Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04068-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04068-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04068-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
5 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04068-00
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: MANUELA SALAZAR MOLINA
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. EN APLICACIÓN A LO
ORDENADO POR LA CORTE EN LA SENTENCIA SU-218 DE 18 DE ABRIL DE
2024, NO ES POSIBLE ACCEDER A LAS PRETENSIONES DE LA
ACTORA DE QUE SEA EXPEDIDA SU TARJETA PROFESIONAL DE
ABOGADA CON CARÁCTER PROVISIONAL, PUES EN DICHA
PROVIDENCIA SE INAPLICÓ POR INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 11
TRANSITORIO DEL ACUERDO PCSJA24-12162 DE 9 DE ABRIL DE 2024.
ADEMÁS, LA ACTORA TAMPOCO CUMPLE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA
CITADA SENTENCIA PARA QUE LE SEA EXPEDIDA LA TARJETA
PROFESIONAL DE ABOGADO SIN ANOTACIÓN PROVISIONAL Y SIN LA
EXIGENCIA DE APROBACIÓN DEL EXAMEN DE ESTADO ESTABLECIDO EN LA
LEY 1905 DE 2018.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL TRABAJO, AL MÍNIMO VITAL Y A LA LIBRE
ESCOGENCIA DE PROFESIÓN U OFICIO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
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el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA1 y la UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA2.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora MANUELA SALAZAR MOLINA, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al mínimo
vital y a la libre escogencia de profesión u oficio, los cuales, a su
juicio, le fueron vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR y la
UNIDAD por cuanto no se le expidió la tarjeta profesional de
abogado con carácter provisional.
I.2.- Hechos
Afirmó que el 4 de febrero de 2019 inició la carrera de derecho en La
Institución Universitaria de Envigado y, posteriormente, señaló que
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En adelante el Consejo Superior.
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En adelante la Unidad.
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el 19 de noviembre de 2023 terminó y aprobó los estudios
reglamentarios para obtener el título de abogada.
Indicó que, debido a lo anterior, el 18 de diciembre de 2023 le solicitó
a la UNIDAD la expedición de la licencia temporal de abogado, la
cual le fue otorgada el 20 de diciembre de 2023 y se le asignó el
número 36.054 con vigencia hasta el 24 de noviembre de 2025.
Manifestó que el 15 de marzo de 2024, se graduó de la carrera de
derecho y por consiguiente obtuvo el título de abogada; sin embargo,
advirtió que inmediatamente le fue inhabilitada la licencia temporal
otorgada.
Sostuvo que, el 12 de junio de 2024, le solicitó a la UNIDAD que le
expidiera la tarjeta profesional de abogado de carácter provisional
acogiéndose a la sentencia de unificación SU-128 de 18 de abril de
20243, proferida por la Corte Constitucional.
Adujo que, como consecuencia de lo anterior, la UNIDAD mediante
la Resolución núm. 6072 de 20 de junio de 20244, le denegó la
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M.P. Natalia Ángel Cabo.
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“Por la cual se niega la expedición de la tarjeta profesional de abogado”.
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solicitud de expedición de la tarjeta profesional de carácter
provisional y le informó que debía inscribirse y presentar el examen
de estado de idoneidad conforme con lo previsto en la Ley 1905 de
28 de junio de 20185.
Señaló que debido a la anterior se encuentra en un “limbo jurídico”,
toda vez que tiene el título de abogada, pero no puede ejercer la
profesión para la cual se preparó por 5 años, al no tener la tarjeta
profesional vigente.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo,
al mínimo vital y a la libre escogencia de profesión u oficio, habida
cuenta que no le fue expedida la tarjeta profesional provisional de
abogado y, además, se inhabilitó la licencia temporal que
anteriormente le había sido otorgada, lo que ha restringido sus
expectativas profesionales y laborales al no poder ejercer las
funciones propias de un abogado, dejándola en un “limbo jurídico”.
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“Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”.
