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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04068-00

Fecha
5 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04068-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04068-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

5 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04068-00
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: MANUELA SALAZAR MOLINA

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. EN APLICACIÓN A LO
ORDENADO POR LA CORTE EN LA SENTENCIA SU-218 DE 18 DE ABRIL DE
2024, NO ES POSIBLE ACCEDER A LAS PRETENSIONES DE LA
ACTORA DE QUE SEA EXPEDIDA SU TARJETA PROFESIONAL DE
ABOGADA CON CARÁCTER PROVISIONAL, PUES EN DICHA
PROVIDENCIA SE INAPLICÓ POR INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 11
TRANSITORIO DEL ACUERDO PCSJA24-12162 DE 9 DE ABRIL DE 2024.
ADEMÁS, LA ACTORA TAMPOCO CUMPLE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
CITADA SENTENCIA PARA QUE LE SEA EXPEDIDA LA TARJETA
PROFESIONAL DE ABOGADO SIN ANOTACIÓN PROVISIONAL Y SIN LA
EXIGENCIA DE APROBACIÓN DEL EXAMEN DE ESTADO ESTABLECIDO EN LA
LEY 1905 DE 2018.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL TRABAJO, AL MÍNIMO VITAL Y A LA LIBRE
ESCOGENCIA DE PROFESIÓN U OFICIO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

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el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA1 y la UNIDAD DE

REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA

JUSTICIA2.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora MANUELA SALAZAR MOLINA, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al mínimo

vital y a la libre escogencia de profesión u oficio, los cuales, a su

juicio, le fueron vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR y la

UNIDAD por cuanto no se le expidió la tarjeta profesional de

abogado con carácter provisional.

I.2.- Hechos

Afirmó que el 4 de febrero de 2019 inició la carrera de derecho en La

Institución Universitaria de Envigado y, posteriormente, señaló que

1
En adelante el Consejo Superior.
2
En adelante la Unidad.

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el 19 de noviembre de 2023 terminó y aprobó los estudios

reglamentarios para obtener el título de abogada.

Indicó que, debido a lo anterior, el 18 de diciembre de 2023 le solicitó

a la UNIDAD la expedición de la licencia temporal de abogado, la

cual le fue otorgada el 20 de diciembre de 2023 y se le asignó el

número 36.054 con vigencia hasta el 24 de noviembre de 2025.

Manifestó que el 15 de marzo de 2024, se graduó de la carrera de

derecho y por consiguiente obtuvo el título de abogada; sin embargo,

advirtió que inmediatamente le fue inhabilitada la licencia temporal

otorgada.

Sostuvo que, el 12 de junio de 2024, le solicitó a la UNIDAD que le

expidiera la tarjeta profesional de abogado de carácter provisional

acogiéndose a la sentencia de unificación SU-128 de 18 de abril de

20243, proferida por la Corte Constitucional.

Adujo que, como consecuencia de lo anterior, la UNIDAD mediante

la Resolución núm. 6072 de 20 de junio de 20244, le denegó la

3
M.P. Natalia Ángel Cabo.
4
“Por la cual se niega la expedición de la tarjeta profesional de abogado”.

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solicitud de expedición de la tarjeta profesional de carácter

provisional y le informó que debía inscribirse y presentar el examen

de estado de idoneidad conforme con lo previsto en la Ley 1905 de

28 de junio de 20185.

Señaló que debido a la anterior se encuentra en un “limbo jurídico”,

toda vez que tiene el título de abogada, pero no puede ejercer la

profesión para la cual se preparó por 5 años, al no tener la tarjeta

profesional vigente.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, las autoridades accionadas vulneraron sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo,

al mínimo vital y a la libre escogencia de profesión u oficio, habida

cuenta que no le fue expedida la tarjeta profesional provisional de

abogado y, además, se inhabilitó la licencia temporal que

anteriormente le había sido otorgada, lo que ha restringido sus

expectativas profesionales y laborales al no poder ejercer las

funciones propias de un abogado, dejándola en un “limbo jurídico”.

5
“Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”.

