atinente a las circunstancias de la
totalidad de los docentes nombrados en provisionalidad con ocasión de los
concursos públicos de méritos, lo cual no puede ser analizado ni avalado por este
juez constitucional, ya que, como se explicó en precedencia, esa no constituye la
finalidad de la acción de tutela, la cual está prevista para la protección de los
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derechos fundamentales de quien acude a este mecanismo cuando estos estén
vulnerados o amenazados por una actuación u omisión determinada.
En gracia de discusión, si se entendiera que el propósito de la actora era que se
ordenara su inclusión al Proceso de Selección y/o su reintegro al cargo que ocupaba
―lo cual, se resalta, no fue solicitado dentro de las pretensiones―, la tutela no sería
el mecanismo procedente para ese efecto, en atención a su carácter subsidiario, la
cual, además, tampoco podría adelantarse como mecanismo transitorio, dado que,
según lo expuso la peticionaria del amparo, su desvinculación ocurrió en diciembre
de 2023, sin que se observe que haya acudido a los medios judiciales procedentes
para discutir esa determinación oportunamente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
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RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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