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Mencionó que al no poder ejercer la profesión de abogada, no tiene
una forma de sostenerse económicamente por lo que se le esta
vulnerando su derecho fundamental al mínimo vital y, asimismo, al
debido proceso pues al inhabilitarse su licencia temporal se le impuso
una sanción automática sin darle la posibilidad de defenderse.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como vulnerados, en los siguientes términos:
“[…] PRETENSIONES
PRIMERA. Se me amparen mis Derechos Fundamentales, tales
como la Igualdad, el Trabajo, la Libertad de Elegir Profesión u Oficio,
el Mínimo Vital y la vulneración al Debido Proceso, por lo antes
expuesto en este escrito.
SEGUNDA. Se me otorgue la Tarjeta profesional de Abogado de
carácter PROVISIONAL, ya que, no es mi deseo saltarme la norma y
entiendo que no cuento con la totalidad de los requisitos a la luz de
la Ley 1905 del 2018, pero así, mientras puedo ejercer mi profesión,
para la cual fue lo que me preparé, puedo presentarme al examen
de Estado ahora impuesto, donde dicho examen al cual puedo
inscribirme se presentará en el mes de mayo del año dos mil
veinticinco (2025).
TERCERA. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA. Subsidiariamente,
solicito que, en caso de no acceder a que se me otorgue la Tarjeta
profesional de Abogado de carácter PROVISIONAL, se me habilite
nuevamente la Licencia Temporal RESOLUCION LT 36054, de
acuerdo a la Ley 196 de 1971, por un tiempo de dos (02) años,
correspondiente a dicha Ley […]”.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- La UNIDAD solicitó denegar las pretensiones de la acción de
tutela de la referencia, toda vez que no existe vulneración alguna de
los derechos fundamentales invocados por la accionante.
Advirtió que la presente solicitud de amparo no cumple con el
requisito general de la subsidiariedad, toda vez que contra la
Resolución núm. 6072 de 20246, que denegó la solicitud de
expedición de la tarjeta profesional de carácter provisional de
abogado no interpuso recurso, petición o solicitud de inconformidad
alguno.
Resaltó que la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-
128 de 20247, inaplicó por inconstitucionalidad el artículo 11
transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 20248 del
Consejo Superior de la Judicatura que previó la categoría de tarjeta
profesional provisional para los destinatarios de la Ley 1905 de 2018,
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“Por la cual se niega la expedición de la tarjeta profesional de abogado”.
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M.P. Natalia Ángel Cabo.
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“Por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados, expedición
de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras disposiciones”.
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por lo que tiene el deber legal de cumplir con los requisitos previstos
en la ley.
Señaló que no puede acceder a la pretensión de expedir la tarjeta
profesional provisional solicitada por la actora, toda vez que debe
aprobar el examen de idoneidad de abogados como requisito para
obtener la misma.
Respecto de la pretensión subsidiaria de la actora relacionada con la
vigencia de la licencia temporal de abogado número 36.054, aseguró
que esta solo es otorgada cuando no se haya obtenido el título de
idoneidad definitivo de abogado, de conformidad con el artículo 31
del Decreto 196 de 12 de febrero de 19719, razón por la cual la
mencionada licencia perdió su vigencia cuando la actora se graduó
como profesional del derecho el 14 de marzo de 2024, lo que daba
lugar a que al cumplir con los requisitos para obtener su tarjeta
profesional debía adelantar los respectivos trámites para ello.
Manifestó que no se le vulneraron los derechos fundamentales a la
igualdad y al trabajo de la actora, pues “[…] la expedición de la
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“Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”.
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tarjeta profesional de abogado guarda estrecha relación con el
ejercicio de la profesión, única y exclusivamente, en lo referente a la
representación de terceros, por tanto, no puede predicarse la
vulneración generalizada de estos derechos, puesto que, existe un
campo amplio que la accionante puede desarrollar como inscrita en
el Registro Nacional de Abogados, trámite que puede adelantar en
los términos del artículo 2° del Acuerdo PCSJA24-12162 de 2024
[…]”.