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Mencionó que al no poder ejercer la profesión de abogada, no tiene

una forma de sostenerse económicamente por lo que se le esta

vulnerando su derecho fundamental al mínimo vital y, asimismo, al

debido proceso pues al inhabilitarse su licencia temporal se le impuso

una sanción automática sin darle la posibilidad de defenderse.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como vulnerados, en los siguientes términos:

“[…] PRETENSIONES

PRIMERA. Se me amparen mis Derechos Fundamentales, tales
como la Igualdad, el Trabajo, la Libertad de Elegir Profesión u Oficio,
el Mínimo Vital y la vulneración al Debido Proceso, por lo antes
expuesto en este escrito.

SEGUNDA. Se me otorgue la Tarjeta profesional de Abogado de
carácter PROVISIONAL, ya que, no es mi deseo saltarme la norma y
entiendo que no cuento con la totalidad de los requisitos a la luz de
la Ley 1905 del 2018, pero así, mientras puedo ejercer mi profesión,
para la cual fue lo que me preparé, puedo presentarme al examen
de Estado ahora impuesto, donde dicho examen al cual puedo
inscribirme se presentará en el mes de mayo del año dos mil
veinticinco (2025).

TERCERA. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA. Subsidiariamente,
solicito que, en caso de no acceder a que se me otorgue la Tarjeta
profesional de Abogado de carácter PROVISIONAL, se me habilite
nuevamente la Licencia Temporal RESOLUCION LT 36054, de
acuerdo a la Ley 196 de 1971, por un tiempo de dos (02) años,
correspondiente a dicha Ley […]”.

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I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD solicitó denegar las pretensiones de la acción de

tutela de la referencia, toda vez que no existe vulneración alguna de

los derechos fundamentales invocados por la accionante.

Advirtió que la presente solicitud de amparo no cumple con el

requisito general de la subsidiariedad, toda vez que contra la

Resolución núm. 6072 de 20246, que denegó la solicitud de

expedición de la tarjeta profesional de carácter provisional de

abogado no interpuso recurso, petición o solicitud de inconformidad

alguno.

Resaltó que la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-

128 de 20247, inaplicó por inconstitucionalidad el artículo 11

transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 20248 del

Consejo Superior de la Judicatura que previó la categoría de tarjeta

profesional provisional para los destinatarios de la Ley 1905 de 2018,

6
“Por la cual se niega la expedición de la tarjeta profesional de abogado”.
7
M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
“Por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados, expedición
de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras disposiciones”.

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por lo que tiene el deber legal de cumplir con los requisitos previstos

en la ley.

Señaló que no puede acceder a la pretensión de expedir la tarjeta

profesional provisional solicitada por la actora, toda vez que debe

aprobar el examen de idoneidad de abogados como requisito para

obtener la misma.

Respecto de la pretensión subsidiaria de la actora relacionada con la

vigencia de la licencia temporal de abogado número 36.054, aseguró

que esta solo es otorgada cuando no se haya obtenido el título de

idoneidad definitivo de abogado, de conformidad con el artículo 31

del Decreto 196 de 12 de febrero de 19719, razón por la cual la

mencionada licencia perdió su vigencia cuando la actora se graduó

como profesional del derecho el 14 de marzo de 2024, lo que daba

lugar a que al cumplir con los requisitos para obtener su tarjeta

profesional debía adelantar los respectivos trámites para ello.

Manifestó que no se le vulneraron los derechos fundamentales a la

igualdad y al trabajo de la actora, pues “[…] la expedición de la

9
“Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”.

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tarjeta profesional de abogado guarda estrecha relación con el

ejercicio de la profesión, única y exclusivamente, en lo referente a la

representación de terceros, por tanto, no puede predicarse la

vulneración generalizada de estos derechos, puesto que, existe un

campo amplio que la accionante puede desarrollar como inscrita en

el Registro Nacional de Abogados, trámite que puede adelantar en

los términos del artículo 2° del Acuerdo PCSJA24-12162 de 2024

[…]”.

Sostuvo que en atención a lo manifestado por la actora respecto de

que solo podía presentar el examen de idoneidad de abogado hasta

mayo de 2025, procedió a verificar la información remitida por La

Institución Universitaria de Envigado y constató que la actora se

graduó de la carrera de derecho el 15 de marzo de 2024 por lo que

cumplía con los requisitos para inscribirse a la presentación del

examen de Estado convocado del 6 de junio hasta el 4 de julio de

2024 por el Acuerdo núm. PCSJA24-12188 de 30 de mayo de 2024,

“Por la cual se da apertura a la etapa de inscripciones para la

presentación del examen de Estado señalado en la Ley 1905

de 2018 -Aplicación 2024-II-”, sin que se haya registrado para

ello, por lo que no puede alegar la propia culpa a su favor.

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Indicó que el 5 de agosto de 2024, la actora le solicitó que le

concediera el registro a dicho examen de forma extemporánea; sin

embargo, denegó su petición debido a que envió el 30 de julio de

2024 la lista de profesionales admitidos para presentar examen de

estado de idoneidad de abogados al Instituto Colombiano para la

Evaluación de la Educación Superior -ICFES-, con el fin de organizar

la logística y garantizar la ejecución adecuada del mismo al estar a

su cargo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 199110. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, la actora instauró la acción de tutela con el fin

de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido

proceso, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a la libre

escogencia de profesión u oficio, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por las accionadas por cuanto no le fue expedida la tarjeta

profesional con vigencia provisional de abogado, pese a que, a su

juicio, cumplía con los presupuestos establecidos en la sentencia de

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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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unificación SU-128 de 18 de abril de 202411, proferida por la Corte

Constitucional.

En ese orden de ideas, la Sala debe determinar si la UNIDAD vulneró

los derechos fundamentales deprecados por la parte actora al no

expedirle la tarjeta profesional de carácter provisional de abogado en

atención a lo decidido en la sentencia de unificación SU-128 de 2024.

Sobre el particular, la Ley 1905 de 2018 como requisito adicional

para ejercer la profesión de abogado, estableció lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado,
además de los requisitos exigidos en las normas legales
vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de
aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice el
Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), directamente o a
través de una Institución de Educación Superior acreditada en
Alta Calidad que se contrate para tal fin.

Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado
supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. En el
resultado individual de cada examen, el CSJ señalará la
representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media
nacional.

PARÁGRAFO 1. Si el egresado o graduado no aprueba el examen,
se podrá presentar en las siguientes convocatorias que señale el CSJ
hasta tanto obtenga el porcentaje mínimo exigido.

PARÁGRAFO 2. La certificación de la aprobación del Examen de
Estado será exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el
órgano que haga sus veces para la expedición de la Tarjeta

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M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Profesional de Abogado. Para ser representante de una persona
natural o jurídica para cualquier trámite que requiera un abogado,
será necesario contar con la tarjeta profesional de abogado, que solo
se otorgará a quienes hayan aprobado el examen. Para las demás
actividades no se requerirá tarjeta profesional.

ARTÍCULO 2. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la
profesión de abogado establecido en la presente ley se aplicará a
quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación.

ARTÍCULO 3. Vigencia y derogatorias. La presente ley deroga
las normas que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de
su promulgación […]”. (Resaltado y subrayado fuera de texto)

En virtud de lo anterior, el CONSEJO SUPERIOR expidió el Acuerdo

núm. PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024, “Por el cual se

establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional

de Abogados, expedición de la tarjeta profesional de abogado

y se dictan otras disposiciones”, en el que previó lo siguiente:

“[…] ACUERDA:

Artículo 1. Inscripción en el Registro Nacional de
Abogados. Para ejercer la profesión de abogado se requiere estar
inscrito en el Registro Nacional de Abogados.

Artículo 2. Trámite para la inscripción en el Registro Nacional
de Abogados. La inscripción en el Registro Nacional de Abogados se
solicitará ante el Consejo Superior de la Judicatura-URNA, por los
medios dispuestos para tal fin en la página
Web https://sirna.ramajudicial.gov.co […]

[…]

Artículo 3. Trámite de expedición de tarjeta profesional de
abogado. El abogado inscrito en el Registro Nacional de
Abogados que haya iniciado su carrera de derecho después del
28 de junio de 2018 y que apruebe el Examen de Estado para

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Abogados de la Ley 1905 de 2018, podrá solicitar la expedición
de la tarjeta profesional de abogado.