Sostuvo que en atención a lo manifestado por la actora respecto de
que solo podía presentar el examen de idoneidad de abogado hasta
mayo de 2025, procedió a verificar la información remitida por La
Institución Universitaria de Envigado y constató que la actora se
graduó de la carrera de derecho el 15 de marzo de 2024 por lo que
cumplía con los requisitos para inscribirse a la presentación del
examen de Estado convocado del 6 de junio hasta el 4 de julio de
2024 por el Acuerdo núm. PCSJA24-12188 de 30 de mayo de 2024,
“Por la cual se da apertura a la etapa de inscripciones para la
presentación del examen de Estado señalado en la Ley 1905
de 2018 -Aplicación 2024-II-”, sin que se haya registrado para
ello, por lo que no puede alegar la propia culpa a su favor.
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Indicó que el 5 de agosto de 2024, la actora le solicitó que le
concediera el registro a dicho examen de forma extemporánea; sin
embargo, denegó su petición debido a que envió el 30 de julio de
2024 la lista de profesionales admitidos para presentar examen de
estado de idoneidad de abogados al Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación Superior -ICFES-, con el fin de organizar
la logística y garantizar la ejecución adecuada del mismo al estar a
su cargo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 199110. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
En el presente caso, la actora instauró la acción de tutela con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a la libre
escogencia de profesión u oficio, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por las accionadas por cuanto no le fue expedida la tarjeta
profesional con vigencia provisional de abogado, pese a que, a su
juicio, cumplía con los presupuestos establecidos en la sentencia de
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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unificación SU-128 de 18 de abril de 202411, proferida por la Corte
Constitucional.
En ese orden de ideas, la Sala debe determinar si la UNIDAD vulneró
los derechos fundamentales deprecados por la parte actora al no
expedirle la tarjeta profesional de carácter provisional de abogado en
atención a lo decidido en la sentencia de unificación SU-128 de 2024.
Sobre el particular, la Ley 1905 de 2018 como requisito adicional
para ejercer la profesión de abogado, estableció lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado,
además de los requisitos exigidos en las normas legales
vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de
aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice el
Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), directamente o a
través de una Institución de Educación Superior acreditada en
Alta Calidad que se contrate para tal fin.
Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado
supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. En el
resultado individual de cada examen, el CSJ señalará la
representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media
nacional.
PARÁGRAFO 1. Si el egresado o graduado no aprueba el examen,
se podrá presentar en las siguientes convocatorias que señale el CSJ
hasta tanto obtenga el porcentaje mínimo exigido.
PARÁGRAFO 2. La certificación de la aprobación del Examen de
Estado será exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el
órgano que haga sus veces para la expedición de la Tarjeta
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M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Profesional de Abogado. Para ser representante de una persona
natural o jurídica para cualquier trámite que requiera un abogado,
será necesario contar con la tarjeta profesional de abogado, que solo
se otorgará a quienes hayan aprobado el examen. Para las demás
actividades no se requerirá tarjeta profesional.
ARTÍCULO 2. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la
profesión de abogado establecido en la presente ley se aplicará a
quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación.
ARTÍCULO 3. Vigencia y derogatorias. La presente ley deroga
las normas que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de
su promulgación […]”. (Resaltado y subrayado fuera de texto)
En virtud de lo anterior, el CONSEJO SUPERIOR expidió el Acuerdo
núm. PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024, “Por el cual se
establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional
de Abogados, expedición de la tarjeta profesional de abogado
y se dictan otras disposiciones”, en el que previó lo siguiente:
“[…] ACUERDA:
Artículo 1. Inscripción en el Registro Nacional de
Abogados. Para ejercer la profesión de abogado se requiere estar
inscrito en el Registro Nacional de Abogados.
Artículo 2. Trámite para la inscripción en el Registro Nacional
de Abogados. La inscripción en el Registro Nacional de Abogados se
solicitará ante el Consejo Superior de la Judicatura-URNA, por los
medios dispuestos para tal fin en la página
Web https://sirna.ramajudicial.gov.co […]
[…]
Artículo 3. Trámite de expedición de tarjeta profesional de
abogado. El abogado inscrito en el Registro Nacional de
Abogados que haya iniciado su carrera de derecho después del
28 de junio de 2018 y que apruebe el Examen de Estado para
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Abogados de la Ley 1905 de 2018, podrá solicitar la expedición
de la tarjeta profesional de abogado.