Los abogados inscritos a quienes no les aplica la Ley 1905 de
2018, podrán solicitar la tarjeta profesional de abogado sin el
requisito del Examen de Estado para Abogados.

[…]

Artículo 11 Transitorio. Tarjeta profesional con anotación de
vigencia provisional. El abogado destinatario de la
Ley 1905 de 2018 podrá solicitar, sin la acreditación de
aprobación del Examen de Estado para Abogados, el trámite
de registro y expedición de la tarjeta profesional de abogado,
la cual contendrá la denominación "Provisional' y tendrá
vigencia hasta la publicación final de los resultados de la
prueba aplicada el 26 de mayo de 2024.

Parágrafo. El abogado con tarjeta profesional con anotación
de vigencia provisional que haya aprobado el Examen de
Estado para Abogados señalado en la Ley 1905 de 2018, podrá
solicitar la expedición de la tarjeta profesional de abogado sin
anotación de provisionalidad, para lo que deberá adelantar el
trámite de cambio descrito en el artículo 6 de este Acuerdo.

Artículo 12. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta de la Judicatura y deroga el
Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022 y demás disposiciones que le
sean contrarias […]”. (Resaltado y subrayado fuera de texto)

Posteriormente, la SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

mediante sentencia de unificación 128 de 18 de abril de 2024,

al estudiar las acciones de tutela de los expedientes acumulados T-

9.201.808AC12, T-9.286.21513, T-9.374.17414, dispuso lo siguiente:

12
Actor: Gustavo Adolfo Grajales Granada contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros; M.P.:
Natalia Ángel Cabo.
13
Actor: Giovanni López Giraldo contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros; M.P.: Natalia Ángel
Cabo.
14
Actor: José Humberto Gómez Herrera contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros; M.P.:
Natalia Ángel Cabo.

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ACTORA: MANUELA SALAZAR MOLINA

“[…] Quinto. INAPLICAR por inconstitucional el artículo 11
transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024 del
Consejo Superior de la Judicatura que prevé la categoría de tarjeta
profesional provisional para los destinatarios de la Ley 1905 de 2018,
de conformidad con las consideraciones de esta providencia.

Sexto. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que en el
término de dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta
providencia, proceda a expedir a los señores Gustavo Adolfo Grajales
Granada, Giovanni López Giraldo y José Humberto Gómez Herrera la
tarjeta profesional de abogado con carácter definitivo y sin la exigencia
de aprobación del Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018,
conforme a lo dispuesto en esta providencia. Adicionalmente, la
entidad accionada deberá eliminar cualquier referencia al carácter
provisional de la tarjeta profesional de los accionantes en las
respectivas actas de registro y certificados de vigencia. En virtud de
los efectos inter pares de esta providencia, las mismas órdenes
deberán cumplirse frente a (i) todas aquellas personas
graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley
1905 de 2018, a quienes el Consejo Superior de la Judicatura
hubiere expedido tarjeta profesional provisional, y que
presentaron la solicitud antes de las cero horas (0:00) del 26
de diciembre de 2023 y (ii) todas las personas graduadas del
pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018
que presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes de las
cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, siempre y
cuando satisfagan los demás requisitos vigentes para la
expedición de la tarjeta profesional.

Séptimo. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que si al 30
de mayo de 2024 no se ha llevado a cabo la aplicación de la primera
prueba del Examen de Estado dispuesto en la Ley 1905 de 2018,
deberá expedir la tarjeta profesional definitiva a todas las personas que
hayan sido admitidas como inscritas al examen, de conformidad con la
convocatoria realizada mediante el Acuerdo PCSJA23-12127 del 22 de
diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan los demás requisitos
para la expedición de la tarjeta profesional.