Los abogados inscritos a quienes no les aplica la Ley 1905 de
2018, podrán solicitar la tarjeta profesional de abogado sin el
requisito del Examen de Estado para Abogados.
[…]
Artículo 11 Transitorio. Tarjeta profesional con anotación de
vigencia provisional. El abogado destinatario de la
Ley 1905 de 2018 podrá solicitar, sin la acreditación de
aprobación del Examen de Estado para Abogados, el trámite
de registro y expedición de la tarjeta profesional de abogado,
la cual contendrá la denominación "Provisional' y tendrá
vigencia hasta la publicación final de los resultados de la
prueba aplicada el 26 de mayo de 2024.
Parágrafo. El abogado con tarjeta profesional con anotación
de vigencia provisional que haya aprobado el Examen de
Estado para Abogados señalado en la Ley 1905 de 2018, podrá
solicitar la expedición de la tarjeta profesional de abogado sin
anotación de provisionalidad, para lo que deberá adelantar el
trámite de cambio descrito en el artículo 6 de este Acuerdo.
Artículo 12. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta de la Judicatura y deroga el
Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022 y demás disposiciones que le
sean contrarias […]”. (Resaltado y subrayado fuera de texto)
Posteriormente, la SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
mediante sentencia de unificación 128 de 18 de abril de 2024,
al estudiar las acciones de tutela de los expedientes acumulados T-
9.201.808AC12, T-9.286.21513, T-9.374.17414, dispuso lo siguiente:
12
Actor: Gustavo Adolfo Grajales Granada contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros; M.P.:
Natalia Ángel Cabo.
13
Actor: Giovanni López Giraldo contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros; M.P.: Natalia Ángel
Cabo.
14
Actor: José Humberto Gómez Herrera contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros; M.P.:
Natalia Ángel Cabo.
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ACTORA: MANUELA SALAZAR MOLINA
“[…] Quinto. INAPLICAR por inconstitucional el artículo 11
transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024 del
Consejo Superior de la Judicatura que prevé la categoría de tarjeta
profesional provisional para los destinatarios de la Ley 1905 de 2018,
de conformidad con las consideraciones de esta providencia.
Sexto. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que en el
término de dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta
providencia, proceda a expedir a los señores Gustavo Adolfo Grajales
Granada, Giovanni López Giraldo y José Humberto Gómez Herrera la
tarjeta profesional de abogado con carácter definitivo y sin la exigencia
de aprobación del Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018,
conforme a lo dispuesto en esta providencia. Adicionalmente, la
entidad accionada deberá eliminar cualquier referencia al carácter
provisional de la tarjeta profesional de los accionantes en las
respectivas actas de registro y certificados de vigencia. En virtud de
los efectos inter pares de esta providencia, las mismas órdenes
deberán cumplirse frente a (i) todas aquellas personas
graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley
1905 de 2018, a quienes el Consejo Superior de la Judicatura
hubiere expedido tarjeta profesional provisional, y que
presentaron la solicitud antes de las cero horas (0:00) del 26
de diciembre de 2023 y (ii) todas las personas graduadas del
pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018
que presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes de las
cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, siempre y
cuando satisfagan los demás requisitos vigentes para la
expedición de la tarjeta profesional.
Séptimo. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que si al 30
de mayo de 2024 no se ha llevado a cabo la aplicación de la primera
prueba del Examen de Estado dispuesto en la Ley 1905 de 2018,
deberá expedir la tarjeta profesional definitiva a todas las personas que
hayan sido admitidas como inscritas al examen, de conformidad con la
convocatoria realizada mediante el Acuerdo PCSJA23-12127 del 22 de
diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan los demás requisitos
para la expedición de la tarjeta profesional.
Octavo. PREVENIR al Consejo Superior de la Judicatura para que en
adelante se abstenga de incurrir en acciones u omisiones que pueden
constituir incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales
y que generen nuevas vulneraciones de derechos fundamentales como
las que dieron mérito al amparo concedido en esta providencia […]”
(Resaltado y subrayado fuera de texto).
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ACTORA: MANUELA SALAZAR MOLINA
De lo precedente, se tiene que la SALA PLENA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL a través de providencia de 18 de abril de 2024
inaplicó por inconstitucional el artículo 11 transitorio del Acuerdo
PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024, expedido por el CONSEJO
SUPERIOR de la JUDICATURA, que prevé la categoría de tarjeta
profesional provisional para los destinatarios de la Ley 1905 de 2018
y, en consecuencia, le ordenó a esa Corporación expedir la tarjeta
profesional con carácter definitivo y sin la exigencia de aprobación
del examen de estado de idoneidad previsto en la Ley 1905 de 2018
a: i) todas aquellas personas graduadas del pregrado en Derecho y
destinatarias de la Ley 1905 de 2018, a quienes el Consejo Superior
de la Judicatura hubiere expedido tarjeta profesional provisional y
que presentaron la solicitud antes de las cero horas (0:00) del 26 de
diciembre de 2023 y ii) todas las personas graduadas del pregrado
en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que presentaron
la solicitud de tarjeta profesional antes de las cero horas (0:00) del
26 de diciembre de 2023.
En cumplimiento de la citada sentencia de unificación, la UNIDAD
expidió la Resolución núm. URNARN24-85 de 23 de mayo de 2024,
por medio de la cual dispuso lo siguiente:
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ACTORA: MANUELA SALAZAR MOLINA
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. DAR CUMPLIMIENTO a la sentencia de
unificación SU-128 de 2024 de la Corte Constitucional y
REQUERIR a los abogados relacionados en el anexo adjunto
para iniciar el trámite previsto en el artículo 6° del Acuerdo
PCSJA24 – 12162 de 2024, con el fin de proceder a la
expedición de la tarjeta profesional de abogado sin anotación
provisional y sin la exigencia de aprobación del examen de
Estado previsto en la Ley 1905 de 2018.
PARÁGRAFO. Los abogados que cuenten con tarjeta
profesional de abogado con vigencia provisional que no se
encuentren relacionados en el anexo adjunto de este acto,
pero hayan iniciado el trámite de inscripción y expedición de
tarjeta profesional de abogado antes de las cero horas (0:00)
del 26 de diciembre de 2023, deberán dar cumplimiento a lo
señalado en este artículo.
ARTÍCULO 2°. DEJAR SIN EFECTOS la anotación de vigencia
provisional en las actas de registro de las tarjetas
profesionales de los abogados que presentaron la solicitud
del trámite de Inscripción y expedición de la tarjeta
profesional de abogado antes de las cero horas (0:00) del 26
de diciembre de 2023, relacionados en el archivo adjunto.
ARTÍCULO 3°. REALIZAR las anotaciones pertinentes en el
Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados –
SIRNA.
ARTÍCULO 4°. NOTIFICAR esta decisión, a través del correo
electrónico de los abogados señalados en el artículo primero de este
acto y PUBLICAR este acto a través del micrositio de la Ley 1905
de 2018 de la página web del Registro Nacional de Abogados
https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/LEY19052018.as
px […]” (Destacado fuera de texto).
En ese entendido y una vez revisadas las pruebas obrantes en el
proceso de la referencia, la Sala advierte que la actora inició su
carrera de derecho el 4 de febrero de 2019, es decir, después del 28
de junio de 2018, fecha de la promulgación de la Ley 1905 de 2018,
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lo que da cuenta que es destinataria de la misma y posteriormente,
se graduó del programa de derecho el 15 de marzo de 2024,
conforme al acta de grado allegada con la demanda, por lo que se
evidencia que debe presentar el examen de idoneidad de abogados
como requisito establecido en la Ley 1905 de 2018 para que le sea
expedida la tarjeta profesional de abogado.