Octavo. PREVENIR al Consejo Superior de la Judicatura para que en
adelante se abstenga de incurrir en acciones u omisiones que pueden
constituir incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales
y que generen nuevas vulneraciones de derechos fundamentales como
las que dieron mérito al amparo concedido en esta providencia […]”
(Resaltado y subrayado fuera de texto).

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De lo precedente, se tiene que la SALA PLENA DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL a través de providencia de 18 de abril de 2024

inaplicó por inconstitucional el artículo 11 transitorio del Acuerdo

PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024, expedido por el CONSEJO

SUPERIOR de la JUDICATURA, que prevé la categoría de tarjeta

profesional provisional para los destinatarios de la Ley 1905 de 2018

y, en consecuencia, le ordenó a esa Corporación expedir la tarjeta

profesional con carácter definitivo y sin la exigencia de aprobación

del examen de estado de idoneidad previsto en la Ley 1905 de 2018

a: i) todas aquellas personas graduadas del pregrado en Derecho y

destinatarias de la Ley 1905 de 2018, a quienes el Consejo Superior

de la Judicatura hubiere expedido tarjeta profesional provisional y

que presentaron la solicitud antes de las cero horas (0:00) del 26 de

diciembre de 2023 y ii) todas las personas graduadas del pregrado

en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que presentaron

la solicitud de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del

26 de diciembre de 2023.

En cumplimiento de la citada sentencia de unificación, la UNIDAD

expidió la Resolución núm. URNARN24-85 de 23 de mayo de 2024,

por medio de la cual dispuso lo siguiente:

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“[…] RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. DAR CUMPLIMIENTO a la sentencia de
unificación SU-128 de 2024 de la Corte Constitucional y
REQUERIR a los abogados relacionados en el anexo adjunto
para iniciar el trámite previsto en el artículo 6° del Acuerdo
PCSJA24 – 12162 de 2024, con el fin de proceder a la
expedición de la tarjeta profesional de abogado sin anotación
provisional y sin la exigencia de aprobación del examen de
Estado previsto en la Ley 1905 de 2018.

PARÁGRAFO. Los abogados que cuenten con tarjeta
profesional de abogado con vigencia provisional que no se
encuentren relacionados en el anexo adjunto de este acto,
pero hayan iniciado el trámite de inscripción y expedición de
tarjeta profesional de abogado antes de las cero horas (0:00)
del 26 de diciembre de 2023, deberán dar cumplimiento a lo
señalado en este artículo.

ARTÍCULO 2°. DEJAR SIN EFECTOS la anotación de vigencia
provisional en las actas de registro de las tarjetas
profesionales de los abogados que presentaron la solicitud
del trámite de Inscripción y expedición de la tarjeta
profesional de abogado antes de las cero horas (0:00) del 26
de diciembre de 2023, relacionados en el archivo adjunto.

ARTÍCULO 3°. REALIZAR las anotaciones pertinentes en el
Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados –
SIRNA.

ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR esta decisión, a través del correo
electrónico de los abogados señalados en el artículo primero de este
acto y PUBLICAR este acto a través del micrositio de la Ley 1905
de 2018 de la página web del Registro Nacional de Abogados
https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/LEY19052018.as
px […]” (Destacado fuera de texto).

En ese entendido y una vez revisadas las pruebas obrantes en el

proceso de la referencia, la Sala advierte que la actora inició su

carrera de derecho el 4 de febrero de 2019, es decir, después del 28

de junio de 2018, fecha de la promulgación de la Ley 1905 de 2018,

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lo que da cuenta que es destinataria de la misma y posteriormente,

se graduó del programa de derecho el 15 de marzo de 2024,

conforme al acta de grado allegada con la demanda, por lo que se

evidencia que debe presentar el examen de idoneidad de abogados

como requisito establecido en la Ley 1905 de 2018 para que le sea

expedida la tarjeta profesional de abogado.

Conforme a lo anterior, vale la pena precisar que a través de la

Resolución núm. URNARN24-85 de 23 de mayo de 2024, la autoridad

accionada dispuso que se procediera a la expedición de la tarjeta

profesional de abogado sin anotación provisional y sin la exigencia

de aprobación del examen de estado de idoneidad previsto en la Ley

1905 de 2018 a quienes se les hubiere expedido de forma provisional

o que se hayan graduado del programa de derecho y que presentaron

la solicitud antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de

2023, el cual no es el caso de la actora, pues se graduó el 15 de

marzo de 2024, lo que da cuenta que con anterioridad a la referida

fecha no había terminado el pregrado de derecho y no le era posible

solicitar la tarjeta profesional, así que bajo esas condiciones no le

podía ser expedida.

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Asimismo, se evidencia que no le asiste razón a la actora al alegar

que era procedente la expedición de la tarjeta profesional de carácter

provisional por parte de la UNIDAD, debido a que solicitó la licencia

temporal de abogado con anterioridad al 26 de diciembre de 2023,

pues lo cierto es que existe una clara diferencia entre la tarjeta

profesional con vigencia provisional creada por el Acuerdo núm.

PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024 y la licencia temporal de

abogado creada por el Decreto núm. 196 de 12 de febrero de 1971,

“Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”,

dado que esta última se le concede a los estudiantes de derecho que

hayan terminado los estudios reglamentarios y aún no hayan

obtenido el título de abogado por un término de dos años

improrrogables.

Por su parte, la tarjeta profesional provisional se otorgaba al

profesional que había obtenido el título de abogado y tenía vigencia

hasta la publicación final de los resultados de la prueba de idoneidad

de abogados ordenada en la Ley 1905 de 2018, por lo que no se

puede equiparar la licencia temporal a la tarjeta profesional

provisional como lo pretende la actora.

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Así las cosas, la Sala encuentra que la presente acción de tutela no

tiene vocación de prosperar, debido a que, precisamente, en

aplicación a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia

de unificación SU-128 de 2024, no resulta posible la expedición de la

tarjeta profesional de abogado con carácter provisional de la actora,

pues, se reitera, en dicha providencia se inaplicó por inconstitucional

el artículo 11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de

2024, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que preveía

la categoría de tarjeta profesional provisional para los destinatarios

de la Ley 1905 de 2018.

Aunado a lo anterior, se advierte que la actora tampoco cumple con

los presupuestos de la sentencia de unificación SU-128 de 2024, toda

vez que a pesar de que es destinataria de la Ley 1905 de 2018, no

estaba graduada del pregrado en Derecho con anterioridad al 26 de

diciembre de 202315, razón por la cual debe cumplir con el requisito

del examen de estado establecido en la Ley 1905 de 2018, para

poder solicitar la expedición de su tarjeta profesional de abogado.

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De conformidad con el acta de grado de 15 de marzo de 2024, visible en el índice núm. 2 del
expediente digital obrante en SAMAI.

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Ahora, respecto de la pretensión subsidiaria de la actora relacionada

en que se le habilite nuevamente la licencia temporal, la Sala

encuentra que no es posible, toda vez que los artículos 31 y 32 del

Decreto núm. 196 de 1971, como ya se dijo antes, permiten que los

egresados de la facultades de derecho ejerzan la profesión en los

casos autorizados por dicho Decreto, hasta por dos años

improrrogables o hasta la fecha de su grado como abogado, lo cual

esto último ocurrió el 15 de marzo de 2024, conforme al acta de

grado visible en el índice núm. 2 del expediente, razón por la cual

dicha licencia perdió su vigencia y, en ese entendido, le corresponde

a la actora adelantar el trámite para obtener la tarjeta profesional de

abogado luego de cumplir con todos los requisitos legales para ello,

tal y como lo es acreditar certificación de aprobación del examen de

estado para Abogados previsto en la Ley 1905 de 2018.

De lo expuesto en precedencia, la Sala advierte que en el presente

asunto las autoridades accionadas no han vulnerado los derechos

fundamentales de la actora y, por el contrario, han actuado de

conformidad con lo previsto en la ley y la sentencia de unificación

SU-128 de 2024, proferida por la Corte Constitucional, invocada

como aquella como desconocida.

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Consecuente con lo anterior, la Sala denegará el amparo solicitado,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, por

las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de septiembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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