Conforme a lo anterior, vale la pena precisar que a través de la
Resolución núm. URNARN24-85 de 23 de mayo de 2024, la autoridad
accionada dispuso que se procediera a la expedición de la tarjeta
profesional de abogado sin anotación provisional y sin la exigencia
de aprobación del examen de estado de idoneidad previsto en la Ley
1905 de 2018 a quienes se les hubiere expedido de forma provisional
o que se hayan graduado del programa de derecho y que presentaron
la solicitud antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de
2023, el cual no es el caso de la actora, pues se graduó el 15 de
marzo de 2024, lo que da cuenta que con anterioridad a la referida
fecha no había terminado el pregrado de derecho y no le era posible
solicitar la tarjeta profesional, así que bajo esas condiciones no le
podía ser expedida.
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Asimismo, se evidencia que no le asiste razón a la actora al alegar
que era procedente la expedición de la tarjeta profesional de carácter
provisional por parte de la UNIDAD, debido a que solicitó la licencia
temporal de abogado con anterioridad al 26 de diciembre de 2023,
pues lo cierto es que existe una clara diferencia entre la tarjeta
profesional con vigencia provisional creada por el Acuerdo núm.
PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024 y la licencia temporal de
abogado creada por el Decreto núm. 196 de 12 de febrero de 1971,
“Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”,
dado que esta última se le concede a los estudiantes de derecho que
hayan terminado los estudios reglamentarios y aún no hayan
obtenido el título de abogado por un término de dos años
improrrogables.
Por su parte, la tarjeta profesional provisional se otorgaba al
profesional que había obtenido el título de abogado y tenía vigencia
hasta la publicación final de los resultados de la prueba de idoneidad
de abogados ordenada en la Ley 1905 de 2018, por lo que no se
puede equiparar la licencia temporal a la tarjeta profesional
provisional como lo pretende la actora.
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Así las cosas, la Sala encuentra que la presente acción de tutela no
tiene vocación de prosperar, debido a que, precisamente, en
aplicación a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia
de unificación SU-128 de 2024, no resulta posible la expedición de la
tarjeta profesional de abogado con carácter provisional de la actora,
pues, se reitera, en dicha providencia se inaplicó por inconstitucional
el artículo 11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de
2024, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que preveía
la categoría de tarjeta profesional provisional para los destinatarios
de la Ley 1905 de 2018.
Aunado a lo anterior, se advierte que la actora tampoco cumple con
los presupuestos de la sentencia de unificación SU-128 de 2024, toda
vez que a pesar de que es destinataria de la Ley 1905 de 2018, no
estaba graduada del pregrado en Derecho con anterioridad al 26 de
diciembre de 202315, razón por la cual debe cumplir con el requisito
del examen de estado establecido en la Ley 1905 de 2018, para
poder solicitar la expedición de su tarjeta profesional de abogado.
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De conformidad con el acta de grado de 15 de marzo de 2024, visible en el índice núm. 2 del
expediente digital obrante en SAMAI.
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Ahora, respecto de la pretensión subsidiaria de la actora relacionada
en que se le habilite nuevamente la licencia temporal, la Sala
encuentra que no es posible, toda vez que los artículos 31 y 32 del
Decreto núm. 196 de 1971, como ya se dijo antes, permiten que los
egresados de la facultades de derecho ejerzan la profesión en los
casos autorizados por dicho Decreto, hasta por dos años
improrrogables o hasta la fecha de su grado como abogado, lo cual
esto último ocurrió el 15 de marzo de 2024, conforme al acta de
grado visible en el índice núm. 2 del expediente, razón por la cual
dicha licencia perdió su vigencia y, en ese entendido, le corresponde
a la actora adelantar el trámite para obtener la tarjeta profesional de
abogado luego de cumplir con todos los requisitos legales para ello,
tal y como lo es acreditar certificación de aprobación del examen de
estado para Abogados previsto en la Ley 1905 de 2018.
De lo expuesto en precedencia, la Sala advierte que en el presente
asunto las autoridades accionadas no han vulnerado los derechos
fundamentales de la actora y, por el contrario, han actuado de
conformidad con lo previsto en la ley y la sentencia de unificación
SU-128 de 2024, proferida por la Corte Constitucional, invocada
como aquella como desconocida.
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Consecuente con lo anterior, la Sala denegará el amparo solicitado,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de septiembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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